CON la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, se estableció el marco general y las bases para la vertebración equilibrada de nuestra Comunidad Autónoma. Ésta debe articularse a través de los correspondientes Planes de Ordenación de Ámbito Subregional o Comarcal, priorizándose los correspondientes a las grandes áreas metropolitanas que se configuran en el entorno de las grandes ciudades, el litoral y las poblaciones intermedias.
En la provincia de Cádiz, el proceso está muy avanzado ya que cuenta con un documento en vigor, el correspondiente a la Bahía de Cádiz, que se está revisando para un ámbito territorial más amplio que incluye a Jerez. Están en la última fase de la tramitación administrativa para su aprobación definitiva los correspondientes a La Janda y Costa Noroeste, mientras que el del Campo de Gibraltar ha superado recientemente el periodo de exposición pública y presentación de alegaciones que se están estudiando. Sólo queda pendiente de contratar la redacción del de la Sierra.
La aprobación de los planes comarcales es un proceso complejo, tanto desde el punto de vista técnico como político, que parte del riguroso trabajo profesional de un equipo de expertos, exige un gran esfuerzo de interlocución con los agentes económicos y sociales y de coordinación y consenso entre los responsables institucionales de las diferentes administraciones públicas que operan en el territorio de referencia. Estos documentos deben fijar las infraestructuras, equipamientos y servicios supramunicipales, establecer las bases de los desarrollo compartidos y servir de base al planeamiento local.
Resulta sorprendente que quienes no han comparecido en todo el proceso lo hagan en el tramo final para exponer sus reservas, con lo que demuestran una falta de respeto a todos los interlocutores que han participado en la elaboración aportando sus propios planteamientos. Está muy extendido este hábito de sentar cátedra de forma intempestiva y a destiempo, en una suerte de despotismo ilustrado de quienes se sienten, no ya interlocutores privilegiados, sino poseedores exclusivos de la razón.
Se ha pretendido descalificar los Planes de Ordenación del Territorio de La Janda y la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz con el consabido argumento de la especulación urbanística y de supuestos planteamientos desarrollistas, sobre la base de afirmaciones genéricas y del virtuosismo perverso en el manejo de la vieja técnica de "calumnia que algo queda", sobre todo, si hablamos de asuntos que se relacionan con la construcción.
Para estos supuestos faros de las vanguardias, es absurdo ofrecer proyectos de futuro estando en crisis y plantear alternativas de desarrollo porque, según su criterio, carecerían de rentabilidad económica. Al parecer, porque estamos en crisis, tenemos que renunciar, por siempre jamás, a cualquier tipo de desarrollo ya sea turístico o inmobiliario, agrario o industrial. Llama la atención que, al mismo tiempo que se duda de sus potenciales beneficios, se califiquen de pelotazos urbanísticos.
En este juego cínico de la doble moral, merecen una mención especial algunos portavoces del PP y de IU, que apoyan los planes comarcales desde los ayuntamientos en los que gobiernan y luego los descalifican en sede parlamentaria y a través de los medios de comunicación. Son los mismos que se escandalizan por las viviendas irregulares de Chiclana y cierran los ojos en cuanto pasan a los términos municipales colindantes de Conil (que tiene el récord), Puerto Real o El Puerto de Santa María. En un alarde de incoherencia, descalifican las "áreas de actividades productivas" en sus posicionamientos provinciales, pero exigen que se les asignen en los municipios que gobiernan.
Por el contrario y como ha reiterado el presidente Griñan, nuestra apuesta debe ser el desarrollo sostenible y la economía de la igualdad, sobre la base de hacer mejor lo que ya hacemos bien: avanzar hacia la excelencia en aquellas actividades en las que ya somos competitivos mediante la presentación de una oferta turística diversificada y de calidad en continua renovación para adaptarse a las demandas emergentes; profundizar en la modernización de un sector agrícola y ganadero que incorpore cada vez con mayor intensidad procesos de elaboración y transformación industrial con capacidad para competir en los mercados internacionales; apostar por la cualificación del factor humano a través de la educación y el acceso a las nuevas tecnologías; consolidar un sector de la construcción más acorde con las necesidades y demandas de la ciudadanía y priorizar la especialización industrial tecnológicamente avanzada y asociada a sectores estratégicos tales como la aeronáutica y las energías renovables.
Esto es lo que se pretende articular en nuestra provincia a través de los planes comarcales en marcha. Un modelo de desarrollo económico sostenible que desde la diversificación productiva pretende aprovechar las ventajas comparativas derivadas de nuestra posición geoestratégica como territorio de frontera sur de Europa, vértice para el tránsito de personas y mercancías y espacio privilegiado para los intercambios.
En los planes comarcales en elaboración, las potenciales oportunidades detectadas para el desarrollo económico sostenible se canalizan a través de las llamadas "Áreas de Actividades Productivas" que pueden estar vinculadas a la logística, el turismo, la industria estratégica, la industria asociada a la agricultura y la ganadería y los usos residenciales. Para hacer frente al grave problema de las construcciones irregulares, se contemplan los "Programas de Actuación Municipal en Suelos no Urbanizables", como vehículos para la legalización de viviendas a través de procedimientos reglados que exigen un riguroso trabajo de diagnóstico, antecedentes históricos, inventario y planes de actuación para cubrir las carencias de infraestructuras, servicios y dotaciones públicas.
Los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional, planes comarcales, pretenden desde el diálogo y el consenso sentar las bases para avanzar hacia un modelo de desarrollo económico y social sostenible. Deben ser concretados y canalizados por los planes urbanísticos municipales de acuerdo con criterios de oportunidad, de disponibilidad de los recursos endógenos, y de participación de la iniciativa pública y privada. En principio, ya tienen un aspecto muy positivo y demandado: que los planes y los planos estén elaborados, discutidos y aprobados antes que se construyan las casas.
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