Eista semana, el ex presidente Felipe González lanzaba una piedra sin esconder la mano al poner sobre el tapete de la actualidad la conveniencia de suprimir las diputaciones provinciales, en esta ola de supuesta austeridad institucional que nos invade. La democracia sigue sin saber qué hacer con esta figura administrativa cuya desaparición ya se barajó en plena transición y la provincia de Cádiz no escurrió el bulto en aquel entonces: fue su primer presidente gaditano de ese periodo, Gervasio Hernández Palomeque, el primero en plantear dicha hipótesis, en declaraciones que se remontan a treinta y un años atrás, en los primeros días de 1980.
No es una fecha baladí: a 28 de febrero de ese año, los andaluces ratificaron en un referéndum kafkiano su voluntad de acceder a la autonomía a través del artículo 151 de la Constitución, al igual que Cataluña, País Vasco y Galicia, sin carreteras secundarias para dicho autogobierno. Y esa era una de las bazas que se barajaban entonces para darle sentido a las corporaciones provinciales, la de que se convirtiesen en la base de la estructura periférica de la administración autonómica.
No hubo tal. El estatuto de autonomía de Andalucía le otorgaría como misión preferente la de atender a las localidades con menos de veinte mil habitantes, pero su potestad institucional difiere entre las diferentes comunidades. Y al tratarse de una labor «preferente» pero no exclusiva, tampoco extraña el interés que algunos presidentes como Rafael Román pusieron a la hora de establecer una presencia activa del antiguo palacio de la aduana en la vida cotidiana de la trimilenaria, una labor que ahora que va a presidirlo José Loaiza, alcalde de San Fernando y presidente del PP, ya reivindica también la alcaldesa gaditana Teófila Martínez.
También en aquellas remotas fechas del cambio empezó a gestarse también en Cádiz una experiencia piloto para sustituir a las diputaciones bajo la figura de las mancomunidades de municipios que ahora vuelve a reivindicar Manuel Chaves, vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, al objeto de facilitar la supresión de algunas corporaciones locales que no tienen medios ni recursos suficientes por sí solas para atender las demandas cotidianas de sus representados. A comienzos de los 80, el entonces presidente de la Junta, Rafael Escuredo, apostaba por la comarcalización de Andalucía, superando el modelo de Cataluña que no había dado por aquel entonces los resultados apetecidos. En este contexto, Andalucía nadó y guardó la ropa: esto es, no apostó por la sustitución de las provincias a favor de las comarcas, pero Cádiz, con una completa estructura provincial, puso en marcha la primera Mancomunidad de Municipios, la del Campo de Gibraltar, hacia 1984 pero con un propósito que iba más allá de dar respuesta al afán segregacionista de dicho territorio: se trataba de buscar un órgano de interlocución con Gibraltar y con el Reino Unido en el contexto del Acuerdo de Bruselas de aquel año y de la reunión de Ginebra del año siguiente que vino a coincidir con la apertura total de la Verja.
Desde entonces hasta hoy, las mancomunidades se extendieron al resto del territorio gaditano, avanzando en sus competencias y servicios a trancas y barrancas, pero solapando a veces su función con la de las propias diputaciones.
Ahora vuelve a plantearse el albur de eliminar las diputaciones en aras de los recortes en la cosa pública y no porque se haya comprobado que no sirven de mucho. Dicho sea de otra forma, si se trata de eliminar una figura institucional pero no a su plantilla, ¿dónde está el ahorro salvo que sea cual sea la solución resultante logremos colocar al Valcárcel, por ejemplo, a alguna empresa privada? La Diputación de Cádiz cuenta en la actualidad con una nómina aproximada a 1.800 empleos, 220 de los cuales se encuentran con las carnes abiertas sin saber a dónde irá a parar el proceso de consolidación laboral que su presidente en ciernes calificara meses atrás injusta e indiscriminadamente como una maniobra de enchufismo. ¿Realmente podemos permitirnos el lujo de suprimirlos o de recolocarlos, a unos y a otros, con costes sociales considerables, en otras corporaciones locales? Quizá la clave estribe en un debate más amplio que aborde una remodelación administrativa en profundidad de este país en general y de Andalucía en particular, en donde la solicitud de eres, ya planteada por algunos municipios como el de Jerez, no nos resulte extravagante sino razonables siempre y cuando sean racionales.
En sus declaraciones de esta semana, tanto Rubalcaba, vicepresidente primero y presidenciable socialista, como el propio Chaves auguran un proceso largo. Y que quizá hubiera que plantear un proceso de unión de municipios con menos de 2.000 habitantes. Claro que eso choca con el localismo tan en boga y que por intereses electoralistas se ha sustentado en Andalucía durante las últimas décadas, a través de 771 ayuntamientos, donde han menudeado los procesos de independencia más allá de las fórmulas más racionales de acogerse a la condición de Entidad Local Menor. Y así nos encontramos con que, recientemente, se abrieron diligencias penales contra los alcaldes de Trebujena, Benaocaz y San José del Valle por no contar con sistemas de tratamiento de las aguas residuales y carecer de recursos para dotarse de dichos equipamientos. Carne de Diputación, o de Mancomunidad, o de lo que sea. Sentido común, se llame como se llame.
Publicado en La Voz de Cádiz
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