martes, 30 de noviembre de 2010

Manifiesto por un Impuesto a las Transacciones Financieras y la supresión de los paraísos fiscales

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, el movimiento ATTAC España y la Plataforma 2015 y más, han lanzado una campaña a favor de que se establezca en la Unión Europea un impuesto sobre las transacciones financieras especulativas. Además, los promotores de la iniciativa exigen la eliminación de los paraísos fiscales, para lo cual piden la adhesión de todas las organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, ONG, asociaciones, Plataformas, Foros sociales…).

La campaña identifica a los componentes del sistema financiero como “los verdaderos causantes del paro, la precariedad y escasez” que se han producido durante esta crisis. En cuanto a su objetivo, la iniciativa pretende “presionar” para lograr “una salida de la crisis” que no paguen “los de siempre”, que dote de ingresos públicos suficientes para evitar “los recortes sociales” del “precario” Estado de Bienestar. Además, instará a los Parlamentos Autonómicos, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos a aprobar mociones a favor de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y pedirá su traslado al Gobierno del Reino y Parlamento Español y Europeo.

“El Impuesto (ITF) que propugnamos ha de afectar a la totalidad de los mercados financieros sujetos a movimientos especulativos”, afirmó un portavoz de los promotores de la campaña. Este impuesto ha de ser lo suficientemente alto como para combatir los ataques “especulativos”, añadió, en referencia al que actualmente sufren los países periféricos de la zona euro. “Las medidas contra la utilización de los paraísos fiscales han de ser eficaces”, agregó.

”Ni la política económica que ha emprendido el Gobierno, ni la reforma laboral, ni la anunciada reforma de las pensiones son las únicas políticas posibles”, afirmaron. “Entendemos que, en la reciente huelga general, se ha manifestado el gran malestar de la ciudadanía por la dictadura de los especuladores internacionales” aseguró. ”No podemos resignarnos y aceptar negociar en el terreno de juego que un escaso número de personas avariciosas quieren imponernos”, sentenciaron.

“Mantenemos la convicción de que hay que defender el sistema democrático”, continuaron, tras defender una salida de la crisis que dé prioridad a las “necesidades de las personas”, lo que implica, en su opinión, “regular y controlar al sistema financiero especulador”.

MANIPULACIÓN INFORMATIVA

Según los firmantes del manifiesto, “la realidad económica se viene interpretando de forma interesada, por los mismos que la han provocado y que siguen dominando los medios de comunicación de masas”. “Nos negamos a aceptar un discurso viciado por una mentira colectiva, afianzada en gran parte por la desorientación ideológica y la paulatina claudicación de los partidos políticos que han dado por buenos los postulados tradicionales de la derecha”, añadieron.

Además, exigieron la necesidad de dejar de lado “la perversa obsesión por reducir el déficit público en un plazo de tiempo que no se exige a la propia banca”, añadieron. Además, condenaron “la absurda e ineficaz ampliación de la edad de jubilación”, así como “las privatizaciones de lo público”, la bajada de impuestos directos “a los que más tienen” y denunciaron la fuga de capitales procedentes de “recursos públicos” con dirección a los países emergentes, “que ya tienen establecido un impuesto (ITF) contra especuladores como Brasil”. En su opinión, el sistema financiero consigue con ello “dejar de pagar impuestos” a través de paraísos fiscales y centros offshores.

“No permitiremos que la ciudadanía pierda sumisamente las conquistas que tanto esfuerzo costó a las anteriores generaciones. Si alcanzamos la más alta cota de civilización con el Estado de Bienestar haciendo de Europa el sueño del resto del mundo, fue por los movimientos sindicales y sociales que, con sus luchas, con un discurso propio, y teniendo claro a quiénes se servían, consiguieron mejoras socioeconómicas para clases medias y bajas, la inmensa mayoría de la sociedad, propiciando sociedades cohesionas y dignas del ser humano”, denunciaron.

“UGT, CC OO, la Plataforma 2015 y más y ATTAC España instamos a todas las organizaciones de la sociedad civil a aglutinar fuerza social adhiriéndose a esta Campaña por un ITF exigiendo a las Comunidades Autónomas, y a los gobiernos de los ayuntamientos y demás administraciones públicas territoriales a que aprueben mociones en este sentido, y a las diversas fuerzas políticas con representación parlamentaria a que trasladen la necesidad de este impuesto al Parlamento Español y al Parlamento Europeo”, concluyeron
 

lunes, 29 de noviembre de 2010

La nueva agenda social, por CARLOS MULAS-GRANADOS


Mucho se ha escrito sobre las causas que provocaron el desplome del sector bancario, la posterior crisis económica y la de deuda que vivimos estas semanas. En mi opinión, la crisis tiene una raíz financiera, pero también un origen ideológico: la excesiva desregulación de los mercados y la abdicación de los estados de su papel económico fueron el resultado de una victoria del modelo neoliberal. Esa victoria ideológica no sólo estuvo detrás de una ausencia flagrante de supervisión financiera, sino que también explica el aumento creciente de la desigualdad.
Sirvan como ejemplo los datos sobre desigualdad en EEUU. Según el Internal Revenue Service, antes de la crisis de 2008, el 10% más rico del país se repartía el 48,5% de la renta total, mientras que el resto de la población se tenía que conformar con la otra mitad de la tarta. Este nivel de desigualdad no se repetía desde 1928, sólo un año antes de la Gran Depresión.
Lo que nadie parece haber asumido es que ese aumento de la desigualdad explica buena parte del endeudamiento de las familias que alimentó la burbuja. Los patrones de la sociedad de consumo inducen a los menos pudientes a pedir préstamos para mantener un estatus de prestigio. Por ello, no bastará con limitar la capacidad de los bancos para sobreendeudarse (algo en lo que apenas se ha avanzado), sino que cualquier solución exige una salida cohesionada de la crisis para que esta sea duradera. Por tanto, la austeridad y las reformas que son necesarias hoy para impulsar la nueva economía sostenible deben acompañarse de una agenda social reactivadora.
Hace días, la Fundación Ideas hacía público un documento donde abordamos la nueva agenda social que debe permitirnos alcanzar un doble objetivo: que la crisis no suponga un aumento de la desigualdad y orientar a los desempleados hacia los nuevos sectores sobre los que asentar el crecimiento sostenible. Para cumplir con ambos, es crucial transformar de arriba a abajo nuestras políticas de empleo.
El sistema español de políticas de empleo, incluyendo las activas (formación a parados, bonificaciones a la creación de empleo y convocatoria de plazas públicas) y pasivas (subsidios a los desempleados), es muy amplio, pero tiene problemas. El primero es precisamente la fuerte desproporción entre políticas activas y pasivas. En 2011, el Estado gastará cerca de 40.000 millones en políticas de empleo, de los que más de 30.000 se destinarán a pagar prestaciones y subsidios, mientras que sólo 7.500 son para políticas activas. En porcentaje del PIB, España gasta en políticas activas la mitad que Dinamarca.
La segunda deficiencia es el escaso volumen de recursos para la formación de trabajadores. Del total de gasto en políticas activas, en 2011se destinarán a formación 2.500 millones, tres veces menos que Austria en este ámbito. Y de esos 2.500 millones, sólo 1.000 serán destinados específicamente a formación para parados. En resumen, en 2011 vamos a destinar el 4% del PIB a políticas de empleo, pero sólo el 0,1% irá a aumentar la cualificación de los que hoy están desempleados.
La nueva agenda social debe transitar progresivamente de una lógica de protección a otra de reactivación, para que la salida de la crisis no deje a nadie atrás, atrapado en la descualificación y en bolsas de paro de larga duración.
Para ello hay que perseguir tres objetivos: que los servicios de empleo sean agentes de oportunidades y no meros tramitadores de subsidios; duplicar los recursos para las políticas activas; y elevar el número de desempleados que reciben cursos de formación, para que al menos un 50% de los parados lleven a cabo acciones formativas. Quiero aclarar que no se trata de borrar parados de las listas, (como algunos han interpretado con mezquindad), sino de facilitar nuevas oportunidades.
Concretamos 16 iniciativas que pretenden dar respuesta a los objetivos. Destacaré tres. Primero, dar un papel a las empresas privadas de colocación, que en España sólo intermedian el 5% de los nuevos trabajos y generalmente los de peor calidad. Segundo, crear la figura del “desempleado-trabajador”, de forma que algunos parados puedan realizar actividades a tiempo parcial o de baja remuneración percibiendo parte del subsidio. Y tercero, promover la aparición de “empresas en prácticas” por parte de desempleados que deseen montar su negocio. Como incentivo, sugerimos modificar el actual sistema de capitalización de la prestación, que sólo adelanta un 60% de la misma para crear una empresa. Proponemos, para solicitudes simultáneas de más de cuatro trabajadores ligadas a un proyecto propio, adelantar el 100% de la prestación y sumar un porcentaje adicional como incentivo suplementario durante seis meses.
Abrimos un debate al que convocamos al resto de la sociedad, porque creemos que el Estado del bienestar no sólo está para socorrernos, sino que también puede y debe ser un Estado dinamizador de las personas en sus diferentes momentos vitales. Nuestras propuestas son un ejemplo de ese tipo de políticas que, como decía el premio Nobel Muhammad Yunus, “reducen costes, favorecen la identificación emocional del trabajador con su empresa (…y sobre todo) producen riqueza material para todos y sociedades decentes”. Somos conscientes de que una transformación de tal magnitud precisa del concurso de la mayoría, y por ello invitamos a todos los progresistas a liderar estos primeros pasos de forma decidida.
Carlos Mulas-Granados es director de la Fundación Ideas y Profesor de Economía de la UCM.
Publicado en Público

Derecho de ateísmo, por MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC

El ateísmo no es una posición intelectual rara, feroz y anticlerical. Tampoco es una doctrina filosófica que necesite ser demostrada o justificada con argumentos refinados y abstrusos. Y desde luego, el ateísmo no es, en absoluto, una postura inmoral. Sin embargo, si uno escucha los mensajes que nos ha dedicado el Papa en su reciente visita a España, o los que propaló en Gran Bretaña, uno se lleva la impresión de que el mundo está realmente amenazado por una doctrina endiablada que defienden los ateos y laicistas. Los ateos actuales son personas bastante cultas, que respetan que haya otras personas a las que les guste adoptar creencias irracionales que ellos no comparten. En realidad, los ateos no tienen que esforzarse mucho en defender su posición intelectual; lo que sí les resulta complicado es entender que un creyente asuma como propiedades de la divinidad, y sin mayores problemas, cosas mucho más increíbles que las que los niños atribuyen a Papá Noel.
Es verdad que los ateos prefieren el laicismo en la vida pública, es decir, que las leyes no sean confesionales y los poderes públicos no asignen privilegios a los miembros de ninguna confesión religiosa. Pero nadie debe extrañarse por ello: la experiencia histórica demuestra que la mezcla de creencias religiosas y poder político sólo ha servido para provocar guerras y matanzas, sobre todo en la cristiana Europa.
Muchos creyentes religiosos creen que si Dios no existe todo está permitido, y por eso son incapaces de entender el valor moral del ateísmo. Pero la experiencia histórica confirma lo contrario: es en nombre de Dios como se han cometido los mayores atropellos a la humanidad. Los ateos tienen una responsabilidad ética muy exigente, porque no disponen de ninguna coartada para justificar o ver perdonado un eventual comportamiento inmoral.
Si todo esto es así, y yo estoy convencido de que lo es, ya va siendo hora de reivindicar un derecho elemental: el derecho de ateísmo, el derecho a no tener que justificar la no adscripción a ninguna creencia religiosa, el derecho a sentirse ofendido si alguien, aunque sea el Papa o el ayatolá más respetable, identifica el ateísmo con la maldad, y a que esta actitud intelectual y moral sea reconocida y respetada de la misma manera y con el mismo rango, al menos, que las creencias religiosas que el ateo no acepta por considerarlas irracionales, falsas o perniciosas.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Publicado en Público

sábado, 27 de noviembre de 2010

Propuesta alternativa de IU a la reforma electoral

Izquierda Unida prepara un texto alternativo a la reforma electoral pactada por la mayoría del Congreso, que mantiene el actual sistema de votación y que, según ha manifestado el diputado de esta federación, Gaspar Llamazares. arrebata 800.000 votos a la tercera fuerza política del país.
La enmienda de totalidad a la nueva ley electoral que IU va a presentar el próximo lunes incluirá un texto alternativo en el cual apostará por un nuevo sistema electoral más "representativo" y democrático, porque evitará que muchos de sus votos sean aprovechados por las fuerzas políticas mayoritarias.
Calcula IU que el método que ellos proponen multiplicará notablemente el número de sus diputados, que con el mismo número de sufragios pasarían de los dos que tiene actualmente IU-ICV a unos doce representantes en la Cámara Baja.
IU calcula que con la reforma pasaría de los dos escaños actuales a 12
Para ello, la ley alternativa que va a formular se apoya en el dictamen que el Consejo de Estado emitió en febrero de 2009 sobre la viabilidad de una modificación de la normativa electoral con el fin de hacerla más justa y equitativa.

Muerte a la Ley d'Hondt

Se trata de reducir a uno el número mínimo de escaños por provincia, de elevar la composición de la Cámara de 350 a 400 escaños y de sustituir la Ley d'Hondt que se usa para la atribución de escaños por otra fórmula más proporcional.
También propone redistribuir los 50 escaños adicionales con los restos, esto es, los votos "estériles" en la atribución de escaños que se hace mediante las sucesivas divisiones aritméticas que marca la Ley D'Hondt.

Cambios sin tocar la Constitución

Llamazares ha negado que estos cambios obliguen a modificar la Constitución, y como prueba ha argumentado que todos fueron incluidos por el Consejo de Estado en su dictamen.
El dirigente de IU atribuye la oposición de las fuerzas mayoritarias a reformar el sistema de elección al "bipartidismo imperfecto" del que se benefician PSOE y PP.
Además, ha dicho, cuentan con la aquiescencia de los nacionalistas en cuanto que se mantienen como "bisagras".
El texto alternativo de IU también va a incluir medidas para evitar que la modificación legislativa prive a los emigrantes españoles de su derecho al voto, ya que IU considera que esto es lo que ocurre al impedirles votar en las elecciones municipales, como hace la reforma electoral que quiere vetar.
Los otros aspectos incluidos en esta nueva norma son el voto en urna para estos españoles residentes en el extranjero, las limitaciones a los tránsfugas para que no puedan cambiar los ayuntamientos o la reducción de los presupuestos de campaña de los partidos.

jueves, 25 de noviembre de 2010

Manifiesto con motivo del 25 de Noviembre de 2010, Día Internacional contra la Violencia de Género

64 mujeres y 4 niños y niñas asesinados por la violencia machista en lo que va de año
Por ti, por tus hijos e hijas, Ni una sola agresión más;
Ni una agresión más sin denuncia
Desde el Partido Socialista Obrero Español queremos hacer un llamamiento a la rebelión colectiva de la ciudadanía contra la violencia de género: no podemos consentir que esta situación siga manteniéndose y debemos poner, todos y todas, nuestro más enérgico empeño en romper esta dinámica criminal, y proteger a las víctimas. A todas las víctimas.
En este día, las mujeres y hombres socialistas queremos mostrar nuestro reconocimiento al coraje y la valentía de tantas mujeres que, día a día, logran superar el miedo y las barreras –psicológicas, sociales, familiares, religiosas…- levantadas a lo largo de siglos de dominación machista, para rebelarse contra su maltratador y llevarle ante la Justicia.
Queremos denunciar la vergonzante y criminal campaña emprendida por algunas personas (apoyadas por grupos y medios de comunicación ultraconservadores) que pretenden instalar en nuestra sociedad la falsa idea de que muchas de las denuncias de maltrato que se presentan son inventadas, cuando los datos demuestran todo lo contrario.
En cambio, estamos en el convencimiento de que hoy más que nunca es necesaria la complicidad de todos los hombres y mujeres de este país para luchar contra esta violencia. Porque el problema es de todos y no sólo de las víctimas, siendo también de toda la sociedad, el deber de la denuncia. Si ante una agresión volvemos la cabeza y callamos, estamos colaborando a crear espacios de impunidad para los agresores y a incrementar el sufrimiento de las víctimas, en su mayoría mujeres pero también de sus hijos e hijas.
En lo que va de año, 64 mujeres y 4 niños y niñas han sido asesinados por violencia machista. Y se calcula que, aproximadamente, 800.000 niños sufren, en su entorno y con gran intensidad, la violencia de género. Estos menores necesitan una protección especial y el apoyo de toda la ciudadanía para salir de la espiral de violencia que sufren, han sufrido o sufrirán.
Sabemos que los niños que crecen en estos hogares padecen secuelas que pueden durarles toda la vida. Disminución del rendimiento escolar, insomnio, pesadillas, fobias, ansiedad, agresividad..., son sólo algunos de los síntomas que presentan los y las menores que han convivido con la violencia de género. Además, el aprendizaje de modelos violentos y roles de género erróneos pueden conducirles a repetir esas conductas, tanto en el papel de víctima como de agresor, con la consiguiente reproducción de la violencia de género.
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que promulgó el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero, en diciembre de 2004, no sólo protege a las mujeres, sino también a estas víctimas infantiles de la violencia de género.
El pasado mes de abril, el Gobierno promovió destinar un presupuesto específico para la prevención y protección de las víctimas infantiles de la violencia de género y elaboró un Protocolo de actuación para las Comunidades Autónomas, que ahora éstas deben poner en marcha de manera urgente.
Pero no basta con la protección institucional, por más que ésta exista y sea cada vez mayor: la denuncia es la única puerta para poner en marcha todo el sistema de protección, tanto para las mujeres como para todo su entorno. Y este año asistimos a un triste escenario: la mayoría de las mujeres asesinadas no habían denunciado a sus maltratadores y, por tanto, no habían podido ser protegidas. El silencio es el mejor cómplice de los maltratadores porque les proporciona la total impunidad y una amplia libertad para cometer sus brutales actos. Por ello es tan importante la denuncia de los agresores.
Desde el Partido Socialista queremos hacer un llamamiento a la conciencia de toda la ciudadanía de este país para movilizarnos contra los maltratadores, para que no encuentren ningún resquicio de impunidad para sus terribles actos.
Con la lealtad y corresponsabilidad de todas las Administraciones, con la unidad de todas fuerzas políticas contra el maltrato asesino, con el Poder Judicial aplicando la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y con el esfuerzo y compromiso de todos conseguiremos erradicar la violencia de género.   
25 noviembre 2010
 
*datos a 24 de noviembre 2010

miércoles, 24 de noviembre de 2010

ACUERDOS DE LA COORDINADORA FEDERAL DE LA CORRIENTE IZQUIERDA SOCIALISTA DEL PSOE

La Coordinadora Federal de la corriente de opinión Izquierda Socialista del PSOE, tras la reunión celebrada en Madrid el pasado 19 de noviembre, considera necesario elevar a los órganos de dirección del Partido, compartir con el conjunto de su militancia y dar a conocer a la opinión pública, las siguientes conclusiones de sus debates:

1. Dada la deriva de una crisis económica que cada vez se ceba más sobre los trabajadores, consideramos necesario reforzar las medidas puestas en marcha por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para luchar contra el paro, potenciar las políticas activas de empleo y activar la nueva agenda social. Los trabajadores y ciudadanos de a pie no son los que tienen que pagar una crisis de la que no son responsables.

2. Tras la huelga general del 29 S es cada vez más urgente recuperar el diálogo social, para lo cual estimamos imprescindible que el Partido contribuya en todo lo que esté en su mano para aproximar posiciones entre el gobierno y los sindicatos UGT y CCOO, especialmente ante la reforma de la negociación colectiva, pieza fundamental para la regulación de las relaciones laborales en nuestro país.

3. Ante la reforma del sistema público de pensiones, desde Izquierda Socialista también insistimos en la insoslayable responsabilidad para acometerla en el marco del Pacto de Toledo y para que se lleve a cabo sin agresiones a los trabajadores como la que supondría elevar la edad de jubilación a los 67 años como norma obligatoria y universal. Hay otras vías para asegurar el futuro del sistema de pensiones, incluyendo entre ellas los incentivos para prolongar voluntariamente el período laboral.

4. Comprobada la parálisis para reformar y regular seriamente el sistema financiero internacional urgimos al Partido y a nuestro gobierno para que retomen con la mayor eficacia posible las propuestas en torno a establecer una tasa sobre las transacciones financieras y sobre erradicación efectiva de los paraísos fiscales. Hay que poner en marcha una profunda reforma fiscal y crear un sistema financiero que esté al servicio de la sociedad y de la economía productiva. Hay que cambiar el modo de funcionamiento del Banco Central Europeo.

5. En lo relativo a la reforma energética insistimos en la necesidad de avanzar en la generación y uso de energías renovables y en el reforzamiento de la opción antinuclear. Hay que ir a la creación de un nuevo modelo productivo ambiental y socialmente sostenible.

6. Los acontecimientos vividos recientemente en El Aaiún, marcados por la brutal política represiva aplicada por el gobierno de Marruecos contra el pueblo saharaui, reclaman una acción decidida de nuestro gobierno para exigir el esclarecimiento de los hechos, el respeto a los derechos humanos y medidas efectivas encaminadas a la realización del referéndum para la autodeterminación del Sáhara en conformidad con las resoluciones de la ONU. Condenamos la agresión marroquí al pueblo saharaui y planteamos que el Partido y el Gobierno así lo hagan, exigiendo a Marruecos una colaboración activa en el marco de la ONU para la justa resolución del conflicto.

7. La profundización en la democracia promovida por el PSOE e impulsada desde el gobierno durante estas dos legislaturas no debe quedar bloqueada ante la necesidad de avanzar hacia una consecuente laicidad del Estado, algo de todo punto necesario para una convivencia sin discriminaciones en el seno de la plural sociedad española. Suscribimos por ello la necesidad de contar cuanto antes con una nueva ley de libertad religiosa y de conciencia, la cual no debe quedar excluida de la agenda legislativa propuesta por el gobierno.

8. Tras los procesos de elección de candidatos para alcaldías de grandes ciudades y presidencias de CCAA constatamos la necesidad de reforzar y clarificar estatutariamente el mecanismo de primarias como pieza importante de democracia interna. Solicitamos a los órganos del Partido competentes en cada caso que los conflictos que en algunos casos se han planteado a raíz de elecciones primarias se aborden con buen sentido y altura de miras, respetando los derechos de todos los militantes y haciendo posible la mejor articulación de la legítima pluralidad interna en el seno del PSOE. En este sentido, manifestamos nuestro desacuerdo con la decisión de la Ejecutiva Federal del PSOE de disolver las Ejecutivas insular de Tenerife y local de Sta. Cruz de Tenerife, considerándola injustificada y contraria al objetivo de restablecer la normalidad democrática del partido en Canarias. Pedimos el archivo del expediente abierto y el restablecimiento de las Agrupaciones con sus direcciones legítimamente elegidas.

9. Ante la inminencia de las elecciones para el Parlamento de Cataluña queremos hacer explícito nuestro apoyo a las compañeras y compañeros del PSC, subrayando a la vez el gran valor de su contribución para avanzar con criterios federalistas y de izquierda hacia una mejor articulación de la España plural.

10. Insistimos en modificar el proyecto de ley que regula el voto de los emigrantes y que les niega el voto en las elecciones municipales y establece el voto rogado en las elecciones autonómicas y nacionales.

11. En momentos difíciles como los actuales, de grave crisis económica y compleja situación política, sumamos nuestra voz a la de quienes en el Partido insisten en la imperiosa necesidad de recuperar un discurso socialista consistente que, avalado por los hechos, nos permita reconocernos y ser reconocidos como la fuerza políticas de izquierdas en la que los trabajadores y los sectores progresistas de la sociedad española pueden seguir confiando. Hemos de hacer posible una política donde los valores de izquierda primen ante las posiciones coyunturales y de teórica rentabilidad inmediata.


COORDINADORA FEDERAL DE IS-PSOE
Madrid, 22 de noviembre de 2010

sábado, 20 de noviembre de 2010

Así lucha Finlandia contra la corrupción (y no lo hace España)

Finlandia ha sido reconocida internacionalmente como la nación menos corrupta del planeta, una parte de ese logro recae en la estricta moralidad imperante en el país, a pesar de ello, y para facilitar la transparencia, también cuenta con un conjunto de principios enfocados a evitar el abuso de poder y que son insólitos en la cultura española. Esta es la manera con la que Finlandia lucha contra la corrupción:

PRIMERO: En Finlandia cualquier compra que realicen las Administraciones Públicas, desde un edificio hasta un bolígrafo, ha de estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, tres ofertas de proveedores distintos, para poder elegir la más baja. No es legal, admisible ni justificable el pago de 100 euros por un cartucho de impresora o de 1000 por una silla aunque las facturas sean correctas. Ejemplos ambos acaecidos en España y que la justicia no pudo castigar.

SEGUNDO: Principio de transparencia total de las Administraciones públicas. Cualquier decisión tomada por un funcionario público dentro del desempeño de su profesión (excepto las relacionadas con la seguridad) puede ser conocida por el resto de ciudadanos. Nadie puede negarse a satisfacer las necesidades de información no solo de los periodistas sino de los votantes. Debido a ello actuaciones contra esa norma (como ésta) son no solo contrarias a la ética sino ilegales.

TERCERO: Principio de transparencia total en las cuentas de los ciudadanos. Los fineses pueden saber cuales son los ingresos declarados de todos los residentes en el país, ya se trate de una persona que cobre el desempleo, del artista de mayor éxito de la nación o del CEO de Nokia.
El equivalente peninsular permitiría conocer las cuentas no solo empresariales sino personales de Emilio Botín, Arturo Pérez Reverte, Felipe González, José María Aznar, Adolfo Domínguez o cada uno de los vecinos de Madrid.

CUARTO: Ausencia de alcaldes: El gobierno de los municipios en Finlandia recae en "City managers", es decir, en funcionarios públicos con experiencia en la administración de entidades de esa índole. Así pues el ciudadano puede distinguir con claridad que la persona al mando es alguien supeditado a los votantes y que puede ser despedido o reemplazado por el Consejo municipal (el órgano elegido en las urnas y que ostenta la soberanía popular). Helsinki es la excepción a este modelo.

QUINTO: Ausencia de cargos de designación política: En Finlandia los secretarios de Estado son funcionarios de carrera que alcanzan el puesto superando pruebas objetivas en lugar de por designación partitocrática. En 2005 se realiza una remodelación del sistema para permitir a las organizaciones políticas el poder elegir a los Secretarios de Estado, aun así muchos de ellos siguen siendo en la actualidad trabajadores públicos ascendidos por méritos propios.

SEXTO: Estructura de poder colegiada: La corrupción se extiende con mayor facilidad cuando el poder se concentra solo en un individuo, es por ello que en Finlandia se promueve la toma de decisiones mediante el debate y el consenso. Al igual que el órgano político principal de las ciudades es la Asamblea popular (el alcalde solo es un trabajador público) el Consejo de ministros tiene mayor capacidad de poder que el Presidente de la República.

SÉPTIMO: Principio de acceso libre al poder. La posibilidad de convertirse en un miembro de alto rango de la administración y los ministerios fineses no recae en una élite intelectual formada en Instituciones de enseñanza concretas (como en Francia) tampoco en personas que puedan atraer la inversión de diferentes empresas para sufragar sus campañas (ejemplo de Estados Unidos) o en ciudadanos adscritos a organizaciones políticas que ascienden por los méritos internos dentro de su partido (caso español). En Finlandia los puestos son cubiertos por funcionarios públicos (siguiendo un baremo meritocrático) y cuya carrera está abierta a todos los fineses. El país evita, por tanto, tener que acudir a un modelo como el de España dónde los cargos de libre designación del gobierno (elegidos ideológicamente) reciben 200.488 euros anuales y se multiplican de manera oscura por todas las administraciones.

OCTAVO:  Principio de proporcionalidad en el castigo. La cuantía de las multas por violar las normas suele ser proporcional a los ingresos de los individuos y las empresas. En 2001 Anssi Vanjoki, alto ejecutivo de Nokia, fue considerado culpable de conducción temeraria por romper los límites de velocidad a los mandos de su Harley Davidson imponiéndosele por ello una multa por el equivalente a 104.000 dólares de la época.  Este principio de proporcionalidad en el castigo, junto a la marca social que lleva el estar envuelto en un caso de corrupción, actúa de forma extremadamente disuasoria ante posibles tentaciones para cruzar el límite de la legalidad

viernes, 19 de noviembre de 2010

Tareas pendientes propuestas por el Presidente del Gobierno

- Pensiones. En el primer trimestre de 2011 el Gobierno remitirá su plan al Parlamento.
- Convenios colectivos. A partir de abril se reformará la negociación colectiva.
- Políticas de empleo. A finales de enero, Trabajo presentará un proyecto para mejorar la formación y la atención a los parados.
- Política industrial. Antes de enero habrá un plan de innovación empresarial.
- Servicios profesionales. Se creará una ley en el primer trimestre de 2011 para aumentar la competencia.
- Ley concursal. El Consejo de Ministros la aprueba hoy, junto con la ley reguladora de la jurisdicción social.
- Energía. "Con carácter inmediato" el Gobierno presentará una reforma.
- Líneas ICO. Refuerzo del crédito con 1.000 millones adicionales en enero de 2011.
- Cargas administrativas. Antes de final de año habrá un plan para reducirlas.
- Impulso fiscal. Las empresas tendrán libertad de amortización de inversiones hasta 2015. Las ampliaciones de capital no tributarán por transmisiones patrimoniales.
- Economía sostenible. La ley se aprobará "en semanas".
- Formación Profesional. Tras Economía Sostenible.
- Igualdad de trato. Habrá un anteproyecto este año.
- Conciliación. Mejoras en el permiso parental, aumento de las plazas de guardería y regulación del teletrabajo.
- Fondo austriaco. El fondo de financiación del despido se abordará en primavera.

ACCESO A LA INFORMACIÓN: MÁS TRANSPARENCIA, MÁS DEMOCRACIA

En los últimos días se ha publicado el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2010, elaborado por la organización Transparencia Internacional España. En esta edición se ha medido el nivel de transparencia de los 110 mayores Ayuntamientos de España. Y del resultado han elaborado un ranking específico de Ayuntamientos, donde los seis que han obtenido la máxima puntuación posible, y por tanto, han compartido el primer puesto en el ITA 2010, han sido: Bilbao, Gijón, Ponferrada, Puerto de Santa María, Sabadell, Sant Cugat del Vallés.
Los rankings están bien, pero la cuestión de fondo es que la información pública y el acceso a la información gubernamental, es un derecho constitucional de los ciudadanos que refuerza la democracia y nace de la naturaleza representativa de los gobiernos. Que las administraciones tengan la obligación de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades y la documentación que la sustenta; y que los ciudadanos puedan solicitar a los funcionarios públicos cualquier información y recibir una respuesta satisfactoria, es una cambio fundamental para profundizar en la democracia, conseguir instituciones públicas transparentes y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, en el control y evaluación de los gobiernos y en la lucha contra la corrupción, la ineficacia y la mala gestión.

Que la información es poder es un hecho tan incrustado en el ADN de algunos gobiernos, como que consideran las administraciones que dirigen un cortijo de su propiedad. Ante semejantes comportamientos antidemocráticos que vemos a diario, por ejemplo en Valencia donde el Gobierno de Camps se niega a facilitar, no ya a los ciudadanos, sino a los diputados de la oposición, los contratos relacionados con la trama Gürtel, hay que repetir una obviedad: la finalidad de las Administraciones consiste en servir a los ciudadanos y la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía.

Por tanto, les podrá parecer una intromisión o una incomodidad que les soliciten información y documentación, y cualquier excusa les parecerá validad para dar largas a los representantes elegidos democráticamente o a los ciudadanos que la solicitan, pero estamos ante un derecho constitucional que cada vez es más exigido y que en nuestro país se consolidará definitivamente cuando la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, sea aprobada. Entonces no será el ciudadano quien deba justificar su interés en conocer una información, sino que será la Administración la que deberá explicar su negativa a proporcionarla y siempre en casos excepcionales.

El panorama está cambiando e Internet y los avances en gobierno electrónico facilitan esta labor. Pero para que el derecho de acceso sea efectivo, la Convención para el Acceso a Documentos Oficiales establece las garantías mínimas que los Estados miembros del Consejo de Europa deben integrar en sus leyes nacionales de acceso a la información: 1)El acceso a la información es un derecho de toda persona, que debe aplicarse sin discriminación y que debe poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.2) El derecho se aplica a todas las entidades públicas del Estado (poder ejecutivo, legislativo y judicial) y aquellas entidades privadas y personas naturales que ejerzan cualquier autoridad administrativa, realicen funciones públicas u operen con fondos públicos.3) Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.4) Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.5) Toda información en posesión de las entidades públicas o de aquellas entidades privadas que ejerzan funciones públicas, debe estar sometida al principio de publicidad. 6) la denegación del acceso a cualquier tipo de información deber ser excepcional y estar motivada.7) Toda persona tiene el derecho de recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.8) las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información sobre sus funciones y gastos sin que sea necesario realizar una solicitud. Dicha información debe ser actual, clara y estar escrita en lenguaje sencillo.9) el derecho de acceso a la información debe estar garantizado por un órgano independiente.

La falta de transparencia y la corrupción son dos factores interrelacionados que debilitan gravemente la democracia y alejan a los ciudadanos de la política. Por este motivo, un paso adelante dentro del desarrollo democrático es el progreso en la transparencia política y administrativa a través del acceso a la información. Con ella, avanzan y se modernizan nuestras sociedades, es un indicador de la calidad de nuestro sistema democrático, pero sobre todo, implica a los ciudadanos en el proyecto colectivo de conseguir la mayor libertad, igualdad y felicidad para todos los ciudadanos.

Óscar Iglesias
Publicado en Sistema Digital

Insostenibilidad de las pensiones públicas

Don erre que erre y la falsa “insostenibilidad” de las pensiones públicas
Culminado el asalto a las condiciones laborales de los trabajadores, y convencido el español medio adoctrinado de la inutilidad de cualquier respuesta, El País continúa divulgando la farsa de la insostenibilidad del sistema de pensiones público. Don erre que erre destaca en su web digital que “Bruselas calcula que los problemas en las pensiones empezarán en 2030” (1). El graznido del cuervo se amplifica en los medios de persuasión con contadas excepciones (2), habitualmente sin recordarnos los falsos horizontes que preveían déficit en la seguridad social para el año 2000, en 2005 y en 2009… déficit que nunca se ha cumplido. No son otros que los economistas pagados por fondos privados de pensiones, por el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, FEDEA, el Grupo de los 100 y sus portavoces políticos bien situados por las élites económicas neoliberales en la Comisión Europea, quienes, todos a una, trabajan por la transferencia de los fondos públicos de un sistema solvente hacia la banca privada y los hoy debilitados fondos de pensiones privados. Si los sesudos análisis científicos fallaron entonces y en repetidas ocasiones ¿Por qué se supone que deberían acertar en ésta ocasión? ¿Por qué se plantean similares alarmas para países de la Unión Europea donde el sistema presenta variaciones considerables tanto en la edad de jubilación de las pensiones como en su pirámide de población o en los recursos que cada país dedica al sostenimiento de las mismas (3)?

La realidad es que hoy gastamos el 7.9% de nuestro PIB en pensiones, frente al promedio del 10.9% de la UE, es decir, 29.264 millones de euros menos de lo que nos correspondería para estar en la media. Hoy nos jubilamos a los 63.6 años, mientras que los alemanes lo hacen a los 61.7, los daneses a los 61.3, los finlandeses a los 61.6 y los franceses a los 59.3 (4).
¿Por qué se silencia del fingido debate público a economistas independientes del prestigio de Camila Arza, Adolfo Jiménez, Joseph Stiglitz, Dean Baker, Vicenç Navarro o Juan Torres? ¿Por qué a una organización antineoliberal como Atacc no se le deja espacio ni tiempo en RTVE y menos aún en los medios privados? ¿Será porque las alternativas planteadas pasan por el fortalecimiento del sistema público desechando la falacia de la insostenibilidad y, por tanto, perjudicando los intereses de las élites económicas de nuestro país? Argumentos contra la “reforma” de las pensiones no faltan, desde luego. Algunos pueden encontrarse en; Vicenç Navarro. “Pensiones” ; Periódico Diagonal. Claves de la ofensiva internacional contra las pensiones y las condiciones de trabajo; ¿Qué hay detrás del debate de las pensiones? ; ¿Están en peligro las pensiones públicas? (PDF) ; ¿Están en peligro las pensiones públicas? (vídeo)
Si leemos estas críticas y propuestas atentamente descubriremos que el aparente problema de demografía no es tal. Los cuervos ultraliberales argumentan -por ejemplo- que la población activa, o en edad de trabajar, tiende a disminuir debido al aumento de la esperanza de vida, pero -intencionadamente- descartan dos variables importantísimas;
  • La primera, que la esperanza de vida ha aumentado sobre todo por el descenso de la mortalidad infantil y que se está empleando un cálculo erróneo para convencernos del envejecimiento de la población, explicación que Vicenç Navarro ha repetido hasta la saciedad (5) sin que sus argumentos encuentren eco más allá de Público o webs como Attac, Rebelión, etc.
  • La segunda, que no importa tanto la evolución demográfica como el crecimiento económico o el aumento del empleo y los salarios. Si el paro disminuye y aumentan los salarios el sistema no correrá riesgos. La clave está, pues, otra vez, en la redistribución. Si a esto sumamos una reforma en positivo que haga las contribuciones progresivas en lugar de regresivas, estaremos ayudando a mejorar los ingresos a las pensiones. ¿Acaso es justo que en la actualidad se pague lo mismo indistintamente de lo que se gana para el sostenimiento de las mismas?
Ayer, el Círculo Bellas Artes de Madrid congregó a varias personalidades de primera línea en un debate público titulado “estrategias frente a la dictadura de los mercados” (6). Se programó la participación de Federico Mayor Zaragoza, Carlos Berzosa, Vicenç Navarro, Juan Torres López y Lourdes Lucía, quienes, entre otros muchos temas, hablaron sobre alternativas al recorte de las pensiones públicas. Si no se emitió siquiera en TVE o por cualquier emisora de radio es sólo porque el orden neoliberal impone la censura de todo aquello que pueda suponer una amenaza para su agenda de recortes sociales. Condenados seguimos a la mediocridad de “59 segundos” u otros programas de peor calaña.
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  1. http://blogs.publico.es/dominiopublico/1816/una-vez-mas-las-pensiones/; http://www.publico.es/dinero/296721/el-sistema-de-pensiones-sobrevive-a-los-expertos; http://www.elpais.com/articulo/economia/Bruselas/calcula/problemas/pensiones/empezaran/2030/elpepueco/20101117elpepueco_9/Tes
  2. http://www.elpais.com/articulo/opinion/Elementos/debate/pensiones/elpepiopi/20101106elpepiopi_5/Tes
  3. España dedica actualmente entre un 7.9% del PIB, mientras que en Italia se se gasta en torno al 15% del PIB.
  4. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=102550
  5. http://www.escolar.net/MT/archives/2010/02/una-vez-mas-las-pensiones.html

jueves, 18 de noviembre de 2010

Manifiesto por los derechos del pueblo saharaui

Plataforma de militantes socialistas por un Sahara Libre
La “Plataforma de militantes socialistas por un Sáhara Libre” quiere promover la causa del pueblo saharaui entre la militancia de nuestro partido. Consideramos que el PSOE tiene que tomar parte activa en la defensa de la legalidad internacional y de los derechos inalienables del pueblo saharaui, particularmente de su derecho a la libre determinación.
Por ello, ante la situación actual, queremos invitaros a participar en esta plataforma suscribiendo el manifiesto que será remitido a la ejecutiva federal y demás órganos pertinentes para que nuestra dirección sea consciente de la importancia que tiene el pueblo saharaui para tantas y tantos militantes del Partido Socialista Obrero Español.

Manifiesto por los derechos del pueblo saharaui

1. En nuestra condición de militantes socialistas condenamos enérgicamente la sangrienta agresión que el régimen marroquí está perpetrando contra el pueblo saharaui en los territorios que ilegalmente ocupa desde 1975.
2. Consideramos que la única solución para los males que sufre el pueblo saharaui pasa por el restablecimiento de la legalidad internacional a través de la inmediata salida del territorio de las fuerzas ocupantes del Reino de Marruecos, la vuelta a su tierra de los saharauis refugiados en Argelia y por el cumplimiento de la Resolución 1541 (2004) del Consejo de Seguridad de la ONU que faculta a la MINURSO para impulsar un referéndum para la libre determinación del Sahara Occidental.
3. Pedimos a nuestro compañero Secretario General y Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una condena firme y explícita de los actos cometidos por el Reino de Marruecos desde 1975 y el compromiso de ejercer la responsabilidad que como potencia administradora tiene nuestro Estado, denunciando los Acuerdos de Madrid de 1975, absolutamente contrarios al Derecho Internacional y vergonzantes para un país que se dice Estado Social y Democrático de Derecho.
4. Consideramos que desde el Partido Socialista Obrero Español debemos hacer honor a nuestra tradición y a nuestro ideario condenando contundentemente las últimas violaciones de los Derechos Humanos por el Reino de Marruecos y evitando equiparar hipócritamente al pueblo saharaui, invadido, agredido y vejado, con los invasores marroquíes.
5. Es responsabilidad de España como potencia administradora y de las Naciones Unidas tomar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos del pueblo saharaui y evitar la comisión de crímenes contra la humanidad en el Sáhara Occidental. Consideramos necesario el envío urgente de una fuerza internacional de interposición de paz comandada por España bajo mandato de Naciones Unidas.
6.Queremos mostrar nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el Frente Polisario, con los activistas internacionalistas que luchan por la defensa de los derechos inalienables de los saharauis y con los movimientos políticos y sociales que en Marruecos y los territorios ocupados luchan por un futuro de paz, libertad, igualdad y justicia social enfrentándose al régimen dictatorial de Mohamed VI.
7. Unos cuantos acuerdos comerciales no valen más que la dignidad de un pueblo oprimido.

PLATAFORMA DE MILITANTES SOCIALISTAS POR UN SAHARA LIBRE

Para adherirte a la “Plataforma de militantes socialistas por un Sahara Libre” envía un correo con nombre, DNI, agrupación o cargo institucional u orgánico a saharalibre@elecosocialista.com

martes, 16 de noviembre de 2010

LO QUE DESEAN CAMERON EN GRAN BRETAÑA, RAJOY EN ESPAÑA Y ARTUR MAS EN CATALUNYA, por Vicenç Navarro

La estrategia de la coalición conservadora-liberal en Gran Bretaña en sus recortes de gasto público es predecible y sigue la misma línea de los partidos conservadores-liberales de la Unión Europea, incluyendo el PP en España y CiU en Catalunya. Aunque no lo expliciten, su intención es aprovechar la crisis económica y financiera para conseguir lo que tales partidos han deseado desde que la debilidad y desarme ideológico de las izquierdas gobernantes les ha permitido dominar la vida política, hegemonizando la cultura mediática del país. Su éxito se basa en haber convencido a un sector importante del país de que no hay alternativa posible a las políticas de austeridad.
En Gran Bretaña, la coalición gobernante presenta “la enorme deuda pública de Gran Bretaña” como la causa de que se deban llevar a cabo estas políticas, con el fin de calmar la supuesta desconfianza de los mercados financieros. Tal argumento se repite en Alemania, en Francia, en España (incluyendo Catalunya), en Grecia, en Portugal, en Irlanda, y en una larga lista de países de la Unión Europea.

La limitada credibilidad de este argumento en el caso británico la ha denunciado Martin Wolf, columnista del Financial Times, que ha desmontado uno por uno los argumentos que el nuevo gobierno británico presentó como justificación de las políticas de austeridad. En primer lugar, la deuda pública como porcentaje del PIB es en Gran Bretaña muy semejante a la que ha tenido históricamente: ni mayor, ni menor. En segundo lugar, no parece que haya ansiedad por parte de los mercados financieros acerca de la posibilidad de que el gobierno británico no pueda pagar la deuda. Los bonos públicos se venden con gran facilidad. Los intereses de los bonos públicos a diez años son sólo de un 3%, y han permanecido constantes, después del cambio de gobierno. Tal como señala Martin Wolf, David Cameron y su aliado Nick Clegg están utilizando los mercados financieros para llevar a cabo cambios que deseaban hacer.

Las medidas tomadas por el gobierno británico tienen como objetivo desmantelar el estado del bienestar británico, mediante las siguientes intervenciones. Una es la eliminación del principio de la universalidad en los derechos sociales y laborales. Un principio de la socialdemocracia, sobre el cual se estableció el estado del bienestar en Europa, era el principio de universalidad, es decir, que los derechos de acceso a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, a las escuelas de infancia, a los servicios de dependencia, a la vivienda social, a las transferencias públicas (como pensiones y ayudas a las familias), eran derechos universales (derechos de ciudadanía), que beneficiaban a todas las clases sociales, independientemente de su ubicación social y de su nivel de renta. El principio de “a cada cual según su necesidad y de cada cual según su habilidad” era un principio fundamental de las distintas sensibilidades socialistas en democracia, llamáranse como quisieran. El derecho era igual para todos y el pago predominantemente se hacía a través de la gravación fiscal progresiva. La fortaleza y la popularidad del estado del bienestar estaban basadas en este principio que estaba en el eje de la Europa Social. Era resultado de una alianza de clases, entre la clase trabajadora y la clase media, estableciendo un estado del bienestar de elevada calidad, donde las clases medias se encontraran cómodas.

Pues bien, esto es lo que los conservadores y liberales (en realidad neoliberales) quieren destruir, privando de tal universalidad a aquellos que –dicen ellos- se lo pueden pagar. El argumento de que es injusto que una persona de renta alta y renta media alta reciba ayudas o servicios públicos en momentos de austeridad es el argumento que utilizan y llega a parecer lógico y razonable. Así, en Gran Bretaña familias con niños por encima de cierto nivel de renta no recibirán los pagos por niño que reciben ahora. Y en España, conservadores y neoliberales están proponiendo que los pensionistas por encima de cierto nivel de renta no debieran tener los medicamentos gratuitos. La consecuencia de ello es que se elimina el principio de universalidad y, con ello, se abre la posibilidad de que el nivel de renta que separa aquellos que tienen derechos versus aquellos que no los tienen vaya reduciéndose más y más hasta llegar un momento en que el estado del bienestar se transforma en un estado para los pobres, es decir, un estado asistencial. Y esta es la estrategia de Cameron, de Rajoy y de Artur Mas para desmantelar el estado del bienestar: transformar el estado del bienestar universal en estado asistencial.

Esta conversión conlleva también la privatización del estado del bienestar, para lo cual se da autonomía financiera a los centros sanitarios públicos, por ejemplo, para aumentar sus ingresos mediante la contratación con las mutuas privadas, para conseguir privilegios para pacientes de tales mutuas. Un tanto semejante ocurre con las escuelas públicas, a las cuales se les permite que puedan contratar sus servicios a instituciones privadas a fin de conseguir fondos. Una persona que ha denunciado estas políticas en la Gran Bretaña es el nuevo responsable en temas económicos del Partido Laborista, Alan Johnson, el único miembro del gobierno laborista en la sombra, por cierto, que no tiene educación universitaria. (Huérfano a los 12 años, vivió en una vivienda pública con su hermana. No fue a la escuela más allá de sus 15 años, habiendo trabajado como cartero y con los sindicatos desde entonces). ¿Por qué no hay más Johnsons en las direcciones de los partidos de izquierda? La gran mayoría de la dirección del partido laborista son, como Ed Miliband, licenciados en políticas, en filosofía y en economía de las universidades más prestigiosas de Gran Bretaña. Y esto es un problema que explica, en parte, la transformación del Partido Laborista (New Labour) en un partido socioliberal que había ya iniciado, en parte, tales cambios en el estado del bienestar. En realidad, muchas de las políticas que la coalición conservadora-liberal ha expandido las iniciaron los gobiernos laboristas anteriores. La impopularidad de esta reforma entre sus bases electorales explica su espectacular descenso electoral.

SEMEJANZAS CON ESPAÑA

Algo semejante está ocurriendo en España, donde las políticas de austeridad del gobierno PSOE están causando un gran declive de su popularidad entre sus bases electorales, dando pie a la posible victoria de las derechas, que irán más allá en sus recortes sociales para destruir el estado del bienestar. Si el debate político se centra en el tamaño de los recortes, en quién recorta menos y quién recorta más, la derrota de las izquierdas gobernantes es casi inevitable, ofreciéndole en bandeja la victoria electoral a las derechas.

Una última observación. Se está presentando el declive del apoyo popular al gobierno Zapatero, como consecuencia de que tal gobierno no se explica bien, lo cual me parece un argumento poco creíble. En realidad, se ha explicado muy bien, con gran apoyo de los medios, la mayoría de los cuales (de persuasión conservadora y liberal) apoyan tales políticas. No es el mensajero, sino el mensaje el que, con razón, es impopular. El creciente distanciamiento de las direcciones de los partidos gobernantes (de tradición socialdemócrata) de sus bases populares las hace vulnerables a ser seducidos por la estructura del poder y su sabiduría convencional

Vicenç Navarro Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

IDEAS plantea superar el modelo que toma el PIB como valor principal para medir el desarrollo de un país

Académicos, economistas y políticos progresistas de reconocido prestigio consideran que ha llegado el momento de superar el paradigma económico y social que mide el grado de desarrollo de un país tomando como referente principal el PIB per cápita. 
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domingo, 14 de noviembre de 2010

Nombramientos en el Comité Provincial del PSOE de Cádiz

Pepe Contreras en su blog informa de algunos "nombramientos" producidos en el Comité Provincial:

Comité Electoral.

Francisco González Cabaña asume por primera vez la coordinación general (del Comité Electoral) para la que se ayudará de dos vicecoordinadores: Federico Pérez Peralta que asume el área política y María Colón, el área organizativa. Dentro del organigrama de campaña figuran: en Acción electoral y movimiento en la red, Ana Mosquera, en Programas y apoyo a los candidatos, Francisco Menacho, en Comunicación y seguimiento de medios, Olga González Ponce, en Coordinación y seguimiento del Día D, Elena Ruiz y en Administración y Recursos, Manuel González Piñero.   

Comité de Estrategia
Otra novedad de la estructura con la que el PSOE afrontará las próximas elecciones es el Comité de Estrategia, un órgano de asesoramiento directo al coordinador general y que estará compuesto además de por el secretario general, por Luis Pizarro, Rafael España, Federico Pérez Peralta, María Colón, Jaime Armario, Olga González Ponce, Francisco Menacho, Blanca Alcántara, Alfonso Moscoso, José María Román, Eva Leal, María Naval, Arsenio Cordero y María José Lara

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Laicismo en Cádiz. Una interpretación de la jerarquía católica.


La extensión del laicismo, que el Papa definió como «agresivo y acelerado» durante su visita a España, ha sembrado la duda en cada diócesis. ¿Corre peligro la tradición cristiana? Por lo pronto no ha sido necesario cancelar los cultos en ninguna parroquia por falta de asistencia. Si bien es cierto que los habituales de la misa del domingo no son demasiados, también lo es que mantienen su compromiso e intentan transmitírselo a sus hijos.
El Obispado de Cádiz, al menos, no ve motivos de preocupación por la pérdida de feligreses. Reconoce que la sociedad va cambiando y es más heterogénea, pero la tradición es un pilar fuerte en la sociedad gaditana. Durante el viaje de Benedicto XVI se publicaron varias estadísticas que decían que hay más fieles en España que afiliados a los sindicatos. Claro que en este caso la iglesia católica juega con ventaja: no pide ninguna cuota y a la mayoría de los ciudadanos se le inscribe a los pocos meses de nacer.
Es complicado saber cuántos gaditanos van a misa cada semana. Hasta ahora a nadie se le ha ocurrido que tengan que picar a la entrada, pero sí se lleva un control de las ceremonias religiosas. Durante el año pasado se bautizaron a casi 7.000 niños en las parroquias pertenecientes a esta diócesis y otros 5.922 recibieron su Primera Comunión, según los datos de la vicaría judicial. Estos últimos suponen casi el 80% de los que nacieron en 1999 en municipios de La Bahía, La Janda y el Campo de Gibraltar.
Preocupación relativa
«Los padres que quieren mantener a sus hijos dentro de la comunidad cristiana siguen siendo muchos», considera el vicario general, Guillermo Domínguez Leonsegui. Sin embargo ha ido cayendo en los últimos años. Cuenta que durante el tiempo que fue párroco de la iglesia de Santa Cruz vio crecer el número de feligreses, pero reconoce que «el laicismo se extiende en España y Cádiz no es la excepción».
«Lo que puso el Papa de manifiesto el pasado fin de semana se ajusta totalmente a la realidad, aunque, al menos, en el Sur es más fuerte el compromiso religioso», considera el vicario.
Pero esa tradición también va cediendo. Cada vez son menos las parejas que sellan su unión ante el altar. El año pasado lo hicieron 1.679 bajo la diócesis de Cádiz y Ceuta, más de 3.000 en toda la provincia, lo que suponen el 60% del total. La proporción ha ido creciendo a lo largo de los años y el mejor indicador de ello es el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que lleva el registro desde la década de los cuarenta cuando sólo se podía formalizar una unión ante Dios. Hace apenas diez años sólo un 20% de las bodas se celebraban por lo civil. El porcentaje se reduce a la mitad si se consultan los datos de los ochenta. También hay que tener en cuenta que muchos de esos matrimonios no vuelven a pasar por la iglesia hasta la próxima celebración que incluya un banquete.
A pesar del arraigo de las tradiciones religiosas, la secularización es un fenómeno general. El sociólogo gaditano Diego Jiménez considera que los últimos años han sido determinantes. «El laicismo se extiende por todo el mundo, pero en el caso de España resulta más tardío». En cualquier caso, considera que tiene que ver con «un cierto desencanto».
A la hora de valorar la situación, el profesor Jiménez cree necesario diferenciar las ceremonias eclesiásticas de la religiosidad individual. «Lo primero tiene más que ver con las relaciones y los actos sociales, mientras que lo segundo forma parte del ámbito personal», explica.
De cualquier forma, considera que la iglesia no corre peligro. «Es una institución que ha sabido reactivarse y no se encuentra entre las más odiadas, mucho menos valorados son los partidos políticos e incluso los sindicatos», asegura. Sin embargo, ve lógica la preocupación en un momento en el que el clero se ha visto salpicado por asuntos tan turbios como los abusos y la pederastia.

La calidad de la democracia en España. Libro que recomiendo

 Leído que ha sido. Y subsayado, pues es mi manera de hacer la primera lectura. Releído y reflexionado que ha sido .... lo recomiendo a todos aquellos que tienen la responsabilidad de "enseñar y practicar" la democracia.
Sin embargo, desde ya lamento que aquellos políticos gaditanos a los que más les aportaría la lectura de este libro, no lo leerán. No leen nada. Sólo algunos recortes de prensa que les seleccionan y pasan sus "asesores". ¡Ellos se lo pierden!

La ejecutiva provincial del PSOE lanza un mensaje de «unidad y cohesión»

González Cabaña augura un «nuevo tiempo» en las relaciones con la dirección regional tras superarse la «crisis»

El comité provincial del PSOE se reunió ayer en Jerez, en un acto que puede considerarse el pistoletazo de salida de cara a las elecciones municipales. La importancia del acto, que se celebró en el Hotel Guadalete, pudo comprobarse con el desfile de altos cargos socialistas: la secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído («tienes el reconocimiento de toda tu gente de la provincia», le dijo Francisco González Cabaña), la diputada socialista Mamen Sánchez, la secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz, o el líder provincial del partido, Francisco González Cabaña.
La ejecutiva provincial del PSOE lanza un mensaje de «unidad y cohesión»En su intervención, el secretario provincial de los socialistas lanzó un mensaje de «unidad y cohesión» al partido, ya que si hay algo que no perdonan los ciudadanos es «la falta de unidad interna» y las guerras en el partido: «Si eso se traslada fuera, perderemos 'feeling' con la ciudadanía».
Otro punto de su intervención tuvo que ver con la polémica por las relaciones con la ejecutiva regional socialista: «Es un nuevo tiempo en las relaciones, ya que hemos superado ese viejo tiempo de la crisis y yo lo vengo notando ya desde hace tiempo. Bien está lo que bien acaba y lo que bien empieza», afirmó tajante.
Tampoco faltaron palabras de apoyo para los alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia. El presidente de Diputación no ocultó que «lo están pasando mal», por lo que el partido debe «respaldar nuestra primera línea». Añadió que «estoy dentro de su sufrimiento, porque son la primera línea de la batalla política que si el PP sobrepasa, difícilmente podremos recuperarnos en lo que viene después», en referencia a las autonómicas y nacionales.
González Cabaña reiteró que la provincia ha recuperado un peso pendiente del último congreso a nivel regional. En su análisis, explicó que el PSOE cumple con los compromisos fundamentales en la provincia, cuyas actuaciones más destacadas son el segundo puente sobre la Bahía, la construcción de nuevos BAM en los astilleros, la alta velocidad o la línea ferroviaria Algeciras Bobadilla.
Cabaña tuvo palabras especiales hacia el alcalde de Los Barrios, Juan Montedeoca, que «está soportando y dando la cara en el conflicto laboral, sin echarle la culpa a otros», en referencia al regidor de La Línea.
Por su parte la primer edil de Jerez, Pilar Sánchez, destacó la celebración de este comité provincial en Jerez y subrayó que son muchos los retos y desafíos que el PSOE tiene que afrontar de cara a las municipales. Sánchez, en la línea de Cabaña, hizo un llamamiento a la unidad y a la cohesión.

sábado, 13 de noviembre de 2010

Para los interesados en la cuestión religiosa

Pistas para un análisis socio-político, desde un análisis sociorreligioso, publicado en el número 243 de IGLESIA VIVA

Intelectuales y cuestión religiosa en la España actual, por Antonio García Santesmases

El profesor Antonio García Santesmases, Catedrático de Filosofía Política de la UNED, ha publicado el artículo "Intelectuales y cuestión religiosa en la España actual", en la revista Iglesia Viva, en el que establece un mapa de cuatro tipos de intelectuales, señalando claramente su posicionamiento respecto al catolicismo y los medios de comunicación en que principalmente se expresan //13 noviembre
En sus palabras, Pérez Tapias señala "la conveniencia de una nueva ley de libertad religiosa, clave para articular desde un Estado laico la convivencia en una sociedad pluralista."

La viga de la Iglesia, Tribuna de José Antonio Pérez Tapias en El País

José Antonio Pérez Tapias es diputado del Congreso, cristiano y portavoz de la corriente Izquierda Socialista del PSOE. //13 noviembre

viernes, 12 de noviembre de 2010

Política o mercado ?

Fernando Vallespín escribe un muy interesante artículo en El País que titutla Ilusionsimo político.


Hacia la mitad (lo digo para que se lea completo y se pueda entender lo que aquí copio ) dice:


Los ciudadanos se van haciendo poco a poco más sabios y ya no es tan sencillo engatusarlos. Una reciente encuesta del canal público alemán ZDF, que reproducía el Financial Times el pasado día 9, es bien expresiva de esto. A la pregunta de "quién es el responsable principal de la recuperación económica alemana", solo un 9% se la atribuye al Gobierno de Merkel, menos que a los empleados (17%) o a las empresas (25%). La gran mayoría le imputa el mérito a la coyuntura de la economía global (42%).


Si esto comienza a ser así en otros lugares, se nos cae ya el presupuesto con el que comenzábamos la columna. Además, y esto no se suele decir, en casi todas las predicciones que hacen los organismos especializados sobre la evolución de las diferentes economías, el que haya cambio de Gobierno no parece ser una variable que importe. Los datos económicos objetivos se ven como independientes de interferencias políticas. La presunción es que la política, del signo que sea, seguirá los dictados que en cada caso marquen los imperativos sistémicos de la economía. No es una buena noticia para la democracia, pero ahí está.


El Roto, como tantísimas veces, da en el clavo.

La viga de la Iglesia, por JOSÉ A PÉREZ TAPIAS

La Iglesia parece olvidar el mensaje que es su razón de ser. ¿Cómo no extrae consecuencias del pasaje evangélico que denuncia el ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio? ¿No es esto -con todos los respetos- lo que le ha ocurrido a Benedicto XVI en su reciente viaje a España? Así lo han percibido amplios sectores de la ciudadanía. Un abordaje crítico de lo oído en discursos y en declaraciones a periodistas no tiene por qué renunciar a confrontar a la Iglesia con sus contradicciones desde una lectura laica de textos bíblicos.
El teólogo Ratzinger ve la paja en el ojo ajeno al abordar el secularismo de nuestra sociedad prescindiendo de la mirada del Vaticano II hacia la secularización como emancipación de la tutela de instituciones religiosas; no ve la viga propia al pasar por alto el conformismo de la Iglesia cuando peligran sus intereses.
El Papa anda tras la brizna en ojo ajeno cuando se lanza contra logros en derechos, sin reparar en esa viga en el ojo propio que impide la autocrítica por el déficit de derechos en la Iglesia. Se fija en la paja de una mal apreciada situación de la mujer en España, sin ver la viga de la misoginia eclesiástica.
Benedicto XVI ataca el fantasma de un laicismo que compara injustamente con el anticlericalismo de la II República, mientras que la viga en su retina no le deja ver el clericalismo que alimenta el confesionalismo con que la Iglesia defiende privilegios.
Una sociedad democrática no debe dejarse atrapar por lastres que impiden aplicar la Constitución, ni por el relumbrón del poder que solo la debilidad propia otorga a quien no lo tiene. Recordemos, frente a tanta viga, el aforismo de Adorno: "La paja en tu ojo es la mejor lente de aumento". Esa lente que supone la paja sobre la que se concentra una mirada poco evangélica hace ver la conveniencia de una nueva ley de libertad religiosa, clave para articular desde un Estado laico la convivencia en una sociedad pluralista.

 José Antonio Pérez Tapias es diputado del Congreso y portavoz de la corriente Izquierda Socialista del PSOE.

jueves, 11 de noviembre de 2010

Zapatero ha dicho en Seúl

Zapatero estima que economía verde creará un millón de empleos en 10 años

Se compromete a seguir luchando contra la pobreza para alcanzar dentro de cinco años los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados por la ONU, a pesar de la crisis
11 Noviembre 10 - Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró hoy que el sector de las energías renovables, el transporte, la edificación sostenible y la ecoindustria tienen en España un potencial de creación de un millón de puestos de trabajo en los próximos diez años.
Zapatero expuso esta cifra en la cumbre empresarial organizada en Seúl antes de comenzar la reunión del G-20, un foro en el que presidió una mesa redonda bajo el lema de "Crecimiento verde".
En esa mesa, en la que también participaron los presidentes de Repsol, Antonio Brufau; Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y Acciona, José Manuel Entrecanales, destacó el diálogo abierto por el Gobierno con partidos y empresas para alcanzar un acuerdo en política energética para la próxima década que permita un modelo sostenible "con un mínimo coste para los consumidores".
"Es un acuerdo decisivo para nuestro país y debe ser, si lo logramos, un buen modelo para el conjunto de los países de la OCDE; traerá importantes beneficios en términos de estabilidad regulatoria, de favorecer la inversión y de aportar un impulso de nueva tecnología e innovación al conjunto del sistema", manifestó.
Tras insistir en la capacidad de la economía sostenible para la creación de empleo, reconoció que los resultados finales dependerán en gran medida de la apuesta de los empresarios. Por ello quiso lanzar un mensaje claro a los asistentes a la cumbre empresarial: "la economía verde representa un gran potencial de futuro para la generación de empleo, para el avance tecnológico y para la competitividad de las economías".
El objetivo de España es lograr que en 2020 al menos el 20 por ciento de la energía final provenga de fuentes renovables, reducir en un 20 por ciento la intensidad energética y que las emisiones de CO2 bajen un diez por ciento respecto a los actuales niveles.
Como ejemplo de los logros conseguidos, destacó que desde 2004 el peso de las renovables en el consumo energético español se ha incrementado un 50 por ciento, que el 30 por ciento de la electricidad proviene ya de fuentes limpias y que se ha reducido el consumo energético por unidad e PIB en un 13 por ciento.
Anteayer, añadió, gracias a las condiciones meteorológicas que se vivieron en España, se batió un récord histórico y casi el 70 por ciento de la producción energética fue de fuentes limpias, un 40 por ciento de origen eólico.
Los tres grandes retos que afronta ahora el país son reducir la intensidad energética, rebajar el grado de dependencia y reducir el nivel de emisiones. Y frente a ellos subrayó los pasos dados hasta situar a España como cuarto país en capacidad instalada en energía eólica, el segundo en fotovoltaica y el primero en termosolar.
Un sector industrial "sólido" que genera 200.000 empleos y que apuesta por el desarrollo tecnológico, añadió.
Según apuntó, la eficiencia energética debe ser la principal palanca para la reducción de emisiones y esa apuesta tiene que ser global, ya que la Agencia Internacional de la Energía estima que en 2050 la demanda puede llegar a multiplicarse por dos si continúa la tendencia actual.
La lucha contra el cambio climático, añadió, requiere "determinación, perseverancia, concienciación y recursos", pero "los costes de la inacción son muy superiores a
los de la acción".
Tras considerar que sólo mediante un gran salto tecnológico en el sector energético será posible reducir emisiones y ser eficientes, insistió en las "grandes oportunidades de negocio" que se abren en todo el mundo. Recordó en este contexto la apuesta de los inversores de capital riesgo por el sector medioambiental, así como el crecimiento de las cotizaciones de las principales empresas "verdes".
Para Rodríguez Zapatero, es necesario impulsar al tiempo la sensibilización ciudadana, la actuación normativa de los poderes públicos y la iniciativa privada.

La terminal de contenedores, a costa de la Bahía, por Purificación González

Pese a las numerosas alegaciones presentadas en su contra, por colectivos y ciudadanos, y pese a que el propio estudio de impacto ambiental advierte de los graves problemas que generaría, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz insiste en llevar a cabo su proyecto de terminal de contenedores que crecería como una enorme zarpa junto a la preciosa isla gaditana, alegando mas o menos que es un hecho consumado. Para sufragar tan cuantiosos gastos, dado que estamos en época de restricciones, su representante se muestra dispuesto hasta a vender fincas del Estado. ¿Qué presiones puede recibir un cargo público para llegar a este extremo? Máxime contando con la experiencia de las terminales de contenedores que periódicamente nos han vendido como panaceas que sólo quedaron en un nuevo relleno más en la Bahía.

En el año 1968 se dio la noticia de que la construcción de una gran terminal de contenedores en los Bajos de la Cabezuela reactivaría la economía de toda la Bahía, crearía miles de puestos de trabajo y "situaría al puerto de Cádiz en el lugar que le corresponde". 160 has. de una de las zonas de mayor interés ecológico e importancia pesquera de la Bahía fueron desecadas, resintiéndose la pesca en todos los alrededores. Todo quedó en unos terrenos baldíos en su mayoría y hoy expectantes a las recalificaciones.

En 1984 volvió a anunciarse la construcción de una terminal de contenedores en la zona de San Felipe, que iba a crear 4.000 puestos de trabajo y sería "el motor del desarrollo" de la Bahía. La campaña organizada por AGADEN con el eslogan Los contenedores a la Cabezuela, para que esta terminal se instalara en donde ya se habían realizado los rellenos años atrás, solo consiguió que se redujeran las hectáreas a desecar y que respetaran la parte de la muralla que iban a destruir. Pero la Bahía perdió 26 has. Hoy, salvo un pequeño espacio para los contenedores, estos terrenos son en su mayoría una zona marginal y hasta peligrosa de nuestra ciudad. ¿Qué fue de los puestos de trabajo que ofrecían?

En 2009 vuelve a proyectarse otra terminal de contenedores, con los mismos argumentos, incluso párrafos textuales, de las anteriores (motor del desarrollo, puestos de trabajo…) pero con un presupuesto base de licitación de 163.878.005.50 euros (unas 27.224.000.000 pesetas). Esto no se sustenta ni económicamente ni ecológicamente. En el contexto de la planificación portuaria el tráfico de contenedores se canaliza por el puerto de Algeciras, y éste está padeciendo la dura competencia de la nueva terminal Tánger Med Port. Y el puerto de Cádiz ha registrado un claro estancamiento en los últimos seis años. Por otra parte a Cádiz le corresponde -y lo está haciendo muy bien la Autoridad Portuaria, al César lo que es del César- el tráfico de turistas, que es el que tiene mayor proyección de futuro y rentabilidad para la ciudad, si es que sabemos retenerlos. Y ambos tráficos son incompatibles.

En el proyecto se ubicaría entre el dique de Levante y el Muelle nº 5, con un relleno próximo a las 40 has. de bahía, un muelle de atraque de 1.000 metros y unos calados de hasta 19 metros de profundidad. Pero las obras tienen cola: un dique de abrigo por importe de 12.776.998.750 euros, que necesitaría de otras obras complementarias, y a las que se añadiría la conexión con el nuevo puente que la Autoridad Portuaria plantea ahora. Es decir una serie de obras concatenadas, de ingente presupuesto y de enorme impacto ambiental. No deja de ser sorprendente que una de las alternativas que se presentan a este proyecto es en La Cabezuela, pero no utilizando los terrenos que fueron desecados con esta finalidad, y que están a pie de autopista, que parecería lo razonable, sino realizando nuevos rellenos al oeste de los anteriores y estrangulando la Bahía.

El preceptivo Estudio de Impacto Ambiental es demoledor al reconocer impactos más que considerables (al igual que reconocen ahora los efectos adversos del Puente que algunos llaman "del Corte Inglés", que antes negaron), "en particular los que desencadenará el dragado del estrecho de Puntales". Entre otros, la alteración de la dinámica del litoral en el entorno del puerto; mareas y mares de leva que ocasionarán modificaciones en la costa y que pueden afectar a todas las playas de la Bahía, y muy especialmente a Valdelagrana; efectos sobre la hidrodinámica, los procesos de transporte y sedimentación y sobre los ciclos de las mareas, que amenazarán también al Parque Natural; impactos sobre las praderas de seba, las marismas y las zonas intermareales, así como sobre las especies marinas (es decir, sobre la pesca) y sobre las aves; efectos sobre la batimetría y geomorfología de la costa y también sobre el patrimonio arqueológico, ya que hay numerosos barcos hundidos en la zona de actuación. Pero hay algo más grave e intolerable por encima de todo y es que poco a poco están haciendo desaparecer la Bahía de Cádiz. Con tantas conclusiones en contra, ¿por qué insisten en sacar adelante este proyecto? ¿No será que el objetivo son las obras de los rellenos?

El Decreto 462/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, señala como características del medio físico de ésta su singularidad, su fragilidad y su complejidad, que le confieren alto valor ecológico, paisajístico y productivo, que hay que preservar. Es contundente al respecto y excluye los nuevos rellenos. En su artículo 44 especifica textualmente que "los incrementos del tráfico de mercancías se orientarán hacia la dársena de La Cabezuela" (la actualmente existente). Y la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, puntualiza (art. 23) que "las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz… prevalecerán sobre las determinaciones del planeamiento urbanístico general vigente en el ámbito de dicho Plan y sobre los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio". No hay dudas de que esas actuaciones serían también contrarias a la legalidad.

Poner en peligro una economía real y existente, como la pesca -aunque haya disminuido considerablemente tal vez a causa de desecaciones como las que se pretenden- y el turismo, y amenazar el parque natural y toda la Bahía en nombre de un hipotético beneficio que dejaría una terminal de contenedores (¿a quien?) altamente costosa, en una época en que se recortan sueldos y pensiones, debiera suscitar cuando menos algún debate parlamentario, alguna reacción, alguna exigencia de responsabilidades. Porque la Autoridad Portuaria está ignorando el estudio de impacto, las alegaciones de distintos colectivos y ciudadanos, y la legalidad vigente.