La dejación que lleva a la ruina a estas fincas y su posterior derribo supone un incumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz
CÁDIZ. 30/07/2013. La asociación para la salvaguarda y difusión del patrimonio Cádiz Ilustrada lamenta la decisión de las administraciones públicas que está llevando a la pérdida irreparable de edificios protegidos. En los últimos tiempos, la entidad ve con preocupación las órdenes de derribo que están llevando a la destrucción de patrimonio que, previamente, había sido protegido tanto por el presente Plan General de Ordenación Urbana como por el Catálogo General de Bienes Inmuebles de Andalucía.
En este sentido, desde Cádiz Ilustrada se recuerda que los propietarios de estos edificios, en virtud de lo que establece la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007, tienen la obligación de garantizar la correcta conservación de los mismos. Por ello, la asociación se muestra contraria a la práctica que está llevando al abandono de estos edificios para posteriormente justificar demoliciones que, en todo término, tenían solución de haberse tomado las medidas oportunas de conservación.
Así, desde Cádiz Ilustrada se ve con preocupación y pesar que se estén perdiendo fincas históricas del casco antiguo, protegidas por el PGOU, pese a que en dicho documento se contempla la especial garantías que deben tener estos edificios. Es el caso también, del triste caso de la Escuela de Náutica. Un edificio que se pretende derribar pese a ser una interesante muestra del primer racionalismo y ejemplo de la arquitectura contemporánea de calidad. En este caso, dicho edificio se encuentra protegido por el Catálogo General de Bienes Inmuebles de la Junta de Andalucía.
Por todo lo anterior, desde Cádiz Ilustrada se hace un llamamiento a la coherencia y la legalidad para las administraciones públicas. No es de recibo que las mismas instituciones que salvaguardan los edificios sean las mismas (aunque en diferentes consejerías o delegaciones) que posteriormente decidan derribarlo. De sus decisiones, que deberían ser ejemplarizantes para el resto de propietarios de bienes culturales, depende la conservación de un patrimonio que la ciudad de Cádiz no se puede permitir el lujo de perder.
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