sábado, 30 de octubre de 2010

Una voz a favor de la Universidad de Cádiz, por RAFAEL ROMÁN, diputado socialista de Cádiz


QUIZÁ la mayor parte de las personas que me conocen no entiendan el sentido de este artículo que me va a procurar enemistades y pocas alabanzas, pero el silencio de la sociedad gaditana ante el persistente ataque que sufre el Rector y la propia Universidad de Cádiz (UCA) a causa de la pretensión de la creación de una Facultad o una Escuela Universitaria en Villamartín no me parece la más adecuada respuesta ciudadana. Como universitario me duele. Como ciudadano me parece injusta.

Tengo varios motivos para intervenir. El primero, mi condición de profesor en excedencia de la UCA. El segundo, mi intervención en el Senado para la creación de la Universidad en octubre de 1979, en cierta medida me considero por tanto entre los fundadores. Finalmente, las formas empleadas por los peticionarios en defensa -en principio legítima- de sus pretensiones, que los están desasistiendo clamorosamente de razón.

La Universidad debe cumplir la legalidad que exige la ley de Universidades y las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior y las tiene que aplicar igualmente la Junta de Andalucía y naturalmente obligan también a los promotores de la iniciativa de educación superior de la Sierra - sea Escuela o sea Facultad- si queremos que los centros tengan profesionales convenientemente formados. Los profesores deben estar titulados en número y acreditación suficiente, con las plantillas de doctores a tiempo completo y con capacidad docente e investigadora. Si es una iniciativa privada habrán de costear y completar sus instalaciones con zonas deportivas, campus virtual, actividades de extensión universitaria y si la iniciativa es sanitaria los hospitales del sistema sanitario público de Andalucía (de origen público o privado) se tendrán que poner al servicio de la enseñanza, con un compromiso de permanencia y de responsabilidad constatable.

Frente a todo este entramado legal y técnico no vale ni la demagogia ni el matonismo. Valen las razones y los medios económicos garantizados que han de ponerse sobre la mesa para lanzar el proyecto adelante. La Universidad de Cádiz no puede ser culpable de hacer cumplir la normativa -eso es lo que ha puesto de manifiesto el Consejo Social- y los que quieren una Facultad o una Escuela Universitaria de origen privado que arriesguen el dinero para conseguirla cumplimentando con la calidad estipulada de antemano.

Nadie me podrá acusar de no haberme preocupado por la Sierra de Cádiz, tampoco de no haber propiciado una extensión a la Sierra de Cádiz de la UNED de Cádiz. Hay razones sobradas para que exijamos que este debate entre en razón y deje atrás el insulto y el esperpento.

La Universidad es una de la grandes instituciones de la provincia y tenemos que defenderla porque la cohesiona y la enriquece. Y porque -ésa sí- es de todos.

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