REBELION EN LA JUNTA

Entrada escrita por Paralelo36 el 5 de Noviembre de 2010

Publicada en: Editoriales

EditorialP36.05/11/2010.
La rebelión de los funcionarios de la Junta contra la “desorganización” de la Administración autonómica que pretende imponer el DL 5/2010 tiene mucha más trascendencia que la de un conflicto laboral. Supone que el núcleo central técnico del poder ejecutivo autonómico se ha levantado de forma rotunda contra el gobierno socialista que dirige nuestra autonomía desde hace más de treinta años. Pero ¿qué ha sucedido para que el entorno administrativo del poder se vuelva contra el gobierno de la Junta, con una decisión y un empuje inaudito que se está plasmando en decenas de movilizaciones y en el surgimiento de formas de autoorganización en las que participan miles de funcionarios?
Desde luego la historia viene de lejos. La Administración autonómica ha ido creciendo de forma incontrolada, al ritmo que imponía, la mayoría de las veces, la oportunidad política y no la planificación racional de las necesidades de la sociedad andaluza. Además, por la misma lógica, este crecimiento se ha hecho a la medida de los intereses más inmediatos del poder político: sobre todo, mediante la creación de empresas públicas, fundaciones, consorcios y demás figuras extraídas del derecho mercantil y civil, que permiten burlar la legislación administrativa y los controles en la intervención del gasto y la contratación de personal. Pero como había dinero y además todos los partidos políticos hacían lo mismo en sus parcelas de poder, nadie ha levantado la voz para parar esta locura, ya sea porque carecieran de voz pública ya sea porque preferían mirar para otro lado.
Ahora la realidad es muy distinta. Esta crisis, que ya se ha instalado como un huésped que ha ocupado toda la casa y parece que no tiene intención de abandonarla, ha roto el espejo edulcorado en el que se miraba la Andalucía del desarrollismo y nos ha traído una realidad muy distinta: la del paro, la de la falta de poder real autonómico, la de la destrucción ambiental y también la de la penuria en las cuentas públicas.
En este contexto, el nuevo Presidente de la Junta, con un equipo inexperto que hace aguas por todos lados (algunas no demasiado limpias como la precipitada renuncia de su segundo en el partido por un caso de corruptela) no se le ocurre otra cosa para reducir gastos que abordar una profunda reestructuración de la administración autonómica, sin preguntar a nadie y con las ideas básicas muy confusas, en la que en vez de rectificar la deriva anterior profundiza en la hegemonía de la administración paralela sobre la administración reglada.
En un alarde de insensatez pretende diluir los límites entre los distintos estamentos que conforman el Poder Ejecutivo (porque es de eso de lo que estamos hablando, del Poder Ejecutivo de Andalucía): diluye el poder político en la dirección gerencial de las agencias; profundiza en la destrucción de la imparcialidad administrativa; pretende incorporar al personal de la Junta, funcionario y laboral, a una agencias diseñadas a la medida para disponer de la mayor discrecionalidad posible; diluye las fronteras entre el personal funcionario y los empleados de las empresas públicas e incluso quiere mezclar a estos colectivos con el personal contratado por fundaciones y consorcios privados (la llamada tercera administración paralela).
Justamente se trata de lo contrario, de subrayar los límites entre colectivos cuya existencia autónoma responde a las exigencias funcionales de la democracia: políticos que dirigen el ejecutivo, funcionarios que administran con imparcialidad e independencia, laborales que cumplen las funciones que le asigna la Ley y trabajadores de empresas públicas mercantiles cuya función debe ser exclusivamente realizar actividades realmente mercantiles desde las competencias de los poderes públicos.

Además, en este camino a la destrucción han arrastrado a los cúpulas autonómicas de los sindicatos UGT y CC.OO que se han plegado a los deseos del gobierno tanto en los contenidos como en los tiempos y en las formas. Y lo han hecho sin atreverse a dar una explicación a los empleados públicos, consumando una ruptura de muy difícil solución. Para colmo de despropósito el propio BOJA ha publicado la semana siguiente a la firma del acuerdo sendas subvenciones de 4,5 millones a CC.OO y UGT, aprobadas en el Consejo de Gobierno de 13 de octubre. Sobran los comentarios pero faltan muchas explicaciones.
 Precisamente la protesta masiva y espontánea que ocurrió el pasado 29 de octubre, en el símbolo de la administración autonómica, en Torre Triana y más exactamente en su séptima planta, ante la firma del acuerdo entre la Consejera de Hacienda y Administración Pública y los líderes autonómicos de UGT y CC.OO, representa una nueva toma de la Bastilla, a la andaluza y por un nuevo agente social llamado a tener un renovado protagonismo: los funcionarios andaluces. La manifestación convocada en Sevilla el 13 de noviembre por la coordinadora de plataformas, a la que desde luego se suma Paralelo 36, será un paso importante en este proceso de identificación colectiva.
Los funcionarios andaluces, organizados en plataformas y asociaciones, no sólo están siendo concientes de su poder sino también de su responsabilidad para con Andalucía, en estos momentos verdaderamente críticos. Han descubierto que hay un vínculo decisivo que une sus derechos, con la defensa de una Administración Pública profesional e imparcial y ésta con el valor de la autonomía andaluza, imprescindible a su vez para proteger a la ciudadanía andaluza frente a las amenazas y riesgos que trae esta crisis.