La ley obligará a las cadenas privadas a dar espacios electorales a los partidos
El Congreso cierra el paso a las candidaturas 'contaminadas' por Batasuna
El País. FERNANDO GAREA - Madrid - 01/07/2010
La reforma de la ley electoral incluirá un histórico recorte del derecho de voto de los españoles residentes en el extranjero, la renuncia a acometer cambios en el reparto proporcional de los escaños y a eliminar los límites a la publicación de encuestas, el propósito de seguir estrechando el cerco a Batasuna y sus grupos sucesores y la polémica intervención en la información electoral de las cadenas privadas de televisión.
La reforma de la ley electoral incluirá un histórico recorte del derecho de voto de los españoles residentes en el extranjero, la renuncia a acometer cambios en el reparto proporcional de los escaños y a eliminar los límites a la publicación de encuestas, el propósito de seguir estrechando el cerco a Batasuna y sus grupos sucesores y la polémica intervención en la información electoral de las cadenas privadas de televisión. El texto dio ayer un paso decisivo en la Comisión Constitucional con la aprobación del informe de la subcomisión parlamentaria, que ha trabajado durante toda la legislatura en el Congreso. Ahora deberá convertirse en una proposición de ley para que culmine el trámite.
Los partidos han pactado que las cadenas privadas de televisión estén obligadas en sus informativos a incluir espacios sobre la campaña electoral, con tiempos proporcionales a los resultados de comicios anteriores. No como espacios gratuitos, sino como información proporcional, al igual que se ven obligadas a hacer las televisiones públicas. Es decir, las cadenas privadas no podrán dejar de dar información de un partido en campaña o darle más a otro, con un estricto criterio periodístico.
Todo empezó con un pacto entre PSOE y PP, al que se han sumado todos los partidos (ver EL PAÍS del 19 de marzo). Hay acuerdo entre ellos, pero falta aún la concreción material en la norma. El informe de la subcomisión incluía un párrafo que aseguraba que "durante los períodos electorales las emisoras de televisión privada deberán respetar asimismo los principios de pluralismo, igualdad, neutralidad informativa y proporcionalidad, quedando sometidas a las Instrucciones que elabore la Junta Electoral Central para las televisiones públicas".
Ayer, al iniciarse la sesión de la Comisión Constitucional, su presidente, Alfonso Guerra, anunció que ese apartado no sería sometido a votación, para "precisarlo técnicamente". Según explican los grupos, no renuncian a ese acuerdo, pero deberá ser precisado en el trámite de enmiendas, que se iniciará después del verano. Argumentan que las televisiones privadas son concesiones administrativas y que, por tanto, deben estar sujetas a criterios de pluralismo durante las campañas electorales.
El dictamen fue aprobado ayer con los votos particulares de IU, BNG, UPyD y Coalición Canaria. El rechazo de estos grupos está motivado en que no se aborda la reforma de la proporcionalidad o en que se elimina el derecho de voto de los emigrantes en las municipales, pero en ningún caso en el compromiso de regular la información de las televisiones privadas. Y PNV rechaza la parte de la reforma que se refiere a Batasuna y que dificulta el uso de candidaturas legales para colar a miembros de listas ilegalizadas. CiU e IU también expresaron sus dudas sobre la legalidad de esta última parte de la reforma. Los nacionalistas catalanes se abstuvieron en ese punto. La reforma amplía los plazos para impugnar listas sospechosas y evitar así que sus miembros tomen posesión de sus cargos, permite anular listas de un partido legal por la presencia "contaminante" de candidatos de listas ilegalizadas y aplica una "incompatibilidad sobrevenida" a los cargos de formaciones ilegalizadas después de celebrados los comicios, lo que permitiría la retirada del acta a un cargo ya electo.
Las cosas que acabarán con la raza humana son: la política sin principios, el progreso sin compasión, la riqueza sin esfuerzo, la erudición sin silencio, la religión sin riesgo y el culto sin conciencia. - Anónimo
miércoles, 30 de junio de 2010
La transición inmodélica, por Vicenç Navarro
Durante muchos años, la versión dominante en los medios de mayor difusión del país sobre la Transición de la dictadura a la democracia en España es que tal Transición fue un proceso modélico que transformó una de las dictaduras más represivas que hayan existido en Europa (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000) en una democracia homologable con cualquier democracia existente en la Unión Europea. Esta versión dominante subraya, además, que el supuesto éxito de tal Transición se basó en la reconciliación de las derechas, herederas de lo que en España se llama franquismo (y fuera de España, fascismo), con las izquierdas y otras fuerzas democráticas, herederas de la República, que lucharon contra la dictadura.
Esta versión dominante, casi oficial, de los hechos ocurridos en España se ha ido cuestionando más y más a medida que se han podido comprobar las enormes deficiencias de la democracia española. Dos hechos recientes muestran lo enormemente incompleta que es la democracia en España. Uno es el enjuiciamiento por parte del Tribunal Supremo del único juez –Baltasar Garzón– que se ha atrevido a intentar llevar a los tribunales a los asesinos y responsables del encubrimiento de los asesinatos por causas políticas de más de 150.000 personas, cuyos cuerpos continúan desaparecidos en la gran mayoría de los casos, enjuiciamiento que se ha hecho a propuesta de la Falange, partido heredero del partido fascista que mató a miles y miles de republicanos.
Esta situación, que The Guardian definió como “bochornosa”, es impensable que ocurra en cualquier otro país democrático de la UE. En realidad, en otros países europeos que sufrieron el fascismo o el nazismo, como Alemania, la Falange estaría prohibida y los miembros del Tribunal Supremo que aquí han mostrado sus simpatías por el golpe militar estarían expedientados y, de continuar expresando tales simpatías, estarían en la cárcel. No así en España. Mientras que unas fuerzas políticas vascas, como Batasuna, están prohibidas por no condenar la violencia de ETA, la Falange, que se muestra orgullosa de sus antecesores, está legalizada, y el Partido Popular, que nunca ha condenado por su nombre la dictadura asesina que existió en España, no es sólo legal, sino que ha gobernado en España. Medios de información afines a tal partido han aplaudido el enjuiciamiento del juez Garzón, contrastando con la postura expresada por la gran mayoría de medios de las derechas europeas, que han denunciado tal enjuiciamiento. En realidad, las fuerzas políticas europeas, homologables al PP, han sido las ultraderechas (ver mi artículo “¿Es el PP franquista?” en www.vnavarro.org).
El segundo hecho es el dictamen del Tribunal Constitucional, que ha eliminado del Estatut elementos claves que habían sido aprobados por el Parlament, por las Cortes españolas y refrendados por el pueblo catalán en un referéndum. El dominio de tal tribunal por la derecha española, próxima al PP, y por otros jueces que comparten la cultura jacobina del régimen anterior ha dado lugar a un resultado predecible que ha invalidado decisiones tomadas por los representantes del pueblo catalán y del pueblo español. Esta decisión ha sido un regalo a los nacionalistas de ambos lados del Ebro. Para los jacobinos españolistas, herederos de la cultura centralista de la dictadura, centrados predominantemente (pero no exclusivamente) en el PP y en UPyD, tales tensiones favorecen la movilización chauvinista anticatalana, que es muy rentable políticamente en sectores de España. Y en Catalunya, la decisión del Tribunal Constitucional se presenta por las derechas nacionalistas catalanas como la decisión de España contra Catalunya, ignorando maliciosamente que los representantes del pueblo español (excepto el PP) votaron a favor de tal Estatut.
La consecuencia de ello es que hoy, en el momento más grave que España y Catalunya están viviendo, con un ataque frontal a los derechos sociales y laborales de las clases populares de todas las naciones de España, las luchas nacionales absorberán todo el espacio político y mediático, llevando a un segundo plano el tema de la reducción del Estado del bienestar, el objetivo deseado por las derechas nacionalistas catalanas y españolas que, aliándose en sus políticas de reducción de derechos sociales y laborales, utilizan ahora las banderas para dejar en segundo lugar la crisis económica y financiera que sus políticas neoliberales provocaron.
Este artículo no puede terminar sin hacer una crítica a las izquierdas gobernantes. La excesiva moderación del Gobierno del PSOE, que alcanza niveles de difícil comprensión (como, por ejemplo, la definición de Franco –el mayor asesino que España haya producido– en la web de la Moncloa como un “político y militar”, sin citar su horrible comportamiento, tanto en el golpe de 1936 como en los 40 años de dictadura) y su enorme pasividad frente al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional es, también, en parte responsable de la situación actual. Aplaudo el discurso del presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, en su denuncia y crítica del Tribunal Constitucional (el cual nunca tendría que haber existido o, en caso de que existiera, no debería tener mayor potestad que la soberanía popular). En lo único que estoy en desacuerdo es en lo de acatar el dictamen. Es comprensible que lo dijera debido a su cargo institucional. Pero las leyes no tienen que acatarse cuando son injustas. Si la anciana de raza negra en Alabama, EEUU, hubiera respetado la ley y hubiera continuado sentada en la parte de atrás del autobús, los negros en EEUU todavía estarían considerados ciudadanos de segunda. La desobediencia civil es un acto democrático. Hoy las fuerzas democráticas, a ambos lados del Ebro, deberían protestar por el hecho de que las derechas continúen dominando los aparatos del Estado, no respetando la voluntad popular expresada en el Parlament y en las Cortes españolas. En una democracia, la soberanía procede del pueblo y no de unas instituciones heredadas del régimen anterior.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Publicado en Público
Esta versión dominante, casi oficial, de los hechos ocurridos en España se ha ido cuestionando más y más a medida que se han podido comprobar las enormes deficiencias de la democracia española. Dos hechos recientes muestran lo enormemente incompleta que es la democracia en España. Uno es el enjuiciamiento por parte del Tribunal Supremo del único juez –Baltasar Garzón– que se ha atrevido a intentar llevar a los tribunales a los asesinos y responsables del encubrimiento de los asesinatos por causas políticas de más de 150.000 personas, cuyos cuerpos continúan desaparecidos en la gran mayoría de los casos, enjuiciamiento que se ha hecho a propuesta de la Falange, partido heredero del partido fascista que mató a miles y miles de republicanos.
Esta situación, que The Guardian definió como “bochornosa”, es impensable que ocurra en cualquier otro país democrático de la UE. En realidad, en otros países europeos que sufrieron el fascismo o el nazismo, como Alemania, la Falange estaría prohibida y los miembros del Tribunal Supremo que aquí han mostrado sus simpatías por el golpe militar estarían expedientados y, de continuar expresando tales simpatías, estarían en la cárcel. No así en España. Mientras que unas fuerzas políticas vascas, como Batasuna, están prohibidas por no condenar la violencia de ETA, la Falange, que se muestra orgullosa de sus antecesores, está legalizada, y el Partido Popular, que nunca ha condenado por su nombre la dictadura asesina que existió en España, no es sólo legal, sino que ha gobernado en España. Medios de información afines a tal partido han aplaudido el enjuiciamiento del juez Garzón, contrastando con la postura expresada por la gran mayoría de medios de las derechas europeas, que han denunciado tal enjuiciamiento. En realidad, las fuerzas políticas europeas, homologables al PP, han sido las ultraderechas (ver mi artículo “¿Es el PP franquista?” en www.vnavarro.org).
El segundo hecho es el dictamen del Tribunal Constitucional, que ha eliminado del Estatut elementos claves que habían sido aprobados por el Parlament, por las Cortes españolas y refrendados por el pueblo catalán en un referéndum. El dominio de tal tribunal por la derecha española, próxima al PP, y por otros jueces que comparten la cultura jacobina del régimen anterior ha dado lugar a un resultado predecible que ha invalidado decisiones tomadas por los representantes del pueblo catalán y del pueblo español. Esta decisión ha sido un regalo a los nacionalistas de ambos lados del Ebro. Para los jacobinos españolistas, herederos de la cultura centralista de la dictadura, centrados predominantemente (pero no exclusivamente) en el PP y en UPyD, tales tensiones favorecen la movilización chauvinista anticatalana, que es muy rentable políticamente en sectores de España. Y en Catalunya, la decisión del Tribunal Constitucional se presenta por las derechas nacionalistas catalanas como la decisión de España contra Catalunya, ignorando maliciosamente que los representantes del pueblo español (excepto el PP) votaron a favor de tal Estatut.
La consecuencia de ello es que hoy, en el momento más grave que España y Catalunya están viviendo, con un ataque frontal a los derechos sociales y laborales de las clases populares de todas las naciones de España, las luchas nacionales absorberán todo el espacio político y mediático, llevando a un segundo plano el tema de la reducción del Estado del bienestar, el objetivo deseado por las derechas nacionalistas catalanas y españolas que, aliándose en sus políticas de reducción de derechos sociales y laborales, utilizan ahora las banderas para dejar en segundo lugar la crisis económica y financiera que sus políticas neoliberales provocaron.
Este artículo no puede terminar sin hacer una crítica a las izquierdas gobernantes. La excesiva moderación del Gobierno del PSOE, que alcanza niveles de difícil comprensión (como, por ejemplo, la definición de Franco –el mayor asesino que España haya producido– en la web de la Moncloa como un “político y militar”, sin citar su horrible comportamiento, tanto en el golpe de 1936 como en los 40 años de dictadura) y su enorme pasividad frente al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional es, también, en parte responsable de la situación actual. Aplaudo el discurso del presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, en su denuncia y crítica del Tribunal Constitucional (el cual nunca tendría que haber existido o, en caso de que existiera, no debería tener mayor potestad que la soberanía popular). En lo único que estoy en desacuerdo es en lo de acatar el dictamen. Es comprensible que lo dijera debido a su cargo institucional. Pero las leyes no tienen que acatarse cuando son injustas. Si la anciana de raza negra en Alabama, EEUU, hubiera respetado la ley y hubiera continuado sentada en la parte de atrás del autobús, los negros en EEUU todavía estarían considerados ciudadanos de segunda. La desobediencia civil es un acto democrático. Hoy las fuerzas democráticas, a ambos lados del Ebro, deberían protestar por el hecho de que las derechas continúen dominando los aparatos del Estado, no respetando la voluntad popular expresada en el Parlament y en las Cortes españolas. En una democracia, la soberanía procede del pueblo y no de unas instituciones heredadas del régimen anterior.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Publicado en Público
Intervención completa de G. Lakoff sobre comunicación política
Intervención completa de G. Lakoff sobre comunicación política
¿Quién es George Lakoff? Ver en Wikipedia
Sus principales publicaciones en español:
Metáforas de la vida cotidiana, Madrid: Cátedra (2001)
No pienses en un elefante, Madrid: Editorial Complutense (2006)
( Un resumen de No pienses en un elefante aquí )
Puntos de reflexión. Manual del progresista, Editorial Península (octubre de 2008)
Etiquetas:
Comunicación política,
Fundación Ideas George Lakoff.
La miopía de la Iglesia católica
Publicado por ÓSCAR CELADOR ANGÓN
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
en Público
Las recientes declaraciones de la Conferencia Episcopal española sobre la exposición de símbolos religiosos en las escuelas estatales deben interpretarse en el marco de una estrategia más amplia. Una estrategia internacional que pretende influir en la decisión que en breve debe adoptar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el recurso presentado por Italia contra una de sus decisiones, que estableció por unanimidad que la presencia de crucifijos en el contexto mencionado lesiona, entre otros derechos, el derecho de libertad religiosa.
Según la Iglesia católica, la presencia del crucifijo en la escuela es una manifestación del derecho a la libertad religiosa de los cristianos y un instrumento indispensable para que Europa no pierda su identidad y valores culturales cristianos. Con esta actitud, la Iglesia está pretendiendo que muchos niños que, por voluntad propia o de sus padres, desarrollan su personalidad en un contexto ajeno a sus símbolos religiosos, puedan ser obligados por los poderes públicos a escolarizarse frente a un crucifijo. Dejando a un lado el hecho de que los argumentos de la Iglesia también servirían, por ejemplo, para obligar a todos los escolares a estudiar su credo, parece evidente que se trata de una posición que ignora que Europa sólo tiene futuro en la medida en que sea capaz de aglutinar bajo la misma bandera a todos los europeos, con independencia de sus creencias y convicciones.
La presencia de cualquier símbolo religioso en los espacios tutelados por los poderes públicos es muy discutible desde la perspectiva de la laicidad del Estado, pero mucho más aún cuando dicho símbolo se localiza en las escuelas públicas, ya que en ese caso se lesionan tanto el derecho a la libertad religiosa de los alumnos no cristianos como el derecho de aquellos padres que, habiendo decidido que sus hijos tengan una educación laica, se ven obligados a enviarlos a estudiar a un contexto presidido por un símbolo con una indudable naturaleza religiosa. Con esta actitud, la Conferencia Episcopal está demostrando que parece ser la única que no entiende que en España, al igual que en la mayoría de los países europeos, los crucifijos no fueron retirados de las escuelas públicas porque los españoles decidiésemos romper con nuestra cultura e historia, sino porque así lo exigió la instauración de un régimen democrático soportado sobre la neutralidad religiosa e ideológica.
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
en Público
Las recientes declaraciones de la Conferencia Episcopal española sobre la exposición de símbolos religiosos en las escuelas estatales deben interpretarse en el marco de una estrategia más amplia. Una estrategia internacional que pretende influir en la decisión que en breve debe adoptar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el recurso presentado por Italia contra una de sus decisiones, que estableció por unanimidad que la presencia de crucifijos en el contexto mencionado lesiona, entre otros derechos, el derecho de libertad religiosa.
Según la Iglesia católica, la presencia del crucifijo en la escuela es una manifestación del derecho a la libertad religiosa de los cristianos y un instrumento indispensable para que Europa no pierda su identidad y valores culturales cristianos. Con esta actitud, la Iglesia está pretendiendo que muchos niños que, por voluntad propia o de sus padres, desarrollan su personalidad en un contexto ajeno a sus símbolos religiosos, puedan ser obligados por los poderes públicos a escolarizarse frente a un crucifijo. Dejando a un lado el hecho de que los argumentos de la Iglesia también servirían, por ejemplo, para obligar a todos los escolares a estudiar su credo, parece evidente que se trata de una posición que ignora que Europa sólo tiene futuro en la medida en que sea capaz de aglutinar bajo la misma bandera a todos los europeos, con independencia de sus creencias y convicciones.
La presencia de cualquier símbolo religioso en los espacios tutelados por los poderes públicos es muy discutible desde la perspectiva de la laicidad del Estado, pero mucho más aún cuando dicho símbolo se localiza en las escuelas públicas, ya que en ese caso se lesionan tanto el derecho a la libertad religiosa de los alumnos no cristianos como el derecho de aquellos padres que, habiendo decidido que sus hijos tengan una educación laica, se ven obligados a enviarlos a estudiar a un contexto presidido por un símbolo con una indudable naturaleza religiosa. Con esta actitud, la Conferencia Episcopal está demostrando que parece ser la única que no entiende que en España, al igual que en la mayoría de los países europeos, los crucifijos no fueron retirados de las escuelas públicas porque los españoles decidiésemos romper con nuestra cultura e historia, sino porque así lo exigió la instauración de un régimen democrático soportado sobre la neutralidad religiosa e ideológica.
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martes, 29 de junio de 2010
La imprescindible banca pública, por JUAN TORRES
Por mucho que se quiera disimular, es bastante evidente que una causa principal de la crisis en la que nos encontramos es el comportamiento de la banca privada en los últimos decenios.
Su papel tradicional de intermediaria entre el ahorro y la inversión productiva se ha modificado sustancialmente. Atraída por las grandes oportunidades de beneficio que proporciona la ingeniería financiera contemporánea, la banca se ha convertido en el suministrador principal de fondos para los mercados especulativos y para ello no ha dudado en utilizar todos los medios a su alcance.
Su continuada y también evidente vinculación con los paraísos fiscales, con los grandes fraudes fiscales y contables, con las mayores estafas y con los negocios más sucios de los últimos tiempos, incluidos los que tienen que ver con el terrorismo, la trata de personas, el tráfico de armas o de drogas, la destrucción del medio ambiente o la financiación a todo tipo de dictadores... es una muestra de que los banqueros de hoy día no tienen prejuicio alguno con tal de ganar dinero.
El privilegio que supone que la banca pueda crear dinero (y por tanto obtener beneficio y poder) cada vez que concede un préstamo lo ha utilizado para lograr que se dictaran las normas legales que le han permitido ampliar este tipo de actividades sin que ni siquiera se pueda considerar que todo ello es ilegal, aunque transgreda la ética y repugne socialmente, como señaló el Tribunal Supremo español en una sentencia relativa al comportamiento de Botín y del Banco de Santander.
Gracias a ello, la banca es cada vez más rentable y aumenta su control sobre el resto de los negocios, sobre los medios de comunicación, sobre las universidades y los políticos pero paralelamente a ello ha ido dirigiendo la financiación hacia actividades menos productivas, impulsando y sosteniendo el modelo de crecimiento que nutre y rentabiliza mejor la inversión financiera pero no el que crea más actividad empresarial y más abundante y mejor empleo. Y así se ha convertido en uno de los principales factores que causan la creciente inestabilidad financiera y el escaso rendimiento de las economías que han llegado a su momento culminante con la crisis que estamos viviendo.
Algo común a todos los países pero que en España se ha producido aún en mayor medida porque la banca tiene todavía más poder político como consecuencia del que acumuló durante la dictadura, que la democracia no ha sabido o querido limitar y que ha utilizado para lograr que nuestra economía dependa de los banqueros en mayor medida que las de nuestro alrededor.
Ese poder ha sido el que igualmente ha utilizado la banca para evitar que los gobiernos tomen cualquier tipo de medida orientada a controlar el desorden y la especulación financieros que han provocado la crisis y para hacer, por el contrario, que en lugar de pedirle cuentas destinen miles de millones de dinero público a lavarle la cara a sus balances y hacer que salgan de rositas del caos que han originado con su conducta avariciosa e irresponsable.
La consecuencia, en fin, es que ahora miles de empresas cierran y despiden a sus trabajadores por falta de financiación mientras que los banqueros y la gran patronal que no sufre este problema se dedican a reclamar reformas que solo están orientadas a aumentar más sus beneficios.
Para disimular esta situación los banqueros se empeñan en convencer a la gente, con la inestimable complicidad de autoridades nacionales e internacionales, de que el problema que hay que resolver está en el mercado de trabajo, en las pensiones o en el gasto público. Una mentira flagrante porque lo que realmente ha provocado y sigue provocando la caída de la actividad empresarial y del empleo es la falta de financiación y este es el principal problema que hay que solucionar para salir de verdad de la crisis.
Pero teniendo en cuenta que los bancos privados están descapitalizados, o que dedican los recursos que están generando para seguir especulando o a ir limpiando sus balances, será imposible recuperar la financiación simplemente confiando en que vuelva a proporcionarla la banca privada.
Por eso es imprescindible, y ahora mucho más urgente que nunca, que los estados dispongan de banca pública capaz de sustituir la inacción privada a la hora de proporcionar la financiación sin la cual es imposible que se recupere y mantenga la actividad económica, los negocios y el empleo.
Pensando simplemente en el caso español, hay varias fórmulas que son técnicamente viables para lograr este objetivo, entre las cuales creo que merece especial atención la propuesta que acaba de realizar ATTAC España a propuesta de su Consejo Científico: la nacionalización de las cajas de ahorros y la utilización de la red de oficinas de Correos que hoy día prestan servicios bancarios para crear una confederación de bancos públicos, de propiedad mixta, una parte mayoritaria procedente del Estado y otra de impositores, clientes o incluso de instituciones privadas con vocación de servicio público, y con la misión de garantizar el imprescindible flujo de crédito a la actividad económica.
ATTAC propone que esta banca pública se constituyera siguiendo principios de banca ética, renunciando al afán de lucro, manteniendo la obra social y sujetándose a los principios de la responsabilidad social, la transparencia y la atención preferente a los sectores sociales con mayores dificultades para acceder a la financiación bancaria: medianas y pequeñas empresas, microempresas, familias de baja renta, jóvenes emprendedores y mujeres. También considera que es imprescindible la presencia de los poderes públicos y los intereses sociales en sus órganos de dirección y control pero garantizándose que sean conformes con principios de estricta democracia, de pluralidad y plena transparencia, y particularmente, que existan contrapoderes efectivos que eviten la concentración indeseada de poder o la mera imposición de cuotas partidistas.
La propuesta que ATTAC España ha presentado al gobierno y a todos los grupos parlamentarios establece que la banca pública así creada asumirá como horizonte a medio y largo plazo su progresiva renuncia al sistema de reserva fraccionaria para introducir y tratar de generalizar sistemas de financiación innovadores que no provoquen los problemas de inestabilidad e incremento artificial de deuda que están asociados al privilegio de creación de dinero por esa vía del que goza la banca privada. Y que en todo caso, esta banca pública dedicada al crédito en la economía productiva tendría limitada y controlada la actividad puramente financiera que llevan a cabo la mayor parte de las actuales cajas de ahorro, y completamente prohibida la utilización de filiales y sociedades extraterritoriales domiciliadas en centros financieros offshore, conocidos como notorios paraísos fiscales.
Como he señalado más arriba, disponer de banca pública es hay imprescindible y urgente a corto plazo para restablecer la financiación y salir de la crisis pero además de ello es el único instrumento con el que se puede hacer posible el cambio de modelo productivo que pretende el partido socialista y el gobierno. ¿Cómo va a financiarse un nuevo tipo de actividad económica sostenible, innovadora, generadora de empleo decente y de calidad, igualitaria, respetuosa con el medio ambiente... si la banca privada que podría hacerlo orienta los recursos que maneja hacia la ganancia rápida que nunca podrá obtener creando riqueza productiva sino especulando y jugando solo con papel en los mercados financieros?
Por ello, ATTAC propone que la nueva banca pública estaría destinada preferentemente a financiar la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo basado en el desarrollo regional entendido como el que fomenta la generación y uso sostenible de recursos endógenos, el sostenimiento de los servicios públicos esenciales como la enseñanza y la salud, la puesta en marcha de las políticas sociales y de igualdad, y en particular las de apoyo a los servicios de dependencia, la potenciación del emprendizaje y del capital-riesgo, el desarrollo de nuevos tipos de actividades o sectores profesionales y empresariales, la I+D+i pública y privada, la actividad de las pequeñas y medianas empresas, el microcrédito o el incremento de la productividad en el sector público, por citar los que se podrían considerar más importantes y prioritarios.
En lugar de hacer frente a los problemas de financiación que atascan a nuestras empresas y consumidores, los poderes financieros, el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional solo piensan en empoderar aún más a los banqueros y en darle nuevos privilegios y recursos sin hacer absolutamente nada para que vuelvan a disponer del crédito que necesitan. Solo van buscando la privatización progresiva de las cajas de ahorros para que los bancos privados se vayan haciendo paulatinamente con ellas y con el segmento de mercado que ocupan. Simplemente se disponen una vez más a robarnos la cartera delante de nuestra propia cara. Eso será lo que ocurra si los ciudadanos no lo impedimos, si los partidos progresistas y los sindicatos siguen narcotizados en brazos de Morfeo y no ayudan a que los ciudadanos sigan disfrutando de lo que es suyo y de los derechos personales y sociales que les corresponden.
Publicado por JUAN TORRES en le Revista de la Fundación SISTEMA
Su papel tradicional de intermediaria entre el ahorro y la inversión productiva se ha modificado sustancialmente. Atraída por las grandes oportunidades de beneficio que proporciona la ingeniería financiera contemporánea, la banca se ha convertido en el suministrador principal de fondos para los mercados especulativos y para ello no ha dudado en utilizar todos los medios a su alcance.
Su continuada y también evidente vinculación con los paraísos fiscales, con los grandes fraudes fiscales y contables, con las mayores estafas y con los negocios más sucios de los últimos tiempos, incluidos los que tienen que ver con el terrorismo, la trata de personas, el tráfico de armas o de drogas, la destrucción del medio ambiente o la financiación a todo tipo de dictadores... es una muestra de que los banqueros de hoy día no tienen prejuicio alguno con tal de ganar dinero.
El privilegio que supone que la banca pueda crear dinero (y por tanto obtener beneficio y poder) cada vez que concede un préstamo lo ha utilizado para lograr que se dictaran las normas legales que le han permitido ampliar este tipo de actividades sin que ni siquiera se pueda considerar que todo ello es ilegal, aunque transgreda la ética y repugne socialmente, como señaló el Tribunal Supremo español en una sentencia relativa al comportamiento de Botín y del Banco de Santander.
Gracias a ello, la banca es cada vez más rentable y aumenta su control sobre el resto de los negocios, sobre los medios de comunicación, sobre las universidades y los políticos pero paralelamente a ello ha ido dirigiendo la financiación hacia actividades menos productivas, impulsando y sosteniendo el modelo de crecimiento que nutre y rentabiliza mejor la inversión financiera pero no el que crea más actividad empresarial y más abundante y mejor empleo. Y así se ha convertido en uno de los principales factores que causan la creciente inestabilidad financiera y el escaso rendimiento de las economías que han llegado a su momento culminante con la crisis que estamos viviendo.
Algo común a todos los países pero que en España se ha producido aún en mayor medida porque la banca tiene todavía más poder político como consecuencia del que acumuló durante la dictadura, que la democracia no ha sabido o querido limitar y que ha utilizado para lograr que nuestra economía dependa de los banqueros en mayor medida que las de nuestro alrededor.
Ese poder ha sido el que igualmente ha utilizado la banca para evitar que los gobiernos tomen cualquier tipo de medida orientada a controlar el desorden y la especulación financieros que han provocado la crisis y para hacer, por el contrario, que en lugar de pedirle cuentas destinen miles de millones de dinero público a lavarle la cara a sus balances y hacer que salgan de rositas del caos que han originado con su conducta avariciosa e irresponsable.
La consecuencia, en fin, es que ahora miles de empresas cierran y despiden a sus trabajadores por falta de financiación mientras que los banqueros y la gran patronal que no sufre este problema se dedican a reclamar reformas que solo están orientadas a aumentar más sus beneficios.
Para disimular esta situación los banqueros se empeñan en convencer a la gente, con la inestimable complicidad de autoridades nacionales e internacionales, de que el problema que hay que resolver está en el mercado de trabajo, en las pensiones o en el gasto público. Una mentira flagrante porque lo que realmente ha provocado y sigue provocando la caída de la actividad empresarial y del empleo es la falta de financiación y este es el principal problema que hay que solucionar para salir de verdad de la crisis.
Pero teniendo en cuenta que los bancos privados están descapitalizados, o que dedican los recursos que están generando para seguir especulando o a ir limpiando sus balances, será imposible recuperar la financiación simplemente confiando en que vuelva a proporcionarla la banca privada.
Por eso es imprescindible, y ahora mucho más urgente que nunca, que los estados dispongan de banca pública capaz de sustituir la inacción privada a la hora de proporcionar la financiación sin la cual es imposible que se recupere y mantenga la actividad económica, los negocios y el empleo.
Pensando simplemente en el caso español, hay varias fórmulas que son técnicamente viables para lograr este objetivo, entre las cuales creo que merece especial atención la propuesta que acaba de realizar ATTAC España a propuesta de su Consejo Científico: la nacionalización de las cajas de ahorros y la utilización de la red de oficinas de Correos que hoy día prestan servicios bancarios para crear una confederación de bancos públicos, de propiedad mixta, una parte mayoritaria procedente del Estado y otra de impositores, clientes o incluso de instituciones privadas con vocación de servicio público, y con la misión de garantizar el imprescindible flujo de crédito a la actividad económica.
ATTAC propone que esta banca pública se constituyera siguiendo principios de banca ética, renunciando al afán de lucro, manteniendo la obra social y sujetándose a los principios de la responsabilidad social, la transparencia y la atención preferente a los sectores sociales con mayores dificultades para acceder a la financiación bancaria: medianas y pequeñas empresas, microempresas, familias de baja renta, jóvenes emprendedores y mujeres. También considera que es imprescindible la presencia de los poderes públicos y los intereses sociales en sus órganos de dirección y control pero garantizándose que sean conformes con principios de estricta democracia, de pluralidad y plena transparencia, y particularmente, que existan contrapoderes efectivos que eviten la concentración indeseada de poder o la mera imposición de cuotas partidistas.
La propuesta que ATTAC España ha presentado al gobierno y a todos los grupos parlamentarios establece que la banca pública así creada asumirá como horizonte a medio y largo plazo su progresiva renuncia al sistema de reserva fraccionaria para introducir y tratar de generalizar sistemas de financiación innovadores que no provoquen los problemas de inestabilidad e incremento artificial de deuda que están asociados al privilegio de creación de dinero por esa vía del que goza la banca privada. Y que en todo caso, esta banca pública dedicada al crédito en la economía productiva tendría limitada y controlada la actividad puramente financiera que llevan a cabo la mayor parte de las actuales cajas de ahorro, y completamente prohibida la utilización de filiales y sociedades extraterritoriales domiciliadas en centros financieros offshore, conocidos como notorios paraísos fiscales.
Como he señalado más arriba, disponer de banca pública es hay imprescindible y urgente a corto plazo para restablecer la financiación y salir de la crisis pero además de ello es el único instrumento con el que se puede hacer posible el cambio de modelo productivo que pretende el partido socialista y el gobierno. ¿Cómo va a financiarse un nuevo tipo de actividad económica sostenible, innovadora, generadora de empleo decente y de calidad, igualitaria, respetuosa con el medio ambiente... si la banca privada que podría hacerlo orienta los recursos que maneja hacia la ganancia rápida que nunca podrá obtener creando riqueza productiva sino especulando y jugando solo con papel en los mercados financieros?
Por ello, ATTAC propone que la nueva banca pública estaría destinada preferentemente a financiar la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo basado en el desarrollo regional entendido como el que fomenta la generación y uso sostenible de recursos endógenos, el sostenimiento de los servicios públicos esenciales como la enseñanza y la salud, la puesta en marcha de las políticas sociales y de igualdad, y en particular las de apoyo a los servicios de dependencia, la potenciación del emprendizaje y del capital-riesgo, el desarrollo de nuevos tipos de actividades o sectores profesionales y empresariales, la I+D+i pública y privada, la actividad de las pequeñas y medianas empresas, el microcrédito o el incremento de la productividad en el sector público, por citar los que se podrían considerar más importantes y prioritarios.
En lugar de hacer frente a los problemas de financiación que atascan a nuestras empresas y consumidores, los poderes financieros, el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional solo piensan en empoderar aún más a los banqueros y en darle nuevos privilegios y recursos sin hacer absolutamente nada para que vuelvan a disponer del crédito que necesitan. Solo van buscando la privatización progresiva de las cajas de ahorros para que los bancos privados se vayan haciendo paulatinamente con ellas y con el segmento de mercado que ocupan. Simplemente se disponen una vez más a robarnos la cartera delante de nuestra propia cara. Eso será lo que ocurra si los ciudadanos no lo impedimos, si los partidos progresistas y los sindicatos siguen narcotizados en brazos de Morfeo y no ayudan a que los ciudadanos sigan disfrutando de lo que es suyo y de los derechos personales y sociales que les corresponden.
Publicado por JUAN TORRES en le Revista de la Fundación SISTEMA
Sobre el laicismo en España
Datos del Barómetro de la Sexta. Junio 2010
Autor: La Sexta
Fuente: Varias
Fecha: 27/06/2010
Símbolos religiosos
Un 47,8% está en contra de que se prohíban los signos religiosos en los edificios públicos y también de que los funerales de estado sean civiles (41,6% de los votantes del PSOE y 67,2% de los del PP), frente a un 45,1% que está a favor, según los datos del Barómetro de la Sexta.
Estado Laico
Sin embargo, la mayor parte (un 55,8%) de los ciudadanos cree que España debería ser un Estado plenamente laico y aconfesional (67% de los votantes del PSOE y 44,8% de los del PP). El 37,3% se opone, (29,7% de los votantes socialistas y 49% de los populares).
Sobre el burka
Por otra parte, la encuesta revela que la gran mayoría (72,8%) está a favor de la prohibición del burka o velo integral en edificios y espacios públicos (76,8% de los votantes del PSOE y 71,9% de los del PP). El 22,1% está en contra (21,6% de los votantes socialistas y 25,5% de los 'populares').
Autor: La Sexta
Fuente: Varias
Fecha: 27/06/2010
Símbolos religiosos
Un 47,8% está en contra de que se prohíban los signos religiosos en los edificios públicos y también de que los funerales de estado sean civiles (41,6% de los votantes del PSOE y 67,2% de los del PP), frente a un 45,1% que está a favor, según los datos del Barómetro de la Sexta.
Estado Laico
Sin embargo, la mayor parte (un 55,8%) de los ciudadanos cree que España debería ser un Estado plenamente laico y aconfesional (67% de los votantes del PSOE y 44,8% de los del PP). El 37,3% se opone, (29,7% de los votantes socialistas y 49% de los populares).
Sobre el burka
Por otra parte, la encuesta revela que la gran mayoría (72,8%) está a favor de la prohibición del burka o velo integral en edificios y espacios públicos (76,8% de los votantes del PSOE y 71,9% de los del PP). El 22,1% está en contra (21,6% de los votantes socialistas y 25,5% de los 'populares').
Debate sobre el "Estado de la ciudad de Cádiz". Intervención del portavoz socialista, Rafael Román
“Tómate tu trabajo en serio, pero jamás a ti mismo. Tú importas más bien poco en medio del circo que hay montado ahí fuera.”
Lo dice Clint Eastwood y el consejo vale para todos nosotros y para todas las ocasiones en las que nos enzarzamos en discusiones bizantinas que no entiende casi nadie. Espero que hoy no sea uno de esos días. Y el circo –por utilizar el término de la cita- está en estos momentos en la calle, en la situación más complicada que nunca que, desde el punto de vista económico, vive nuestro país, aunque con un nivel de renta considerablemente más alto. Abandonemos pues todo personalismo y vayamos a los grandes problemas de la gente.
En efecto, Gobierno, CC. AA., Ayuntamientos, particulares, empresas, banca y cajas de ahorros y opinión pública nos hemos dado cuenta que –en conjunto- hemos vivido en un mundo global ignorando por una parte una competencia y un dumping social internacional –sobre todo asiático- (que se nota en la fisonomía de nuestras calles comerciales y es bien visible en los “made in” de las etiquetas de los productos que compramos cada día) que obliga a toda la Unión Europea a una adaptación a las nuevas circunstancias brutal, y por otra con una crisis financiera tan fuerte como desconocida desde hace 80 años. El conjunto de nuestro país se ha endeudado y sólo hace unos días se publicaba que debemos como país una deuda de 1,7 billones de euros. Pero –no nos engañemos- mientras que la deuda pública representa el 53% del PIB, la privada está en el 178% del PIB de España. El propósito de las grandes reformas estructurales que está haciendo nuestro país, que unánimemente se exigen, pero con las que casi todos eluden comprometerse, están afectando a los servicios (ley ómnibus), a las pensiones, a la reforma laboral y a reestructuración financiera (especialmente cajas de ahorros) y trata de afrontar esta situación en medio de serios ataques especulativos al euro y al estado de bienestar.
Nosotros somos casi una isla, pero, en esto, en Cádiz no vamos a estar al margen de esta nueva situación y cuanto antes tomemos conciencia, nos adaptemos y tomemos las medidas precisas, mejor.
Nuestros modos de vida van a cambiar, nuestras mentalidades van a cambiar porque –y es frase muy conocida- si el mundo está cambiando, nosotros tenemos que cambiar con él. Felipe González lo ha dicho en su informe de Presidente del “Grupo de Sabios”: Que los europeos nos encontramos en un punto crítico de nuestra historia,…que tenemos que hacer frente a las transformaciones drásticas del mundo y que el dilema es claro: reformarse o decaer. Los ciudadanos solo van a entender, -sigue diciendo Felipe González- abrumados por la crisis que no provocaron, que se les digan estas verdades con claridad y que se les llame a compartir un esfuerzo de superación comparable al que levantó a la Europa libre después de la segunda guerra”
En medio de esta crisis nosotros no podemos bajar el nivel de discusión desconociendo lo que está afectando a nuestros empresarios, a nuestros trabajadores y al propio Ayuntamiento –como hemos visto recientemente en el Presupuesto Municipal, con su minoración de ingresos reales y su elevado nivel de endeudamiento- así como al conjunto de nuestra ciudad.
Hace justo un año, en el anterior debate sobre el estado de la ciudad, marcábamos aquí nuestros cuatro desafíos, que Vds. recordarán perfectamente: la crisis económica, la conmemoración del Bicentenario, las nuevas infraestructuras de acceso a la ciudad y el nuevo PGOU. Estamos en las mismas porque son todos asuntos de mucha trascendencia y de largo alcance y sobre ellos ha girado buena parte del debate ciudadano en nuestra ciudad con muchos flecos todavía pendientes todos ellos.
No es la primera vez que nos ha tocado vivir momentos difíciles. Y no hablo de siglos pretéritos ni del efecto que tuvo en Cádiz la pérdida de las colonias ni de las reiteradas peticiones de Puerto Franco para nuestra ciudad como remedio a todos sus males, sino de acontecimientos que hemos vivido la mayor parte de los que nos sentamos aquí.
Hemos vivido anteriormente momentos malos en la ciudad, crisis de la pesca, del puerto-desde la OTP a la salida de la Sea Land para Algeciras-, Astilleros, Casa, Tabacalera, Delphi…y entre todas han dejado un sustrato de incertidumbre y de desconfianza en nuestro futuro y en nuestras propias fuerzas para superar el envite que nos ha lanzado nuestra reciente historia.
Una vez más nos encontramos frente a grandes problemas y ante grandes retos. Ahora la situación se enuncia brevemente: tres de cada diez gaditanos se encuentran en desempleo, a pesar de la pérdida de población que ha afectado a muchos miles de conciudadanos, muchas empresas han cerrado y la situación de pobreza ha hecho la vida más dura a muchas familias. Lo vivimos en barrios muy conocidos de Cádiz desde la Viña a Loreto y desde la Barriada de la Paz a Santa María, entre otros.
Podemos rendirnos al pesimismo y a la desolación. Pero ni lo debemos ni lo podemos hacer. Ni lo vamos a hacer. Sería traicionar a nuestros convecinos pero también es traicionarles no decirles la verdad. Porque esa es siempre la primera condición para salir adelante. ¿Qué le decimos a los miles de jóvenes que envían sus currículos a cientos de empresas o instituciones esperando unas respuestas que no llegan? ¿Qué les decimos a los padres y madres de familia que han agotado su desempleo y tienen que pagar su hipoteca o su alquiler sin poder? ¿Qué les decimos a los mayores que tienen que acoger de nuevo a una parte de su familia para hacer frente a sus necesidades más perentorias? ¿Qué les decimos a los que tienen amenazas de embargo?
La verdad es que no vivimos un periodo normal. Vivimos un momento especial de una crisis inesperada. “La fiesta se acabó”, dijo un periódico anglosajón refiriéndose a España, pero alguien contestó “aquí, pero no en China”. Y desde luego se equivocarían Vds. si pretenden decir que es el PSOE el responsable de esta crisis y deciden hacer un debate de bajos vuelos cuando estamos viendo la adopción de medidas draconianas de ajuste a lo ancho y largo de toda Europa con una crudeza que no se recordaba en nuestro entorno desde hace décadas. Nosotros asumimos nuestra parte de responsabilidad, porque gobernamos para lo bueno y para lo malo, pero las Cumbres de casi cada semana de la Unión Europea o las del G-20 nos indican que lo que está sucediendo es bastante más profundo que algunas explicaciones simplistas al uso.
Decía antes que no podemos rendirnos al pesimismo y a la desolación pero todos tenemos que sacar conclusiones. La primera es que la economía y el empleo es lo más importante en una ciudad.
La base económica de la ciudad es la que hay que preparar para el cambio, máxime en una ciudad que ha estado mal acostumbrada a la dependencia del sector público durante décadas.
Las infraestructuras son importantes, pero la creación de empresas también, y probablemente más.
Aprovechar nuestras ventajas comparativas es la primera condición para destacar y empeñarnos en sacar esas ventajas adelante debe ser la tarea prioritaria del gobierno local. Ese es el verdadero terreno del impulso.
Esa es la tarea pendiente.
A su análisis dedicaremos nuestro esfuerzo en el día de hoy.
Podemos librar las mismas batallas dialécticas que nos echan en cara una y otra vez la opinión pública y la opinión publicada. Podemos también hacer del día de hoy un día de elecciones generales o municipales. Pero no lo es. Debe ser un día de un debate útil en el que por supuesto nuestras diferentes ideologías políticas tienen que mostrarse con sus respectivos perfiles- que no son y no serán nunca iguales- pero tampoco podemos producir al pueblo de Cádiz la frustración de proporcionarle un espectáculo de una campaña adelantada para conseguir unos titulares que no le sirva a la gente, que divida a la ciudadanía y que provoque acumular desengaño a la crisis que vivimos y de la tenemos que salir como sea y cuanto antes , con el concurso de todos.
Las ciudades no permanecen inamovibles. Cambian, se transforman. También nosotros hemos visto buenos sucesos, la creación de la Universidad de Cádiz con sus flamantes facultades, el rescate del Puente Carranza o su carril reversible, el soterramiento de la vía del tren, la apertura de nuevos muelles, la restauración de la playa y el paseo marítimo, el Palacio de Congresos, la apertura de nuevas superficies comerciales, la rehabilitación de barrios y del Casco Histórico de nuestra ciudad…
Pero lo primero de todo es garantizar y reforzar la base económica de nuestra ciudad. Tenemos que saber diferenciar lo fundamental de lo accesorio. Lo fundamental es un compromiso por renovar nuestra economía. Lo accesorio todo lo demás.
Garantizar el centro de reparaciones de Cádiz de Navantia, el mejor de España en su especialidad y demandando -como es lógico- mayor actividad y ocupación para el mismo.
Apoyar los planes de ampliación del Puerto, hoy la primera industria de Cádiz, a pesar de todos los inconvenientes para la ciudad pero como primera fuente de empleo es, por tanto, imprescindible.
Defender la ciudad universitaria y culminar cuanto antes el mapa que corresponde a Cádiz en el diseño universitario con la vuelta a Cádiz de la Facultad de Ciencias de la Educación con varias titulaciones en magisterio, psicopedagogía y las que se implantarán en 2011 de psicología y ciencias de la actividad física y el deporte.
Hacer efectivos los convenios con Zona Franca para acometer de inmediato la transformación del polígono exterior de Zona Franca que espera ya 15 años. Tantas veces anunciada como nunca acometida. Ahí, industria limpia, punta y tecnológicamente avanzada.
Convertir los Depósitos de Tabacos en un centro de generación de empleo de Internet, actividades audiovisuales, nuevas tecnologías, industrias culturales y de la creatividad, además de las admitidas en nuestra alegación sobre el uso para Ferias y Exposiciones como complemento necesario del Palacio de Congresos. El nuevo paradigma es la economía del capital humano, el conocimiento y la sostenibilidad ¿Quién lo duda? Y más en una ciudad universitaria. Nuestra principal tarea es proporcionar zonas de calidad urbana y con conectividad para la implantación de las nuevas tecnologías y la investigación con espacios y equipamientos altamente cualificados.
Conservar como suelo industrial y productivo los de la actual Fábrica de Tabacos con la colaboración de la Zona Franca de Cádiz.
Ahora es el tiempo. Es hoy, no mañana.
Tenemos que ser capaces de hacer de esta crisis una oportunidad para cambiar. Esta es la hora de hacerlo. Contando con la UCA y atrayendo a los mejores.
Como éstas podemos tener algunas áreas más de consenso para salvaguardar lo que es esencial en una ciudad: su base económica.
Desde luego la terminación de las infraestructuras (Ave y Puente) que están en marcha entra de lleno en este apartado de necesario consenso reivindicativo. Estamos desde ya de acuerdo en que se trata de apuestas de Ciudad, de Bahía y de la Provincia. En esto nadie puede tener duda alguna.
Pero aquí no termina lo que podemos hacer juntos.
Otra área de consenso –de unanimidad política que tenemos que convertir en unanimidad social- porque es de los asuntos que da la talla del nivel educativo, cultural y turístico de una ciudad es aquella que consiga -tanto con campañas de concienciación como con sanciones duras- la eliminación del vandalismo y el predominio de la educación cívica y del respeto a las personas y a los bienes y espacios públicos. No se puede consentir que por gusto o por saturación etílica o de otro tipo se falte a las más elementales normas de la convivencia ciudadana o se deteriore impunemente el mobiliario urbano sin coste alguno para el grosero o el gamberro, vaya a pié o motorizado. Ahí estamos fallando y tampoco en eso podemos arrojar la toalla para que el osado le gane la partida a la convivencia y a los buenos modos. Nuestra propuesta de ordenanza sigue en pié pero la asistencia y presencia activa policial también es fundamental.
El 1 de Enero de 2009 vivían en Cádiz 126.766 habitantes, el 75% de ellos nacidos en Cádiz. Hace 20 años vivíamos en Cádiz 30.000 personas más. Hace sólo 10 años 14.000 habitantes más.
Con ser esto preocupante más lo es aún que se haya invertido la pirámide poblacional y que este año se haya producido por vez primera que hay más habitantes de más de 65 años que de más de 20 años. 24.000 por 22.000. En 1996 los mayores de 65 años representaban el 12,77 % y hoy son el 18,24%.
En términos de población activa en los últimos 15 años hemos bajado de 102.917 a 88116 es decir casi 15.000 personas activas menos. A pesar de la pérdida de población activa el paro registrado sube sistemáticamente. Por ejemplo, comparando 1.999 hasta 2.009 Cádiz pierde 15.689 habitantes y “gana” 2.942 parados. En población activa Cádiz ha perdido desde 2.003 al día de hoy 8.000 personas en edad activa y sin embargo el paro ha subido en 1.500 personas
Hasta aquí los datos.
Lo dice Clint Eastwood y el consejo vale para todos nosotros y para todas las ocasiones en las que nos enzarzamos en discusiones bizantinas que no entiende casi nadie. Espero que hoy no sea uno de esos días. Y el circo –por utilizar el término de la cita- está en estos momentos en la calle, en la situación más complicada que nunca que, desde el punto de vista económico, vive nuestro país, aunque con un nivel de renta considerablemente más alto. Abandonemos pues todo personalismo y vayamos a los grandes problemas de la gente.
En efecto, Gobierno, CC. AA., Ayuntamientos, particulares, empresas, banca y cajas de ahorros y opinión pública nos hemos dado cuenta que –en conjunto- hemos vivido en un mundo global ignorando por una parte una competencia y un dumping social internacional –sobre todo asiático- (que se nota en la fisonomía de nuestras calles comerciales y es bien visible en los “made in” de las etiquetas de los productos que compramos cada día) que obliga a toda la Unión Europea a una adaptación a las nuevas circunstancias brutal, y por otra con una crisis financiera tan fuerte como desconocida desde hace 80 años. El conjunto de nuestro país se ha endeudado y sólo hace unos días se publicaba que debemos como país una deuda de 1,7 billones de euros. Pero –no nos engañemos- mientras que la deuda pública representa el 53% del PIB, la privada está en el 178% del PIB de España. El propósito de las grandes reformas estructurales que está haciendo nuestro país, que unánimemente se exigen, pero con las que casi todos eluden comprometerse, están afectando a los servicios (ley ómnibus), a las pensiones, a la reforma laboral y a reestructuración financiera (especialmente cajas de ahorros) y trata de afrontar esta situación en medio de serios ataques especulativos al euro y al estado de bienestar.
Nosotros somos casi una isla, pero, en esto, en Cádiz no vamos a estar al margen de esta nueva situación y cuanto antes tomemos conciencia, nos adaptemos y tomemos las medidas precisas, mejor.
Nuestros modos de vida van a cambiar, nuestras mentalidades van a cambiar porque –y es frase muy conocida- si el mundo está cambiando, nosotros tenemos que cambiar con él. Felipe González lo ha dicho en su informe de Presidente del “Grupo de Sabios”: Que los europeos nos encontramos en un punto crítico de nuestra historia,…que tenemos que hacer frente a las transformaciones drásticas del mundo y que el dilema es claro: reformarse o decaer. Los ciudadanos solo van a entender, -sigue diciendo Felipe González- abrumados por la crisis que no provocaron, que se les digan estas verdades con claridad y que se les llame a compartir un esfuerzo de superación comparable al que levantó a la Europa libre después de la segunda guerra”
En medio de esta crisis nosotros no podemos bajar el nivel de discusión desconociendo lo que está afectando a nuestros empresarios, a nuestros trabajadores y al propio Ayuntamiento –como hemos visto recientemente en el Presupuesto Municipal, con su minoración de ingresos reales y su elevado nivel de endeudamiento- así como al conjunto de nuestra ciudad.
Hace justo un año, en el anterior debate sobre el estado de la ciudad, marcábamos aquí nuestros cuatro desafíos, que Vds. recordarán perfectamente: la crisis económica, la conmemoración del Bicentenario, las nuevas infraestructuras de acceso a la ciudad y el nuevo PGOU. Estamos en las mismas porque son todos asuntos de mucha trascendencia y de largo alcance y sobre ellos ha girado buena parte del debate ciudadano en nuestra ciudad con muchos flecos todavía pendientes todos ellos.
No es la primera vez que nos ha tocado vivir momentos difíciles. Y no hablo de siglos pretéritos ni del efecto que tuvo en Cádiz la pérdida de las colonias ni de las reiteradas peticiones de Puerto Franco para nuestra ciudad como remedio a todos sus males, sino de acontecimientos que hemos vivido la mayor parte de los que nos sentamos aquí.
Hemos vivido anteriormente momentos malos en la ciudad, crisis de la pesca, del puerto-desde la OTP a la salida de la Sea Land para Algeciras-, Astilleros, Casa, Tabacalera, Delphi…y entre todas han dejado un sustrato de incertidumbre y de desconfianza en nuestro futuro y en nuestras propias fuerzas para superar el envite que nos ha lanzado nuestra reciente historia.
Una vez más nos encontramos frente a grandes problemas y ante grandes retos. Ahora la situación se enuncia brevemente: tres de cada diez gaditanos se encuentran en desempleo, a pesar de la pérdida de población que ha afectado a muchos miles de conciudadanos, muchas empresas han cerrado y la situación de pobreza ha hecho la vida más dura a muchas familias. Lo vivimos en barrios muy conocidos de Cádiz desde la Viña a Loreto y desde la Barriada de la Paz a Santa María, entre otros.
Podemos rendirnos al pesimismo y a la desolación. Pero ni lo debemos ni lo podemos hacer. Ni lo vamos a hacer. Sería traicionar a nuestros convecinos pero también es traicionarles no decirles la verdad. Porque esa es siempre la primera condición para salir adelante. ¿Qué le decimos a los miles de jóvenes que envían sus currículos a cientos de empresas o instituciones esperando unas respuestas que no llegan? ¿Qué les decimos a los padres y madres de familia que han agotado su desempleo y tienen que pagar su hipoteca o su alquiler sin poder? ¿Qué les decimos a los mayores que tienen que acoger de nuevo a una parte de su familia para hacer frente a sus necesidades más perentorias? ¿Qué les decimos a los que tienen amenazas de embargo?
La verdad es que no vivimos un periodo normal. Vivimos un momento especial de una crisis inesperada. “La fiesta se acabó”, dijo un periódico anglosajón refiriéndose a España, pero alguien contestó “aquí, pero no en China”. Y desde luego se equivocarían Vds. si pretenden decir que es el PSOE el responsable de esta crisis y deciden hacer un debate de bajos vuelos cuando estamos viendo la adopción de medidas draconianas de ajuste a lo ancho y largo de toda Europa con una crudeza que no se recordaba en nuestro entorno desde hace décadas. Nosotros asumimos nuestra parte de responsabilidad, porque gobernamos para lo bueno y para lo malo, pero las Cumbres de casi cada semana de la Unión Europea o las del G-20 nos indican que lo que está sucediendo es bastante más profundo que algunas explicaciones simplistas al uso.
Decía antes que no podemos rendirnos al pesimismo y a la desolación pero todos tenemos que sacar conclusiones. La primera es que la economía y el empleo es lo más importante en una ciudad.
La base económica de la ciudad es la que hay que preparar para el cambio, máxime en una ciudad que ha estado mal acostumbrada a la dependencia del sector público durante décadas.
Las infraestructuras son importantes, pero la creación de empresas también, y probablemente más.
Aprovechar nuestras ventajas comparativas es la primera condición para destacar y empeñarnos en sacar esas ventajas adelante debe ser la tarea prioritaria del gobierno local. Ese es el verdadero terreno del impulso.
Esa es la tarea pendiente.
A su análisis dedicaremos nuestro esfuerzo en el día de hoy.
Podemos librar las mismas batallas dialécticas que nos echan en cara una y otra vez la opinión pública y la opinión publicada. Podemos también hacer del día de hoy un día de elecciones generales o municipales. Pero no lo es. Debe ser un día de un debate útil en el que por supuesto nuestras diferentes ideologías políticas tienen que mostrarse con sus respectivos perfiles- que no son y no serán nunca iguales- pero tampoco podemos producir al pueblo de Cádiz la frustración de proporcionarle un espectáculo de una campaña adelantada para conseguir unos titulares que no le sirva a la gente, que divida a la ciudadanía y que provoque acumular desengaño a la crisis que vivimos y de la tenemos que salir como sea y cuanto antes , con el concurso de todos.
Las ciudades no permanecen inamovibles. Cambian, se transforman. También nosotros hemos visto buenos sucesos, la creación de la Universidad de Cádiz con sus flamantes facultades, el rescate del Puente Carranza o su carril reversible, el soterramiento de la vía del tren, la apertura de nuevos muelles, la restauración de la playa y el paseo marítimo, el Palacio de Congresos, la apertura de nuevas superficies comerciales, la rehabilitación de barrios y del Casco Histórico de nuestra ciudad…
Pero lo primero de todo es garantizar y reforzar la base económica de nuestra ciudad. Tenemos que saber diferenciar lo fundamental de lo accesorio. Lo fundamental es un compromiso por renovar nuestra economía. Lo accesorio todo lo demás.
Garantizar el centro de reparaciones de Cádiz de Navantia, el mejor de España en su especialidad y demandando -como es lógico- mayor actividad y ocupación para el mismo.
Apoyar los planes de ampliación del Puerto, hoy la primera industria de Cádiz, a pesar de todos los inconvenientes para la ciudad pero como primera fuente de empleo es, por tanto, imprescindible.
Defender la ciudad universitaria y culminar cuanto antes el mapa que corresponde a Cádiz en el diseño universitario con la vuelta a Cádiz de la Facultad de Ciencias de la Educación con varias titulaciones en magisterio, psicopedagogía y las que se implantarán en 2011 de psicología y ciencias de la actividad física y el deporte.
Hacer efectivos los convenios con Zona Franca para acometer de inmediato la transformación del polígono exterior de Zona Franca que espera ya 15 años. Tantas veces anunciada como nunca acometida. Ahí, industria limpia, punta y tecnológicamente avanzada.
Convertir los Depósitos de Tabacos en un centro de generación de empleo de Internet, actividades audiovisuales, nuevas tecnologías, industrias culturales y de la creatividad, además de las admitidas en nuestra alegación sobre el uso para Ferias y Exposiciones como complemento necesario del Palacio de Congresos. El nuevo paradigma es la economía del capital humano, el conocimiento y la sostenibilidad ¿Quién lo duda? Y más en una ciudad universitaria. Nuestra principal tarea es proporcionar zonas de calidad urbana y con conectividad para la implantación de las nuevas tecnologías y la investigación con espacios y equipamientos altamente cualificados.
Conservar como suelo industrial y productivo los de la actual Fábrica de Tabacos con la colaboración de la Zona Franca de Cádiz.
Ahora es el tiempo. Es hoy, no mañana.
Tenemos que ser capaces de hacer de esta crisis una oportunidad para cambiar. Esta es la hora de hacerlo. Contando con la UCA y atrayendo a los mejores.
Como éstas podemos tener algunas áreas más de consenso para salvaguardar lo que es esencial en una ciudad: su base económica.
Desde luego la terminación de las infraestructuras (Ave y Puente) que están en marcha entra de lleno en este apartado de necesario consenso reivindicativo. Estamos desde ya de acuerdo en que se trata de apuestas de Ciudad, de Bahía y de la Provincia. En esto nadie puede tener duda alguna.
Pero aquí no termina lo que podemos hacer juntos.
Otra área de consenso –de unanimidad política que tenemos que convertir en unanimidad social- porque es de los asuntos que da la talla del nivel educativo, cultural y turístico de una ciudad es aquella que consiga -tanto con campañas de concienciación como con sanciones duras- la eliminación del vandalismo y el predominio de la educación cívica y del respeto a las personas y a los bienes y espacios públicos. No se puede consentir que por gusto o por saturación etílica o de otro tipo se falte a las más elementales normas de la convivencia ciudadana o se deteriore impunemente el mobiliario urbano sin coste alguno para el grosero o el gamberro, vaya a pié o motorizado. Ahí estamos fallando y tampoco en eso podemos arrojar la toalla para que el osado le gane la partida a la convivencia y a los buenos modos. Nuestra propuesta de ordenanza sigue en pié pero la asistencia y presencia activa policial también es fundamental.
El 1 de Enero de 2009 vivían en Cádiz 126.766 habitantes, el 75% de ellos nacidos en Cádiz. Hace 20 años vivíamos en Cádiz 30.000 personas más. Hace sólo 10 años 14.000 habitantes más.
Con ser esto preocupante más lo es aún que se haya invertido la pirámide poblacional y que este año se haya producido por vez primera que hay más habitantes de más de 65 años que de más de 20 años. 24.000 por 22.000. En 1996 los mayores de 65 años representaban el 12,77 % y hoy son el 18,24%.
En términos de población activa en los últimos 15 años hemos bajado de 102.917 a 88116 es decir casi 15.000 personas activas menos. A pesar de la pérdida de población activa el paro registrado sube sistemáticamente. Por ejemplo, comparando 1.999 hasta 2.009 Cádiz pierde 15.689 habitantes y “gana” 2.942 parados. En población activa Cádiz ha perdido desde 2.003 al día de hoy 8.000 personas en edad activa y sin embargo el paro ha subido en 1.500 personas
Hasta aquí los datos.
No estamos repartiendo culpas. Estamos solamente haciendo un diagnóstico real de la ciudad que nos convoca hoy a debatir sobre su situación. Por cierto, los técnicos de PGOU no solo confirman estos datos -ratificados ya por el Pleno Municipal- sino que auguran un descenso continuado de la población hasta al menos 2016.
Permítanme que les diga que eso hace más inexplicable aún la actitud cabezona del Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento de insumisión estadística ante las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Porque la realidad es que la ciudad de Cádiz ni siquiera en un escenario de pérdida grave de población es capaz no ya sólo de estabilizar sus cifras de paro sino que las incrementa. Hay un dicho que se atribuye tanto a los padres fundadores de la democracia americana como a los iniciadores del periodismo escrito pero el caso es que es concluyente: “las opiniones son libres pero los hechos son sagrados”.
A nuestro juicio es el segundo tema de importancia que deberíamos afrontar para que el envejecimiento de la población no mate las posibilidades de futuro de nuestra ciudad. Ya hay más mayores que jóvenes. No creo que nadie discuta que es una tendencia que resta dinamismo a la ciudad, le resta ventas, le resta alegría y se come su porvenir, por eso llama la atención que se diga por el Equipo de Gobierno, conociendo estas tendencias porque están reflejadas en los informes técnicos, que el PGOU es sobre todo para los jóvenes.
Habrá que decir de esto lo que dijo el Guerra de aquel torero valiente que se la jugaba todas las tardes en la plaza –Belmonte- “el que quiera verlo torear, que se aligere”. Así estamos en Cádiz con los jóvenes.
Que el problema de la carestía de la vivienda –ligada a la dificultad de suelo- está a la base de la fuga casi masiva de habitantes no es preciso encargarla a ninguna universidad ni consultoría para saberlo. Es obvio y la calle nos lo dice cada día. Las limitaciones físicas de Cádiz no las puede negar nadie. Pero esta situación a lo que nos obliga es a que tengamos que ser más meticulosos y exigentes en la búsqueda de más espacios para viviendas sociales como primera demanda para el nuevo PGOU.
Si el Plan de Ordenación no es el medio para definir y llevar a cabo una política pública de vivienda no es nada. Eso es categórico. Aquí tenemos una tarea intensa de colaboración de las Administraciones si lo que interesa son las personas. La labor que podemos afrontar es la mejor para Cádiz sin duda alguna.
Permítanme que les diga que eso hace más inexplicable aún la actitud cabezona del Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento de insumisión estadística ante las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Porque la realidad es que la ciudad de Cádiz ni siquiera en un escenario de pérdida grave de población es capaz no ya sólo de estabilizar sus cifras de paro sino que las incrementa. Hay un dicho que se atribuye tanto a los padres fundadores de la democracia americana como a los iniciadores del periodismo escrito pero el caso es que es concluyente: “las opiniones son libres pero los hechos son sagrados”.
A nuestro juicio es el segundo tema de importancia que deberíamos afrontar para que el envejecimiento de la población no mate las posibilidades de futuro de nuestra ciudad. Ya hay más mayores que jóvenes. No creo que nadie discuta que es una tendencia que resta dinamismo a la ciudad, le resta ventas, le resta alegría y se come su porvenir, por eso llama la atención que se diga por el Equipo de Gobierno, conociendo estas tendencias porque están reflejadas en los informes técnicos, que el PGOU es sobre todo para los jóvenes.
Habrá que decir de esto lo que dijo el Guerra de aquel torero valiente que se la jugaba todas las tardes en la plaza –Belmonte- “el que quiera verlo torear, que se aligere”. Así estamos en Cádiz con los jóvenes.
Que el problema de la carestía de la vivienda –ligada a la dificultad de suelo- está a la base de la fuga casi masiva de habitantes no es preciso encargarla a ninguna universidad ni consultoría para saberlo. Es obvio y la calle nos lo dice cada día. Las limitaciones físicas de Cádiz no las puede negar nadie. Pero esta situación a lo que nos obliga es a que tengamos que ser más meticulosos y exigentes en la búsqueda de más espacios para viviendas sociales como primera demanda para el nuevo PGOU.
Si el Plan de Ordenación no es el medio para definir y llevar a cabo una política pública de vivienda no es nada. Eso es categórico. Aquí tenemos una tarea intensa de colaboración de las Administraciones si lo que interesa son las personas. La labor que podemos afrontar es la mejor para Cádiz sin duda alguna.
Si el Plan dimite de entender la vivienda como servicio público no es buen Plan.
Si el Plan renuncia a crear el marco urbanístico para dar cabida en la Ciudad de Cádiz a la población existente, a la población residente - y no decimos ya a la que se ha ido- ¿para que se hace el Plan?
Nos encontramos una clara contradicción -que se da en población, en transporte y movilidad y también en el apartado de vivienda- entre los supuestos principios del Plan y sus propuestas concretas. El número de viviendas que el Plan prevé no es más que la resultante de la aplicación de las edificabilidades asignadas a cada unidad de actuación, sin que encontremos un balance del número de viviendas, de la población y su proyección, del necesario equilibrio entre vivienda y empleo, entre viviendas y equipamientos y entre viviendas y espacios públicos.
Así, cuando se ha realizado un registro de demandantes de vivienda nos estamos encontrando palmariamente con la realidad de la tipología de las viviendas que reclaman los ciudadanos que son viviendas protegidas y viviendas para jóvenes.
Lo más importante del Plan son una serie de fichas de actuaciones urbanísticas en las que se señalan los volúmenes edificables a los que se denomina, para más INRI, “edificabilidades lucrativas”. Muchas de estas operaciones son inviables por muchos años y otras probablemente no se hagan nunca porque están diseñadas y propuestas respondiendo a las apetencias de la pasada “burbuja inmobiliaria”, de la que estamos saliendo tan escarmentados que no se va a repetir fácilmente. Que el precio de la vivienda subiera un 15 o un 18% anual cuando el IPC estaba por debajo del 4% era tan disparatado como inviable económicamente. Sencillamente ha ocurrido lo inevitable.
Si el Plan renuncia a crear el marco urbanístico para dar cabida en la Ciudad de Cádiz a la población existente, a la población residente - y no decimos ya a la que se ha ido- ¿para que se hace el Plan?
Nos encontramos una clara contradicción -que se da en población, en transporte y movilidad y también en el apartado de vivienda- entre los supuestos principios del Plan y sus propuestas concretas. El número de viviendas que el Plan prevé no es más que la resultante de la aplicación de las edificabilidades asignadas a cada unidad de actuación, sin que encontremos un balance del número de viviendas, de la población y su proyección, del necesario equilibrio entre vivienda y empleo, entre viviendas y equipamientos y entre viviendas y espacios públicos.
Así, cuando se ha realizado un registro de demandantes de vivienda nos estamos encontrando palmariamente con la realidad de la tipología de las viviendas que reclaman los ciudadanos que son viviendas protegidas y viviendas para jóvenes.
Lo más importante del Plan son una serie de fichas de actuaciones urbanísticas en las que se señalan los volúmenes edificables a los que se denomina, para más INRI, “edificabilidades lucrativas”. Muchas de estas operaciones son inviables por muchos años y otras probablemente no se hagan nunca porque están diseñadas y propuestas respondiendo a las apetencias de la pasada “burbuja inmobiliaria”, de la que estamos saliendo tan escarmentados que no se va a repetir fácilmente. Que el precio de la vivienda subiera un 15 o un 18% anual cuando el IPC estaba por debajo del 4% era tan disparatado como inviable económicamente. Sencillamente ha ocurrido lo inevitable.
El Plan finalmente no puede ser un conjunto de propuestas aisladas elaboradas pensando en su despliegue infográfico, alargando un proceso mediático entendiendo el Plan como una continua campaña propagandística precisamente en la actual situación de crisis inmobiliaria en la que las operaciones propuestas son claramente inviables, mientras que los problemas abordables de la ciudad siguen sin resolverse.
A pesar de todo, intencionadamente queremos huir de las críticas habituales que nos venimos haciendo en los plenos mensuales. No tiene sentido. Este es un pleno diferente. Es un pleno de balance y de ideas.
Todos los que estamos aquí somos gaditanos, pero a ninguno de nosotros se nos puede permitir ser gaditanos de vía estrecha. Tenemos en perspectiva una celebración y mucha responsabilidad. Cádiz está ya de moda y se va a poner más aún. De aquí a 2013 serán dos años y medio de muchas visitas, congresos, reuniones y convenciones de todo tipo. Hay bastante interés en visitar Cádiz y hasta en vivir en Cádiz porque el desarrollismo hacia Puerta Tierra salvó al Casco milagrosamente.
Hablando sobre los viajeros que visitan Cádiz José Pedro Perez-LLorca nos decía hace poco que “todos los visitantes, playa, bahía o ciudad deben ser bienvenidos”. Compartimos su opinión y su actitud. No siempre ha sido así porque este Equipo de Gobierno le pasó injustamente el tamiz ideológico y su antipatía a algún ilustre visitante a nuestra ciudad, lo que significó un craso error.
Cádiz ha ocupado un papel político más destacado que el de su propia dimensión demográfica o territorial como ciudad. En buena medida porque hemos tenido como representantes -no antes con Presidentes de la Republica o del Gobierno sino en la democracia reciente- a destacadas personalidades de la vida política española. Desde García Diez a Rodrigo Rato, de Alfonso Perales a Carmen Romero, de Miguel Arias a Manuel Chaves o Ud. Sra. Alcaldesa que ha sido candidata a la Presidencia de la Junta en dos ocasiones –entre otros-. Ahora la situación es que Chaves, Bibiana y Rubalcaba están en el Gobierno y Pizarro en la Junta. Estoy convencido que ese peso político ha contribuido a que muchas decisiones se hayan adoptado por el fuerte compromiso de nuestros representantes con nuestra tierra y nuestras fuerzas políticas tienen que marcarse el objetivo de que esa línea de políticos de presión para su territorio y sus ciudadanos continúe, incluso con carácter trasversal, como se hizo con el 12.
Vamos a ocupar –esperemos- como gaditanos también mucho espacio en los medios de comunicación de todo el mundo. Para ocuparlo adecuadamente hace falta un programa exterior del Bicentenario que tiene que aprobar la Secretaría de Estado de Turismo y la Junta de Andalucía con el Consorcio cuanto antes para que su nivel de potencia sea el apropiado y acorde con la importancia del evento que conmemoramos. La cuenta atrás ya ha comenzado y tenemos los instrumentos legales y financieros para llevarlo a cabo.
Además de lo que tienen que hacer otros es fundamental lo que hagamos nosotros. Y si falta ese programa internacional falta un Programa de Voluntariado que implique al gaditano de manera efectiva y práctica. Sin la participación de la calle, de la gente el Bicentenario no es nada y ésa sí es exclusiva competencia del Consistorio, porque por definición el espació público es donde reina la ciudad y lo organiza el Ayuntamiento.
Tenemos que hacer una salvedad, que no se haga para llenar de grandes carpas la Plaza de la Catedral, nuestro monumento más representativo. El espacio público es el escaparate que la ciudad ofrece a sus habitantes y a sus visitantes por eso debe ser el mejor y el más mimado.
El plan hotelero ha fracasado. Era necesario un plan hotelero a la altura del acontecimiento y las dudas, los retrasos y la falta de impulso a nuevas iniciativas han hecho que el desarrollo de la oferta no se haya llevado a cabo. Va a ser la mayor carencia con la que nos vamos a encontrar para que Cádiz-Ciudad y su economía rentabilicen mejor el 12. Sin duda las plazas hoteleras de la bahía aprovecharán nuestras carencias.
A lo máximo que podemos llegar es a crear una red de Bed & Breakfast basada en determinadas casas burguesas o casas palacio de Cádiz
El año pasado propusimos –entre otras- iniciativas relacionadas con hacer patrimonio gaditano orgulloso y rentabilizable a Falla y a Celestino Mutis –cuyas ausencias son escandalosas en nuestra ciudad- y un Museo de la historia de Cádiz con América en la Cárcel Real.
En este debate nos gustaría, además, proponer la realización de una asociación con Diputación e incluso con la Junta para que Cádiz disponga de un buen Centro de Arte Contemporáneo – que es una idea que compartimos plenamente- consiguiendo que se mejoren las colecciones municipales con parte de la excelente colección de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación y con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. De otra forma la colección estaría –en nuestra opinión - coja desde el principio.
Igualmente resulta cada vez más necesario rescatar y conservar el patrimonio iconográfico que contienen las imágenes fotográficas, patrimonio menos valorado que el documental y que ha llevado a que se tengan menos colecciones en los fondos oficiales. En la ciudad de Cádiz existen colecciones como la colección de Ramón Muñoz- en posesión de Julián Oslé y los de Segundo y Rosita, Duboy, Movellán y Juan Martínez Neto “Juman”. Se deberían intentar incorporar a nuestros archivos o adquirir para garantizar que no se pierdan ni dispersen y para conservarlos en un Museo Iconográfico o Fotográfico de Cádiz- el de las Cortes y Sitio de Cádiz ya lo hizo Cayetano del Toro- (aunque en estos años está más tiempo cerrado en renovación permanente y perdiendo fondos que abierto) para preservar la conservación de la memoria fotográfica para las futuras generaciones.
También es una necesidad la apertura de las murallas y los baluartes al paseo público -muchas veces anunciado- y la dignificación de los mejores y más impresionantes lienzos de muralla que son los que se asoman a la Estación.
Estamos de acuerdo con una petición unánime conjunta de todos nosotros de los cañones encontrados en Canalejas para que se expongan en Cádiz cuanto antes en sus lugares históricos.
Del mismo modo se hace necesario un programa de colaboración publico-privada que tenga dos patas en la rentabilización de nuestro patrimonio. La primera para conseguir que determinados bienes de la ciudad, por ejemplo La Bella Escondida o la Casa de las Cuatro Torres u otras, se pongan al servicio del desarrollo turístico de la Cádiz. La segunda sacando a concurso público aquellos locales municipales que son de claro interés turístico o histórico para que los exploten quienes presenten el mejor programa para los ciudadanos, se les obligue en los pliegos a mantenerlos abiertos siempre y no se produzca una apropiación privada de locales públicos dados sin garantías para los ciudadanos ni contraprestaciones para los gaditanos.
Filadelfia, en Pensilvania (EE.UU.), como Cádiz fue un centro de ideas revolucionarias, dio a la luz la Declaración de Independencia y la primera Constitución del mundo la norteamericana en 1787 y Paris, lugar de la revolución francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la segunda en 1791. Cádiz, con ocasión del Bicentenario, debería hermanarse con ambas ciudades constitucionales por antonomasia, para que nuestra trayectoria, la de la Constitución de Cádiz y nuestra ciudad sean más conocidas en el mundo.
Podemos aprovechar la difusión que debe dársele a la coincidencia en la Era de la Revoluciones a estas tres Constituciones en la red de los casi 90 Institutos Cervantes de todo el mundo y en la acción tanto del Centro de Estudios Constitucionales como de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales –si el Congreso de los Diputados lo aprueba-. La verdad es que el mensaje que se trata de trasladar es que el inicio de nuestra democracia, de nuestro estado liberal- con la entonación gaditana como dice Marichal- nació al unísono con las grandes democracias del mundo y es el puesto que debemos reclamar con aquella Constitución en la mano. Nacimos en Cádiz con ellos pero nuestra historia nos llevó durante mucho tiempo a otra parte donde no queríamos estar.
Le llevaremos la contraria al inefable Giulio Andreotti que decía cínica y socarronamente que “Gobernar no consiste en resolver problemas sino en hacer callar a los que los provocan”. Ese comportamiento es intolerable en democracia y muchas veces tantas vallas frente al Consistorio sinceramente da que pensar en eso. Y en esta cita podría pensar también, si la conoce, –y con razón- el empresario de la Casa del Obispo cuando realiza sus denuncias sobre el yacimiento y recibe un aviso desde el Consistorio.
Los ciudadanos demandan soluciones y vienen en primer lugar siempre, indefectiblemente, a su Ayuntamiento. No a éste, a todos. Eso lo saben -o lo deberían saber- todos los que se presentan a las elecciones municipales. Fíjense hasta que punto eso está fijado en cualquier sociedad que el noble francés Alexis de Tocqueville lo dejó escrito en el viaje que hizo por America en 1831: “El municipio es la única asociación que está tan identificada con la naturaleza que allá donde hay hombres reunidos se forma espontáneamente un municipio…es en el municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres”. Es así también en toda Europa y, desde luego, en Cádiz, desde antes de Cristo y donde su municipio está inscrito en los muros del Foro Romano.
Por cierto, y ahora que celebramos el 200 aniversario del Decreto de Libertad de Imprenta, quisiera recordar una cita del mismo autor –y es justo decirlo hoy como obligado reconocimiento a quienes día a día trasladan nuestros mensajes a los ciudadanos- que supone una certera definición de la profesión periodística. Tocqueville dijo que “la soberanía del pueblo y la libertad de prensa son dos cosas enteramente correlativas…porque la prensa…con su ojo avizor saca siempre a la luz los resortes secretos de la política y fuerza a los hombres públicos, uno tras otro, a comparecer ante el tribunal de la opinión”.
Concluyo ya. Desde luego hemos procurado tener muy presente en toda mi intervención la última frase de la película de Tony Haye en American History X: “La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado”. Ahora les toca el turno a Vds. Esperamos la recíproca.
Ángel Ganivet, que se suicido al enterarse de la pérdida de nuestras colonias en el desastre del 98 arrojándose en las aguas heladas de Riga, tiene una frase notable: “el pueblo sabe amoldarse a todo lo que es grande y bello sin desentonar jamás”. Y esta es la hora de Cádiz. Y el pueblo de Cádiz estará sin duda a la altura. Con las dificultades que sea- que son sin duda muchas - estamos aquí para demostrar a los ciudadanos que su falta de motivación y su desesperanza, su desconfianza y su desilusión tienen que cambiar porque nuestra determinación –cada uno con su filosofía política- es salir adelante, nuestra ilusión no se apaga y nuestra voluntad tiene que ser como gaditanos empujar para ser capaces de ganarnos nuestro futuro con tesón y con esfuerzo.
Y si no podemos solos, con Albert Camus le pediremos ayuda al viento y la sal de Cádiz que son bien poderosos.
Ortega y Gasset, en una de esas frases que indican todo un estilo y muchas ideas, nos marca el camino para el Doce y para el futuro de nuestra ciudad: “Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos”.
Rafael Román.
A pesar de todo, intencionadamente queremos huir de las críticas habituales que nos venimos haciendo en los plenos mensuales. No tiene sentido. Este es un pleno diferente. Es un pleno de balance y de ideas.
Todos los que estamos aquí somos gaditanos, pero a ninguno de nosotros se nos puede permitir ser gaditanos de vía estrecha. Tenemos en perspectiva una celebración y mucha responsabilidad. Cádiz está ya de moda y se va a poner más aún. De aquí a 2013 serán dos años y medio de muchas visitas, congresos, reuniones y convenciones de todo tipo. Hay bastante interés en visitar Cádiz y hasta en vivir en Cádiz porque el desarrollismo hacia Puerta Tierra salvó al Casco milagrosamente.
Hablando sobre los viajeros que visitan Cádiz José Pedro Perez-LLorca nos decía hace poco que “todos los visitantes, playa, bahía o ciudad deben ser bienvenidos”. Compartimos su opinión y su actitud. No siempre ha sido así porque este Equipo de Gobierno le pasó injustamente el tamiz ideológico y su antipatía a algún ilustre visitante a nuestra ciudad, lo que significó un craso error.
Cádiz ha ocupado un papel político más destacado que el de su propia dimensión demográfica o territorial como ciudad. En buena medida porque hemos tenido como representantes -no antes con Presidentes de la Republica o del Gobierno sino en la democracia reciente- a destacadas personalidades de la vida política española. Desde García Diez a Rodrigo Rato, de Alfonso Perales a Carmen Romero, de Miguel Arias a Manuel Chaves o Ud. Sra. Alcaldesa que ha sido candidata a la Presidencia de la Junta en dos ocasiones –entre otros-. Ahora la situación es que Chaves, Bibiana y Rubalcaba están en el Gobierno y Pizarro en la Junta. Estoy convencido que ese peso político ha contribuido a que muchas decisiones se hayan adoptado por el fuerte compromiso de nuestros representantes con nuestra tierra y nuestras fuerzas políticas tienen que marcarse el objetivo de que esa línea de políticos de presión para su territorio y sus ciudadanos continúe, incluso con carácter trasversal, como se hizo con el 12.
Vamos a ocupar –esperemos- como gaditanos también mucho espacio en los medios de comunicación de todo el mundo. Para ocuparlo adecuadamente hace falta un programa exterior del Bicentenario que tiene que aprobar la Secretaría de Estado de Turismo y la Junta de Andalucía con el Consorcio cuanto antes para que su nivel de potencia sea el apropiado y acorde con la importancia del evento que conmemoramos. La cuenta atrás ya ha comenzado y tenemos los instrumentos legales y financieros para llevarlo a cabo.
Además de lo que tienen que hacer otros es fundamental lo que hagamos nosotros. Y si falta ese programa internacional falta un Programa de Voluntariado que implique al gaditano de manera efectiva y práctica. Sin la participación de la calle, de la gente el Bicentenario no es nada y ésa sí es exclusiva competencia del Consistorio, porque por definición el espació público es donde reina la ciudad y lo organiza el Ayuntamiento.
Tenemos que hacer una salvedad, que no se haga para llenar de grandes carpas la Plaza de la Catedral, nuestro monumento más representativo. El espacio público es el escaparate que la ciudad ofrece a sus habitantes y a sus visitantes por eso debe ser el mejor y el más mimado.
El plan hotelero ha fracasado. Era necesario un plan hotelero a la altura del acontecimiento y las dudas, los retrasos y la falta de impulso a nuevas iniciativas han hecho que el desarrollo de la oferta no se haya llevado a cabo. Va a ser la mayor carencia con la que nos vamos a encontrar para que Cádiz-Ciudad y su economía rentabilicen mejor el 12. Sin duda las plazas hoteleras de la bahía aprovecharán nuestras carencias.
A lo máximo que podemos llegar es a crear una red de Bed & Breakfast basada en determinadas casas burguesas o casas palacio de Cádiz
El año pasado propusimos –entre otras- iniciativas relacionadas con hacer patrimonio gaditano orgulloso y rentabilizable a Falla y a Celestino Mutis –cuyas ausencias son escandalosas en nuestra ciudad- y un Museo de la historia de Cádiz con América en la Cárcel Real.
En este debate nos gustaría, además, proponer la realización de una asociación con Diputación e incluso con la Junta para que Cádiz disponga de un buen Centro de Arte Contemporáneo – que es una idea que compartimos plenamente- consiguiendo que se mejoren las colecciones municipales con parte de la excelente colección de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación y con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. De otra forma la colección estaría –en nuestra opinión - coja desde el principio.
Igualmente resulta cada vez más necesario rescatar y conservar el patrimonio iconográfico que contienen las imágenes fotográficas, patrimonio menos valorado que el documental y que ha llevado a que se tengan menos colecciones en los fondos oficiales. En la ciudad de Cádiz existen colecciones como la colección de Ramón Muñoz- en posesión de Julián Oslé y los de Segundo y Rosita, Duboy, Movellán y Juan Martínez Neto “Juman”. Se deberían intentar incorporar a nuestros archivos o adquirir para garantizar que no se pierdan ni dispersen y para conservarlos en un Museo Iconográfico o Fotográfico de Cádiz- el de las Cortes y Sitio de Cádiz ya lo hizo Cayetano del Toro- (aunque en estos años está más tiempo cerrado en renovación permanente y perdiendo fondos que abierto) para preservar la conservación de la memoria fotográfica para las futuras generaciones.
También es una necesidad la apertura de las murallas y los baluartes al paseo público -muchas veces anunciado- y la dignificación de los mejores y más impresionantes lienzos de muralla que son los que se asoman a la Estación.
Estamos de acuerdo con una petición unánime conjunta de todos nosotros de los cañones encontrados en Canalejas para que se expongan en Cádiz cuanto antes en sus lugares históricos.
Del mismo modo se hace necesario un programa de colaboración publico-privada que tenga dos patas en la rentabilización de nuestro patrimonio. La primera para conseguir que determinados bienes de la ciudad, por ejemplo La Bella Escondida o la Casa de las Cuatro Torres u otras, se pongan al servicio del desarrollo turístico de la Cádiz. La segunda sacando a concurso público aquellos locales municipales que son de claro interés turístico o histórico para que los exploten quienes presenten el mejor programa para los ciudadanos, se les obligue en los pliegos a mantenerlos abiertos siempre y no se produzca una apropiación privada de locales públicos dados sin garantías para los ciudadanos ni contraprestaciones para los gaditanos.
Filadelfia, en Pensilvania (EE.UU.), como Cádiz fue un centro de ideas revolucionarias, dio a la luz la Declaración de Independencia y la primera Constitución del mundo la norteamericana en 1787 y Paris, lugar de la revolución francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la segunda en 1791. Cádiz, con ocasión del Bicentenario, debería hermanarse con ambas ciudades constitucionales por antonomasia, para que nuestra trayectoria, la de la Constitución de Cádiz y nuestra ciudad sean más conocidas en el mundo.
Podemos aprovechar la difusión que debe dársele a la coincidencia en la Era de la Revoluciones a estas tres Constituciones en la red de los casi 90 Institutos Cervantes de todo el mundo y en la acción tanto del Centro de Estudios Constitucionales como de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales –si el Congreso de los Diputados lo aprueba-. La verdad es que el mensaje que se trata de trasladar es que el inicio de nuestra democracia, de nuestro estado liberal- con la entonación gaditana como dice Marichal- nació al unísono con las grandes democracias del mundo y es el puesto que debemos reclamar con aquella Constitución en la mano. Nacimos en Cádiz con ellos pero nuestra historia nos llevó durante mucho tiempo a otra parte donde no queríamos estar.
Le llevaremos la contraria al inefable Giulio Andreotti que decía cínica y socarronamente que “Gobernar no consiste en resolver problemas sino en hacer callar a los que los provocan”. Ese comportamiento es intolerable en democracia y muchas veces tantas vallas frente al Consistorio sinceramente da que pensar en eso. Y en esta cita podría pensar también, si la conoce, –y con razón- el empresario de la Casa del Obispo cuando realiza sus denuncias sobre el yacimiento y recibe un aviso desde el Consistorio.
Los ciudadanos demandan soluciones y vienen en primer lugar siempre, indefectiblemente, a su Ayuntamiento. No a éste, a todos. Eso lo saben -o lo deberían saber- todos los que se presentan a las elecciones municipales. Fíjense hasta que punto eso está fijado en cualquier sociedad que el noble francés Alexis de Tocqueville lo dejó escrito en el viaje que hizo por America en 1831: “El municipio es la única asociación que está tan identificada con la naturaleza que allá donde hay hombres reunidos se forma espontáneamente un municipio…es en el municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres”. Es así también en toda Europa y, desde luego, en Cádiz, desde antes de Cristo y donde su municipio está inscrito en los muros del Foro Romano.
Por cierto, y ahora que celebramos el 200 aniversario del Decreto de Libertad de Imprenta, quisiera recordar una cita del mismo autor –y es justo decirlo hoy como obligado reconocimiento a quienes día a día trasladan nuestros mensajes a los ciudadanos- que supone una certera definición de la profesión periodística. Tocqueville dijo que “la soberanía del pueblo y la libertad de prensa son dos cosas enteramente correlativas…porque la prensa…con su ojo avizor saca siempre a la luz los resortes secretos de la política y fuerza a los hombres públicos, uno tras otro, a comparecer ante el tribunal de la opinión”.
Concluyo ya. Desde luego hemos procurado tener muy presente en toda mi intervención la última frase de la película de Tony Haye en American History X: “La vida es demasiado corta para estar siempre cabreado”. Ahora les toca el turno a Vds. Esperamos la recíproca.
Ángel Ganivet, que se suicido al enterarse de la pérdida de nuestras colonias en el desastre del 98 arrojándose en las aguas heladas de Riga, tiene una frase notable: “el pueblo sabe amoldarse a todo lo que es grande y bello sin desentonar jamás”. Y esta es la hora de Cádiz. Y el pueblo de Cádiz estará sin duda a la altura. Con las dificultades que sea- que son sin duda muchas - estamos aquí para demostrar a los ciudadanos que su falta de motivación y su desesperanza, su desconfianza y su desilusión tienen que cambiar porque nuestra determinación –cada uno con su filosofía política- es salir adelante, nuestra ilusión no se apaga y nuestra voluntad tiene que ser como gaditanos empujar para ser capaces de ganarnos nuestro futuro con tesón y con esfuerzo.
Y si no podemos solos, con Albert Camus le pediremos ayuda al viento y la sal de Cádiz que son bien poderosos.
Ortega y Gasset, en una de esas frases que indican todo un estilo y muchas ideas, nos marca el camino para el Doce y para el futuro de nuestra ciudad: “Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos”.
Rafael Román.
28 de Junio de 2010.
Grupo Municipal Socialista.
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Rafael Román
lunes, 28 de junio de 2010
Informe sobre la DEMOCRACIA EN ESPAÑA de la FUNDACIÓN ALTERNATIVAS.
La corrupción se combate con mayor transparencia
Es "el principal problema" de la democracia española, señala la Fundación Alternativas en su último informe anual
PÚBLICO. JUANMA ROMERO Madrid 29/06/2010 00:30
Si la corrupción se desarrolla como esporas en España se debe a una deficiente calidad de la democracia y, sobre todo, a los déficits de transparencia. Una materia pendiente que se ha evidenciado con virulencia en la trama Gürtel y en la constelación de casos de corrupción de los últimos años. La conclusión figura en el IV Informe sobre la Democracia en España –La erosión de la confianza y el bienestar. Contra la desafección–, editado por la Fundación Alternativas. El libro, elaborado por 18 investigadores, fue presentado ayer lunes en Madrid bajo la batuta de Joaquín Almunia.
No es un tema menor. De hecho, tanto la corrupción como la gestión de la crisis económico han hecho caer más la nota global sobre el estado de la democracia española. En 2008, primer año en el que la Fundación Alternativas –próxima al PSOE– hizo la medición, la calificación fue del 6,2. En 2009 menguó dos décimas. Y en 2010, se sitúa en el 5,8, precisamente por el creciente desapego de los ciudadanos hacia la política.
La corrupción “daña de raíz la confianza en las instituciones democráticas”, y “se ha convertido en el principal problema y en la principal insuficiencia de la democracia española”, situación en la que “ha jugado un papel principal el caso Gürtel, que sólo ha afectado al PP”, afirma el informe.
El CIS, en sus barómetros recientes, ha mostrado tal inquietud. En el de mayo, un 18,8% definía la clase política como problema. Almunia, vicepresidente y comisario de Competencia de la UE, decía ayer que “la corrupción es autóctona, no se importa, como la crisis, es siempre insoportable, y hay que erradicarla”.
Debilidad del PP
¿Cómo? El informe formula una ecuación: a mayor calidad de la democracia, menor corrupción. Y eso implica “un gobierno abierto y que rinde cuentas, sistemas electorales limpios y justos y una sociedad civil estructuralmente democrática”. En concreto, la fundación propone un “rediseño institucional”, que incluiría cambios en la Ley de Financiación de Partidos, más participación interna en las formaciones, “mayor transparencia”, mejor tasación de las incompatibilidades de cargos públicos, mejor control del Estado... El texto recuerda que hay que atajar las dos cabezas de la corrupción: el urbanismo y la contratación pública, de nuevo un rasgo claro de la Gürtel.
Precisamente ese caso ha mermado el potencial de la estrategia del PP. Que los conservadores no hayan rentabilizado el desgaste del Gobierno en su gestión de la crisis, se explica por otros dos factores, “la división interna entre duros y blandos” y la “debilidad del liderazgo de Mariano Rajoy”. Al Ejecutivo se le achaca “improvisación” y un “obstinado discurso optimista, que le ha llevado continuamente a remolque de los datos económicos”. Con todo, el informe concluye que aunque las encuestas favorezcan al PP, la suerte no está echada, ya que “las elecciones generales todavía quedan muy lejos”.
La fundación señala más motivos del desafecto ciudadano: la inexistencia de pactos contra la crisis, la demora en la sentencia del Estatut, la lentitud de la Justicia y unos peores medios de comunicación, menos profesionales e independientes.
"A LA IZQUIERDA SE LA ESPERA"
La intervención de Joaquín Almunia, ayer, sin preguntas y sin coloquio posterior, pivotó sobre la crisis. Explicó los orígenes y el momento actual, en el que "la política vuelve", tras años de marginación por los mercados, la misma tesis que sostuvo el jueves pasado Felipe González. Depende de tres aspectos. Uno, la regulación del capital financieros, que no debe ser excesiva para no comprometer el crecimiento. Dos, el reparto de la carga. Y tres, el recorte del gasto. "El ajuste de las finanzas públicas no hay quien lo dude", defendió el comisario europeo.
Y en ese debate "se espera a la izquierda". No para decir si son necesarios o no los tijeretazos -esos comentarios, dijo el comisario, "son irresponsables"-, sino para que reflexione cómo proceder a los recortes y cómo construir un "Estado del bienestar de otra naturaleza, del siglo XXI".
Si la corrupción se desarrolla como esporas en España se debe a una deficiente calidad de la democracia y, sobre todo, a los déficits de transparencia. Una materia pendiente que se ha evidenciado con virulencia en la trama Gürtel y en la constelación de casos de corrupción de los últimos años. La conclusión figura en el IV Informe sobre la Democracia en España –La erosión de la confianza y el bienestar. Contra la desafección–, editado por la Fundación Alternativas. El libro, elaborado por 18 investigadores, fue presentado ayer lunes en Madrid bajo la batuta de Joaquín Almunia.
No es un tema menor. De hecho, tanto la corrupción como la gestión de la crisis económico han hecho caer más la nota global sobre el estado de la democracia española. En 2008, primer año en el que la Fundación Alternativas –próxima al PSOE– hizo la medición, la calificación fue del 6,2. En 2009 menguó dos décimas. Y en 2010, se sitúa en el 5,8, precisamente por el creciente desapego de los ciudadanos hacia la política.
La corrupción “daña de raíz la confianza en las instituciones democráticas”, y “se ha convertido en el principal problema y en la principal insuficiencia de la democracia española”, situación en la que “ha jugado un papel principal el caso Gürtel, que sólo ha afectado al PP”, afirma el informe.
El CIS, en sus barómetros recientes, ha mostrado tal inquietud. En el de mayo, un 18,8% definía la clase política como problema. Almunia, vicepresidente y comisario de Competencia de la UE, decía ayer que “la corrupción es autóctona, no se importa, como la crisis, es siempre insoportable, y hay que erradicarla”.
Debilidad del PP
¿Cómo? El informe formula una ecuación: a mayor calidad de la democracia, menor corrupción. Y eso implica “un gobierno abierto y que rinde cuentas, sistemas electorales limpios y justos y una sociedad civil estructuralmente democrática”. En concreto, la fundación propone un “rediseño institucional”, que incluiría cambios en la Ley de Financiación de Partidos, más participación interna en las formaciones, “mayor transparencia”, mejor tasación de las incompatibilidades de cargos públicos, mejor control del Estado... El texto recuerda que hay que atajar las dos cabezas de la corrupción: el urbanismo y la contratación pública, de nuevo un rasgo claro de la Gürtel.
Precisamente ese caso ha mermado el potencial de la estrategia del PP. Que los conservadores no hayan rentabilizado el desgaste del Gobierno en su gestión de la crisis, se explica por otros dos factores, “la división interna entre duros y blandos” y la “debilidad del liderazgo de Mariano Rajoy”. Al Ejecutivo se le achaca “improvisación” y un “obstinado discurso optimista, que le ha llevado continuamente a remolque de los datos económicos”. Con todo, el informe concluye que aunque las encuestas favorezcan al PP, la suerte no está echada, ya que “las elecciones generales todavía quedan muy lejos”.
La fundación señala más motivos del desafecto ciudadano: la inexistencia de pactos contra la crisis, la demora en la sentencia del Estatut, la lentitud de la Justicia y unos peores medios de comunicación, menos profesionales e independientes.
"A LA IZQUIERDA SE LA ESPERA"
La intervención de Joaquín Almunia, ayer, sin preguntas y sin coloquio posterior, pivotó sobre la crisis. Explicó los orígenes y el momento actual, en el que "la política vuelve", tras años de marginación por los mercados, la misma tesis que sostuvo el jueves pasado Felipe González. Depende de tres aspectos. Uno, la regulación del capital financieros, que no debe ser excesiva para no comprometer el crecimiento. Dos, el reparto de la carga. Y tres, el recorte del gasto. "El ajuste de las finanzas públicas no hay quien lo dude", defendió el comisario europeo.
Y en ese debate "se espera a la izquierda". No para decir si son necesarios o no los tijeretazos -esos comentarios, dijo el comisario, "son irresponsables"-, sino para que reflexione cómo proceder a los recortes y cómo construir un "Estado del bienestar de otra naturaleza, del siglo XXI".
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"La trucha", lied de Christian Schubart con música de Franz Schuber.
En un límpido arroyuelo
nadaba alegremente
la trucha juguetona,
nadaba alegremente
la trucha juguetona,
veloz como una fecha.
Yo veía desde la orilla,
sentado tranquilamente,
el baño del viva pececillo
en el claro arroyuelo.
Un pescador con su caña
se situó en la orilla
y miró a sangre fría
los zigzagueos del pececillo.
Mientras el agua siga clara,
y no se enturbie, pensé,
no podrá coger a la trucha
con su anzuelo.
Finalmente el ladrón
se cansó de esperar.
Pérfidamente enturbió el arroyuelo
y antes de que pudiera darme cuenta,
la caña dio una sacudida
y el pececillo quedó atrapado.
Yo con la sangre alterada,
vi la presa engañada.
Christian Schubart, preso en la fortaleza de Asperg, donde pasó todo un decenio por sus críticas a las autoridades, añadió originalmente otra estrofa que explicaba la parábola y formulaba una advertencia a las jovencitas para que no se dejaran seducir; pero aquella moraleja pequeño-burguesa sólo tenía como intención engañar a los censores de la época. En realidad, su poema aludía a comportamientos políticos.
En un arroyo transparente un pez acosado siempre puede eludir el anzuelo, pero en aguas revueltas se pesca más fácil, como saben no sólo los pescadores, sino también los gerifaltes poderosos y dominantes....
( Ver en EL CRASH DE LA INFORMACIÓN. Los mecanismos de la desinformación cotidiana. MAX OTTE. Editorial Ariel, 2010.)
Yo veía desde la orilla,
sentado tranquilamente,
el baño del viva pececillo
en el claro arroyuelo.
Un pescador con su caña
se situó en la orilla
y miró a sangre fría
los zigzagueos del pececillo.
Mientras el agua siga clara,
y no se enturbie, pensé,
no podrá coger a la trucha
con su anzuelo.
Finalmente el ladrón
se cansó de esperar.
Pérfidamente enturbió el arroyuelo
y antes de que pudiera darme cuenta,
la caña dio una sacudida
y el pececillo quedó atrapado.
Yo con la sangre alterada,
vi la presa engañada.
Christian Schubart, preso en la fortaleza de Asperg, donde pasó todo un decenio por sus críticas a las autoridades, añadió originalmente otra estrofa que explicaba la parábola y formulaba una advertencia a las jovencitas para que no se dejaran seducir; pero aquella moraleja pequeño-burguesa sólo tenía como intención engañar a los censores de la época. En realidad, su poema aludía a comportamientos políticos.
En un arroyo transparente un pez acosado siempre puede eludir el anzuelo, pero en aguas revueltas se pesca más fácil, como saben no sólo los pescadores, sino también los gerifaltes poderosos y dominantes....
( Ver en EL CRASH DE LA INFORMACIÓN. Los mecanismos de la desinformación cotidiana. MAX OTTE. Editorial Ariel, 2010.)
domingo, 27 de junio de 2010
La desleal oposición. JOSÉ ANTONIO CASANOVA
Una teoría idílica de la democracia liberal imagina la política como un sistema armónico de poderes que se contraponen y contrapesan como un mecanismo de relojería. Las fuerzas impulsoras del péndulo político serían básicamente la conservadora-reaccionaria y la progresista-revolucionaria, partes contratantes de un gran pacto social de convivencia civilizada entre intereses, grupos e ideologías, consistente en comprometerse lealmente a colaborar por el bien común de toda la población, por encima de intereses particulares, y a zanjar sus posibles conflictos de una forma pacífica bajo el imperio de la ley.
Supuesta una deseable alternancia en el gobierno de la comunidad política, la fuerza que no obtiene el mandato electoral mayoritario para gobernar durante un periodo prefijado recibe el nombre, según la tradición británica, de oposición. Tal término ha marcado de forma indeleble (y errónea) su comprensión por la clase política y ha confundido a la ciudadanía. ¿Oposición significa oponerse, como su nombre indica?
Gran Bretaña, inventora de tantos deportes, ideó una forma de fair play (juego limpio) en política y la bautizó Leal Oposición de Su Majestad. Pero, fiel a la Monarquía, llamó Corona (Crown) a lo que en el continente europeo se llama Estado. La minoría parlamentaria que no pudo formar Gobierno no es una fuerza enemiga de este, porque se entiende que ser oposición de la Corona y no a la Corona implica una actividad al servicio del Estado, el cual sólo puede ejercerse cabalmente con lealtad. Esta consiste, pues, en servir a la nación de ciudadanos, no al propio partido opositor, el cual no se opone por sistema al que gobierna, sino que colabora con él vigilando su gobernación como un autocontrol que se impone el Estado para su mejor funcionamiento y respeto a las normas que rigen la democracia.
No obstante, la palabra oposición, en la práctica, significa todo lo contrario de lo que pretendieron unos deportivos ingleses. El pueblo tal vez no lo sabe, pero su sentido común le dice que la oposición está para eso: para colaborar, vigilar (ven más cuatro ojos que dos) y para poder continuar la tarea gobernante con propuestas alternativas en lo que convenga. Bien conservando el progreso de la izquierda o bien progresando respecto a la conservación de la derecha. ¿Por qué la práctica opositora desmiente la teoría, y en países como España se convierte en una esperpéntica burla cuando se trata de nuestra derechona?
La visión idílica de la democracia es un truco para ingenuos que ya no engaña a nadie. La realidad es que existen unas fuerzas sociales con intereses económicos opuestos e irreconciliables. Ninguna tiene poder para eliminar a la opuesta (reacciones fascistas, revoluciones comunistas) y, por tanto, hay que pactar una tregua de pactos sociales que no satisfacen a nadie, pero que son inevitables en razón de que, en la balanza de poderes, sigue pesando más, por sistema, la conservación derechista, dueña del poder económico. El presuntuoso calificativo que se ha autoasignado el Estado actual (social y democrático de Derecho) no es más que el interregno histórico de la agonía de un capitalismo que morirá matando, si no muere antes por apoplejía, dada su febril voracidad suicida crisis tras crisis. Los países donde ese pacto forzoso se produjo antes y goza de una cierta tradición y estabilidad se han ido acostumbrando a sus contradicciones, mientras que la población se ha contentado con un “Estado del bienestar” a costa del malvivir de africanos y sudacas. La crisis actual les ha desconcertado y quizás les avive la conciencia. Pero en España, que cuenta, en siglo y medio, con dos intentos democráticos que apenas suman juntos una década, y sólo seis lustros de democracia formal tras ocho de dictadura, no podemos esperar ni siquiera ese civilizado “juego limpio” de una oposición de derechas, propio de los países europeos.
Dados los rasgos psicológicos y éticos de nuestra derecha, que llenan las hemerotecas de noticias tan impresentables como pintorescas, se corre el riesgo de caer en la cuchufleta y en la vergüenza ajena ante tanta desfachatez, mendacidad y cinismo. Pero eso sería ser tan superficial, frívolo e irresponsable como parece ser esa derecha, más o menos ultra.
La oposición del PP ha demostrado con creces, hace seis años como mínimo, que no es la leal oposición de origen británico, sino la oposición, inevitablemente desleal, que practica el franquismo cuando por fin le aprieta la tenaza democrática y ya no puede recurrir a las armas. Se engañaría, pues, quien frivolizara con el esperpento pepero y en su día se abstuviera de votar porque “Zapatero no nos saca de la crisis y Rajoy no me gusta”, o votara a Rajoy “a ver si este nos saca de ella”. Nos guste o nos disguste, abstenerse es votar a la derecha. Y votar a la derecha es votar a los autores de la crisis, que aquí se llama aznarismo, burbuja inmobiliaria y corrupción. La socialdemocracia no es la causante de la crisis, pero no puede resolverla porque sufre el chantaje derechista de disparar contra el pueblo-rehén si ella no le azota con medidas antipopulares, beneficiosas para los verdaderos causantes de la crisis. El franquismo supérstite cuenta con numerosos y fieles seguidores. No necesita aumentar de caudal mientras siga bajando el de la izquierda. Por pura lógica, y pese a todo, hay que verter más gasolina en el depósito de la izquierda si no queremos ahogarnos en un pertinaz diluvio.
José Antonio González Casanova es catedrático de Derecho Constitucional y escritor
Publicado en Público
Supuesta una deseable alternancia en el gobierno de la comunidad política, la fuerza que no obtiene el mandato electoral mayoritario para gobernar durante un periodo prefijado recibe el nombre, según la tradición británica, de oposición. Tal término ha marcado de forma indeleble (y errónea) su comprensión por la clase política y ha confundido a la ciudadanía. ¿Oposición significa oponerse, como su nombre indica?
Gran Bretaña, inventora de tantos deportes, ideó una forma de fair play (juego limpio) en política y la bautizó Leal Oposición de Su Majestad. Pero, fiel a la Monarquía, llamó Corona (Crown) a lo que en el continente europeo se llama Estado. La minoría parlamentaria que no pudo formar Gobierno no es una fuerza enemiga de este, porque se entiende que ser oposición de la Corona y no a la Corona implica una actividad al servicio del Estado, el cual sólo puede ejercerse cabalmente con lealtad. Esta consiste, pues, en servir a la nación de ciudadanos, no al propio partido opositor, el cual no se opone por sistema al que gobierna, sino que colabora con él vigilando su gobernación como un autocontrol que se impone el Estado para su mejor funcionamiento y respeto a las normas que rigen la democracia.
No obstante, la palabra oposición, en la práctica, significa todo lo contrario de lo que pretendieron unos deportivos ingleses. El pueblo tal vez no lo sabe, pero su sentido común le dice que la oposición está para eso: para colaborar, vigilar (ven más cuatro ojos que dos) y para poder continuar la tarea gobernante con propuestas alternativas en lo que convenga. Bien conservando el progreso de la izquierda o bien progresando respecto a la conservación de la derecha. ¿Por qué la práctica opositora desmiente la teoría, y en países como España se convierte en una esperpéntica burla cuando se trata de nuestra derechona?
La visión idílica de la democracia es un truco para ingenuos que ya no engaña a nadie. La realidad es que existen unas fuerzas sociales con intereses económicos opuestos e irreconciliables. Ninguna tiene poder para eliminar a la opuesta (reacciones fascistas, revoluciones comunistas) y, por tanto, hay que pactar una tregua de pactos sociales que no satisfacen a nadie, pero que son inevitables en razón de que, en la balanza de poderes, sigue pesando más, por sistema, la conservación derechista, dueña del poder económico. El presuntuoso calificativo que se ha autoasignado el Estado actual (social y democrático de Derecho) no es más que el interregno histórico de la agonía de un capitalismo que morirá matando, si no muere antes por apoplejía, dada su febril voracidad suicida crisis tras crisis. Los países donde ese pacto forzoso se produjo antes y goza de una cierta tradición y estabilidad se han ido acostumbrando a sus contradicciones, mientras que la población se ha contentado con un “Estado del bienestar” a costa del malvivir de africanos y sudacas. La crisis actual les ha desconcertado y quizás les avive la conciencia. Pero en España, que cuenta, en siglo y medio, con dos intentos democráticos que apenas suman juntos una década, y sólo seis lustros de democracia formal tras ocho de dictadura, no podemos esperar ni siquiera ese civilizado “juego limpio” de una oposición de derechas, propio de los países europeos.
Dados los rasgos psicológicos y éticos de nuestra derecha, que llenan las hemerotecas de noticias tan impresentables como pintorescas, se corre el riesgo de caer en la cuchufleta y en la vergüenza ajena ante tanta desfachatez, mendacidad y cinismo. Pero eso sería ser tan superficial, frívolo e irresponsable como parece ser esa derecha, más o menos ultra.
La oposición del PP ha demostrado con creces, hace seis años como mínimo, que no es la leal oposición de origen británico, sino la oposición, inevitablemente desleal, que practica el franquismo cuando por fin le aprieta la tenaza democrática y ya no puede recurrir a las armas. Se engañaría, pues, quien frivolizara con el esperpento pepero y en su día se abstuviera de votar porque “Zapatero no nos saca de la crisis y Rajoy no me gusta”, o votara a Rajoy “a ver si este nos saca de ella”. Nos guste o nos disguste, abstenerse es votar a la derecha. Y votar a la derecha es votar a los autores de la crisis, que aquí se llama aznarismo, burbuja inmobiliaria y corrupción. La socialdemocracia no es la causante de la crisis, pero no puede resolverla porque sufre el chantaje derechista de disparar contra el pueblo-rehén si ella no le azota con medidas antipopulares, beneficiosas para los verdaderos causantes de la crisis. El franquismo supérstite cuenta con numerosos y fieles seguidores. No necesita aumentar de caudal mientras siga bajando el de la izquierda. Por pura lógica, y pese a todo, hay que verter más gasolina en el depósito de la izquierda si no queremos ahogarnos en un pertinaz diluvio.
José Antonio González Casanova es catedrático de Derecho Constitucional y escritor
Publicado en Público
Elogio de los políticos. Javier Anso
SÍ, elogio y agradecimiento. Y no a unos políticos perfectos e inmaculados que no existen, sino a los políticos reales que tenemos: a los que hemos elegido, y a los que, con nuestro voto, podemos cambiar.
A menudo se dice que los españoles tenemos muy mala opinión de los políticos; que son más un problema que una solución. Y concluimos: "todos los políticos son iguales". Eso no es verdad y, además, es muy injusto. Evidentemente, nuestros políticos -gobiernen o estén en la oposición- cometen errores, a veces serios y frecuentes; pero, ¿no 'cometerán', también, numerosos y frecuentes, aciertos? Si reconocemos con facilidad los primeros, ¿no podríamos hacer lo mismo con los segundos? No olvidemos que en, gran medida, debemos a esas personas nuestro nivel de vida y de democracia.
Nuestros políticos son tan 'manifiestamente mejorables' como lo somos todos nosotros. José Antonio López escribía en este Diario sobre "el ciudadano impasible" ante los atropellos que sufre, y cómo esa actitud lleva a un "preocupante borreguismo" (12-6-2010). La pensadora Victoria Camps, en su último libro, El declive de la ciudadanía, afirma que los cimientos de la convivencia y de las instituciones democráticas pueden estar en peligro si no superamos nuestro actual déficit de ciudadanía.
Exijamos más a nuestros políticos sí, pero agradezcamos también su trabajo. Que los incompetentes o corruptos sean apartados de la política, pero que esos pocos no cuestionen la valiosa tarea de la inmensa mayoría. No descalifiquemos, ante nuestros hijos y alumnos, a quienes dedican unos años de su vida a servir a la sociedad; al contrario, acentuemos la educación en el aprecio a la democracia, la participación, la responsabilidad, el espíritu crítico. Del desprecio a los políticos nacen los mesías salvadores de la patria; de la educación cívica, los ciudadanos y los políticos que nos permitirán seguir viviendo en democracia, fortalecerla y hacerla universal. ¡Gracias, políticos!
Publicado en Diario de Cádiz
A menudo se dice que los españoles tenemos muy mala opinión de los políticos; que son más un problema que una solución. Y concluimos: "todos los políticos son iguales". Eso no es verdad y, además, es muy injusto. Evidentemente, nuestros políticos -gobiernen o estén en la oposición- cometen errores, a veces serios y frecuentes; pero, ¿no 'cometerán', también, numerosos y frecuentes, aciertos? Si reconocemos con facilidad los primeros, ¿no podríamos hacer lo mismo con los segundos? No olvidemos que en, gran medida, debemos a esas personas nuestro nivel de vida y de democracia.
Nuestros políticos son tan 'manifiestamente mejorables' como lo somos todos nosotros. José Antonio López escribía en este Diario sobre "el ciudadano impasible" ante los atropellos que sufre, y cómo esa actitud lleva a un "preocupante borreguismo" (12-6-2010). La pensadora Victoria Camps, en su último libro, El declive de la ciudadanía, afirma que los cimientos de la convivencia y de las instituciones democráticas pueden estar en peligro si no superamos nuestro actual déficit de ciudadanía.
Exijamos más a nuestros políticos sí, pero agradezcamos también su trabajo. Que los incompetentes o corruptos sean apartados de la política, pero que esos pocos no cuestionen la valiosa tarea de la inmensa mayoría. No descalifiquemos, ante nuestros hijos y alumnos, a quienes dedican unos años de su vida a servir a la sociedad; al contrario, acentuemos la educación en el aprecio a la democracia, la participación, la responsabilidad, el espíritu crítico. Del desprecio a los políticos nacen los mesías salvadores de la patria; de la educación cívica, los ciudadanos y los políticos que nos permitirán seguir viviendo en democracia, fortalecerla y hacerla universal. ¡Gracias, políticos!
Publicado en Diario de Cádiz
Bajar impuestos no es de izquierdas
El filósofo Philip Pettit, defensor del republicanismo cívico, justifica las medidas de recorte social aprobadas por el Gobierno socialista porque “Zapatero no tenía otra alternativa ante la crisis económica”. Un argumento al que también recurrió el propio presidente esta semana en el Congreso, cuando aportó datos sobre el daño que causa a la economía española el pago de los intereses de una deuda desbocada.
Puede que, con la crisis en su esplendor y en medio de fuertes ataques especulativos de los mercados contra España, Zapatero no tuviera otra salida. Pero el problema es previo. El gran error fue permitir el deterioro fiscal de las arcas públicas. Un deterioro que no se ha producido por el Plan E, como repite con una demagogia simplista el PP, sino por causas objetivas como la crisis del ladrillo y por decisiones políticas como eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio o ayudar con un cheque-bebé a todos los padres por igual con independencia de su nivel de ingresos. La madre de todos los fallos fue aceptar esa idea de que bajar impuestos es de izquierdas.
Lo que es de izquierdas es lograr que paguen más los que más tienen, luchar con todos los medios posibles contra el fraude fiscal y hacer pedagogía de los impuestos como la gran herramienta para reducir las desigualdades sociales. Urge fortalecer los ingresos fiscales del Estado, una medida que apoyan la mayoría de los ciudadanos, siempre que a cambio de mayores impuestos reciban mejores servicios. Es decir, siempre que sirvan para preservar el Estado del Bienestar.
Puede que, con la crisis en su esplendor y en medio de fuertes ataques especulativos de los mercados contra España, Zapatero no tuviera otra salida. Pero el problema es previo. El gran error fue permitir el deterioro fiscal de las arcas públicas. Un deterioro que no se ha producido por el Plan E, como repite con una demagogia simplista el PP, sino por causas objetivas como la crisis del ladrillo y por decisiones políticas como eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio o ayudar con un cheque-bebé a todos los padres por igual con independencia de su nivel de ingresos. La madre de todos los fallos fue aceptar esa idea de que bajar impuestos es de izquierdas.
Lo que es de izquierdas es lograr que paguen más los que más tienen, luchar con todos los medios posibles contra el fraude fiscal y hacer pedagogía de los impuestos como la gran herramienta para reducir las desigualdades sociales. Urge fortalecer los ingresos fiscales del Estado, una medida que apoyan la mayoría de los ciudadanos, siempre que a cambio de mayores impuestos reciban mejores servicios. Es decir, siempre que sirvan para preservar el Estado del Bienestar.
Copiado de Trinchera digital
sábado, 26 de junio de 2010
La corrupción provoca un descenso de calidad de la democracia en España
El informe de la Fundación Alternativas baja la nota del país de 6,2 a 5,8
El País. L. R. AIZPEOLEA - Madrid - 26/06/2010
La calidad de la democracia española ha descendido casi medio punto en dos años, según el informe anual que realiza la Fundación Alternativas, coordinado por Joaquín Estefanía, Nicolás Sartorius y Juan Manuel Eguiagaray e inspirado en el modelo de las auditorías democráticas de la Universidad de Essex. La caída de 6,2 a 5,8 puntos tiene como causa principal los escándalos de corrupción, y sitúa a esta, por vez primera en la historia de la democracia, como uno de los tres principales problemas de los españoles.
El estudio destaca que Gürtel juega un papel principal en la caída
A pesar de la crisis económica, son los comportamientos políticos y no los resultados económicos los causantes de la caída de la valoración. El informe resalta "muy negativamente" la capacidad del sistema democrático para solucionar la crisis. "Se ha deteriorado de forma acusada la confianza en la acción de gobierno para resolver los principales problemas ciudadanos".
El informe señala también cómo la crisis económica ha afectado a la calidad de los medios de comunicación, en su independencia y profesionalidad: "Los intereses empresariales de los medios de comunicación, acuciados por la crisis, han sido más explícitos que nunca en sus relaciones con los actores políticos".
Pero la corrupción es "el principal problema y la principal insuficiencia de la democracia española". El informe destaca que "en ello ha jugado un papel principal el caso Gürtel, que sólo ha afectado al PP. La caída del indicador de la confianza en la oposición para controlar al Gobierno puede estar relacionada con ello".
En el análisis sobre la corrupción en España, señala que está muy vinculada al urbanismo y a la contratación pública, que es sobre todo política y no funcionarial y se ha expandido en los gobiernos locales y en algunos autonómicos. Cita la "ecuación de la corrupción de Robert Klitgaard" para explicar la corrupción. Esa ecuación dice que "la corrupción equivale a monopolio de la decisión más discrecionalidad menos rendición de cuentas". "Los resultados son un Estado que paga demasiado por sus adquisiciones y recibe demasiado poco por las privatizaciones y la adjudicación de concesiones y permisos".
El informe precisa que en el caso Gürtel se dan otros elementos causales, como la necesidad de financiación de los partidos. Esta, a su vez, la explica por el "proceso de mediatización y publicidad de la política, que genera unas demandas de gastos de sostenimiento de los partidos cada vez mayor".
Resalta cómo "la política urbanística en España ha sido un ejemplo hasta hace muy poco de política capturada por los propietarios del suelo". Sugiere que un "adecuado rediseño institucional podrá ayudar a afrontar estos problemas". Y propone mayores límites a los gastos electorales, mayor democracia interna en los partidos, mayor independencia política del órgano encargado de controlar los conflictos de interés e incompatibilidades de los políticos, y una dirección pública profesional y mejor capacidad regulatoria del Estado.
El País. L. R. AIZPEOLEA - Madrid - 26/06/2010
La calidad de la democracia española ha descendido casi medio punto en dos años, según el informe anual que realiza la Fundación Alternativas, coordinado por Joaquín Estefanía, Nicolás Sartorius y Juan Manuel Eguiagaray e inspirado en el modelo de las auditorías democráticas de la Universidad de Essex. La caída de 6,2 a 5,8 puntos tiene como causa principal los escándalos de corrupción, y sitúa a esta, por vez primera en la historia de la democracia, como uno de los tres principales problemas de los españoles.
El estudio destaca que Gürtel juega un papel principal en la caída
A pesar de la crisis económica, son los comportamientos políticos y no los resultados económicos los causantes de la caída de la valoración. El informe resalta "muy negativamente" la capacidad del sistema democrático para solucionar la crisis. "Se ha deteriorado de forma acusada la confianza en la acción de gobierno para resolver los principales problemas ciudadanos".
El informe señala también cómo la crisis económica ha afectado a la calidad de los medios de comunicación, en su independencia y profesionalidad: "Los intereses empresariales de los medios de comunicación, acuciados por la crisis, han sido más explícitos que nunca en sus relaciones con los actores políticos".
Pero la corrupción es "el principal problema y la principal insuficiencia de la democracia española". El informe destaca que "en ello ha jugado un papel principal el caso Gürtel, que sólo ha afectado al PP. La caída del indicador de la confianza en la oposición para controlar al Gobierno puede estar relacionada con ello".
En el análisis sobre la corrupción en España, señala que está muy vinculada al urbanismo y a la contratación pública, que es sobre todo política y no funcionarial y se ha expandido en los gobiernos locales y en algunos autonómicos. Cita la "ecuación de la corrupción de Robert Klitgaard" para explicar la corrupción. Esa ecuación dice que "la corrupción equivale a monopolio de la decisión más discrecionalidad menos rendición de cuentas". "Los resultados son un Estado que paga demasiado por sus adquisiciones y recibe demasiado poco por las privatizaciones y la adjudicación de concesiones y permisos".
El informe precisa que en el caso Gürtel se dan otros elementos causales, como la necesidad de financiación de los partidos. Esta, a su vez, la explica por el "proceso de mediatización y publicidad de la política, que genera unas demandas de gastos de sostenimiento de los partidos cada vez mayor".
Resalta cómo "la política urbanística en España ha sido un ejemplo hasta hace muy poco de política capturada por los propietarios del suelo". Sugiere que un "adecuado rediseño institucional podrá ayudar a afrontar estos problemas". Y propone mayores límites a los gastos electorales, mayor democracia interna en los partidos, mayor independencia política del órgano encargado de controlar los conflictos de interés e incompatibilidades de los políticos, y una dirección pública profesional y mejor capacidad regulatoria del Estado.
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viernes, 25 de junio de 2010
Una “Twitterstorm” para el impuesto sobre las transacciones financieras a escala mundial
El principal grupo progresista del Parlamento Europeo en Bruselas ha lanzado hoy una “Twitterstorm” por un impuesto a las transacciones financieras a escala mundial y ha pedido al público que envíe un mensaje “tweet” al anfitrión del G-20, el primer ministro canadiense, Stephen Harper.
Las fuerzas progresistas han defendido la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras a escala mundial durante décadas. El debate entre los ministros de Finanzas en Londres antes de la reunión del G-20 ha mostrado un acuerdo básico para compartir la carga de la crisis financiera de manera justa.
“Ahora es el momento de cumplir esa promesa”, dijo el portavoz del S&D para Asuntos Económicos y Monetarios, Udo Bullmann.
“Los especuladores codiciosos son responsables del colapso de los mercados financieros. En respuesta a la crisis, los gobiernos de todo el mundo han estabilizado sus economías con el dinero de los contribuyentes. Ahora los especuladores deberían recoger la factura. Un impuesto sobre las transacciones financieras a escala mundial de solo el 0.05% podría producir unos ingresos de cerca del uno por ciento del PIB mundial por año. Recordemos a los líderes mundiales reunidos en Toronto este fin de semana para la Cumbre del G-20 que queremos el impuesto sobre las transacciones financieras a escala mundial”.
Se pide al público que envíe un mensaje tweet al primer ministro canadiense Harper, el anfitrión de la reunión del G-20 que tendrá lugar en Toronto, del martes 22 de junio al sábado 26 de junio.
Que pidan la introducción de un impuesto a las transacciones financieras a escala mundial enviando a Harper el mensaje de twitter: “¡Únase a la Twitterstorm!” Envíe un mensaje tweet al anfitrión canadiense del G-20 @pmharper: ¡Queremos un Impuesto sobre las Transacciones Financieras a escala Mundial AHORA! #FTT http://tinyurl.com/34ncpzv “.
Las fuerzas progresistas han defendido la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras a escala mundial durante décadas. El debate entre los ministros de Finanzas en Londres antes de la reunión del G-20 ha mostrado un acuerdo básico para compartir la carga de la crisis financiera de manera justa.
“Ahora es el momento de cumplir esa promesa”, dijo el portavoz del S&D para Asuntos Económicos y Monetarios, Udo Bullmann.
“Los especuladores codiciosos son responsables del colapso de los mercados financieros. En respuesta a la crisis, los gobiernos de todo el mundo han estabilizado sus economías con el dinero de los contribuyentes. Ahora los especuladores deberían recoger la factura. Un impuesto sobre las transacciones financieras a escala mundial de solo el 0.05% podría producir unos ingresos de cerca del uno por ciento del PIB mundial por año. Recordemos a los líderes mundiales reunidos en Toronto este fin de semana para la Cumbre del G-20 que queremos el impuesto sobre las transacciones financieras a escala mundial”.
Se pide al público que envíe un mensaje tweet al primer ministro canadiense Harper, el anfitrión de la reunión del G-20 que tendrá lugar en Toronto, del martes 22 de junio al sábado 26 de junio.
Que pidan la introducción de un impuesto a las transacciones financieras a escala mundial enviando a Harper el mensaje de twitter: “¡Únase a la Twitterstorm!” Envíe un mensaje tweet al anfitrión canadiense del G-20 @pmharper: ¡Queremos un Impuesto sobre las Transacciones Financieras a escala Mundial AHORA! #FTT http://tinyurl.com/34ncpzv “.
jueves, 24 de junio de 2010
ATTAC ESPAÑA RECLAMA AL GOBIERNO Y A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS LA NACIONALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y
A la vista de la situación en que permanece la economía española, del efecto nuevamente recesivo que con toda seguridad van a tener las medidas de ajuste impuestas al gobierno por los poderes financieros, y de la manifiesta incapacidad de la banca privada para garantizar la financiación de la actividad económica ATTAC España, a propuesta de su Comité Científico, ha decidido dirigirse a la totalidad de los grupos parlamentarios españoles para exponerles y reclamar de ellos lo siguiente:
Primero, que la causa principal de la caída de la actividad económica y del empleo y de su prácticamente nula recuperación es la falta de crédito y financiación; que no se puede permanecer más tiempo sin proporcionarla y que ante la evidente incapacidad de la banca privada para proporcionarlos es urgente e imprescindible que el Estado asuma esa función.
Segundo, que el Banco de España debe cumplir sin demora con su labor de supervisión y control poniendo en claro de manera transparente y sin subterfugios contables la situación patrimonial y de solvencia efectiva de la banca privada, obligando a que haga frente a sus responsabilidades y a que se lleven a cabo las operaciones de saneamiento y reestructuración o intervención convenientes sin que en ningún caso se generen costes adicionales para el erario público en beneficio del interés privado.
Tercero, que es imposible que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) asuma por sí solo la financiación de la economía española, como se ha pretendido, porque no dispone de capital ni de medios materiales suficientes para ello.
Cuarto, que a pesar de la situación de dificultad en la que puedan estar algunas de ellas como consecuencia de haber copiado indebidamente el modo de funcionamiento y los objetivos de la banca privada, las cajas de ahorros pueden desempeñar perfectamente la función de financiar la actividad económica y mejorar el papel que han venido desempeñando siempre que se proceda a sanearlas convenientemente, que se reajuste su escala, se definan nuevas sinergias y se establezca un nuevo tipo organización y modo de funcionamiento que no las haga esclavas de poderes ajenos al interés público como en gran medida ha venido ocurriendo en los últimos años, cuando prácticamente se han limitado a clonar el modo de actuar de la banca privada.
Quinto, que son completamente inaceptables las propuestas de Fondo Monetario Internacional y de otros organismos tendentes a la progresiva privatización de las cajas por cuanto ello significará renunciar a las únicas entidades financieras que hoy día persiguen fines de interés social y, además, un grave quebranto para el erario público y para todos sus impositores y clientes. Y que tampoco se puede admitir que la reestructuración de las cajas se limite a reducir su cuota de mercado para que los bancos privados aumenten la suya y resuelvan así la descapitalización que han sufrido como consecuencia de sus estrategias irresponsables para aumentar beneficios.
En consecuencia de todo ello, ATTAC ESPAÑA reclama de los grupos parlamentarios que procedan a poner en marcha las iniciativas parlamentarias que sean precisas para que el gobierno que proceda con carácter de urgencia a la NACIONALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS.
Sin perjuicio del desarrollo más detallado que de esta propuesta se haga en sede parlamentaria oyendo al conjunto de los intereses sociales y no solo a las voces que representan a los intereses de los grupos financieros más poderosos, ATTAC España propone que esta medida se base en los siguientes principios:
a) Constitución de una Confederación Estatal de Bancos Públicos a partir de las cajas de ahorros actualmente existentes, con carácter de servicio público esencial con la misión de garantizar en todo caso el imprescindible flujo de crédito a la actividad económica; y de propiedad mixta, una parte mayoritaria procedente del Estado y otra de impositores, clientes o incluso de instituciones privadas con vocación de servicio público.
b) Conferir al esta Confederación bancaria pública el carácter y los principios de funcionamiento e inversión de la Banca Ética. Y particularmente la renuncia al afán de lucro, el mantenimiento de obra y responsabilidad social, la transparencia y la atención preferente a los sectores sociales con mayores dificultades para acceder a la financiación bancaria: medianas y pequeñas empresas, microempresas, familias de baja renta, jóvenes emprendedores y mujeres.
c) Esta Confederación Bancaria asumirá como horizonte a medio y largo plazo su progresiva renuncia al sistema de reserva fraccionaria para introducir y tratar de generalizar sistemas de financiación innovadores que no provoquen los problemas de inestabilidad e incremento artificial de deuda que están asociados al privilegio de creacion de dinero por esa vía del que goza la banca privada.
d) En todo caso, esta banca pública dedicada al crédito en la economía productiva tendría limitada y controlada la actividad puramente financiera que llevan a cabo la mayor parte de las actuales cajas de ahorro, y completamente prohibida la utilización de filiales y sociedades extraterritoriales domiciliadas en centros financieros offshore, conocidos como notorios paraísos fiscales.
e) El gobierno de esta Confederación de bancos públicos deberá establecerse de modo que se garantice siempre que la imprescindible presencia de los poderes públicos y los intereses sociales en sus órganos de dirección y control se dé en todo caso de conformidad con principios de estricta democracia, de pluralidad y plena transparencia, y particularmente, garantizando que existan contrapoderes efectivos que eviten la concentración indeseada de poder o la mera imposición de cuotas partidistas.
f) Dicha Confederación se conformará con entidades que en cada autonomía o nacionalidad mantendrán identidad, personalidad propia y autogobierno y que estarán dedicadas específicamente a la financiación de su economía, aunque permanecerán vinculadas para favorecerse de las sinergias de la confederación y comprometidas con las políticas de financiación estatales que se determinaran para cada territorio en su seno.
g) Sin perjuicio de que pudiera llevar a cabo cualquier otra actividad de financiación bancaria, la confederación de bancos públicos así constituida estaría destinada preferentemente a financiar la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo basado en el desarrollo regional entendido como el que fomenta la generación y uso sostenible de recursos endógenos, el sostenimiento de los servicios públicos esenciales como la enseñanza y la salud, la puesta en marcha de las políticas sociales y de igualdad, y en particular las de apoyo a los servicios de dependencia, la potenciación del emprendizaje y del capital-riesgo, el desarrollo de nuevos tipos de actividades o sectores profesionales y empresariales, la I+D+i pública y privada, la actividad de las pequeñas y medianas empresas, el microcrédito o el incremento de la productividad en el sector público, por citar los que se podrían considerar más importantes y prioritarios.
h) En el desarrollo de estas funciones la banca pública procurará no competir, ni tendrá por qué hacerlo, con la banca privada, toda vez que comporta un tipo de financiación de servicio público dedicada a cubrir precisamente las demandas de crédito que la banca privada está dejando de resolver.
i) Para fortalecer la estructura de esta confederación bancaria pública se dispondrá que se sume a ella (mediante los cambios legales necesarios) la estructura material y de personal del actual servicio de Correos que se encuentra prestando servicios a entidades bancarias privadas.
La opinión del economista Juan Torres López puedes leerla en su blog Ganas de escribir
Y para apoyar tu propuesta con tu firma en ATTAC - España
Primero, que la causa principal de la caída de la actividad económica y del empleo y de su prácticamente nula recuperación es la falta de crédito y financiación; que no se puede permanecer más tiempo sin proporcionarla y que ante la evidente incapacidad de la banca privada para proporcionarlos es urgente e imprescindible que el Estado asuma esa función.
Segundo, que el Banco de España debe cumplir sin demora con su labor de supervisión y control poniendo en claro de manera transparente y sin subterfugios contables la situación patrimonial y de solvencia efectiva de la banca privada, obligando a que haga frente a sus responsabilidades y a que se lleven a cabo las operaciones de saneamiento y reestructuración o intervención convenientes sin que en ningún caso se generen costes adicionales para el erario público en beneficio del interés privado.
Tercero, que es imposible que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) asuma por sí solo la financiación de la economía española, como se ha pretendido, porque no dispone de capital ni de medios materiales suficientes para ello.
Cuarto, que a pesar de la situación de dificultad en la que puedan estar algunas de ellas como consecuencia de haber copiado indebidamente el modo de funcionamiento y los objetivos de la banca privada, las cajas de ahorros pueden desempeñar perfectamente la función de financiar la actividad económica y mejorar el papel que han venido desempeñando siempre que se proceda a sanearlas convenientemente, que se reajuste su escala, se definan nuevas sinergias y se establezca un nuevo tipo organización y modo de funcionamiento que no las haga esclavas de poderes ajenos al interés público como en gran medida ha venido ocurriendo en los últimos años, cuando prácticamente se han limitado a clonar el modo de actuar de la banca privada.
Quinto, que son completamente inaceptables las propuestas de Fondo Monetario Internacional y de otros organismos tendentes a la progresiva privatización de las cajas por cuanto ello significará renunciar a las únicas entidades financieras que hoy día persiguen fines de interés social y, además, un grave quebranto para el erario público y para todos sus impositores y clientes. Y que tampoco se puede admitir que la reestructuración de las cajas se limite a reducir su cuota de mercado para que los bancos privados aumenten la suya y resuelvan así la descapitalización que han sufrido como consecuencia de sus estrategias irresponsables para aumentar beneficios.
En consecuencia de todo ello, ATTAC ESPAÑA reclama de los grupos parlamentarios que procedan a poner en marcha las iniciativas parlamentarias que sean precisas para que el gobierno que proceda con carácter de urgencia a la NACIONALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS.
Sin perjuicio del desarrollo más detallado que de esta propuesta se haga en sede parlamentaria oyendo al conjunto de los intereses sociales y no solo a las voces que representan a los intereses de los grupos financieros más poderosos, ATTAC España propone que esta medida se base en los siguientes principios:
a) Constitución de una Confederación Estatal de Bancos Públicos a partir de las cajas de ahorros actualmente existentes, con carácter de servicio público esencial con la misión de garantizar en todo caso el imprescindible flujo de crédito a la actividad económica; y de propiedad mixta, una parte mayoritaria procedente del Estado y otra de impositores, clientes o incluso de instituciones privadas con vocación de servicio público.
b) Conferir al esta Confederación bancaria pública el carácter y los principios de funcionamiento e inversión de la Banca Ética. Y particularmente la renuncia al afán de lucro, el mantenimiento de obra y responsabilidad social, la transparencia y la atención preferente a los sectores sociales con mayores dificultades para acceder a la financiación bancaria: medianas y pequeñas empresas, microempresas, familias de baja renta, jóvenes emprendedores y mujeres.
c) Esta Confederación Bancaria asumirá como horizonte a medio y largo plazo su progresiva renuncia al sistema de reserva fraccionaria para introducir y tratar de generalizar sistemas de financiación innovadores que no provoquen los problemas de inestabilidad e incremento artificial de deuda que están asociados al privilegio de creacion de dinero por esa vía del que goza la banca privada.
d) En todo caso, esta banca pública dedicada al crédito en la economía productiva tendría limitada y controlada la actividad puramente financiera que llevan a cabo la mayor parte de las actuales cajas de ahorro, y completamente prohibida la utilización de filiales y sociedades extraterritoriales domiciliadas en centros financieros offshore, conocidos como notorios paraísos fiscales.
e) El gobierno de esta Confederación de bancos públicos deberá establecerse de modo que se garantice siempre que la imprescindible presencia de los poderes públicos y los intereses sociales en sus órganos de dirección y control se dé en todo caso de conformidad con principios de estricta democracia, de pluralidad y plena transparencia, y particularmente, garantizando que existan contrapoderes efectivos que eviten la concentración indeseada de poder o la mera imposición de cuotas partidistas.
f) Dicha Confederación se conformará con entidades que en cada autonomía o nacionalidad mantendrán identidad, personalidad propia y autogobierno y que estarán dedicadas específicamente a la financiación de su economía, aunque permanecerán vinculadas para favorecerse de las sinergias de la confederación y comprometidas con las políticas de financiación estatales que se determinaran para cada territorio en su seno.
g) Sin perjuicio de que pudiera llevar a cabo cualquier otra actividad de financiación bancaria, la confederación de bancos públicos así constituida estaría destinada preferentemente a financiar la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo basado en el desarrollo regional entendido como el que fomenta la generación y uso sostenible de recursos endógenos, el sostenimiento de los servicios públicos esenciales como la enseñanza y la salud, la puesta en marcha de las políticas sociales y de igualdad, y en particular las de apoyo a los servicios de dependencia, la potenciación del emprendizaje y del capital-riesgo, el desarrollo de nuevos tipos de actividades o sectores profesionales y empresariales, la I+D+i pública y privada, la actividad de las pequeñas y medianas empresas, el microcrédito o el incremento de la productividad en el sector público, por citar los que se podrían considerar más importantes y prioritarios.
h) En el desarrollo de estas funciones la banca pública procurará no competir, ni tendrá por qué hacerlo, con la banca privada, toda vez que comporta un tipo de financiación de servicio público dedicada a cubrir precisamente las demandas de crédito que la banca privada está dejando de resolver.
i) Para fortalecer la estructura de esta confederación bancaria pública se dispondrá que se sume a ella (mediante los cambios legales necesarios) la estructura material y de personal del actual servicio de Correos que se encuentra prestando servicios a entidades bancarias privadas.
La opinión del economista Juan Torres López puedes leerla en su blog Ganas de escribir
Y para apoyar tu propuesta con tu firma en ATTAC - España
miércoles, 23 de junio de 2010
ZP aún no está electoralmente muerto
Belén Barreiro, presidenta del CIS y una de las personas que más saben de encuestas en España, sobre todo de encuestas electorales, era esta mañana la invitada del Foro de la Nueva Sociedad. Ha defendido la independencia y el buen hacer profesional del CIS, y ha dicho muchas otras cosas muy interesantes. Entre ellas, éstas:
- Que, en general, en las encuestas hay dos grandes asuntos en los que los encuestados son poco sinceros: el sexo y la política.
- Que hay tres datos que los encuestados se resisten especialmente a dar: su número de teléfono, sus ingresos y su intención de voto.
- Que encuesta tras encuesta del CIS, que ya lleva más de 30 años haciéndolas, los españoles se ubican mayoritariamente en el centroizquierda.
Barreiro no lo ha dicho de modo contundente, pero ha desgranado algunos datos que apuntan a que Zapatero no está aún electoralmente muerto:
-ZP es el único presidente de Gobierno de la historia reciente de España al que el líder de la oposición nunca le ha ganado en valoración en una encuesta del CIS. Aznar ganaba a Felipe González, sobre todo al final del ciclo del dirigente socialista; Zapatero ganaba a Aznar, especialmente a partir de la guerra de Irak. Pero Rajoy, pese a la crisis económica, nunca ha ganado aún a Zapatero. En el último Barómetro político del CIS, en abril pasado, Zapatero lograba, del 0 al 10, un suspenso, 3,71, pero Rajoy obtenía uno todavía mayor: 3,09.
- En ese mismo Barómetro, la mayoría de los encuestados dice que cree que el PP ganará las elecciones, pero al mismo tiempo la mayoría dice que le gustaría que las ganara el PSOE.
- Los asuntos económicos son muy importantes para los ciudadanos, pero en España ya se han dado dos casos en los que la situación económica no fue lo más importante a la hora de votar. En 1993, con crisis económica, el PSOE, que estaba en el Gobierno, ganó las elecciones. En 2004, con buena situación económica, el PP, que estaba en el Gobierno, las perdió.
¿Son indicios suficientes de que aún queda partido?
Es un comentario de Arsenio Escolar
- Que, en general, en las encuestas hay dos grandes asuntos en los que los encuestados son poco sinceros: el sexo y la política.
- Que hay tres datos que los encuestados se resisten especialmente a dar: su número de teléfono, sus ingresos y su intención de voto.
- Que encuesta tras encuesta del CIS, que ya lleva más de 30 años haciéndolas, los españoles se ubican mayoritariamente en el centroizquierda.
Barreiro no lo ha dicho de modo contundente, pero ha desgranado algunos datos que apuntan a que Zapatero no está aún electoralmente muerto:
-ZP es el único presidente de Gobierno de la historia reciente de España al que el líder de la oposición nunca le ha ganado en valoración en una encuesta del CIS. Aznar ganaba a Felipe González, sobre todo al final del ciclo del dirigente socialista; Zapatero ganaba a Aznar, especialmente a partir de la guerra de Irak. Pero Rajoy, pese a la crisis económica, nunca ha ganado aún a Zapatero. En el último Barómetro político del CIS, en abril pasado, Zapatero lograba, del 0 al 10, un suspenso, 3,71, pero Rajoy obtenía uno todavía mayor: 3,09.
- En ese mismo Barómetro, la mayoría de los encuestados dice que cree que el PP ganará las elecciones, pero al mismo tiempo la mayoría dice que le gustaría que las ganara el PSOE.
- Los asuntos económicos son muy importantes para los ciudadanos, pero en España ya se han dado dos casos en los que la situación económica no fue lo más importante a la hora de votar. En 1993, con crisis económica, el PSOE, que estaba en el Gobierno, ganó las elecciones. En 2004, con buena situación económica, el PP, que estaba en el Gobierno, las perdió.
¿Son indicios suficientes de que aún queda partido?
Es un comentario de Arsenio Escolar
martes, 22 de junio de 2010
Planificar el futuro. José Luis Blanco Romero. Parlamentario Socialista de Andalucía
CON la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, se estableció el marco general y las bases para la vertebración equilibrada de nuestra Comunidad Autónoma. Ésta debe articularse a través de los correspondientes Planes de Ordenación de Ámbito Subregional o Comarcal, priorizándose los correspondientes a las grandes áreas metropolitanas que se configuran en el entorno de las grandes ciudades, el litoral y las poblaciones intermedias.
En la provincia de Cádiz, el proceso está muy avanzado ya que cuenta con un documento en vigor, el correspondiente a la Bahía de Cádiz, que se está revisando para un ámbito territorial más amplio que incluye a Jerez. Están en la última fase de la tramitación administrativa para su aprobación definitiva los correspondientes a La Janda y Costa Noroeste, mientras que el del Campo de Gibraltar ha superado recientemente el periodo de exposición pública y presentación de alegaciones que se están estudiando. Sólo queda pendiente de contratar la redacción del de la Sierra.
La aprobación de los planes comarcales es un proceso complejo, tanto desde el punto de vista técnico como político, que parte del riguroso trabajo profesional de un equipo de expertos, exige un gran esfuerzo de interlocución con los agentes económicos y sociales y de coordinación y consenso entre los responsables institucionales de las diferentes administraciones públicas que operan en el territorio de referencia. Estos documentos deben fijar las infraestructuras, equipamientos y servicios supramunicipales, establecer las bases de los desarrollo compartidos y servir de base al planeamiento local.
Resulta sorprendente que quienes no han comparecido en todo el proceso lo hagan en el tramo final para exponer sus reservas, con lo que demuestran una falta de respeto a todos los interlocutores que han participado en la elaboración aportando sus propios planteamientos. Está muy extendido este hábito de sentar cátedra de forma intempestiva y a destiempo, en una suerte de despotismo ilustrado de quienes se sienten, no ya interlocutores privilegiados, sino poseedores exclusivos de la razón.
Se ha pretendido descalificar los Planes de Ordenación del Territorio de La Janda y la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz con el consabido argumento de la especulación urbanística y de supuestos planteamientos desarrollistas, sobre la base de afirmaciones genéricas y del virtuosismo perverso en el manejo de la vieja técnica de "calumnia que algo queda", sobre todo, si hablamos de asuntos que se relacionan con la construcción.
Para estos supuestos faros de las vanguardias, es absurdo ofrecer proyectos de futuro estando en crisis y plantear alternativas de desarrollo porque, según su criterio, carecerían de rentabilidad económica. Al parecer, porque estamos en crisis, tenemos que renunciar, por siempre jamás, a cualquier tipo de desarrollo ya sea turístico o inmobiliario, agrario o industrial. Llama la atención que, al mismo tiempo que se duda de sus potenciales beneficios, se califiquen de pelotazos urbanísticos.
En este juego cínico de la doble moral, merecen una mención especial algunos portavoces del PP y de IU, que apoyan los planes comarcales desde los ayuntamientos en los que gobiernan y luego los descalifican en sede parlamentaria y a través de los medios de comunicación. Son los mismos que se escandalizan por las viviendas irregulares de Chiclana y cierran los ojos en cuanto pasan a los términos municipales colindantes de Conil (que tiene el récord), Puerto Real o El Puerto de Santa María. En un alarde de incoherencia, descalifican las "áreas de actividades productivas" en sus posicionamientos provinciales, pero exigen que se les asignen en los municipios que gobiernan.
Por el contrario y como ha reiterado el presidente Griñan, nuestra apuesta debe ser el desarrollo sostenible y la economía de la igualdad, sobre la base de hacer mejor lo que ya hacemos bien: avanzar hacia la excelencia en aquellas actividades en las que ya somos competitivos mediante la presentación de una oferta turística diversificada y de calidad en continua renovación para adaptarse a las demandas emergentes; profundizar en la modernización de un sector agrícola y ganadero que incorpore cada vez con mayor intensidad procesos de elaboración y transformación industrial con capacidad para competir en los mercados internacionales; apostar por la cualificación del factor humano a través de la educación y el acceso a las nuevas tecnologías; consolidar un sector de la construcción más acorde con las necesidades y demandas de la ciudadanía y priorizar la especialización industrial tecnológicamente avanzada y asociada a sectores estratégicos tales como la aeronáutica y las energías renovables.
Esto es lo que se pretende articular en nuestra provincia a través de los planes comarcales en marcha. Un modelo de desarrollo económico sostenible que desde la diversificación productiva pretende aprovechar las ventajas comparativas derivadas de nuestra posición geoestratégica como territorio de frontera sur de Europa, vértice para el tránsito de personas y mercancías y espacio privilegiado para los intercambios.
En los planes comarcales en elaboración, las potenciales oportunidades detectadas para el desarrollo económico sostenible se canalizan a través de las llamadas "Áreas de Actividades Productivas" que pueden estar vinculadas a la logística, el turismo, la industria estratégica, la industria asociada a la agricultura y la ganadería y los usos residenciales. Para hacer frente al grave problema de las construcciones irregulares, se contemplan los "Programas de Actuación Municipal en Suelos no Urbanizables", como vehículos para la legalización de viviendas a través de procedimientos reglados que exigen un riguroso trabajo de diagnóstico, antecedentes históricos, inventario y planes de actuación para cubrir las carencias de infraestructuras, servicios y dotaciones públicas.
Los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional, planes comarcales, pretenden desde el diálogo y el consenso sentar las bases para avanzar hacia un modelo de desarrollo económico y social sostenible. Deben ser concretados y canalizados por los planes urbanísticos municipales de acuerdo con criterios de oportunidad, de disponibilidad de los recursos endógenos, y de participación de la iniciativa pública y privada. En principio, ya tienen un aspecto muy positivo y demandado: que los planes y los planos estén elaborados, discutidos y aprobados antes que se construyan las casas.
En la provincia de Cádiz, el proceso está muy avanzado ya que cuenta con un documento en vigor, el correspondiente a la Bahía de Cádiz, que se está revisando para un ámbito territorial más amplio que incluye a Jerez. Están en la última fase de la tramitación administrativa para su aprobación definitiva los correspondientes a La Janda y Costa Noroeste, mientras que el del Campo de Gibraltar ha superado recientemente el periodo de exposición pública y presentación de alegaciones que se están estudiando. Sólo queda pendiente de contratar la redacción del de la Sierra.
La aprobación de los planes comarcales es un proceso complejo, tanto desde el punto de vista técnico como político, que parte del riguroso trabajo profesional de un equipo de expertos, exige un gran esfuerzo de interlocución con los agentes económicos y sociales y de coordinación y consenso entre los responsables institucionales de las diferentes administraciones públicas que operan en el territorio de referencia. Estos documentos deben fijar las infraestructuras, equipamientos y servicios supramunicipales, establecer las bases de los desarrollo compartidos y servir de base al planeamiento local.
Resulta sorprendente que quienes no han comparecido en todo el proceso lo hagan en el tramo final para exponer sus reservas, con lo que demuestran una falta de respeto a todos los interlocutores que han participado en la elaboración aportando sus propios planteamientos. Está muy extendido este hábito de sentar cátedra de forma intempestiva y a destiempo, en una suerte de despotismo ilustrado de quienes se sienten, no ya interlocutores privilegiados, sino poseedores exclusivos de la razón.
Se ha pretendido descalificar los Planes de Ordenación del Territorio de La Janda y la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz con el consabido argumento de la especulación urbanística y de supuestos planteamientos desarrollistas, sobre la base de afirmaciones genéricas y del virtuosismo perverso en el manejo de la vieja técnica de "calumnia que algo queda", sobre todo, si hablamos de asuntos que se relacionan con la construcción.
Para estos supuestos faros de las vanguardias, es absurdo ofrecer proyectos de futuro estando en crisis y plantear alternativas de desarrollo porque, según su criterio, carecerían de rentabilidad económica. Al parecer, porque estamos en crisis, tenemos que renunciar, por siempre jamás, a cualquier tipo de desarrollo ya sea turístico o inmobiliario, agrario o industrial. Llama la atención que, al mismo tiempo que se duda de sus potenciales beneficios, se califiquen de pelotazos urbanísticos.
En este juego cínico de la doble moral, merecen una mención especial algunos portavoces del PP y de IU, que apoyan los planes comarcales desde los ayuntamientos en los que gobiernan y luego los descalifican en sede parlamentaria y a través de los medios de comunicación. Son los mismos que se escandalizan por las viviendas irregulares de Chiclana y cierran los ojos en cuanto pasan a los términos municipales colindantes de Conil (que tiene el récord), Puerto Real o El Puerto de Santa María. En un alarde de incoherencia, descalifican las "áreas de actividades productivas" en sus posicionamientos provinciales, pero exigen que se les asignen en los municipios que gobiernan.
Por el contrario y como ha reiterado el presidente Griñan, nuestra apuesta debe ser el desarrollo sostenible y la economía de la igualdad, sobre la base de hacer mejor lo que ya hacemos bien: avanzar hacia la excelencia en aquellas actividades en las que ya somos competitivos mediante la presentación de una oferta turística diversificada y de calidad en continua renovación para adaptarse a las demandas emergentes; profundizar en la modernización de un sector agrícola y ganadero que incorpore cada vez con mayor intensidad procesos de elaboración y transformación industrial con capacidad para competir en los mercados internacionales; apostar por la cualificación del factor humano a través de la educación y el acceso a las nuevas tecnologías; consolidar un sector de la construcción más acorde con las necesidades y demandas de la ciudadanía y priorizar la especialización industrial tecnológicamente avanzada y asociada a sectores estratégicos tales como la aeronáutica y las energías renovables.
Esto es lo que se pretende articular en nuestra provincia a través de los planes comarcales en marcha. Un modelo de desarrollo económico sostenible que desde la diversificación productiva pretende aprovechar las ventajas comparativas derivadas de nuestra posición geoestratégica como territorio de frontera sur de Europa, vértice para el tránsito de personas y mercancías y espacio privilegiado para los intercambios.
En los planes comarcales en elaboración, las potenciales oportunidades detectadas para el desarrollo económico sostenible se canalizan a través de las llamadas "Áreas de Actividades Productivas" que pueden estar vinculadas a la logística, el turismo, la industria estratégica, la industria asociada a la agricultura y la ganadería y los usos residenciales. Para hacer frente al grave problema de las construcciones irregulares, se contemplan los "Programas de Actuación Municipal en Suelos no Urbanizables", como vehículos para la legalización de viviendas a través de procedimientos reglados que exigen un riguroso trabajo de diagnóstico, antecedentes históricos, inventario y planes de actuación para cubrir las carencias de infraestructuras, servicios y dotaciones públicas.
Los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional, planes comarcales, pretenden desde el diálogo y el consenso sentar las bases para avanzar hacia un modelo de desarrollo económico y social sostenible. Deben ser concretados y canalizados por los planes urbanísticos municipales de acuerdo con criterios de oportunidad, de disponibilidad de los recursos endógenos, y de participación de la iniciativa pública y privada. En principio, ya tienen un aspecto muy positivo y demandado: que los planes y los planos estén elaborados, discutidos y aprobados antes que se construyan las casas.
lunes, 21 de junio de 2010
“Ahora es el momento de promover un impuesto mundial sobre las transacciones financieras”
Los eurodiputados progresistas han pedido hoy a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que acuerden una posición común sobre un impuesto para las transacciones financieras.
Los eurodiputados afirman que un índice impositivo de solo el 0.05 por ciento produciría ingresos de hasta doscientos cincuenta mil millones de euros en Europa y ayudaría a evitar los dolorosos recortes del gasto y a crear millones de empleos, si se invierten en la economía. El Parlamento Europeo ya apoyó una propuesta sobre ese impuesto en marzo.
El portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios de los Socialistas y Demócratas del Parlamento, Udo Bullmann, de Alemania, dijo: “Dada la estrecha y reacia valoración realizada por la Comisión hasta el momento de la petición del Parlamento de un estudio de la viabilidad de ese impuesto y ante la decepcionante falta de acción en la reciente reunión de los ministros de Finanzas del G20, es ahora más urgente que nunca que el Consejo de la UE alcance una posición común de la UE sobre el impuesto, mostrando una clara y fuerte determinación política.
“Avanzar en el impuesto sobre las transacciones financieras significa ser serios en la prevención de las transacciones muy especulativas y restaurar el equilibrio adecuado del sistema financiero mundial. Si Europa quiere convencer a los ciudadanos de la UE de que hemos aprendido las lecciones de la crisis financiera mundial, ahora es el momento de asumir el liderazgo y hacer que todos, especialmente los especuladores, paguen su parte”.
La eurodiputada socialista griega Anni Podimata, que preparará un informe sobre financiación innovadora: “La renuencia de Estados Unidos y de otros países no es un argumento detrás del cual podamos escondernos ya. El Consejo Europeo debería ofrecer una señal clara a los mercados y a la próxima cumbre del G20 en Toronto de que la UE está lista y, si es necesario, avanzará por sí misma.
“Fiscalizar las transacciones financieras asegurará que el sistema financiero es más transparente y que funciona adecuadamente, centrándose no solo en la especulación, sino en las necesidades económicas reales. Al mismo tiempo, se convertirá en una fuente innovadora de financiación de las futuras necesidades no solo en relación con la estrategia UE 2020, sino también respecto al desarrollo global y a los objetivos mundiales para el cambio climático”.
Los eurodiputados afirman que un índice impositivo de solo el 0.05 por ciento produciría ingresos de hasta doscientos cincuenta mil millones de euros en Europa y ayudaría a evitar los dolorosos recortes del gasto y a crear millones de empleos, si se invierten en la economía. El Parlamento Europeo ya apoyó una propuesta sobre ese impuesto en marzo.
El portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios de los Socialistas y Demócratas del Parlamento, Udo Bullmann, de Alemania, dijo: “Dada la estrecha y reacia valoración realizada por la Comisión hasta el momento de la petición del Parlamento de un estudio de la viabilidad de ese impuesto y ante la decepcionante falta de acción en la reciente reunión de los ministros de Finanzas del G20, es ahora más urgente que nunca que el Consejo de la UE alcance una posición común de la UE sobre el impuesto, mostrando una clara y fuerte determinación política.
“Avanzar en el impuesto sobre las transacciones financieras significa ser serios en la prevención de las transacciones muy especulativas y restaurar el equilibrio adecuado del sistema financiero mundial. Si Europa quiere convencer a los ciudadanos de la UE de que hemos aprendido las lecciones de la crisis financiera mundial, ahora es el momento de asumir el liderazgo y hacer que todos, especialmente los especuladores, paguen su parte”.
La eurodiputada socialista griega Anni Podimata, que preparará un informe sobre financiación innovadora: “La renuencia de Estados Unidos y de otros países no es un argumento detrás del cual podamos escondernos ya. El Consejo Europeo debería ofrecer una señal clara a los mercados y a la próxima cumbre del G20 en Toronto de que la UE está lista y, si es necesario, avanzará por sí misma.
“Fiscalizar las transacciones financieras asegurará que el sistema financiero es más transparente y que funciona adecuadamente, centrándose no solo en la especulación, sino en las necesidades económicas reales. Al mismo tiempo, se convertirá en una fuente innovadora de financiación de las futuras necesidades no solo en relación con la estrategia UE 2020, sino también respecto al desarrollo global y a los objetivos mundiales para el cambio climático”.
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