LOS ecologistas hemos venido planteando diversas propuestas y alternativas al diseño futuro de la ciudad de Cádiz, presentando alegaciones en el marco de la 'Plataforma social por un PGOU alternativo'. No obstante el Ayuntamiento de Cádiz nunca ha mostrado una postura proactiva de promover la participación ciudadana en la elaboración de este PGOU. La intervención activa de los gaditanos ha sido sustituida por la propaganda y la autoafirmación municipal.
Es imprescindible que el nuevo PGOU defina con claridad cuál va a ser papel de Cádiz en la Bahía, en la provincia e incluso en Andalucía. Cádiz es una ciudad terminada en cuanto a su perímetro exterior, y así debe seguir siendo. No es posible aumentar la superficie de la ciudad consolidada. Sus especiales características geográficas impiden este desarrollo, aunque al mismo tiempo constituyen su mayor singularidad, y también su principal atractivo para desarrollar actividades alternativas.
A pesar de que Cádiz está incluida en la red de Ciudades por el Clima y ha solicitado integrarse en el programa de sostenibilidad urbana Ciudad 21, no existe ningún ámbito de participación social donde los objetivos de ahorro energético, reducción de residuos, movilidad no motorizada, vivienda digna, equipamientos sociales dignos y tantos otros, puedan ser expuestos y debatidos. Es este déficit democrático que padece Cádiz el que nos ha impulsado a trabajar por una ciudad más amigable, justa, limpia y basada en buenas prácticas ambientales.
Ecologistas en Acción ha defendido una ciudad en la que la peatonalización y el uso de la bicicleta avancen, en vez de reducirse frente a la omnipresencia del vehículo privado; una ciudad en la que se potencien más las zonas verdes y menos los parkings; una ciudad en la que se dé prioridad al transporte público sobre el privado; una ciudad en la que se desarrolle el empleo y la economía, una ciudad que sea referente de cultura, modernidad y solidaridad; una ciudad que mire al mar, pero también al futuro; una ciudad que sonría, pero no solo en los carteles de la propaganda municipal. Defendemos otra ciudad y otro proyecto urbanístico para Cádiz, porque creemos que otro Cádiz es posible.
Ecologistas en Acción entiende que existen al menos siete razones para rechazar este PGOU. Hoy exponemos las primeras:
1.- No ha existido ni existe un marco de participación real de los gaditanos en los asuntos urbanos que les conciernen, de forma que el Ayuntamiento sustituye esta participación por un activismo refrendatario de su labor municipal. El autobombo de las realizaciones del Ayuntamiento son tan abusivas como ominosas, e impiden la práctica el ejercicio de la crítica y del debate. La gobernanza, que es otro de los compromisos de la sostenibilidad, se reemplaza por la propaganda.
El documento exhibe una falta total de visión global de la Bahía de Cádiz a la hora de definir propuestas en materia de transporte, vivienda y centros comerciales, donde la visión autárquica prevalece sobre la de considerar el área metropolitana de la Bahía.
2.- El modelo de ciudad que defiende el PGOU revisado es insostenible ambientalmente y excluyente socialmente; postula una ciudad tipo parque temático, más atenta a sus visitantes que a sus habitantes, mantiene la segregación funcional de sus barrios, sin reequilibrio en cuanto a dotaciones y equipamientos, y privatiza suelo para generar rentas a intereses particulares. En materia de vivienda existen contradicciones entre las estrategias definidas y las propuestas contenidas en los ámbitos sectoriales. Se habla de potenciar la vivienda protegida, pero las actuaciones previstas dan vía libre a la iniciativa privada, muy por encima de viviendas de protección social.
3.- Uno de los mayores problemas que padece la ciudad, la congestión del tráfico motorizado y la sumisión al coche privado, se agrava con la apuesta temeraria por el segundo puente y la proliferación de aparcamientos subterráneos. La proclama del PGOU de "predominio del transporte público, ciclista y peatonal sobre la movilidad basada exclusivamente en el vehículo privado", se ve desmentida por la apuesta sin reservas por el coche. El desarrollo ilimitado de las infraestructuras viarias puede resolver problemas puntuales, pero, a medio plazo, puede traer efectos contrarios a los buscados. No hay que construir nuevos accesos, sino reducir el número de coches que intentan acceder a la ciudad. Sin haber resuelto adecuadamente la integración de la rotonda de acceso a Cádiz y todavía menos la acogida de los nuevos coches, la congestión automovilística está garantizada. El gasto de 368 millones de euros -que serán muchos más- en un nuevo acceso a la ciudad, se demuestra ahora como un dispendio sin sentido que está hipotecando otras inversiones de mayor interés.
La cantidad de aparcamientos previstos en el casco apunta a una atracción de vehículos privados difícil de digerir. La apuesta tan genérica por el transporte colectivo y otros alternativos apenas se percibe como una alternativa real. Con la proliferación de aparcamientos en la ciudad no se logra una disminución del vehículo privado en una ciudad como Cádiz, donde la circulación, además de molestar y, por lo tanto, hacer poco habitable el municipio, puede resultar innecesaria si está provista de un transporte público económico, cómodo y rápido.
Los dos objetivos centrales del Plan Intermodal han sido silenciados en el PGOU: Fomentar la realización de viajes a pie y en bicicleta en los ámbitos urbanos, reduciendo la utilización del vehículo privado. Y mejorar la calidad de vida metropolitana, acotando la presión del tráfico de vehículos privados y elevando la seguridad de peatones y ciclistas.
La ambigüedad e indeterminación de las propuestas de actuación del PGOU respecto a la red de carriles-bici y otras actuaciones relacionadas con la bicicleta dejan a este elemento estratégico concebido de manera indefinida y a merced de la improvisación de terceras actuaciones, lo cual puede redundar en su falta de calidad y de seguridad para los usuarios. La propuesta de carriles bici es raquítica, enfocada al mero disfrute lúdico y enfrentada a los peatones, al disputarles su espacio (las aceras), en vez de ocupar las calzadas: un disparate.
La planificación de las actuaciones y programas deben estar en coherencia con los propios principios enunciados en el propio PGOU así como en el resto de compromisos anunciados por el Ayuntamiento en relación de un desarrollo urbano sostenible y respetuoso con el medio ambiente como, además de 'Ciudad 21', el Pacto Andaluz por la Bicicleta o el Plan Intermodal de Transportes. Los tramos de carriles bici que se proyecten tienen que aplicar los principios de intermodalidad con los transportes públicos e interconexión con el resto de tramos. Las propuestas de carriles bici del PGOU arrastran una ambigüedad e indeterminación inaceptables, además de seguir considerando a la bicicleta como un vehículo meramente "lúdico".
En caso de incompatibilidad de actuaciones e infraestructuras urbanas relacionadas con la movilidad, hay que dar siempre prioridad al peatón, al transporte público y la bicicleta frente al uso del automóvil privado.
Los carriles-bici que se proyecten han de contar con unas características de funcionalidad y seguridad mínimas, como es el caso de los recientes tramos de carril-bici de la Avenida de Valencia y Cerro del Moro, evitando el error de las aceras-bici existentes en la Avenida Juan Carlos I. No tienen que competir con el tránsito peatonal ni suponer una barrera física, conviviendo con una tráfico calmado. Solo apostando de forma decidida por una política dirigida a implantar el tráfico calmado en la ciudad e implantando un sistema de señalización adecuado en calzada y vías ciclistas que garantice la seguridad de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, la propuesta de carriles bici será funcional.
JUAN CLAVERO / MIEMBRO DE ECOLOGISTAS EN ACCION | Diario de Cádiz
Es imprescindible que el nuevo PGOU defina con claridad cuál va a ser papel de Cádiz en la Bahía, en la provincia e incluso en Andalucía. Cádiz es una ciudad terminada en cuanto a su perímetro exterior, y así debe seguir siendo. No es posible aumentar la superficie de la ciudad consolidada. Sus especiales características geográficas impiden este desarrollo, aunque al mismo tiempo constituyen su mayor singularidad, y también su principal atractivo para desarrollar actividades alternativas.
A pesar de que Cádiz está incluida en la red de Ciudades por el Clima y ha solicitado integrarse en el programa de sostenibilidad urbana Ciudad 21, no existe ningún ámbito de participación social donde los objetivos de ahorro energético, reducción de residuos, movilidad no motorizada, vivienda digna, equipamientos sociales dignos y tantos otros, puedan ser expuestos y debatidos. Es este déficit democrático que padece Cádiz el que nos ha impulsado a trabajar por una ciudad más amigable, justa, limpia y basada en buenas prácticas ambientales.
Ecologistas en Acción ha defendido una ciudad en la que la peatonalización y el uso de la bicicleta avancen, en vez de reducirse frente a la omnipresencia del vehículo privado; una ciudad en la que se potencien más las zonas verdes y menos los parkings; una ciudad en la que se dé prioridad al transporte público sobre el privado; una ciudad en la que se desarrolle el empleo y la economía, una ciudad que sea referente de cultura, modernidad y solidaridad; una ciudad que mire al mar, pero también al futuro; una ciudad que sonría, pero no solo en los carteles de la propaganda municipal. Defendemos otra ciudad y otro proyecto urbanístico para Cádiz, porque creemos que otro Cádiz es posible.
Ecologistas en Acción entiende que existen al menos siete razones para rechazar este PGOU. Hoy exponemos las primeras:
1.- No ha existido ni existe un marco de participación real de los gaditanos en los asuntos urbanos que les conciernen, de forma que el Ayuntamiento sustituye esta participación por un activismo refrendatario de su labor municipal. El autobombo de las realizaciones del Ayuntamiento son tan abusivas como ominosas, e impiden la práctica el ejercicio de la crítica y del debate. La gobernanza, que es otro de los compromisos de la sostenibilidad, se reemplaza por la propaganda.
El documento exhibe una falta total de visión global de la Bahía de Cádiz a la hora de definir propuestas en materia de transporte, vivienda y centros comerciales, donde la visión autárquica prevalece sobre la de considerar el área metropolitana de la Bahía.
2.- El modelo de ciudad que defiende el PGOU revisado es insostenible ambientalmente y excluyente socialmente; postula una ciudad tipo parque temático, más atenta a sus visitantes que a sus habitantes, mantiene la segregación funcional de sus barrios, sin reequilibrio en cuanto a dotaciones y equipamientos, y privatiza suelo para generar rentas a intereses particulares. En materia de vivienda existen contradicciones entre las estrategias definidas y las propuestas contenidas en los ámbitos sectoriales. Se habla de potenciar la vivienda protegida, pero las actuaciones previstas dan vía libre a la iniciativa privada, muy por encima de viviendas de protección social.
3.- Uno de los mayores problemas que padece la ciudad, la congestión del tráfico motorizado y la sumisión al coche privado, se agrava con la apuesta temeraria por el segundo puente y la proliferación de aparcamientos subterráneos. La proclama del PGOU de "predominio del transporte público, ciclista y peatonal sobre la movilidad basada exclusivamente en el vehículo privado", se ve desmentida por la apuesta sin reservas por el coche. El desarrollo ilimitado de las infraestructuras viarias puede resolver problemas puntuales, pero, a medio plazo, puede traer efectos contrarios a los buscados. No hay que construir nuevos accesos, sino reducir el número de coches que intentan acceder a la ciudad. Sin haber resuelto adecuadamente la integración de la rotonda de acceso a Cádiz y todavía menos la acogida de los nuevos coches, la congestión automovilística está garantizada. El gasto de 368 millones de euros -que serán muchos más- en un nuevo acceso a la ciudad, se demuestra ahora como un dispendio sin sentido que está hipotecando otras inversiones de mayor interés.
La cantidad de aparcamientos previstos en el casco apunta a una atracción de vehículos privados difícil de digerir. La apuesta tan genérica por el transporte colectivo y otros alternativos apenas se percibe como una alternativa real. Con la proliferación de aparcamientos en la ciudad no se logra una disminución del vehículo privado en una ciudad como Cádiz, donde la circulación, además de molestar y, por lo tanto, hacer poco habitable el municipio, puede resultar innecesaria si está provista de un transporte público económico, cómodo y rápido.
Los dos objetivos centrales del Plan Intermodal han sido silenciados en el PGOU: Fomentar la realización de viajes a pie y en bicicleta en los ámbitos urbanos, reduciendo la utilización del vehículo privado. Y mejorar la calidad de vida metropolitana, acotando la presión del tráfico de vehículos privados y elevando la seguridad de peatones y ciclistas.
La ambigüedad e indeterminación de las propuestas de actuación del PGOU respecto a la red de carriles-bici y otras actuaciones relacionadas con la bicicleta dejan a este elemento estratégico concebido de manera indefinida y a merced de la improvisación de terceras actuaciones, lo cual puede redundar en su falta de calidad y de seguridad para los usuarios. La propuesta de carriles bici es raquítica, enfocada al mero disfrute lúdico y enfrentada a los peatones, al disputarles su espacio (las aceras), en vez de ocupar las calzadas: un disparate.
La planificación de las actuaciones y programas deben estar en coherencia con los propios principios enunciados en el propio PGOU así como en el resto de compromisos anunciados por el Ayuntamiento en relación de un desarrollo urbano sostenible y respetuoso con el medio ambiente como, además de 'Ciudad 21', el Pacto Andaluz por la Bicicleta o el Plan Intermodal de Transportes. Los tramos de carriles bici que se proyecten tienen que aplicar los principios de intermodalidad con los transportes públicos e interconexión con el resto de tramos. Las propuestas de carriles bici del PGOU arrastran una ambigüedad e indeterminación inaceptables, además de seguir considerando a la bicicleta como un vehículo meramente "lúdico".
En caso de incompatibilidad de actuaciones e infraestructuras urbanas relacionadas con la movilidad, hay que dar siempre prioridad al peatón, al transporte público y la bicicleta frente al uso del automóvil privado.
Los carriles-bici que se proyecten han de contar con unas características de funcionalidad y seguridad mínimas, como es el caso de los recientes tramos de carril-bici de la Avenida de Valencia y Cerro del Moro, evitando el error de las aceras-bici existentes en la Avenida Juan Carlos I. No tienen que competir con el tránsito peatonal ni suponer una barrera física, conviviendo con una tráfico calmado. Solo apostando de forma decidida por una política dirigida a implantar el tráfico calmado en la ciudad e implantando un sistema de señalización adecuado en calzada y vías ciclistas que garantice la seguridad de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, la propuesta de carriles bici será funcional.
JUAN CLAVERO / MIEMBRO DE ECOLOGISTAS EN ACCION | Diario de Cádiz
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