Las primarias, una oportunidad

Gran parte de los análisis políticos que leemos en las últimas semanas ven en las primarias un problema. Influenciados por los estudios académicos o por experiencias pasadas, se ha acabado extendiendo la idea de que las primarias tienen más costes que beneficios. Se hace excesivo énfasis en el "ruido" que se genera y, en cambio, no se presta atención a sus potencialidades. Pero, como en otros muchos temas de estudio, esta conclusión es cuestionable.

En primer lugar, elegir a los candidatos a través del voto directo y secreto de la militancia da un mayor protagonismo a los afiliados. Si los militantes se sienten partícipes de un proceso tan importante, su motivación aumentará y su implicación en la campaña electoral será mucho mayor.

En la sucesión de Aznar se optó por el método menos democrático posible

Estudios de sociología política han demostrado que los afiliados a los partidos pueden marcar la diferencia a la hora de aumentar los apoyos electorales: en aquellos lugares donde son más numerosos y más activos, los partidos políticos obtienen mejores resultados.

Además, no solo los que ya forman parte de la organización se sentirán más motivados. Simpatizantes y votantes próximos al partido pueden tener ahora más incentivos para afiliarse. Si sienten que van a tener protagonismo, la militancia es mucho más atractiva y, de nuevo, a mayor militancia, mayores expectativas electorales.

En segundo lugar, dado que este proceso de selección de candidatos todavía no es muy habitual en España, goza de una gran proyección mediática. Cada vez que el Partido Socialista ha hecho uso de las primarias, los medios de comunicación han destinado numerosos espacios a informar de él. Si los candidatos saben utilizar esta oportunidad, el Partido Popular debería sentirse incómodo.

En el caso de las primarias en Madrid, este protagonismo en la agenda era muy necesario. Realizar la tarea de oposición en la Comunidad de Madrid no es sencillo. Por un lado, los medios de comunicación públicos son de un enorme partidismo. De hecho, los ciudadanos madrileños declaran en las encuestas del CIS sobre calidad de la democracia que sus medios de comunicación públicos son los más sesgados de toda España.

Por otro, en Madrid la política nacional lo empapa todo y las cuestiones regionales ocupan una posición secundaria en la agenda. Gracias al proceso de primarias, el Partido Socialista va a tener el protagonismo que no ha disfrutado en los últimos años y va a poder poner de manifiesto la mala gestión de Esperanza Aguirre.

En tercer lugar, la vida interna de los partidos traslada información muy valiosa a los votantes. Por ello, las primarias indican algo más que una forma de seleccionar candidatos. En política, los conflictos se pueden resolver de muchas formas. En el Partido Popular, cuando estaba en juego la sucesión de José María Aznar, se optó por el método menos democrático posible. En cambio, en el Partido Socialista, cuando surge un dilema, se opta por la democracia, ya sea en forma de congresos abiertos y competitivos o de primarias. Son dos formas radicalmente distintas de entender la política.

Estas diferencias no son una anécdota. Estas distintas visiones sobre como resolver los problemas son un reflejo de la acción política diaria. Si echamos la mirada a los últimos años, veremos que desde que el Partido Popular pasó a la oposición, ha tratado de ganar en algunas instituciones lo que perdió en las urnas. Así, por ejemplo, el boicoteo a la renovación del Tribunal Constitucional responde a esta visión de la democracia.

En definitiva, las primarias que va a celebrar el Partido Socialista en algunas comunidades autónomas pueden ser una gran oportunidad: activan a la militancia, dan mayor visibilidad al proyecto político y reflejan el talante democrático de la formación.

Esto no significa que las primarias deban generalizarse. Siempre existe la tentación de usar este tipo de procesos para fines totalmente distintos de lo que se persigue: seleccionar a los mejores.

En ocasiones, algunos grupos pueden tener la tentación de utilizarlas con propósitos totalmente equivocados: ajustar cuentas internas, tener un lugar bajo el sol en las futuras listas electorales o por el mero hecho de sentirse protagonistas por un día. Cuando estos son los objetivos, el ruido se impone a las oportunidades que ofrecen.

Por ello, si el Partido Socialista es capaz de aprovechar los beneficios de las primarias, su expectativas electorales aumentarán y podrán sentarse las bases para recuperar los Gobiernos donde está en la oposición.

Ignacio Urquizu es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.

La importancia de la huelga general, por Vicenç Navarro

Agradezco a la dirección de Público que me permita adelantar esta semana la columna que escribo cada jueves en este diario con la finalidad de alentar al lector a que se sume a la huelga general, un evento de extraordinaria importancia, con amplias repercusiones sobre el bienestar de la población en España y, muy en particular, de sus clases populares. El establishment español (las instituciones, fuerzas políticas, grupos empresariales y financieros y mayores medios de información que dominan la vida política, económica, financiera y mediática del país) está imponiendo unas políticas con el objetivo último de disminuir los salarios de los trabajadores y recortar la financiación del ya poco desarrollado Estado del bienestar (el gasto público social por habitante continúa a la cola de la UE-15, el grupo de países de la UE más próximos a nosotros por su nivel de desarrollo económico). La única diferencia entre los distintos sectores del establishment es la intensidad de los recortes. Las derechas en la oposición reclaman incluso más recortes. PP, CiU y PNV están pidiendo más reducciones del número de trabajadores en los servicios públicos del Estado del bienestar –sanidad, educación, servicios domiciliarios, escuelas de infancia, entre otros– en el país que tiene menos empleados públicos de la UE-15 (el 10% de la población adulta, comparado con el 15% en la UE-15 y el 25% en Suecia). Nunca antes durante la democracia el Estado del bienestar y la calidad de vida de la población habían estado tan amenazados. No hay duda de que estas políticas afectarán negativamente a la gran mayoría de ciudadanos y a sus descendientes.

El establishment español es consciente de que estas medidas son impopulares, pero las defiende como necesarias y como las únicas posibles, indicando que no hay alternativas. Se necesitan –dice tal establishment– para calmar a los mercados financieros, que compran la deuda soberana española. Y hemos visto la visita del presidente Zapatero a Wall Street (el centro financiero de EEUU) como un acto de vasallaje a la banca estadounidense, para asegurarles que será duro y no vacilará en imponer medidas impopulares al pueblo español. Y así lo han promovido los medios de mayor difusión, al subrayar que tales medidas son la medicina amarga necesaria para salvar al paciente (la economía española). Y toman como prueba de recuperación los débiles indicadores de un minúsculo crecimiento económico.

Estas explicaciones son erróneas. En primer lugar, el mayor problema que tiene España es el desempleo, el más elevado de la UE-15. La cifra de desempleo (el 19% de la población activa) es conocida. Pero la que no se conoce es que el 46% de la población empleada tiene miedo a perder el puesto de trabajo. De ahí que el criterio de evaluación de las políticas públicas debiera ser su capacidad de creación de empleo. Y las políticas de austeridad del gasto público están destruyendo empleo.

El problema económico al que España se enfrenta se debe a la disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional durante estos 15 años, con el consiguiente endeudamiento de las familias. Al colapsarse el crédito, se creó el enorme problema de la falta de capacidad de consumo, cayendo la demanda en picado y disparándose el desempleo. Y, por otra parte, el enorme crecimiento de las rentas del capital, facilitado por los comportamientos especulativos de la banca, determinó una serie de burbujas –la última, la inmobiliaria– que, al estallar, crearon el enorme problema de la falta de crédito. Los siguientes datos sintetizan esta realidad. Entre 1995 y 2005, los costes laborales en España aumentaron sólo un 3,7%, cinco veces menos que la media de la UE-15, del 18,2%. Mientras, las empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (más del doble de la media de la UE-15, un 33%), siendo las empresas bancarias españolas las que tenían y tienen más beneficios de la UE-15 y, a la vez, las que dificultan más el acceso al crédito.

Esta polarización de las rentas ha creado un grave problema de demanda, consecuencia de la enorme disminución de la capacidad adquisitiva de la población y la escasez de crédito, problemas que requieren una expansión muy notable del gasto público en creación de puestos de trabajo (muy en particular en las áreas deficitarias de empleo, como son los servicios del Estado del bienestar) y en nuevas industrias como las verdes y ecológicas. El problema que dificulta la aplicación de tales políticas expansivas es que, como consecuencia de la enorme reducción de impuestos de estos últimos 20 años, que ha beneficiado a las rentas del capital y rentas superiores, el Estado está también profundamente endeudado. Esta disminución de los impuestos es una de las causas de que disminuyeran los ingresos al Estado –pasaron de representar el 41% del PIB en 2007 al 34% en 2009– y de que crecieran el déficit y el endeudamiento públicos. Ahora bien, estas políticas fiscales regresivas pueden y deben corregirse. Expertos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han calculado que el Estado podría ingresar 38.000 millones de euros fácil e inmediatamente (una cantidad mayor que la conseguida con los recortes de derechos) corrigiendo algunas de estas medidas regresivas sin tocar el bolsillo de la mayoría de la ciudadanía.

En lugar de ello, el Gobierno ha hecho unos retoques claramente minúsculos sin mostrar ninguna voluntad de corregir la polarización de las rentas. Y los partidos conservadores están incluso pidiendo mayores recortes de impuestos en favor de los ricos. Tales políticas, además de ser profundamente injustas, son contrarias a las que se necesitan para salir de la crisis. Nunca un país ha salido de una gran recesión siguiendo políticas de austeridad en el gasto público.

De ahí la enorme necesidad de que la población se movilice en contra de tales políticas. Y puede cambiarlas. Así ocurrió en la Unión Europea cuando el establishment europeo había propuesto alargar la semana laboral a 65 horas. Las movilizaciones pararon aquella directiva. Y lo mismo ocurrió en España. Las huelgas generales anteriores pararon reformas negativas y estimularon el crecimiento del gasto público. Y lo mismo puede y debe ocurrir ahora.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso

29 septiembre: EL MANIFIESTO DE LOS VETERANOS

José Luis López Bulla, José María Zufiaur, Nicolás Redondo, Julián Ariza, Antón Saracíbar, Nicolás Sartorius, José María Romero, Eduardo Saborido, Miguel Ángel Ordóñez, Rafael Pillado, Suso Mosquera, Tomás Tueros, Carlos Trevilla, Antonio Montalbán

El Gobierno, en contradicción con sus promesas electorales y sus declaraciones de no proceder a recortes de derechos sociales, ha adoptado una serie de medidas que entendemos lesivas para los trabajadores y otros colectivos sociales, así como para la recuperación de nuestra economía.

Somos conscientes de que nuestro país atraviesa una profunda crisis. La percepción que tenemos es que durante demasiado tiempo se ha producido un visible desajuste entre la gravedad de la situación y las medidas adoptadas para enfrentarla. La responsabilidad, en este aspecto, aunque no única, recae en el Gobierno, cuyo retraso en reaccionar ha sido grave. Tanto es así, que con la crisis ya declarada, el Gobierno adoptó una serie de medidas fiscales temerarias- eliminación del impuesto del Patrimonio, deducción de 400 euros y otras- que han agravado el déficit, mermado la capacidad inversora del Estado y su propio margen de maniobra ante la crisis. De otro lado, si bien es cierto que la crisis financiera y sus efectos tienen dimensión internacional y origen en los EE.UU., no es menos cierto que nuestra crisis inmobiliaria y de modelo productivo estaba pronosticada desde hace años, sin que se adoptaran medidas enérgicas para corregir una deriva que, al final, nos ha llevado a esos más de 4 millones de parados. Crisis inmobiliaria que tuvo su origen en gobiernos de la derecha pero que nadie quiso o pudo atajar a tiempo.

Ha sido necesaria la presión de las instituciones de la UE y otras, ante la puesta en cuestión de la solvencia de nuestro país por los mercados financieros, para que se precipitaran aquí medidas drásticas- y nos tememos que improvisadas- todas ellas, de momento, en perjuicio de los sectores populares y, en consecuencia, desequilibradas. Al impulso de tales decisiones se ha subordinado totalmente la reducción del paro a la reducción del déficit, siempre desde el recorte del gasto y la inversión, sin afectar para nada a los que más tienen y aumentando el IVA, que pagan por igual los pudientes que las rentas modestas. Déficit que, sin duda, hay que combatir pero sin sacrificar la recuperación de la economía y, sobre todo, de manera equitativa. El problema de España no es que se gasta demasiado sino que se recauda demasiado poco, pues tenemos una presión fiscal 7 puntos por debajo de la media europea y 11 con relación a los países más avanzados. Si sacrificamos la inversión y el consumo corremos el riesgo de estar años sin crecer lo suficiente y la situación de desempleo se agravará aún más. No podemos olvidar que la peor situación es aquella en que se realizan drásticos ajustes fiscales al tiempo que no llega el crédito del sistema financiero. En este sentido, sorprende el que un Gobierno como el actual haya decidido hacer este tipo de ajuste porque, en nuestra opinión, hay otras opciones menos traumáticas frente a la crisis y, desde luego, más equitativas.

Dicho lo anterior, es preciso destacar que las medidas tomadas tanto en España como en los demás países de la UE se inscribirían en una lógica que, de no combatirse, conducirían a la idea de que para competir en los mercados globales Europa tiene que recortar su Estado de Bienestar. Tal idea no es nueva y se presenta con fuerza cada vez que hay una crisis económica, cuando se pretende presentar como criterios de la ciencia económica lo que no es más que vieja ideología conservadora de sobrada insolvencia. Lo peligroso de un periodo como el actual es que en él concurren la hegemonía política de la derecha en casi toda Europa y la falta de un proyecto claro de la izquierda, lo que hace temer que esta vez los recortes pueden ser, si no lo evitamos, además de profundos de difícil arreglo. Y especialmente delicado en el caso de España donde contamos con una derecha que no sólo no ha hecho nada para salir de la crisis sino que acentuaría el carácter antisocial de las medidas.

Sabemos que, precisamente para salvar el Estado de bienestar, es necesario introducirle reformas. En Europa y en España hay que aumentar la productividad, reformar la empresa, modernizar el aparato productivo. Pero todo esto no se hará en contra de los que tienen que aplicar las reformas, ¿alguien cree que se puede aumentar la productividad de una economía basada en la innovación, reduciendo salarios y recortando derechos sociales?. Queremos llamar la atención de que además de ser radicalmente injusto que la crisis la paguen los que no han tenido ninguna responsabilidad en ella, mientras que aquellos que la han tenido toda solo reciben ayudas y subvenciones, es absurdo pretender mantener el modelo social europeo sin una fiscalidad suficiente que grave a las rentas, beneficios y capitales más altos. Las gravosas deudas de hoy son las insuficiencias fiscales de ayer.

Siguiendo en el campo de las reformas ahí está, como ejemplo, lo que se ha venido haciendo desde mediados de los años 90 con la puesta en marcha del Pacto de Toledo sobre las pensiones, que era un ejemplo de sensatez. Lo rechazable ahora, es que se tomen unilateralmente medidas desproporcionadas y que se rompan marcos de diálogo y participación de los agentes sociales, como ha ocurrido con una decisión tan torpe políticamente como injusta socialmente, esto es, la congelación de las pensiones para el 2011. Congelación que no contribuye para nada a reducir el déficit, cuenta con la oposición de la mayoría del Parlamento y deja en manos de la derecha una baza importante.

Respecto de la reforma laboral, tras la experiencia de más de sesenta modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, algunas tan profundas como las de 1984, 1994 y 2002, su virtualidad ha sido y será prácticamente nula para la generación de empleo pues, de entrada, facilita y abarata los despidos, aumenta el poder de disposición de las empresas sobre la mano de obra, debilita a los sindicatos y hace retroceder el papel del Estado en su función de tutelar las condiciones de vida y de trabajo. El mercado de trabajo es consecuencia del modelo productivo y no al revés. Mientras éste no cambie aquel no se estabilizará.

No es casual que, en este contexto se haya recrudecido, en abundantes plataformas de opinión, la campaña de desprestigio de los sindicatos. Al fin y al cabo son la principal fuerza social que, a pesar de todo, sigue teniendo capacidad para oponerse a estas medidas tan desequilibradas. Sobre los sindicatos recae, a fin de cuentas, buena parte de la responsabilidad de mejorar el modelo social europeo y contribuir a equilibrar la política que emana de las instituciones de la UE. Convendría que las fuerzas progresistas no olvidaran que sólo desde la movilización social a nivel europeo la izquierda retomara el pulso y la capacidad de llevar adelante un proyecto más justo socialmente y económicamente más eficaz. No nos estamos jugando un ajuste para paliar el endeudamiento de un país sino evitar un retroceso histórico de conquistas y derechos de los ciudadanos europeos. No se trata de permanecer estáticos sino de reformar para mejorar y salir de la crisis.

Desde la conciencia de que esto es así, en la convicción de que puede corregirse tal deriva y con la experiencia de que para conseguirlo es necesaria la movilización social, quienes suscribimos este documento -personas que asumimos, en su día, responsabilidades en la lucha de las CC.OO. y UGT durante la dictadura franquista, en el tránsito pacífico a la democracia y en el devenir del movimiento sindical durante el periodo democrático- hacemos un llamamiento a trabajadores y ciudadanos para que participen en las movilizaciones acordadas en unidad por los sindicatos y en la huelga general del día 29 de septiembre. Acción que persigue el objetivo de hacer rectificar la política económica del Gobierno, lesiva para los derechos de los trabajadores, haciéndola coincidir con la jornada de movilizaciones a escala europea convocada por los sindicatos de la CES, pues es en ese espacio, donde se libra la gran tarea de salir de la crisis y mejorar el estado del bienestar. Nos jugamos todos mucho.

Madrid, 7 de septiembre de 2010.

Documentos relacionados

Monográficos

• 29S: Los motivos de la huelga
  

Nicolás Redondo, Julián Ariza, Antón Saracíbar, Nicolás Sartorius, José María Zufiaur, José Luís López Bulla, José María Romero, Eduardo Saborido, Miguel Ángel Ordóñez, Rafael Pillado, Suso Mosquera, Tomás Tueros, Carlos Trevilla y Antonio Montalbán.

Todos ellos, dirigentes sindicales de CC.OO., UGT y USO durante el franquismo y la transición democrática.

ESPACIO PLURAL. Manifiesto fundacional

Los partidos que suscribimos este manifiesto hemos decidido constituir un espacio estable de relaciones y coordinación, para impulsar políticas desde la izquierda la concepción plurinacional del Estado, el ecologismo y el feminismo, con el nombre de Espacio Plural.

Espacio Plural nace en tiempos de crisis. El planeta, nuestras sociedades, soportan diferentes crisis: la crisis económica y financiera, que están pagando quienes no la generaron; la crisis social provocada por el incremento de las desigualdades y la pobreza; y la crisis ecológica, que tiene su mayor exponente en el cambio climático. Unas crisis que expresan el fracaso del modelo neoliberal, injusto e insostenible. Nos oponemos a las respuestas que se están dando por entender que siguen instaladas en un patrón neoliberal, que ni sirve para resolver los graves problemas sociales presentes en forma de pobreza, paro y precariedad laboral, ni sirve para avanzar en un cambio de modelo basado en la equidad social y la sostenibilidad ecológica.

Los partidos que impulsamos Espacio Plural compartimos los principios del federalismo y los valores del republicanismo que han inspirado históricamente el pensamiento progresista. Apostamos por la construcción de un estado plurinacional, plurilingüe y pluricultural, que permita desde el reconocimiento y respeto de la diversidad, compartir un proyecto común. Apostamos decididamente por la construcción de una Europa social y federal. Nos oponemos a todos los intentos de recentralización y enfrentamientos territoriales que alienta la derecha centralista española. Apostamos decididamente por la paz y la convivencia democrática, rechazamos cualquier expresión de violencia política y terrorismo.

Somos conscientes de la desafección hacia la actividad política que se manifiesta entre los ciudadanos y ciudadanas. La corrupción, la crispación, la falta de soluciones a los problemas que afectan a las personas, han ido generando un clima de profunda desconfianza hacia la política y los políticos. Honestidad, coherencia, transparencia e impulso de la participación ciudadana son las actitudes que reivindicamos y ejercemos los miembros de Espacio Plural.

Son necesarios nuevos proyectos que permitan recuperar la ilusión y motiven a la participación real de todos los hombres y mujeres. Espacio Plural es una aportación, decidida y crítica al necesario proceso de movilización, reflexión y debate abierto por todas y todos aquellos que apostamos por construir una sociedad justa y sostenible.

25 de septiembre de 2010

Federico MAYOR ZARAGOZA también aboga por la despenalización de la droga

Tráfico de drogas, ¡basta!

viernes 24 de septiembre de 2010

El consumo de drogas es, como el alcohol y el tabaco, una responsabilidad personal. Deben conocerse muy bien los efectos nocivos que comporta su consumo. Pero está claro que el prohibicionismo, como ha destacado recientemente Araceli Manjón, ha constituido un error rotundo, con mafias que afectan a la seguridad de países enteros, traficantes que se convierten en asesinos, y drogadictos que hacen de su vida, a escala personal y familiar, una inmensa tragedia.

La "Ley seca" fracasó. Cuando la prohibición se terminó, los Al-Capone desaparecieron.

En el mes de mayo de este año, escribí un blog sobre este tema, recomendando la despenalización, como hace unos días lo ha hecho, con considerable repercusión mediática, el ex-Presidente del Gobierno Español, Felipe González.

Escribía en mi blog de mayo: "...por las dimensiones del tráfico y su impacto económico y delictivo, el consumo de drogas afecta a la sociedad en su conjunto".

Buena parte de los problemas de Afganistán -y de los relacionados con los talibanes- desaparecerían si, súbitamente, no fuera negocio cultivar la amapola. El 90% de la heroína que se consume en el mundo procede de Afganistán. Y cada hectárea de adormidera proporciona unos 13.000 dólares... cuando los cereales no pasan de 500.

Lo mismo sucedería en Colombia y otros países de América: si de pronto el precio de la cocaína decreciera fuertemente, terminaría de una vez la trama mafiosa, de extrema violencia, que hoy produce el narcotráfico.

Europa debería liderar esta gran decisión a la que se oponen algunos de buena fe, y otros para defender los inmensos intereses que obtienen... sin reparar en los desgarros personales y familiares que originan... y que no afectan a sus conciencias porque hace tiempo que las vendieron.

Es necesario, pues, en ésta como en tantas otras cuestiones, un replanteamiento radical. Hay que abordar el tema sin prejuicios, sin posiciones inamovibles que desoyen cualquier sugerencia de cambio.

Sí, despenalización, y que la droga no valga más que un paquete de tabaco o una botella de vino. Y desaparición inmediata de los paraísos fiscales, como pedía recientemente (blog del 3.05.10). Ambas son medidas muy difíciles por los fabulosos intereses que subyacen y por la inercia que la "sociedad instalada" siente ante toda modificación de rumbo.

Sin tráfico de drogas y sin paraísos fiscales que lo hacen posible, el mundo sería, de pronto, mucho mejor.

Despertemos del largo letargo y elevemos nuestras voces en este sentido, por Internet y por todos los medios a nuestro alcance: tráfico de drogas, ¡basta!.

Blog de Federico Mayor Zaragoza

Zapatero como problema. Por Juan Torres López

José Luis Rodríguez Zapaterova va a pasar a la historia como el presidente al que le da igual 8 que 80 o el que si le pone barba, San Antón, y si no, la Purísima Concepción. Se le llena la boca hablando de derechos y luego lleva a cabo el recorte social más brutal de la historia de la democracia. Dice defender la socialdemocracia y el bienestar pero en los últimos meses ha hecho suyas las propuestas neoliberales más duras de los últimos decenios diciendo que así defiende a los trabajadores: ha privatizado y bancarizado las cajas de ahorros para satisfacer a los banqueros, han tomado decisiones fiscales reaccionarias que han costado un dineral a las arcas del estado, ha facilitado la evasión fiscal de los ricos, de los bancos y las grandes empresas mientras que se niega a poner en marcha planes efectivos de lucha contra el fraude fiscal, ha recortado gastos allí donde más lo sufren las clases trabajadoras, ha anunciado recortes en las pensiones recurriendo a los mentirosos argumentos que viene utilizando la banca para poder quedarse con el ahorro de los trabajadores, ha hecho una reforma laboral que es la que más derechos laborales limita en toda la historia de la democracia, le ha regalado un pastel publicitario de docenas de miles de millones de euros a las televisiones privadas. Habla mucho de igualdad pero no cumple ni las leyes de igualdad que él mismo llevó al Parlamento, por ejemplo, no elaborando el análisis del impacto de género de las medidas que toma contra la crisis; se jacta de sus leyes sociales, como las de dependencia, pero no toma medidas fiscales adecuadas para financiarlas; y su mandato va a terminar con un incremento impresionante de la desigualdad de género porque su lucha contra la crisis, por decirlo de alguna manera, comporta un sesgo masculino muy negativo para las mujeres. Para colmo, el gran defensor de la alianza de civilizaciones ha apoyado las medidas xenófobas del presidente francés contra los gitanos, además de atacar en plan machista a la comisaria de justicia europa que tuvo agallas de decirle las cosas claras a Sarkozy ... Y todo ello, sin mencionar los continuos cambios de opinión de su gobierno, las rectificaciones en cuestiones importantes, las cesiones ante las presiones de los poderosos, las declaraciones contradicotias, las chapuzas de decretos improvisados en 28 horas o de medidas costosísimas que incluso desconocen los ministros correspondientes....Por eso digo que le da igual 8 que 80.
Ahora va a las Naciones Unidas y defiende lo que en España niega. Me refiero a que acaba de defender en la Asamblea de la ONU la imposición de una tasa sobre las transacciones financieras internacionales, la conocida como Tasa Tobin. Yo me alegro que la haya hecho y lo aplaudiría pero es que lo hechos ponen demasiado en evidencia que se trata de una propuesta más falsa que un euro de hojalata por la sencilla razón de que hace muy pocos meses su grupo parlamentario la rechazó aquí en España y porque se negó a mantenerla cuando ejercía como presidente de la Unión Europea. Zapatero no solo se opuso a esa medida cuando la propusieron otros grupos parlamentarios de izquierda sino, lo que es peor, mantuvo en un cajón la misma propuesta que hacían algunos parlamentarios de su propio partido.
Se puede gobernar bien o mal, a favor de unos o de otros pero lo malo de Zapatero es que además de terminar de hacerlo para los ricos va a pasar a la historia como el presidente al que le da igual decir hoy una cosa y mañana otra distinta afirmando al mismo tiempo que sigue pensando lo mismo que cuando hacía lo contrario.
Y lo increíble es que el partido socialista no reaccione cuando es tan evidente que Zapatero y su completa carencia de proyecto político se han convertido en la causa directa del creciente desafecto de la gente hacia su propio partido. Sus militantes y dirigentes se limitan a llorar e imprecar por las esquinas sin hacer nada, mascullando su desacuerdo en silencio o en voz tan baja que solo se oye en los corros de amigos. Al parecer, porque el propio Zapatero impone su poder inmenso y la ley del silencio que obliga a los afiliados, según dice Jesús Leguina, a estar quietos mirando al mar. Ello sabrán lo que hacen pero se trata de una situación muy desgraciada porque los trabajadores españoles necesitan un partido socialista fuerte y comprometido con su auténtico ideario y no con los intereses de los poderosos. Al paso que se va, Zapateto va a provocar el mayor descalabro electoral de la historia del PSOE y no parece que dentro de su partido haya reacciones para evitarlo, ni siquiera de los miles de socialistas auténticos, comprometidos con el bienestar y el cambio social.

Publicado en su blog Ganas de escribir.

La mayoría de los españoles ve motivos para el 29-S

Aunque un 54,6% encuentra justificación a la huelga, sólo uno de cada cinco encuestados piensa secundarla. El 71% considera que el Gobierno no cambiará su política si el paro tiene éxito

PÚBLICO MADRID 24/09/2010 01:00 Actualizado: 24/09/2010 12:20

Huelga general, sí, pero no. Los españoles muestran una aparente contradicción en sus opiniones y en sus intenciones respecto al paro convocado por los sindicatos UGT y CCOO para el próximo día 29, motivada por su impresión de que la movilización, aunque tenga éxito, no va servir para cambiar la política económica del Gobierno socialista.Así lo ponen de manifiesto los resultados delPubliscopio especial sobre el 29-S, realizado a menos de diez días vista del paro.

Más de la mitad de los encuestados, concretamente el 54,6%, opina que existen motivos suficientes para la convocatoria de un paro general. También es la opinión mayoritaria cuando se distingue a los entrevistados de acuerdo con su voto en las legislativas de 2008. Incluso entre los votantes del PSOE, un 50% sí ve motivos para la huelga.

Descendiendo al detalle, la política económica general del Gobierno es la razón más citada para justificar el29-S, ya que la esgrime un 60,6%. Es casi la misma valoración que se otorga a la congelación de las pensiones en 2011 decretada por el Ejecutivo como medida para rebajar el déficit público. Lo menciona el 60,5% de los encuestados. Donde menos motivo se ve es en la rebaja de un 5% en el sueldo de los empleados públicos. Sólo un 32,2% lo encuentra una razón suficiente.

En este punto sí existen diferencias apreciables según el partido político votado. Los votantes socialistas salvan relativamente la política económica del Gobierno (entre ellos se cita en un 46% de las ocasiones ), y encuentran sobre todo la justificación al paro en la congelación de las pensiones. Los que votaron al PP y a otros partidos colocan, sin embargo, en el punto de mira la gestión general del Ejecutivo. Más del 70% de sus respuestas creen que su política es el principal motivo para una huelga.

Poco seguimiento

Sin embargo, pese a considerar que la movilización convocada por los sindicatos está justificada, apenas 1 de cada 5 entrevistados que trabajan o estudian confesaron su propósito de secundar el paro. Concretamente, sólo un 18% tiene intención de hacer huelga, frente a un 67,1% que no. En este caso, es también apreciablemente alto el porcentaje de entrevistados que no quiere o, principalmente, no sabe todavía qué hará: es el 14,9%.

Curiosamente, entre las personas que secundarán la huelga, los votantes socialistas son los más numerosos: un 22%, frente al 19%, por ejemplo, de los partidarios del PP.

El principal motivo que apuntan los encuestados para no secundar el paro del29-S es que opinan que la movilización no servirá para nada. Así lo señala el 26,8% de los entrevistados. Otro 21,3% contesta que irá a trabajar por estar en desacuerdo con las razones de la huelga, mientras que un 12,5% confiesa que lo hará por no perder un día de sueldo. El resto de los motivos para no secundar la convocatoria de los sindicatos apenas recogen porcentajes significativos de respuestas. Entre ellas, y a modo de ejemplo, sólo un 1,2%de los encuestados asegura que no quiere hacer huelga para no ir en contra de Rodríguez Zapatero.

El escepticismo de los entrevistados se manifiesta en sus respuestas sobre las hipotéticas consecuencias de un seguimiento generalizado del 29-S. Una amplia mayoría, el 69,1%, opina que si la huelga tiene éxito el Gobierno debería cambiar las medidas que está tomando. Pero es también un porcentaje muy elevado el de los que creen que, aunque haya un seguimiento masivo, el Gobierno no modificará su política. Es lo que piensa el 71,6% de los entrevistados, frente a sólo un 15,6% que opina que el Gobierno haría cambios.

La inmovilidad del Gobierno tras el hipotético éxito de la huelga general debería suponer, según el 57,5% de los encuestados, la convocatoria de elecciones (sobre todo lo piensan los votantes del PP: un 88%). Si el Ejecutivo no rectificase, la mayoría opina que los sindicatos no deberían convocar nuevas huelgas.

Los expertos contables, contra el nuevo despido

Argumentan que la previsión de pérdidas es subjetiva

V. Z. MADRID 25/09/2010 00:05 Actualizado: 25/09/2010 00:28

Es uno de los puntos de la reforma laboral que más ha dado que hablar y que más sorprendió y enfadó a sindicatos y trabajadores. Ayer, a cinco días de la huelga general, un grupo de 158 catedráticos y profesores universitarios de Contabilidad de toda España hicieron público un manifiesto en el que dejaron claro que la posibilidad de despedir a un trabajador de forma procedente porque se prevén pérdidas no tiene ni pies ni cabeza y deja todo el poder en manos de las empresas.

La nueva ley permite a una compañía despedir por causas objetivas (con una indemnización de veinte días por año trabajado) a un empleado si "acredita" que está en pérdidas o prevé estarlo y justifica que con el despido puede preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado. Los profesores, que se reconocen perplejos, han solicitado al Gobierno la retirada de esta cláusula, pues entienden que la previsión de resultados es algo "rigurosamente subjetivo" y que es "imposible" acreditar unas cuentas futuras, basadas en hipótesis que pueden provocar grandes oscilaciones en los resultados.

Información fiable

Recuerdan, de hecho, que las auditoras de cuentas revisan y verifican habitualmente la información de los informes de gestión de las empresas que hacen referencia a hechos pasados, pero nunca dan su opinión sobre el capítulo que trata sobre la evolución previsible, ya que son meras hipótesis. Los profesores entienden que la información que se utilice para dictar resoluciones administrativas o judiciales (como en el caso de un despido procedente) debería ser tan fiable como la información financiera que habitualmente elaboran las empresas, circunstancia que no se da en este caso.

A su juicio, la inclusión de esta cláusula en la normativa laboral es muy grave y "enrarece y contamina los principios jurídicos y procesales más básicos, al obligar a los órganos jurisdiccionales a apreciar las causas objetivas de extinción de contratos laborales fundamentando su resolución en pruebas que no son de hechos ciertos sino de sucesos futuribles".

Dado que la estimación de pérdidas es un cálculo basado meramente en las previsiones de las empresas, los expertos destacan también que esta información que se podrá tener en cuenta al dictar un despido es "de parte". De esta forma, argumentan que el trabajador quedará, de alguna manera, en desventaja cuando una compañía decida despedirle por esa causa.

Muchos socialistas apoyamos la huelga general

Sólo uno de cada cinco ciudadanos irá al paro

Un 50% de los votantes socialistas respalda la huelga general

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Más de la mitad de los encuestados, concretamente el 54,6%, opina que existen motivos suficientes para la convocatoria de una huelga general. Incluso entre los votantes del PSOE, un 50% está convencido. Aunque, también, una mayoría considera que el paro no servirá para cambiar la política económica del Gobierno. Es significativo que entre las personas que secundarán la movilización los votantes socialistas son los más numerosos: un 22%, frente al 19%, de los del PP.

La mayoría de los encuestados, alrededor de un 60%, justifica la razón para la huelga con la política económica del Gobierno y la congelación de las pensiones en 2011. Dentro de las medidas económicas de ajuste del déficit anunciadas por el Ejecutivo, la que menos valoran los ciudadanos es la rebaja de un 5% en el sueldo de los empleados públicos. Sólo un 32,2% creen que es un argumento para el paro, según un sondeo de Público.

Sólo 1 de 5
Aunque los ciudadanos consideran justificada la huelga general, sólo 1 de cada 5 entrevistados que trabajan o estudian confiesan su propósito de secundarla. Sólo un 18% tiene intención de participar en la movilización, frente a un 67,1% que no. Un 14,9% declara que todavía no sabe lo que hará.

Un 12,5% no quiere perder su sueldo
El 26,8 de los encuestados afirman que no participarán en la huelga porque no servirá para nada, frente al 21,3% que no irá porque están en desacuerdo con las razones de la movilización. Un 12,5% confiesa que lo hará por no perder un día de sueldo.

Un 1,2% no quiere ir en contra Zapatero
El resto de los motivos para no secundar la convocatoria de los sindicatos apenas recogen porcentajes significativos de respuestas. Entre ellas, y a modo de ejemplo, sólo un 1,2%de los encuestados asegura que no quiere hacer huelga para no ir en contra de Rodríguez Zapatero.

Un 71,6% no cre que Zapatero cambie su política
Una amplia mayoría, el 69,1%, opina que si la huelga tiene éxito el Gobierno debería cambiar las medidas que está tomando. Pero es también un porcentaje muy elevado el de los que creen que, aunque haya un seguimiento masivo, Zapatero no modificará su política. Es lo que piensa el 71,6% de los entrevistados, frente a sólo un 15,6% que opina que el Ejecutivo haría cambios.

Razones para la huelga general

Huelga General contra el giro antisocial
José María Zufiaur

La Huelga General convocada por las organizaciones sindicales para el próximo día 29 de septiembre tiene por objetivo expresar el más amplio rechazo de los trabajadores y de los ciudadanos frente al giro antisocial adoptado por el Gobierno, sin parangón respecto a las medidas tomadas por cualquiera de los anteriores gobiernos de la democracia. La huelga tiene también la finalidad de rectificar algunas de las medidas ya adoptadas y evitar otras que están anunciadas. Coincide, además, con una jornada de movilización europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos, que exige de la Unión europea y de sus Estados miembros una política económica y social que no esté supeditada a las exigencias de los mercados financieros, así como otro tipo de construcción europea, capaz de influir en el mundo, de preservar su modelo social y de contrarrestar la actual mundialización neoliberal.

La del 29 de septiembre será una Huelga General. El de huelga es un derecho democrático fundamental que suele manifestarse, especialmente, en la paralización de los grandes centros productivos y, sobre todo, de los servicios públicos, particularmente de los transportes. Pero, además, es una jornada de movilizaciones ciudadanas. Es lo que ha sucedido en Francia, donde las manifestaciones del pasado día 7 (con una participación de 2,7 millones de personas, según los sindicatos, y de 1,1 millones según la policía) han desempeñado un papel aún más importante que la de los paros, hasta el punto de que uno de los especialistas franceses en movimientos sociales, Jean-Marie Pernot, ha manifestado que “actualmente, las manifestaciones son un sustituto de la huelga”. Especialmente significativas del malestar ciudadano han sido las manifestaciones -de seis mil, de diez mil, de treinta mil participantes….- que se han producido en las pequeñas y medianas localidades del país vecino.

Los motivos que justifican la Huelga General y las manifestaciones son muchos y diversos -como muchas y variadas son las medidas y las reformas que integran el giro antisocial- pero quisiera centrarme en los que me parecen más importantes y significativos.

1
Mostrar la protesta e indignación de los sindicatos, de los trabajadores, de la mayoría de los ciudadanos por unas medidas de ajuste focalizadas en las clases populares: congelación de las pensiones, recorte de los salarios de los funcionarios y de los trabajadores de empresas públicas, vulneración de lo pactado en la negociación colectiva, aumento de los impuestos al consumo, profunda regresión de los derechos laborales y reforzamiento del poder empresarial, intención de realizar una contrarreforma de la negociación colectiva, previsión de recorte en el sistema de pensiones. Estas medidas recaen sobre los que ninguna responsabilidad tuvieron en la crisis, después de que el contribuyente haya apoyado con ingentes cantidades de dinero a los causantes de ella. Los ciudadanos son los perdedores y los bancos los ganadores de este tipo de respuesta a la crisis. Mientras, las entidades financieras vuelven a tener beneficios exorbitantes, no inyectan crédito en la economía, lastran el crecimiento económico y la creación de empleo y dictan medidas de reducción del Estado social.

2
Rechazar el giro copernicano de un Gobierno que hasta hace unos meses afirmaba no iba a hacer nunca lo que ha terminado haciendo. De presentarse como el campeón de las políticas sociales ha pasado a ser el campeón de Europa de las más antisociales. Ha sido incapaz de darse cuenta -cuando bastantes expertos lo venían advirtiendo desde 2004- de las consecuencias que suponía el modelo de crecimiento basado en el ladrillo. Con la bendición del Banco de España, ha permanecido inactivo ante un endeudamiento privado suicida. Su política fiscal ha estado basada en la idea de que bajar los impuestos a las rentas altas, al patrimonio, a las empresas, era de izquierdas, al igual que las medidas populistas como la deducción general de 400 euros en el IRPF. Tampoco ha hecho nada contra el fraude fiscal, ha regalado las cajas de ahorros a los bancos y ha practicado una política redistributiva basada en la solidaridad entre pobres…. Este mismo gobierno pretende ahora que los ciudadanos le aplaudamos por damnificarnos, como si fuéramos el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional o la derecha europea y no los paganos de sus políticas. Quiere hacernos creer que las medidas que ahora adopta son las que siempre ha defendido. Y que, paulatinamente, ha ido poniéndolas en práctica de manera aquiescente, primero, complaciente, más tarde, y entusiasta, finalmente. De tal manera que está empeñado en hacernos creer que el debilitamiento de los pilares del Estado de bienestar es la mejor manera de que la gente viva mejor en el futuro. Se ha demostrado que antes no creía en lo que decía y que, ahora, quiere hacernos comulgar con ruedas de molino. Este gobierno se merece un huelgón y unas manifestaciones multitudinarias en grandes ciudades y pequeñas localidades.

3
Cambiar radicalmente una reforma laboral peor que todas las anteriores. Mejor dicho, peor que todas ellas juntas. Esta reforma no crea empleo, nada hace por arreglar la temporalidad del empleo, hace mucho más fácil despedir a los trabajadores y reduce entre un 48% y un 64% el coste del despido de las empresas (bastante más si la nueva redacción de las causas objetivas de despido lleva a que los jueces declaren un despido justificado donde antes lo declaraban improcedente). Además, rebaja la indemnización por despido de los trabajadores fijos entre un 30% y un 72%, aumenta la arbitrariedad empresarial y debilita los derechos de los trabajadores en las empresas. Para empeorar las cosas, introduce el ánimo de lucro en la intermediación laboral -lo que fomentará la siniestralidad laboral- y legaliza las agencias privadas de colocación, con lo que saldrán beneficiados los trabajadores más “empleables” y perjudicados los que tienen más dificultades para insertarse laboralmente. Nos enfrentamos a una reforma que trata de “arreglar” la precariedad haciendo a todos precarios y que puede suponer un movimiento incontrolado de sustitución de trabajadores antiguos por nuevos. Se trata, por último, de una reforma que va a contracorriente del aumento de la productividad y de un cambio del modelo productivo orientado hacia la calidad y la cohesión social.

4
Parar una reforma de la negociación colectiva, guardada en la recámara, y que irá más allá de lo que en esta reforma laboral ya se establece sobre el descuelgue y la modificación de condiciones de trabajo. Con el objetivo de dar preeminencia a la negociación de empresa, acabar con la extensión temporal indefinida de las disposiciones de los convenios colectivos, salvo pacto en contrario (la llamada “ultractividad” de los convenios colectivos), y reducir al mínimo la negociación colectiva supraempresarial y los derechos sindicales en las empresas, con la consiguiente reducción del poder sindical y el acrecentamiento de la discrecionalidad empresarial.

5
Impedir que se lleve a cabo una reforma de las pensiones, con el retraso de la edad de jubilación a los 67 años como medida central. Se niegan ahora las afirmaciones, de hace todavía un año, sobre la solidez del sistema realizadas por los mismos responsables gubernamentales, que ahora las defienden con lenguaje de madera. Esta reforma sólo responde al objetivo de reducir el déficit y dar satisfacción a los mercados financieros, únicos beneficiarios seguros de las pensiones privadas. La cuestión se aborda sólo desde el ángulo de los gastos y para nada de los ingresos y se perjudica sobre todo a los jóvenes, a las mujeres, a los precarios, a los trabajadores mayores. Precisamente, éstos podrán ahora ser despedidos más fácilmente con la nueva reforma laboral y pasarán a la pensión mínima. En fin, que lo único que nos asegura es que en el futuro las pensiones serán bastante inferiores que las actuales en relación con el último salario en activo.

6
Protestar contra la congelación de las pensiones, contra el recorte de las retribuciones de los funcionarios, contra la paralización de la renovación de los convenios, que está practicando la patronal, y el rechazo a incluir la cláusula de revisión salarial. Y, por tanto, contra la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de los salarios que van a sufrir los trabajadores del sector privado.

7
Defender dos pilares esenciales de nuestro modelo de bienestar, como son la protección laboral y la protección social.

8
Asegurar que a los trabajadores que estén en el paro y sin ninguna prestación -que pronto serán centenares de miles- no les falten prestaciones de desempleo, evitando así que se deslicen hacia la pobreza y la exclusión social.

9
Exigir una profunda reforma fiscal que nos acerque a los parámetros de los países europeos más desarrollados y más cohesionados, de los que nos separan más de 12 puntos de presión fiscal. Las reformas fiscales emprendidas por Zapatero no han sido precisamente muy sociales: disminución del tipo del Impuesto de Sociedades; reforma del IRPF, reduciendo el número de tramos y el tipo marginal. Y, aún peor, consolidando la regresiva medida adoptada por el PP, separando las rentas del capital de las restantes y otorgándoles un trato de favor mediante un tipo menor y proporcional, sin olvidarnos de la eliminación del Impuesto de Patrimonio. Y cuando ha abordado una política brutal de reducción del déficit no ha pensado en subir los impuestos directos, sino el IVA que pagan por igual todos los ciudadanos.

10
Demandar otra construcción europea, más integrada política, económica y socialmente, defensora del modelo social que representa, con una única voz en el concierto internacional, con políticas públicas comunes, desde la investigación a la energía, basadas en el desarrollo sostenible. Una Unión europea realmente cooperativa y no concurrente entre sus Estados miembros. Una Unión europea democrática y no solamente burocrática, que tenga como norte principal la solución de los problemas de los ciudadanos y no la presión a los Estados para que realicen contrarreformas sociales. Una construcción europea guiada por objetivos y decisiones políticas y no por un conjunto de reglas restrictivas.

11
Reivindicar los valores de la izquierda, frente al ensordecedor silencio que reina dentro del PSOE sobre este giro antisocial. Apoyar la huelga y las movilizaciones es también defender valores esenciales defendidos tradicionalmente por la socialdemocracia, el socialismo y el conjunto de la izquierda. No es lo menos importante de lo que está pasando esa anteposición del forofismo de partido al coraje político y democrático; o la supeditación de la libertad de conciencia, amparada por el artículo 67.2 de la Constitución Española, a la disciplina colectiva, a la obediencia debida. El accidentalismo, inventado por Gil Robles y convertido en arte por Guy Mollet, que ha impregnado la acción política gubernamental, esa concepción ambidiestra -en expresión de uno de los responsables de comunicación del Ejecutivo- según la cual el nuevo socialismo se caracteriza por ser de derechas en lo económico y de izquierdas en lo social ha quedado pronto desacreditada, y ha desembocado en la esquizofrénica idea de que el militante socialista puede, al mismo tiempo, apoyar una cosa y su contraria, ser la vanguardia del proletariado y del empresariado, estar de acuerdo con las medidas del gobierno y con la huelga. Esta no es una batalla de un sólo día, el 29 de septiembre, sino el comienzo de un proceso más largo. Y no fundamentalmente porque después seguirán amenazando las otras medidas que, además de la reforma laboral, se quieren adoptar, sino, especialmente, porque la izquierda, española y europea, tendrá que responder, con una urgencia nunca evidenciada como ahora, sobre cuáles son sus respuestas a la degradación social y a los desafíos a los que se enfrentan nuestras sociedades y la Unión europea.

José María Zufiaur.
Consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación de la UGT de España.

Este artículo también lo publica Sistemadigital, de la revista Temas.

Copiado de La Factoría

Sobre la reforma electoral

(Copiado del blog de CIUDADANO AMFORTAS )

Acaba de ser tumbada la propuesta de reforma electoral de los partidos minoritarios UPy D e IU por un abrumador 2 contra 320, más o menos. En nuestra monarquía de hoy muchas son las voces que claman por modificar un sistema electoral diseñado en los oscuros/luminosos días de la pre-democracia por Miguel Herrero de Miñón con varios objetivos muy claros:

El primero era reforzar los partidos mayoritarios que artificialmente se habían gestado, la UCD desde el poder post-franquista y reformista y el nuevo PSOE engordado por Willy Brandt, Olof Palme y la CIA.

El segundo era alejar al Partido Comunista lo más posible del poder con un sistema que refuerza el bipartidismo.

El tercero era no repetir el marasmo parlamentario de la II República con la sobrerrepresentación de las minorías.

Y el cuarto y muy Kelseniano era dar solidez a los partidos políticos y convertirlos en entramado institucional del Estado.

Todo ello y a la vista de las primeras elecciones democráticas las líneas generales del Real Decreto –Ley del 77 se constitucionalizaron para que su espíritu y letra se vieran protegidos por los mecanismos de una reforma agravada de la Constitución.

Treinta y tres años después, los partidos mayoritarios son incapaces de modificar una ley electoral y su mandato constitucional , que si en la Transición pudo tener su lógica, hoy es la perfecta escusa para la desafección electoral. Las corruptelas y la ausencia de control democrático de los partidos incide en una cada vez mayor abstención electoral y la ausencia de lógica electoral, convirtiendo las legislativas generales en unas falsas presidenciales.

Los partidos mayoritarios son los responsables de que esta situación que les beneficia, porque los aparatos controlan el poder del Estado por cuotas y sin control, no cambie. En sus manos están los tres quintos de cada cámara.

Contra lo que cree mucha gente, los partidos nacionalistas no tienen sobrerrepresentación. La diabólica mezcla de muchas circunscripciones pequeñas y la corrección proporcional de la regla D’hont, hace que el PP y el PSOE estén sobrerrepresentados, los nacionalistas correctamente representados y los partidos de ámbito nacional minoritarios infrarrepresentados o expulsados de las Cortes Generales.

Kelsen, que fue el gran creador del Estado Constitucional moderno y cuyas ideas están plasmadas en nuestra constitución de un modo manifiesto, creyó en un sistema proporcional de circunscripción única para todo el estado y con partidos políticos de masas fuertes dentro del aparato institucional del Estado pero con un funcionamiento democrático.

Ninguna de estas previsiones de Kelsen, se han llevado a cabo y su sentido se han pervertido en estos años. PSOE y PP se han beneficiado de este sistema y han logrado expulsar al CDS, y arrinconar a IU. Han coartado el brote del voto ideológico y han favorecido el voto útil. Y sobre todo se han reído de los españoles y de los intentos por sanear y democratizar la vida de los partidos y la vida pública. Ahí está el vergonzante y ridículo Cristóbal Montoro diciendo que la reforma electoral no interesa a los españoles porque España es un país bipartidista. Bipartidista malgré lui, bipartidista porque los mayoritarios así lo quieren. Con este sistema se empobrece la democracia, por ser de listas cerradas y bloqueadas, se impide el voto ideológico y se favorece el voto útil y se forman bisagras parlamentarias con fuerzas nacionalistas que cumplen su función.

Propuestas.

De vez en cuando se oyen barrabasadas del calibre: “ hay que impedir que los nacionalistas entren en el congreso” o “ circunscripciones uninominales ya”. Como no hay reflexión ni saben las consecuencias que ello acarrearía, es mejor tomarlas a beneficio de inventario. Sin reforma constitucional, la propuesta de la Universidad de Granada que asumía UpyD parace interesante. Con reforma constitucional existe una magnífica de los profesores, Dr. Carlos Alarcón de la Universidad de Huelva y Dr. Ramón Soriano de la Universidad Pablo de Olavide (http://www.uhu.es/derechoyconocimiento/DyC01/B01.pdf ). Yo me he tomado la libertad de resumir y modificar muy levemente esta propuesta intelectualmente sobresaliente y políticamente arriesgada.

Sería así:

a) España quedaría dividida en 200 circunscripciones electorales para el Congreso de los Diputados. Cada CC. AA y Ceuta y Melilla contaría con una. El resto se repartirían en función de la población. Las circunscripciones dentro de CC.AA serían homogéneas de población.

b) Cada circunscripción sería binominal, es decir, se elegirían dos diputados por circunscripción.

c) Cada elector tendría que votar en dos urnas:

1. En la primera urna votaría por el candidato que prefiriese de su circunscripción. Cada partido, agrupación electoral o coalición podría presentar a dos candidatos por circunscripción.

2. En la segunda votaría al partido que prefiriese y ese voto se acumula para todo el Estado.

d) El reparto de escaños se haría como sigue:

1. El candidato que más votos hubiera obtenido en cada circunscripción (200) según el voto de la primera urna sería elegido Diputado. (Sistema clásico mayoritario)

2. El segundo diputado de cada circunscripción saldría del colegio nacional de votos que cada partido hubiera ido acumulando. Cada partido obtendría una cuota escaños en función de sus votos de la segunda urna. Tendrían derecho al reparto todos aquellos partidos que tuvieran más del 0,5 % del total de los votos válidos emitidos (1/200 ). La asignación comenzaría con el partido que menos escaños hubiera obtenido de cuota, y sería adjudicado a aquel candidato de su partido que mayor porcentaje de votos hubiera obtenido en una circunscripción y que no hubiera resultado elegido en la primera urna. Y así hasta completar los diputados restantes y todos los partidos con cuota de diputados.

Con esto se consigue un sistema mixto abierto, donde son los electores los que eligen a los diputados de verdad y donde se permite el voto ideológico y la pluralidad evitando un bipartidismo; también permite la gobernabilidad y evita una fragmentación excesiva. El control de los elegidos, como base de una democracia sana, se hace patente en cuanto que los diputados lo serían de un distrito y no por designación graciosa de unas cúpulas que sólo propondrían los candidatos.

En definitiva una propuesta para ser debatida. Los más perjudicados de esta propuesta sin duda los mayoritarios y especialmente el PP que perdería gran parte de su sobrerrepresentación. ¿Condenada al fracaso?

Los Senadores serían elegidos por los parlamentos de las CCAA según su censo en razón de un senador por cada medio millón de habitantes con el mínimo de uno para cada CCAA y Ciudad Autónoma.