De verdad no hay más remedio que cargarse la educación para salir de la crisis? ¿Qué especie de locura afecta a unos políticos que le aplican una rebaja lineal del 20% a cualquier partida del gasto como si fueran simples mercancías? ¿Alguien en su sano juicio piensa que el profesorado trabaja poco? ¿No habíamos quedado en que la educación era una inversión y no un gasto?
No cabe mayor despropósito en estas primeras decisiones de los gobiernos autonómicos del partido Popular. A pesar de la falta total de consenso político, sí parecía haber una serie de cuestiones que no se discutían, como la necesidad de luchar con más recursos contra un fracaso vergonzante que triplica el de la OCDE (dado que seguimos invirtiendo menos que la media), reforzar la autoridad de los profesores (estatuto de funcionarios), mejorar su prestigio social e incentivar que los mejores estudiantes se dediquen a la enseñanza y la investigación.
Pues bien, se está haciendo exactamente lo contrario: recortando el gasto para la diversificación, desdoble y tutorías que combaten este fracaso, denigrándoles públicamente al acusarles falsamente de trabajar poco ('veinte horas a la semana', 'menos que los funcionarios') o manifestarse, meramente por motivos políticos (acusándoles en falso de ser representantes sindicales).
A la torpeza que supone socavar los únicos pilares sobre los que transformar la estructura económica y social de este país arruinado y emigrante, se suma la chispa que avivará previsiblemente un otoño caliente al socaire del probable triunfo de este partido en las elecciones del 20N. Faltan dos telediarios para que el movimiento del sector educativo conecte con el de los indignados, con el que comparte la base social y buena parte de los intereses, y se creen las condiciones para una fuerte contestación social que alimentará los conflictos de los próximos meses unida a las protestas sindicales provocadas por el previsible recorte de las prestaciones sociales al desempleo, reformas laborales, etc. con las que se estrenará el próximo gobierno.
O es una estrategia para adelantarle los deberes al gobierno de Rajoy, asumiendo la conflictividad de los recortes o forma parte de una agenda cada vez más difícil de ocultar, que pretende favorecer la educación concertada y privada, aunque sea al coste de desprestigiar y hundir la pública. De hecho, en la Comunidad de Madrid hay casi 50.000 alumnos menos matriculados en la pública y 24.000 más que el curso pasado en la concertada y la privada.
Para quienes creemos que la educación pública y gratuita es el único mecanismo real de movilidad social y por tanto el mejor instrumento de justicia social, esta guerra, provocada o fortuita, es una muy mala noticia, porque aleja la esperanza de cambio para una sociedad con un paro tercermundista, un fracaso escolar vergonzante y una generación condenada a la emigración.
La pregunta es ¿por qué?
Publicado en La Voz de Cádiz
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