EL Parlamento debatió y aprobó la semana pasada el Presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo año, marcado por el "compromiso social", la "austeridad", las "reformas" estructurales y la apuesta por un "nuevo modelo productivo".
Estamos ante unas cuentas públicas marcadas por la crisis económica y que suponen un gran esfuerzo de austeridad en el gasto corriente, un firme compromiso de abordar reformas estructurales en el ámbito de las administraciones públicas, para avanzar hacia la excelencia en los servicios y las prestaciones, y una decidida apuesta por la implantación progresiva de un nuevo modelo económico, orientado hacia la sostenibilidad y la competitividad de nuestro tejido productivo.
Los ingresos presupuestarios se siguen viendo afectados por la crisis, con una caída importante de la recaudación, lo que se compensa en parte a través de nuevas figuras impositivas de carácter progresista, que afectan entre otros a los depósitos bancarios y a las bolsas de plástico.
Experimentan una caída importante los recursos destinados a inversiones en infraestructuras, que pasan del 5 al 3% del PIB, más de 5.300 millones de euros, todavía por encima de la media de lo que destinan el resto de las comunidades autónomas a este fin. Hemos priorizado la cobertura de las necesidades sociales, especialmente en momentos en los que la crisis multiplica el colectivo de personas con dificultades económicas, aunque ello suponga hacer algunos kilómetros menos de autovía.
En relación con los gastos, suben los destinados a las políticas sociales, al fomento del empleo y la sostenibilidad medioambiental. El presupuesto garantiza la calidad de los servicios y prestaciones públicas, con partidas que suponen el 78% del gasto no financiero, manteniendo un firme compromiso en la aplicación de la Ley de la Dependencia, que nos sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas, con un 30% del conjunto de los recursos que se destinan a este fin en España.
En materia de empleo, las cuentas públicas aprobadas prestan una especial atención a los colectivos que encuentran más dificultades para acceder a una ocupación; mayores de cuarenta y cinco años y jóvenes con escasa formación, que abandonaron el colegio para incorporarse al trabajo atraídos por ofertas de empleo vinculadas a la construcción, cuya caída les ha conducido a la falta de expectativas de acceder a otras actividades que exijan una mayor cualificación profesional.
En materia de gasto, los Presupuestos de la Junta se comprometen con el cambio progresivo de nuestro modelo económico, en primer lugar, haciendo mejor lo que ya hacemos bien en los sectores vinculados con la producción y la industrialización agraria y la configuración de una oferta turística de excelencia y, en segundo lugar, continuando la apuesta por la innovación y la investigación en sectores clave tales como las energías limpias, las industrias biomédicas y la sostenibilidad medioambiental.
Frente al discurso del oportunismo, el populismo y la demagogia que ha caracterizado a los portavoces de la derecha andaluza representada por el Partido Popular, obsesionada con lograr el poder a cualquier precio, con el recurso a la propaganda mentirosa financiada con fondos públicos, en lo que algunos como el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha llegado al virtuosismo del despilfarro y la desvergüenza, los presupuestos de la Junta son una herramienta de vital importancia en la batalla contra los tópicos que lastran la imagen de Andalucía y suponen un compromiso con el desarrollo de la investigación y la modernidad, con el pensamiento y la iniciativa creativa, con la solidaridad y la calidad de vida de los andaluces.
lunes, 27 de diciembre de 2010
lunes, 20 de diciembre de 2010
Sobre los retos de la próxima década
Progreso global para todos
JESÚS CALDERA / JOHN PODESTA 20/12/2010
A punto de cerrar 2010, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre los retos de la próxima década y la forma en la que los progresistas queremos abordarlos. Por eso, la Fundación IDEAS y el Center for American Progress organizaron recientemente un encuentro internacional en Nueva York al que asistieron líderes de primer nivel como Clinton, Blair, González o Rasmussen. Los reunidos establecieron un diálogo intergeneracional fructífero del que ya pueden extraerse algunas conclusiones.
En primer lugar, compartimos que el origen de la crisis se debe al reciente periodo de políticas conservadoras y neoliberales. Los líderes reunidos fueron protagonistas de las mejores políticas progresistas durante los años noventa. Obtuvieron logros ampliamente reconocidos en términos de crecimiento económico, empleo, equilibrio de las finanzas públicas y cohesión social. El camino para conseguirlo fue la promoción de los mercados inclusivos, de la responsabilidad social de las empresas, la profundización en la calidad democrática y el desarrollo de un Estado generador de nuevas oportunidades y mejores garantías sociales. Como resultado, una mayoría de ciudadanos comenzó a vivir mejor y a mirar de forma más optimista al futuro.
Sin embargo, tras los atentados del 11-S, las fuerzas neoconservadoras encontraron la posibilidad de desarrollar una agenda mucho menos ambiciosa para las aspiraciones de la mayoría y concentrada en el populismo político, el proteccionismo económico y la desconfianza social entre los seres humanos. En términos políticos, se amplió la desregulación financiera, proliferaron los intereses corporativos y se redujo el apoyo a los más débiles, mientras se construía una nueva ilusión financiera. Y en términos anímicos la sensación de riesgo y temor aumentó. Allí se incubó la crisis que hoy vivimos, no solo en su dimensión económica, sino también en su fuerte dimensión social y medioambiental.
En segundo lugar, nuestros debates coincidieron en otra importante conclusión. Hoy vivimos en un contexto mucho más complicado, porque a los problemas descritos se unen transformaciones estructurales asociadas a la catástrofe climática, los movimientos demográficos y los cambios tecnológicos. Además, el tablero de juego para encontrar nuevas soluciones ya no es local sino global. El reto de los progresistas hoy consiste en contrarrestar las políticas conservadoras de recortes dañinos e injustificados con una agenda de reformas innovadora que ofrezca un futuro mejor. Y, mientras aprendemos de las experiencias de nuestros éxitos pasados, no debemos sucumbir al deseo nostálgico de proponer las políticas que tuvieron éxito en un mundo que ya no volverá.
Nuestro encuentro no quedó en la resignación. Ante las dificultades no podemos esconder la cabeza o reducir nuestra acción a la defensa de conquistas pasadas. La salida no está en el proteccionismo, ni en el miedo a las economías emergentes, ni en el desprecio a la diversidad cultural, ni en los recortes hacia los más débiles. Esa es la agenda del inmovilismo conservador, y los progresistas nos caracterizamos por la mirada audaz y responsable hacia adelante. Nuestras respuestas siempre han tenido éxito cuando han ofrecido una visión optimista de un futuro basado en los valores de la libertad, la justicia social, las oportunidades y la convivencia. Esos valores siguen siendo fundamentales y por ello nuestra tarea más urgente es encontrar los nuevos instrumentos que hagan posible su plena realización.
En primer lugar, coincidimos en que la austeridad fiscal es bienvenida siempre que los esfuerzos estén repartidos entre todas las capas sociales, y siempre que generen espacio fiscal para acometer las inversiones económicas y sociales del futuro.
En segundo lugar, esa austeridad no es un fin en sí mismo, sino que debe ir acompañada de reformas en una economía más sostenible y en una nueva sociedad que conceda oportunidades a todos. Las nuevas industrias verdes, la expansión de los sectores dedicados a la cohesión social, y el apoyo a todas las innovaciones tecnológicas son políticas muy rentables económicamente si están diseñadas con un enfoque dinamizador. Es la clave para recuperar el empleo y aumentar la calidad de vida de la clase media.
Y por último, si queremos que los cambios tengan un carácter progresista y mejoren la seguridad de todos, precisaremos una cooperación institucional, una mejor gobernanza global y una mayor solidaridad internacional.
Los progresistas ya se han enfrentado muchas veces en la historia al reto de restaurar la esperanza y las oportunidades y volveremos a hacerlo. En esta ocasión, no lo haremos de forma aislada, sino en asociación con los demás. Porque, aunque aún las decisiones políticas sean locales, todos los problemas y las soluciones son globales. Queremos que esta nueva iniciativa de Progreso Global, que volverá a reunirse en Madrid en la próxima primavera, sea el foro adecuado para articular todas esas respuestas de futuro de forma compartida. Y haciendo honor a la mejor tradición progresista, invitamos a todos a aportar su esfuerzo y sus mejores ideas en este proceso que ahora comienza.
En primer lugar, compartimos que el origen de la crisis se debe al reciente periodo de políticas conservadoras y neoliberales. Los líderes reunidos fueron protagonistas de las mejores políticas progresistas durante los años noventa. Obtuvieron logros ampliamente reconocidos en términos de crecimiento económico, empleo, equilibrio de las finanzas públicas y cohesión social. El camino para conseguirlo fue la promoción de los mercados inclusivos, de la responsabilidad social de las empresas, la profundización en la calidad democrática y el desarrollo de un Estado generador de nuevas oportunidades y mejores garantías sociales. Como resultado, una mayoría de ciudadanos comenzó a vivir mejor y a mirar de forma más optimista al futuro.
Sin embargo, tras los atentados del 11-S, las fuerzas neoconservadoras encontraron la posibilidad de desarrollar una agenda mucho menos ambiciosa para las aspiraciones de la mayoría y concentrada en el populismo político, el proteccionismo económico y la desconfianza social entre los seres humanos. En términos políticos, se amplió la desregulación financiera, proliferaron los intereses corporativos y se redujo el apoyo a los más débiles, mientras se construía una nueva ilusión financiera. Y en términos anímicos la sensación de riesgo y temor aumentó. Allí se incubó la crisis que hoy vivimos, no solo en su dimensión económica, sino también en su fuerte dimensión social y medioambiental.
En segundo lugar, nuestros debates coincidieron en otra importante conclusión. Hoy vivimos en un contexto mucho más complicado, porque a los problemas descritos se unen transformaciones estructurales asociadas a la catástrofe climática, los movimientos demográficos y los cambios tecnológicos. Además, el tablero de juego para encontrar nuevas soluciones ya no es local sino global. El reto de los progresistas hoy consiste en contrarrestar las políticas conservadoras de recortes dañinos e injustificados con una agenda de reformas innovadora que ofrezca un futuro mejor. Y, mientras aprendemos de las experiencias de nuestros éxitos pasados, no debemos sucumbir al deseo nostálgico de proponer las políticas que tuvieron éxito en un mundo que ya no volverá.
Nuestro encuentro no quedó en la resignación. Ante las dificultades no podemos esconder la cabeza o reducir nuestra acción a la defensa de conquistas pasadas. La salida no está en el proteccionismo, ni en el miedo a las economías emergentes, ni en el desprecio a la diversidad cultural, ni en los recortes hacia los más débiles. Esa es la agenda del inmovilismo conservador, y los progresistas nos caracterizamos por la mirada audaz y responsable hacia adelante. Nuestras respuestas siempre han tenido éxito cuando han ofrecido una visión optimista de un futuro basado en los valores de la libertad, la justicia social, las oportunidades y la convivencia. Esos valores siguen siendo fundamentales y por ello nuestra tarea más urgente es encontrar los nuevos instrumentos que hagan posible su plena realización.
En primer lugar, coincidimos en que la austeridad fiscal es bienvenida siempre que los esfuerzos estén repartidos entre todas las capas sociales, y siempre que generen espacio fiscal para acometer las inversiones económicas y sociales del futuro.
En segundo lugar, esa austeridad no es un fin en sí mismo, sino que debe ir acompañada de reformas en una economía más sostenible y en una nueva sociedad que conceda oportunidades a todos. Las nuevas industrias verdes, la expansión de los sectores dedicados a la cohesión social, y el apoyo a todas las innovaciones tecnológicas son políticas muy rentables económicamente si están diseñadas con un enfoque dinamizador. Es la clave para recuperar el empleo y aumentar la calidad de vida de la clase media.
Y por último, si queremos que los cambios tengan un carácter progresista y mejoren la seguridad de todos, precisaremos una cooperación institucional, una mejor gobernanza global y una mayor solidaridad internacional.
Los progresistas ya se han enfrentado muchas veces en la historia al reto de restaurar la esperanza y las oportunidades y volveremos a hacerlo. En esta ocasión, no lo haremos de forma aislada, sino en asociación con los demás. Porque, aunque aún las decisiones políticas sean locales, todos los problemas y las soluciones son globales. Queremos que esta nueva iniciativa de Progreso Global, que volverá a reunirse en Madrid en la próxima primavera, sea el foro adecuado para articular todas esas respuestas de futuro de forma compartida. Y haciendo honor a la mejor tradición progresista, invitamos a todos a aportar su esfuerzo y sus mejores ideas en este proceso que ahora comienza.
jueves, 16 de diciembre de 2010
El retraso de las jubilaciones, por Vicenç Navarro
El alargamiento, de los 65 a los 67 años, de la edad obligatoria de la jubilación afectaría de una manera muy desigual a distintos sectores de la población, como consecuencia de que España continúa teniendo clases sociales. Un burgués vive dos años más que un pequeño burgués que, a su vez, vive dos años más que una persona de clase media, la cual vive dos años más que una persona trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona trabajadora no cualificada, la cual vive dos años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro. La distancia entre la última y la primera es de diez años, mientras que el promedio de la UE-15 es de siete. (La distancia de dos años de longevidad entre las clases sociales es una aproximación, pues tiende a ser ligeramente inferior entre la burguesía, pequeña burguesía
y clases medias, y superior entre estas clases y la clase trabajadora).
A partir de estas cifras puede concluirse que, puesto que la longevidad es tan distinta según la clase social, es profundamente injusto que todos deban obligatoriamente jubilarse al mismo tiempo. En realidad, para muchas personas cuyo trabajo es más intelectual que manual y que es fuente de goce y estímulo tener que jubilarse a los 65 años es un perjuicio que puede dañar su salud. En EEUU, por ejemplo, un catedrático puede trabajar hasta que lo desee, siempre y cuando alcance los niveles de exigencia que la universidad reclama a todos los docentes. La jubilación es un derecho, no una obligación. No así en España, donde es una obligación, llegando al absurdo de que muchos profesionales deben jubilarse en pleno uso de sus facultades y competencias en profesiones y especialidades (como la medicina) donde hay una enorme escasez de profesionales.
y clases medias, y superior entre estas clases y la clase trabajadora).
A partir de estas cifras puede concluirse que, puesto que la longevidad es tan distinta según la clase social, es profundamente injusto que todos deban obligatoriamente jubilarse al mismo tiempo. En realidad, para muchas personas cuyo trabajo es más intelectual que manual y que es fuente de goce y estímulo tener que jubilarse a los 65 años es un perjuicio que puede dañar su salud. En EEUU, por ejemplo, un catedrático puede trabajar hasta que lo desee, siempre y cuando alcance los niveles de exigencia que la universidad reclama a todos los docentes. La jubilación es un derecho, no una obligación. No así en España, donde es una obligación, llegando al absurdo de que muchos profesionales deben jubilarse en pleno uso de sus facultades y competencias en profesiones y especialidades (como la medicina) donde hay una enorme escasez de profesionales.
Pero este absurdo es incluso más injusto en la persona cuyo trabajo es más manual que intelectual, y para la cual el trabajo no es un instrumento de goce sino un medio a partir del cual obtiene los medios para poder vivir. Y grandes sectores de la clase trabajadora se encuentran en esta situación. Para esta persona, exigirle que trabaje dos años más es una enorme injusticia, y ello debido a que se la homologa con otra que, además de tener un trabajo estimulante muy distinto, le sobrevivirá muchos años. Es profundamente injusto pedirle a un miembro del personal de limpieza de la universidad que trabaje dos años más para pagar mi pensión, ya que probablemente le sobreviviré seis u ocho años más.
Pero a esta injusticia se añade otra, y es que el alargamiento de la esperanza de vida en los últimos 30 años ha sido también muy desigual. La burguesía, pequeña burguesía y clases medias han visto cómo se alargaba su vida mucho más rápidamente que la clase trabajadora. En EEUU, país que tiene un sistema de recolección y análisis de estadísticas sociales y vitales mejor que España, las clases con mayores rentas han incrementado notablemente su esperanza de vida durante los últimos 30 años. Tal incremento ha sido mucho menor, sin embargo, en las rentas inferiores (primordialmente trabajadores no cualificados), que no han visto crecer su esperanza de vida ni siquiera dos años, con lo cual el retraso de dos años de su edad de jubilación significaría incluso una reducción de sus periodos de pensionista en comparación con pensionistas en cohortes anteriores (Dean Baker y David Rosnick, The Impact of Income Distribution on the Length of Retirement, Center for Economic and Policy Research, octubre de 2010). La relevancia de estos datos para España es enorme, pues mientras que en EEUU la mitad de los trabajadores de 58 años trabaja en ocupaciones físicamente exigentes y/o en condiciones difíciles (difficult working conditions), este porcentaje es incluso mayor en España, donde el nivel de cualificación en la fuerza laboral es menor que en EEUU. De ahí puede concluirse que su longevidad es menor y ha crecido menos en los últimos 30 años que las clases de renta superiores. Tratar a todos por igual es una gran injusticia.
Otro problema que existe en la propuesta de retraso de la edad de jubilación es que se basa en supuestos erróneos. El argumento que se utiliza constantemente para indicar que el sistema de pensiones público es insostenible es subrayar que, mientras ahora el gasto público en pensiones representa el 9% del PIB, en el año 2050 será del 15%, lo cual consideran que es insostenible. Este argumento lo han utilizado una larga lista de instituciones y firmas de sensibilidad neoliberal. Y lo utilizó hace unos días el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en una entrevista en el rotativo de mayor difusión del país, donde repitió el mismo argumento. Es más, este último indicó que, aun cuando la productividad anual aumentara un 2% o un 2,5%, todavía sería insostenible.
Pero esto no es cierto. Si el crecimiento anual de la productividad fuera del 2%, el PIB en 2050 sería 2,20 veces mayor que ahora. Ello quiere decir que si el PIB ahora es 100, en 2050 sería 220. Pues bien, mientras que ahora nueve unidades (el 9% del PIB) van a pensionistas, en 2050 serían 33 (el 15% del PIB), y para los no pensionistas, en 2050 serían 187 (220-33), mucho más que ahora, que son 91. Es decir, como resultado del incremento de la tarta (más del doble), tanto pensionistas como no pensionistas tendrán muchos más recursos, pues estamos hablando de cantidades monetarias con la misma capacidad de compra en 2010 y en 2050. Es más, es probable que el PIB sea incluso mayor, resultado del crecimiento de la población que trabaja (ahora una de las más bajas de la OCDE). Si en lugar del 52% fuera del 72% o del 75%, el PIB sería incluso mucho mayor. La alarma es totalmente infundada. Lo que el Estado debería hacer es mejorar la productividad del país y facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo en lugar de alargar obligatoriamente la edad de jubilación.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
sábado, 11 de diciembre de 2010
Reinventar el PSOE
Desde el rincón
Lo que hoy cuentan las encuestas de Metroscopia para El País –el PSOE alcanza el nivel de adhesión ciudadana más bajo en democracia, muy parecido al que obtuvo nuestro hermano PSC hace unos días en unas elecciones-, lo llevo percibiendo en la calle como diputado desde hace meses. Con razón y sin ella, que de todo hay, la gente está dejando de confiar en nosotros para liderar la sociedad. Y que nadie se llame a engaño, no es sólo por el desgaste propio de una crisis económica terrible. Es por algo más.Cada vez lo tengo más claro, o nos reinventamos como socialdemocracia moderna al servicio de verdad de la mayoría de la gente o corremos el serio riesgo de acabar siendo residuales para la ciudadanía. Algo que, la Historia lo demuestra aquí y allí, es capaz de hacer una democracia con un partido político histórico y hegemónico sin despeinarse.
(Interesante reflexión del Diputado socialista por la provinica de Córdoba, Juan Luis Rascón, en su blog. )
viernes, 10 de diciembre de 2010
Peatonalización y comercio, Por Manuel A. González Fustegueras
AUNQUE "peatones somos todos", hay grupos sociales que temporalmente se encuentran alejados de las demandas de los viandantes como prioridad. Muchos de ellos se preguntan: ¿qué repercusiones tiene para el comercio?, ¿con la peatonalización es posible mantener la competitividad del comercio tradicional frente a las nuevas formas comerciales? Intentemos contestar a estas preguntas.
Plantearse las condiciones que un establecimiento y/o una zona comercial ha de tener para ser atractivas es plantearse el gran tema de la competitivilidad, hoy, de las actividades comerciales. Y dados los hábitos de compra actuales, la capacidad de atracción de una zona comercial es función, en buena medida, de la accesibilidad de la misma. Pero, cabe interrogarse sobre si la accesibilidad, y por derivación la capacidad de atracción, opera de la misma forma para el comercio tradicional y para en las formas comerciales en gran superficie.
Para ello debe diferenciarse entre dos actividades o funciones socio-urbanas distintas: "Ir a comprar" / "Ir de compras". Mientras la primera (ir a comprar) tiene un objetivo claro, y es la única que es de aplicación a las nuevas formas comerciales (normalmente no se va a un hipermercado a "ver"), la segunda (ir de compras) es patrimonio del comercio tradicional. Para la venta de productos especializados o de cierta calidad, que en principio encuentran su ubicación en el comercio tradicional, debe asegurarse la máxima transparencia frente al consumidor. Y la máxima transparencia, al margen de otro tipo de consideraciones (información sobre precios, escaparates y libre entrada...) cabe asegurarla a través de las facilidades dadas al consumidor para el acceso al punto de venta. Es decir: facilidad de acceso externa (a la zona comercial) y movilidad interna en la zona comercial.
La accesibilidad debe plantearse en relación con la funcionalidad urbana, en torno al "ir de compras" o "ir a comprar", en torno a una oferta multisectorial especializada en numerosos puntos de venta o a una oferta multisectorial en una única unidad de venta. En las grandes superficies, donde el éxito y la capacidad de atracción se basan no en una diferenciación de la calidad, sino en unos precios más bajos pero que normalmente operan con un mayor volumen de compra, exige el desplazamiento en automóvil para transportar el producto de la adquisición. Frente a ello, el "ir de compras", como actividad complementaria al pasear, exige una especial protección al peatón. Avanzar en torno a un eje comercial, con ofertas a uno y otro lado, donde las tiendas se abren sobre el espacio urbano.
La calle como un escaparate sin solución de continuidad sólo es posible en unas condiciones ambientales adecuadas de protección. La peatonalización significa un aumento de la capacidad de atracción en las zonas centrales si éstas se destinan a un comercio especializado, a un comercio donde el consumidor -en los términos en los que hemos definido la función- "va de compras", pasea y compra.
Que la capacidad de atracción aumenta, lo demuestran diversos estudios de las experiencias españolas y europeas -ya sean alemanas, austriacas, holandesas, inglesas, etcétera- y también en los Estados Unidos. Estudios que todos ellos han tenido como criterio inicial el que la calle hubiera sido utilizada inicialmente como una vía de tráfico motorizado. En todos estos estudios se constata que la peatonalización ha provocado: un aumento del flujo peatonal que, en grandes ciudades alcanza hasta un 50% de incremento; una renovación comercial de la zona, con tendencia a la especialización; un considerable aumento de ventas en los comercios; la elevación del precio del suelo y de los alquileres; presión para la ubicación en la zona de las grandes cadenas comerciales especializadas; la aparición de una serie de actividades espontáneas y de animación (manifestaciones culturales y políticas, convivencia, comunicación y esparcimiento).
Y, cómo no, una oposición inicial de los comerciantes, a la que paradójicamente sigue por parte de los mismos una petición de ampliación y una política de promoción.
Y es que la peatonalización tiene, como me decía un periodista el otro día, cuatro fases, como los encuentros con seres extraterrestres; a saber: la primera es el avistamiento, que se da cuando todavía no se han metido las máquinas pero ya están los comerciantes con caras zaheridas y mandando imprimir las pegatinas; la segunda fase es la evidencia, y se caracteriza por no saber cómo usar una calle que suena a raro, pero que ya está ahí; la tercera es el contacto, la plena integración de la criatura en su contexto, el goce y disfrute gregario de las nuevas posibilidades; y la última fase es la abducción total, la entrega completa a la peatonalización.
En definitiva, peatonalizar una calle es hacerla más segura para el comprador y por tanto más atractiva, en el doble uso de la palabra. El respeto a los adoquines libres de ruedas y a los centros históricos libres de humos es, además de un modo de revitalizar barrios antiguos devolviéndoles su esencia, una forma para incrementar el turismo y la economía de estas zonas a través tanto de los espacios monumentales libres de vehículos, como del apoyo a los pequeños comercios que, en muchos casos en nuestros centros históricos, a diario abren sus puertas esquivando los turismos, furgonetas y motocicletas que se apropian de sus escaparates, mientras critican la falta de plazas de aparcamiento.
(Publicado en Diario de Cádiz)
Plantearse las condiciones que un establecimiento y/o una zona comercial ha de tener para ser atractivas es plantearse el gran tema de la competitivilidad, hoy, de las actividades comerciales. Y dados los hábitos de compra actuales, la capacidad de atracción de una zona comercial es función, en buena medida, de la accesibilidad de la misma. Pero, cabe interrogarse sobre si la accesibilidad, y por derivación la capacidad de atracción, opera de la misma forma para el comercio tradicional y para en las formas comerciales en gran superficie.
Para ello debe diferenciarse entre dos actividades o funciones socio-urbanas distintas: "Ir a comprar" / "Ir de compras". Mientras la primera (ir a comprar) tiene un objetivo claro, y es la única que es de aplicación a las nuevas formas comerciales (normalmente no se va a un hipermercado a "ver"), la segunda (ir de compras) es patrimonio del comercio tradicional. Para la venta de productos especializados o de cierta calidad, que en principio encuentran su ubicación en el comercio tradicional, debe asegurarse la máxima transparencia frente al consumidor. Y la máxima transparencia, al margen de otro tipo de consideraciones (información sobre precios, escaparates y libre entrada...) cabe asegurarla a través de las facilidades dadas al consumidor para el acceso al punto de venta. Es decir: facilidad de acceso externa (a la zona comercial) y movilidad interna en la zona comercial.
La accesibilidad debe plantearse en relación con la funcionalidad urbana, en torno al "ir de compras" o "ir a comprar", en torno a una oferta multisectorial especializada en numerosos puntos de venta o a una oferta multisectorial en una única unidad de venta. En las grandes superficies, donde el éxito y la capacidad de atracción se basan no en una diferenciación de la calidad, sino en unos precios más bajos pero que normalmente operan con un mayor volumen de compra, exige el desplazamiento en automóvil para transportar el producto de la adquisición. Frente a ello, el "ir de compras", como actividad complementaria al pasear, exige una especial protección al peatón. Avanzar en torno a un eje comercial, con ofertas a uno y otro lado, donde las tiendas se abren sobre el espacio urbano.
La calle como un escaparate sin solución de continuidad sólo es posible en unas condiciones ambientales adecuadas de protección. La peatonalización significa un aumento de la capacidad de atracción en las zonas centrales si éstas se destinan a un comercio especializado, a un comercio donde el consumidor -en los términos en los que hemos definido la función- "va de compras", pasea y compra.
Que la capacidad de atracción aumenta, lo demuestran diversos estudios de las experiencias españolas y europeas -ya sean alemanas, austriacas, holandesas, inglesas, etcétera- y también en los Estados Unidos. Estudios que todos ellos han tenido como criterio inicial el que la calle hubiera sido utilizada inicialmente como una vía de tráfico motorizado. En todos estos estudios se constata que la peatonalización ha provocado: un aumento del flujo peatonal que, en grandes ciudades alcanza hasta un 50% de incremento; una renovación comercial de la zona, con tendencia a la especialización; un considerable aumento de ventas en los comercios; la elevación del precio del suelo y de los alquileres; presión para la ubicación en la zona de las grandes cadenas comerciales especializadas; la aparición de una serie de actividades espontáneas y de animación (manifestaciones culturales y políticas, convivencia, comunicación y esparcimiento).
Y, cómo no, una oposición inicial de los comerciantes, a la que paradójicamente sigue por parte de los mismos una petición de ampliación y una política de promoción.
Y es que la peatonalización tiene, como me decía un periodista el otro día, cuatro fases, como los encuentros con seres extraterrestres; a saber: la primera es el avistamiento, que se da cuando todavía no se han metido las máquinas pero ya están los comerciantes con caras zaheridas y mandando imprimir las pegatinas; la segunda fase es la evidencia, y se caracteriza por no saber cómo usar una calle que suena a raro, pero que ya está ahí; la tercera es el contacto, la plena integración de la criatura en su contexto, el goce y disfrute gregario de las nuevas posibilidades; y la última fase es la abducción total, la entrega completa a la peatonalización.
En definitiva, peatonalizar una calle es hacerla más segura para el comprador y por tanto más atractiva, en el doble uso de la palabra. El respeto a los adoquines libres de ruedas y a los centros históricos libres de humos es, además de un modo de revitalizar barrios antiguos devolviéndoles su esencia, una forma para incrementar el turismo y la economía de estas zonas a través tanto de los espacios monumentales libres de vehículos, como del apoyo a los pequeños comercios que, en muchos casos en nuestros centros históricos, a diario abren sus puertas esquivando los turismos, furgonetas y motocicletas que se apropian de sus escaparates, mientras critican la falta de plazas de aparcamiento.
(Publicado en Diario de Cádiz)
miércoles, 8 de diciembre de 2010
Los socialistas votarán en contra del PGOU de Cádiz
El PSOE califica de "cobarde" el PGOU e "inviable" económicamente
Los socialistas votarán en contra del documento y piensan que se deberían haber planteado actuaciones más austeras "debido al momento económico actual"
"Paupérrimo", "cobarde" e "inviable económicamente". Estos son algunos de los calificativos que utilizaron los concejales del Grupo Municipal para referirse al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se aprobará el próximo lunes en un pleno extraordinario. Y todo ello después de que se celebrara la Comisión Informativa de Urbanismo en la que la socialista Natalia Álvarez se quejó de la actitud del presidente de esta mesa, el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Ignacio Romaní. La edil socialista asegura que no quiso contestar a ninguna de las preguntas que le hizo sobre las últimas modificaciones que se le ha hecho al documento y que "su único interés era el de votar. Incluso me ha llamado impertinente".
Más allá de las relaciones entre el equipo de Gobierno y el principal grupo de la oposición, Álvarez dijo que se trata de un documento "unilateral" que ha servido al PP "de arma electoral "en sus múltiples campañas". En este sentido, dentro de las críticas que hizo al documento, señaló que "lo que se ha presentado es inconexo, una especie de esfera de negocios privados".
El PSOE cree que el documento es "inviable" desde el punto de vista económico ya que entiende que se ha tardado mucho tiempo en su tramitación, lo que hace que muchas de las operaciones que aparecen recogidas en el documento "sean ahora una especie e entelequia". Cabe recordar que el equipo de Gobierno fijó en 1.183 millones de euros la inversión necesaria para poder acometer este plan.
En las conclusiones se dice que estas actuaciones se financian por un lado por los promotores e inversores privados. Natalia Álvarez se pregunta qué inversores van a llegar a la ciudad "cuando ni siquiera nadie quiere el aparcamiento de plaza de Sevilla". Álvarez acusa al equipo de Gobierno de "falta de responsabilidad" por no haber "regulado actuaciones más austeras y acordes con la situación actual".
Álvarez asegura que es "un plan cobarde que no se ha afrontado con valentía". Entre otras cuestiones cree que no afronta la apertura de la ciudad al puerto, su integración en la Bahía y "no apuesta por la accesibilidad y la movilidad, algo que queda postergado y olvidado".
Con respecto a la vivienda cree que la solución estaba en el parque residencial existente "y se diga lo que se diga se apuesta por la vivienda libre sobre la protegida, ya que ésta aparece como una reserva de suelo, pero a saber cuándo se programará". Afirma que hay "excesiva" oferta comercial y que no se ha puesto ni una sola medida "por la sostenibilidad". Álvarez también opina que la operación de Zona Franca "es un órdago" y cree que está desequilibrada "porque no se consigue mezclar los usos".
La portavoz y candidata socialista, Marta Meléndez, dijo que se iba a votar en contra del PGOU porque "no hay voluntad política de afrontar los grandes temas".
Más allá de las relaciones entre el equipo de Gobierno y el principal grupo de la oposición, Álvarez dijo que se trata de un documento "unilateral" que ha servido al PP "de arma electoral "en sus múltiples campañas". En este sentido, dentro de las críticas que hizo al documento, señaló que "lo que se ha presentado es inconexo, una especie de esfera de negocios privados".
El PSOE cree que el documento es "inviable" desde el punto de vista económico ya que entiende que se ha tardado mucho tiempo en su tramitación, lo que hace que muchas de las operaciones que aparecen recogidas en el documento "sean ahora una especie e entelequia". Cabe recordar que el equipo de Gobierno fijó en 1.183 millones de euros la inversión necesaria para poder acometer este plan.
En las conclusiones se dice que estas actuaciones se financian por un lado por los promotores e inversores privados. Natalia Álvarez se pregunta qué inversores van a llegar a la ciudad "cuando ni siquiera nadie quiere el aparcamiento de plaza de Sevilla". Álvarez acusa al equipo de Gobierno de "falta de responsabilidad" por no haber "regulado actuaciones más austeras y acordes con la situación actual".
Álvarez asegura que es "un plan cobarde que no se ha afrontado con valentía". Entre otras cuestiones cree que no afronta la apertura de la ciudad al puerto, su integración en la Bahía y "no apuesta por la accesibilidad y la movilidad, algo que queda postergado y olvidado".
Con respecto a la vivienda cree que la solución estaba en el parque residencial existente "y se diga lo que se diga se apuesta por la vivienda libre sobre la protegida, ya que ésta aparece como una reserva de suelo, pero a saber cuándo se programará". Afirma que hay "excesiva" oferta comercial y que no se ha puesto ni una sola medida "por la sostenibilidad". Álvarez también opina que la operación de Zona Franca "es un órdago" y cree que está desequilibrada "porque no se consigue mezclar los usos".
La portavoz y candidata socialista, Marta Meléndez, dijo que se iba a votar en contra del PGOU porque "no hay voluntad política de afrontar los grandes temas".
martes, 7 de diciembre de 2010
Por qué Wikileaks es bueno para la democracia
"La información es la moneda de la democracia"
Thomas Jefferson
Desde el 11-S, el gobierno estadounidense, ya fuese con el presidente Bush o con Obama, ha dicho una y otra vez al público estadounidense que sus "secretos de estado" no deben ser compartidos con los ciudadanos. El candidato Obama prometió reducir los secretos de estado, pero el presidente Obama continuó con la tradición de Bush. Los tribunales, el congreso y los aliados internacionales de EE.UU. se han plegado a la escalada secretista del ejecutivo estadounidense.
Etiquetando decenas de millones como documentos secretos, el gobierno estadounidense ha creado un enorme vacío informativo. Pero la información es el alma de la democracia. La información sobre los gobiernos contribuye a una democracia salubre. La transparencia y la rendición de cuentas de los cargos públicos son dos elementos esenciales de un buen gobierno. Igualmente, "una falta de transparencia gubernamental y de rendición de cuentas socava la democracia y da alas al cinismo y a la desconfianza", según declara el informe Harris de 2008 encargado por la Association of Government Accountants.
En ese vacío informativo se adentró el soldado raso Bradley Manning, quien, según Associated Press, fue capaz de derrotar "los sistemas de seguridad del Pentágono no usando más que un CD de Lady Gaga y un lápiz de memoria". Manning presuntamente envió la información a Wikileaks, una organización sin ánimo de lucro especializada en la publicación de información filtrada. Wikileaks, a su vez, compartió estos documentos con otros medios de comunicación de todo el mundo, incluyendo el New York Times, y publicó la mayor parte en su página web.
A pesar de las investigaciones criminales puestas en marcha por los Estados Unidos y otros gobiernos, no es claro que organizaciones como Wikileaks puedan ser perseguidas en los Estados Unidos si nos atenemos a la Primera Enmienda. Recuérdese que según ésta, el "Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de dichas actividades; o que coarte la libertad de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente, y para solicitar al gobierno la reparación de agravios."
Algunos políticos, rojos de furia, denuncian que esta filtración equivale a terrorismo y que pone en riesgo la vida de personas inocentes. Muchos de estos mismos políticos no obstante autorizaron el equivalente del bombardeo de saturación de Bagdad y de otras ciudades iraquíes, el sacrificio de miles de vidas de soldados y civiles así como los ataques de aviones no tripulados en áreas civiles de Afganistán, Pakistán y Yemen. Su rabia hacia un documento descargado, del que desconocemos aún su verdadero alcance, es como poco sospechosa.
Todo el mundo, incluyendo a Wikileaks y los medios de comunicación que están dando a conocer los documentos filtrados, espera que ninguna vida se pierda por la publicación. Y hasta donde sabemos, ése parece ser justamente el caso: los periódicos del grupo McClatchey informaron el 28 de noviembre que oficiales estadounidenses habían reconocido que hasta la fecha no tenían ninguna prueba de que "la [anterior] publicación de documentos condujese a la muerte de alguien."
Los Estados Unidos han estado marchando en la dirección equivocada durante años, clasificando millones de documentos como secretos. Wikileaks y el resto de medios de comunicación que informan de estos llamados secretos avergonzarán a mucha gente, sí. Wikileaks y el resto de medios de comunicación harán que muchos líderes se sientan incómodos, sí. Pero la vergüenza y la incomodidad son un pequeño precio a pagar si queremos una democracia más saludable.
Wikileaks tiene el potencial para robustecer la transparencia y la rendición de cuentas en los EE.UU. Y eso es bueno para la democracia.
Bill Quigley es el director de Centro para los Derechos Constitucionales y profesor de derecho en la Universidad de Loyola de Nueva Orleans.
(Tomado de Rebelión )
Thomas Jefferson
Desde el 11-S, el gobierno estadounidense, ya fuese con el presidente Bush o con Obama, ha dicho una y otra vez al público estadounidense que sus "secretos de estado" no deben ser compartidos con los ciudadanos. El candidato Obama prometió reducir los secretos de estado, pero el presidente Obama continuó con la tradición de Bush. Los tribunales, el congreso y los aliados internacionales de EE.UU. se han plegado a la escalada secretista del ejecutivo estadounidense.
Etiquetando decenas de millones como documentos secretos, el gobierno estadounidense ha creado un enorme vacío informativo. Pero la información es el alma de la democracia. La información sobre los gobiernos contribuye a una democracia salubre. La transparencia y la rendición de cuentas de los cargos públicos son dos elementos esenciales de un buen gobierno. Igualmente, "una falta de transparencia gubernamental y de rendición de cuentas socava la democracia y da alas al cinismo y a la desconfianza", según declara el informe Harris de 2008 encargado por la Association of Government Accountants.
En ese vacío informativo se adentró el soldado raso Bradley Manning, quien, según Associated Press, fue capaz de derrotar "los sistemas de seguridad del Pentágono no usando más que un CD de Lady Gaga y un lápiz de memoria". Manning presuntamente envió la información a Wikileaks, una organización sin ánimo de lucro especializada en la publicación de información filtrada. Wikileaks, a su vez, compartió estos documentos con otros medios de comunicación de todo el mundo, incluyendo el New York Times, y publicó la mayor parte en su página web.
A pesar de las investigaciones criminales puestas en marcha por los Estados Unidos y otros gobiernos, no es claro que organizaciones como Wikileaks puedan ser perseguidas en los Estados Unidos si nos atenemos a la Primera Enmienda. Recuérdese que según ésta, el "Congreso no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de dichas actividades; o que coarte la libertad de expresión o de la prensa, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente, y para solicitar al gobierno la reparación de agravios."
Algunos políticos, rojos de furia, denuncian que esta filtración equivale a terrorismo y que pone en riesgo la vida de personas inocentes. Muchos de estos mismos políticos no obstante autorizaron el equivalente del bombardeo de saturación de Bagdad y de otras ciudades iraquíes, el sacrificio de miles de vidas de soldados y civiles así como los ataques de aviones no tripulados en áreas civiles de Afganistán, Pakistán y Yemen. Su rabia hacia un documento descargado, del que desconocemos aún su verdadero alcance, es como poco sospechosa.
Todo el mundo, incluyendo a Wikileaks y los medios de comunicación que están dando a conocer los documentos filtrados, espera que ninguna vida se pierda por la publicación. Y hasta donde sabemos, ése parece ser justamente el caso: los periódicos del grupo McClatchey informaron el 28 de noviembre que oficiales estadounidenses habían reconocido que hasta la fecha no tenían ninguna prueba de que "la [anterior] publicación de documentos condujese a la muerte de alguien."
Los Estados Unidos han estado marchando en la dirección equivocada durante años, clasificando millones de documentos como secretos. Wikileaks y el resto de medios de comunicación que informan de estos llamados secretos avergonzarán a mucha gente, sí. Wikileaks y el resto de medios de comunicación harán que muchos líderes se sientan incómodos, sí. Pero la vergüenza y la incomodidad son un pequeño precio a pagar si queremos una democracia más saludable.
Wikileaks tiene el potencial para robustecer la transparencia y la rendición de cuentas en los EE.UU. Y eso es bueno para la democracia.
Bill Quigley es el director de Centro para los Derechos Constitucionales y profesor de derecho en la Universidad de Loyola de Nueva Orleans.
(Tomado de Rebelión )
sábado, 4 de diciembre de 2010
Carta abierta a los miembros del Comité Federal del PSOE
Sabido es que entre ustedes, a juzgar por las resoluciones que aprueban, pocos quedan ya de los que en el pasado forjaron su ideología en condiciones difíciles. Suele ocurrir, aunque no en todos los casos, que una militancia curtida en situaciones de miedo educa no solo la voluntad de resistir, sino que también proporciona una coherencia interna y el rechazo de las actitudes oportunistas. Sólo quedan ahí los que acompasaron ideología, inquietudes y militancia al ritmo que marca la necesidad de sobrevivir.
Sin embargo, la tónica general del pasado de ese lugar en el que ustedes se sientan fue diferente. Había tantos modos de entender la izquierda y el socialismo que las circunstancias eran bien distintas; Los miembros en el Comité Federal se seleccionaban de otro modo, la elección provincial para ese órgano al igual que la de los delegados a los congresos por parte de las agrupaciones confería más autenticidad e independencia. Con el cambio surgido en los ochenta y la continua centralización del poder la designación para listas, ejecutivas y órganos de control estructuraron los cargos de modo piramidal. La democracia tiene eso, se ha vuelto tan genérica que hasta el dictador norcoreano puede decir que no ha designado como sucesor a su hijo, que lo ha hecho el Comité Central del Partido Comunista y por ende, el conjunto del pueblo de Corea del Norte. Recordemos que aquí, funcionó durante mucho tiempo algo muy típico que se llamaba democracia orgánica. En realidad en el PSOE, no se elige de abajo arriba, sino todo lo contrario, son los del escalón de arriba los que seleccionan a los del escalón inferior. La excusa siempre es la misma: Se necesitan equipos de confianza.
Quizás no sean ustedes tan culpables de la situación, porque al fin y al cabo son clones de aquel que los eligió para tan alta función. Son el efecto de una misma mente, de una misma voluntad expresada a través de multitud de cuerpos y manos que se alzan al unísono cada vez que el líder precisa ratificar, por cualquier causa, su opinión.
Solo de ese modo cabe una explicación sobre las circunstancias acaecidas durante los tres últimos años. Les he visto aplaudir de modo entusiasta las medidas sociales. He leído resoluciones sobre cerrar filas en defensa de la mujer, de los irakíes, de los homosexuales, de los pobres de solemnidad en un reciente pasado. Les he visto transitar sin pudor desde el “no pasaran” dirigido por Zapatero a los mercados, al capital y a los especuladores hasta aprobar de forma convincente lo contrario pocas semanas después. Les he visto argumentar una cosa y la contraria sin solución de continuidad, según se marcaban los rumbos desde La Moncloa. Ustedes se equivocan al mismo compás que lo hace el secretario general de su partido y lo curioso es que saben de sobra que se están equivocando pero es indudable que seguir al líder pesa más, tiene más interés que la justicia de lo que aprueban.
No hay otro modo de concebir el juego político que garantiza la democracia si no es mediante la existencia de partidos políticos. Los intentos de democracia y libertad al margen de los partidos políticos han acabado en sueños imposibles de realizar, o en dictaduras. Decir democracia equivale a, entre otras cosas, decir libertad de expresión, reunión, prensa y participación de la ciudadanía mediante el voto. Tenemos un problema. Desconozco la intensidad de este problema en otros países occidentales, sé que también lo tienen, algo he leído al respecto, pero dudo de que por ahí fuera la situación adquiera los caracteres gravísismos que hay en España.
Ha sido lugar común el comentario de que la discrepancia interna - no hablamos de disidencia, que es otra cosa - era castigada por el electorado. El futuro de los partidos, que es tanto como decir el futuro de la política democrática, no está en manos de una uniformidad a la búlgara sino en todo lo contrario.
La coincidencia plena, el cierre de filas, la voz que habla en nombre de todos - incluso han existido casos curiosos de que un no-cargo (De la Vega) o una no-militante (Salgado) que se han pronunciado en nombre del partido - han conseguido que las decisiones del uno fueran las decisiones de todos. Lo negativo no pertenece a quien lo propuso sino también, a los que ciegamente respaldan. No hay la menor concesión a la esperanza, a la de aquellos que pueden no creer en las personas, pero si en las ideas. De los que son escépticos con los dirigen pero no con el instrumento. Las consecuencias son fatales, lo que ustedes no aprecian si lo hace una ciudadanía que asiste estupefacta a esas unanimidades, digámoslo, antinatura.
Ese proceder es el culpable de que hoy día los políticos sean considerados como el tercer problema de este país. No he hablado de los otros, pero este mal es común a muchos de los partidos que operan en la política española.
Quizás ustedes no sean muy conscientes de que si en el PSOE hubiese una mínima contestación interna, una puesta en cuestión de lo que el líder y su ejecutiva no nombrada decide, las cosas serían bien diferentes. Sería la semilla del futuro, la posibilidad para muchos de los que piensan que se pueden hacer cosas diferentes y de que las ideas están por encima de las personas.
¿Se puede pedir algo menos que la coherencia con las ideas? Avalan la peor política que pueda realizarse. En nombre del socialismo van a dejar, sin pestañear siquiera, que 800.000 ciudadanos dejen de recibir una ayuda de hambre, la ayuda de los 426 euros.
Si permiten eso, merecerán pasar al pozo negro de la historia. Serán la vergüenza de todos aquellos que sufrieron cárcel y murieron por las mismas ideas que ahora dicen que defienden. Solo les queda una salida, ustedes ya saben cual es, si lo hacen aún será posible, los ciudadanos así lo ratifican en las encuestas, el salvar algo los trastos, también, sus propios trastos.
Sin embargo, la tónica general del pasado de ese lugar en el que ustedes se sientan fue diferente. Había tantos modos de entender la izquierda y el socialismo que las circunstancias eran bien distintas; Los miembros en el Comité Federal se seleccionaban de otro modo, la elección provincial para ese órgano al igual que la de los delegados a los congresos por parte de las agrupaciones confería más autenticidad e independencia. Con el cambio surgido en los ochenta y la continua centralización del poder la designación para listas, ejecutivas y órganos de control estructuraron los cargos de modo piramidal. La democracia tiene eso, se ha vuelto tan genérica que hasta el dictador norcoreano puede decir que no ha designado como sucesor a su hijo, que lo ha hecho el Comité Central del Partido Comunista y por ende, el conjunto del pueblo de Corea del Norte. Recordemos que aquí, funcionó durante mucho tiempo algo muy típico que se llamaba democracia orgánica. En realidad en el PSOE, no se elige de abajo arriba, sino todo lo contrario, son los del escalón de arriba los que seleccionan a los del escalón inferior. La excusa siempre es la misma: Se necesitan equipos de confianza.
Quizás no sean ustedes tan culpables de la situación, porque al fin y al cabo son clones de aquel que los eligió para tan alta función. Son el efecto de una misma mente, de una misma voluntad expresada a través de multitud de cuerpos y manos que se alzan al unísono cada vez que el líder precisa ratificar, por cualquier causa, su opinión.
Solo de ese modo cabe una explicación sobre las circunstancias acaecidas durante los tres últimos años. Les he visto aplaudir de modo entusiasta las medidas sociales. He leído resoluciones sobre cerrar filas en defensa de la mujer, de los irakíes, de los homosexuales, de los pobres de solemnidad en un reciente pasado. Les he visto transitar sin pudor desde el “no pasaran” dirigido por Zapatero a los mercados, al capital y a los especuladores hasta aprobar de forma convincente lo contrario pocas semanas después. Les he visto argumentar una cosa y la contraria sin solución de continuidad, según se marcaban los rumbos desde La Moncloa. Ustedes se equivocan al mismo compás que lo hace el secretario general de su partido y lo curioso es que saben de sobra que se están equivocando pero es indudable que seguir al líder pesa más, tiene más interés que la justicia de lo que aprueban.
No hay otro modo de concebir el juego político que garantiza la democracia si no es mediante la existencia de partidos políticos. Los intentos de democracia y libertad al margen de los partidos políticos han acabado en sueños imposibles de realizar, o en dictaduras. Decir democracia equivale a, entre otras cosas, decir libertad de expresión, reunión, prensa y participación de la ciudadanía mediante el voto. Tenemos un problema. Desconozco la intensidad de este problema en otros países occidentales, sé que también lo tienen, algo he leído al respecto, pero dudo de que por ahí fuera la situación adquiera los caracteres gravísismos que hay en España.
Ha sido lugar común el comentario de que la discrepancia interna - no hablamos de disidencia, que es otra cosa - era castigada por el electorado. El futuro de los partidos, que es tanto como decir el futuro de la política democrática, no está en manos de una uniformidad a la búlgara sino en todo lo contrario.
La coincidencia plena, el cierre de filas, la voz que habla en nombre de todos - incluso han existido casos curiosos de que un no-cargo (De la Vega) o una no-militante (Salgado) que se han pronunciado en nombre del partido - han conseguido que las decisiones del uno fueran las decisiones de todos. Lo negativo no pertenece a quien lo propuso sino también, a los que ciegamente respaldan. No hay la menor concesión a la esperanza, a la de aquellos que pueden no creer en las personas, pero si en las ideas. De los que son escépticos con los dirigen pero no con el instrumento. Las consecuencias son fatales, lo que ustedes no aprecian si lo hace una ciudadanía que asiste estupefacta a esas unanimidades, digámoslo, antinatura.
Ese proceder es el culpable de que hoy día los políticos sean considerados como el tercer problema de este país. No he hablado de los otros, pero este mal es común a muchos de los partidos que operan en la política española.
Quizás ustedes no sean muy conscientes de que si en el PSOE hubiese una mínima contestación interna, una puesta en cuestión de lo que el líder y su ejecutiva no nombrada decide, las cosas serían bien diferentes. Sería la semilla del futuro, la posibilidad para muchos de los que piensan que se pueden hacer cosas diferentes y de que las ideas están por encima de las personas.
¿Se puede pedir algo menos que la coherencia con las ideas? Avalan la peor política que pueda realizarse. En nombre del socialismo van a dejar, sin pestañear siquiera, que 800.000 ciudadanos dejen de recibir una ayuda de hambre, la ayuda de los 426 euros.
Si permiten eso, merecerán pasar al pozo negro de la historia. Serán la vergüenza de todos aquellos que sufrieron cárcel y murieron por las mismas ideas que ahora dicen que defienden. Solo les queda una salida, ustedes ya saben cual es, si lo hacen aún será posible, los ciudadanos así lo ratifican en las encuestas, el salvar algo los trastos, también, sus propios trastos.
(Esta carta aparece en el blog MORAL Y POLÍTICA)
jueves, 2 de diciembre de 2010
La factura de la vrgüenza, por JULIO MALO DE MOLINA
Algunas administraciones han decidido trasladar a los ciudadanos una relación de los gastos que el mantenimiento de su estado de salud cuesta presuntamente a la sociedad, ateniéndose sin duda a cálculos de dudoso rigor y olvidando que la salud no es una mercancía sino un derecho que el Estado queda obligado a garantizar. La papela en cuestión resulta: inexacta, porque los servicios públicos no pueden tasarse según leyes de mercado; injusta, porque incumple el imperativo constitucional de protección al débil; y vejatoria, porque humilla al que no hace sino acogerse legítimamente al amparo que el Estado le debe. Forma parte de este festín neoliberal a modo de huida hacia delante por parte de un sistema sumido en una anunciada y profunda crisis.
Recordemos semejanzas históricas entre el siglo XVI, cuando la Corona española detentaba el poder político mientras que en España la gente vivía mal, y la actual sociedad norteamericana en la cual la mayor parte de la población no disfruta de conquistas sociales consolidadas en Europa como el derecho a la salud, al desempleo y a una vejez digna. Aún llamamos estado de bienestar al modelo que garantiza los derechos básicos de sus ciudadanos. Resulta paradójico que la banca y las compañías aseguradoras utilicen la crisis que precisamente ellos han generado para combatir ese escenario. Y lo consiguen: el Estado aplica los recursos públicos para garantizar estabilidad a los poderes financieros a costa de recortes en los derechos sociales. Poca gente sabe que el estado de bienestar tuvo su origen en la Dinamarca del XVII cuando la corte ilustrada del rey Federico III decidió que el ejército no sólo se aplicara al oficio de la guerra sino también a la asistencia social de: ancianos, enfermos, niños y desamparados; utilizando castillos y cuarteles como hospitales, albergues, asilos y escuelas. Si bien son los partidos socialdemócratas agrupados en la Segunda Internacional quienes tras la Guerra Mundial extienden el moderno estado de bienestar por la Europa Occidental como alternativa al socialismo de estado que se impuso en la Europa Oriental. La vergonzante y tendenciosa «factura» de la salud aparece como una reveladora regresión en la cultura de la solidaridad que venía caracterizando las estructuras sociales de Europa frente al pensamiento único que desde Wall Street se extiende por el planeta a modo de espesa mancha de petróleo y sangre. ¿Por qué en lugar de vejar a los ciudadanos con la infamante relación de sus presuntos gastos sanitarios no se publican los desmesurados beneficios que el Estado garantiza a los banqueros mediante la aportación de recursos públicos?
martes, 30 de noviembre de 2010
Manifiesto por un Impuesto a las Transacciones Financieras y la supresión de los paraísos fiscales
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, el movimiento ATTAC España y la Plataforma 2015 y más, han lanzado una campaña a favor de que se establezca en la Unión Europea un impuesto sobre las transacciones financieras especulativas. Además, los promotores de la iniciativa exigen la eliminación de los paraísos fiscales, para lo cual piden la adhesión de todas las organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, ONG, asociaciones, Plataformas, Foros sociales…).
La campaña identifica a los componentes del sistema financiero como “los verdaderos causantes del paro, la precariedad y escasez” que se han producido durante esta crisis. En cuanto a su objetivo, la iniciativa pretende “presionar” para lograr “una salida de la crisis” que no paguen “los de siempre”, que dote de ingresos públicos suficientes para evitar “los recortes sociales” del “precario” Estado de Bienestar. Además, instará a los Parlamentos Autonómicos, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos a aprobar mociones a favor de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y pedirá su traslado al Gobierno del Reino y Parlamento Español y Europeo.
“El Impuesto (ITF) que propugnamos ha de afectar a la totalidad de los mercados financieros sujetos a movimientos especulativos”, afirmó un portavoz de los promotores de la campaña. Este impuesto ha de ser lo suficientemente alto como para combatir los ataques “especulativos”, añadió, en referencia al que actualmente sufren los países periféricos de la zona euro. “Las medidas contra la utilización de los paraísos fiscales han de ser eficaces”, agregó.
”Ni la política económica que ha emprendido el Gobierno, ni la reforma laboral, ni la anunciada reforma de las pensiones son las únicas políticas posibles”, afirmaron. “Entendemos que, en la reciente huelga general, se ha manifestado el gran malestar de la ciudadanía por la dictadura de los especuladores internacionales” aseguró. ”No podemos resignarnos y aceptar negociar en el terreno de juego que un escaso número de personas avariciosas quieren imponernos”, sentenciaron.
“Mantenemos la convicción de que hay que defender el sistema democrático”, continuaron, tras defender una salida de la crisis que dé prioridad a las “necesidades de las personas”, lo que implica, en su opinión, “regular y controlar al sistema financiero especulador”.
MANIPULACIÓN INFORMATIVA
Según los firmantes del manifiesto, “la realidad económica se viene interpretando de forma interesada, por los mismos que la han provocado y que siguen dominando los medios de comunicación de masas”. “Nos negamos a aceptar un discurso viciado por una mentira colectiva, afianzada en gran parte por la desorientación ideológica y la paulatina claudicación de los partidos políticos que han dado por buenos los postulados tradicionales de la derecha”, añadieron.
Además, exigieron la necesidad de dejar de lado “la perversa obsesión por reducir el déficit público en un plazo de tiempo que no se exige a la propia banca”, añadieron. Además, condenaron “la absurda e ineficaz ampliación de la edad de jubilación”, así como “las privatizaciones de lo público”, la bajada de impuestos directos “a los que más tienen” y denunciaron la fuga de capitales procedentes de “recursos públicos” con dirección a los países emergentes, “que ya tienen establecido un impuesto (ITF) contra especuladores como Brasil”. En su opinión, el sistema financiero consigue con ello “dejar de pagar impuestos” a través de paraísos fiscales y centros offshores.
“No permitiremos que la ciudadanía pierda sumisamente las conquistas que tanto esfuerzo costó a las anteriores generaciones. Si alcanzamos la más alta cota de civilización con el Estado de Bienestar haciendo de Europa el sueño del resto del mundo, fue por los movimientos sindicales y sociales que, con sus luchas, con un discurso propio, y teniendo claro a quiénes se servían, consiguieron mejoras socioeconómicas para clases medias y bajas, la inmensa mayoría de la sociedad, propiciando sociedades cohesionas y dignas del ser humano”, denunciaron.
“UGT, CC OO, la Plataforma 2015 y más y ATTAC España instamos a todas las organizaciones de la sociedad civil a aglutinar fuerza social adhiriéndose a esta Campaña por un ITF exigiendo a las Comunidades Autónomas, y a los gobiernos de los ayuntamientos y demás administraciones públicas territoriales a que aprueben mociones en este sentido, y a las diversas fuerzas políticas con representación parlamentaria a que trasladen la necesidad de este impuesto al Parlamento Español y al Parlamento Europeo”, concluyeron
La campaña identifica a los componentes del sistema financiero como “los verdaderos causantes del paro, la precariedad y escasez” que se han producido durante esta crisis. En cuanto a su objetivo, la iniciativa pretende “presionar” para lograr “una salida de la crisis” que no paguen “los de siempre”, que dote de ingresos públicos suficientes para evitar “los recortes sociales” del “precario” Estado de Bienestar. Además, instará a los Parlamentos Autonómicos, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos a aprobar mociones a favor de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y pedirá su traslado al Gobierno del Reino y Parlamento Español y Europeo.
“El Impuesto (ITF) que propugnamos ha de afectar a la totalidad de los mercados financieros sujetos a movimientos especulativos”, afirmó un portavoz de los promotores de la campaña. Este impuesto ha de ser lo suficientemente alto como para combatir los ataques “especulativos”, añadió, en referencia al que actualmente sufren los países periféricos de la zona euro. “Las medidas contra la utilización de los paraísos fiscales han de ser eficaces”, agregó.
”Ni la política económica que ha emprendido el Gobierno, ni la reforma laboral, ni la anunciada reforma de las pensiones son las únicas políticas posibles”, afirmaron. “Entendemos que, en la reciente huelga general, se ha manifestado el gran malestar de la ciudadanía por la dictadura de los especuladores internacionales” aseguró. ”No podemos resignarnos y aceptar negociar en el terreno de juego que un escaso número de personas avariciosas quieren imponernos”, sentenciaron.
“Mantenemos la convicción de que hay que defender el sistema democrático”, continuaron, tras defender una salida de la crisis que dé prioridad a las “necesidades de las personas”, lo que implica, en su opinión, “regular y controlar al sistema financiero especulador”.
MANIPULACIÓN INFORMATIVA
Según los firmantes del manifiesto, “la realidad económica se viene interpretando de forma interesada, por los mismos que la han provocado y que siguen dominando los medios de comunicación de masas”. “Nos negamos a aceptar un discurso viciado por una mentira colectiva, afianzada en gran parte por la desorientación ideológica y la paulatina claudicación de los partidos políticos que han dado por buenos los postulados tradicionales de la derecha”, añadieron.
Además, exigieron la necesidad de dejar de lado “la perversa obsesión por reducir el déficit público en un plazo de tiempo que no se exige a la propia banca”, añadieron. Además, condenaron “la absurda e ineficaz ampliación de la edad de jubilación”, así como “las privatizaciones de lo público”, la bajada de impuestos directos “a los que más tienen” y denunciaron la fuga de capitales procedentes de “recursos públicos” con dirección a los países emergentes, “que ya tienen establecido un impuesto (ITF) contra especuladores como Brasil”. En su opinión, el sistema financiero consigue con ello “dejar de pagar impuestos” a través de paraísos fiscales y centros offshores.
“No permitiremos que la ciudadanía pierda sumisamente las conquistas que tanto esfuerzo costó a las anteriores generaciones. Si alcanzamos la más alta cota de civilización con el Estado de Bienestar haciendo de Europa el sueño del resto del mundo, fue por los movimientos sindicales y sociales que, con sus luchas, con un discurso propio, y teniendo claro a quiénes se servían, consiguieron mejoras socioeconómicas para clases medias y bajas, la inmensa mayoría de la sociedad, propiciando sociedades cohesionas y dignas del ser humano”, denunciaron.
“UGT, CC OO, la Plataforma 2015 y más y ATTAC España instamos a todas las organizaciones de la sociedad civil a aglutinar fuerza social adhiriéndose a esta Campaña por un ITF exigiendo a las Comunidades Autónomas, y a los gobiernos de los ayuntamientos y demás administraciones públicas territoriales a que aprueben mociones en este sentido, y a las diversas fuerzas políticas con representación parlamentaria a que trasladen la necesidad de este impuesto al Parlamento Español y al Parlamento Europeo”, concluyeron
lunes, 29 de noviembre de 2010
La nueva agenda social, por CARLOS MULAS-GRANADOS
Mucho se ha escrito sobre las causas que provocaron el desplome del sector bancario, la posterior crisis económica y la de deuda que vivimos estas semanas. En mi opinión, la crisis tiene una raíz financiera, pero también un origen ideológico: la excesiva desregulación de los mercados y la abdicación de los estados de su papel económico fueron el resultado de una victoria del modelo neoliberal. Esa victoria ideológica no sólo estuvo detrás de una ausencia flagrante de supervisión financiera, sino que también explica el aumento creciente de la desigualdad.
Sirvan como ejemplo los datos sobre desigualdad en EEUU. Según el Internal Revenue Service, antes de la crisis de 2008, el 10% más rico del país se repartía el 48,5% de la renta total, mientras que el resto de la población se tenía que conformar con la otra mitad de la tarta. Este nivel de desigualdad no se repetía desde 1928, sólo un año antes de la Gran Depresión.
Lo que nadie parece haber asumido es que ese aumento de la desigualdad explica buena parte del endeudamiento de las familias que alimentó la burbuja. Los patrones de la sociedad de consumo inducen a los menos pudientes a pedir préstamos para mantener un estatus de prestigio. Por ello, no bastará con limitar la capacidad de los bancos para sobreendeudarse (algo en lo que apenas se ha avanzado), sino que cualquier solución exige una salida cohesionada de la crisis para que esta sea duradera. Por tanto, la austeridad y las reformas que son necesarias hoy para impulsar la nueva economía sostenible deben acompañarse de una agenda social reactivadora.
Hace días, la Fundación Ideas hacía público un documento donde abordamos la nueva agenda social que debe permitirnos alcanzar un doble objetivo: que la crisis no suponga un aumento de la desigualdad y orientar a los desempleados hacia los nuevos sectores sobre los que asentar el crecimiento sostenible. Para cumplir con ambos, es crucial transformar de arriba a abajo nuestras políticas de empleo.
El sistema español de políticas de empleo, incluyendo las activas (formación a parados, bonificaciones a la creación de empleo y convocatoria de plazas públicas) y pasivas (subsidios a los desempleados), es muy amplio, pero tiene problemas. El primero es precisamente la fuerte desproporción entre políticas activas y pasivas. En 2011, el Estado gastará cerca de 40.000 millones en políticas de empleo, de los que más de 30.000 se destinarán a pagar prestaciones y subsidios, mientras que sólo 7.500 son para políticas activas. En porcentaje del PIB, España gasta en políticas activas la mitad que Dinamarca.
La segunda deficiencia es el escaso volumen de recursos para la formación de trabajadores. Del total de gasto en políticas activas, en 2011se destinarán a formación 2.500 millones, tres veces menos que Austria en este ámbito. Y de esos 2.500 millones, sólo 1.000 serán destinados específicamente a formación para parados. En resumen, en 2011 vamos a destinar el 4% del PIB a políticas de empleo, pero sólo el 0,1% irá a aumentar la cualificación de los que hoy están desempleados.
La nueva agenda social debe transitar progresivamente de una lógica de protección a otra de reactivación, para que la salida de la crisis no deje a nadie atrás, atrapado en la descualificación y en bolsas de paro de larga duración.
Para ello hay que perseguir tres objetivos: que los servicios de empleo sean agentes de oportunidades y no meros tramitadores de subsidios; duplicar los recursos para las políticas activas; y elevar el número de desempleados que reciben cursos de formación, para que al menos un 50% de los parados lleven a cabo acciones formativas. Quiero aclarar que no se trata de borrar parados de las listas, (como algunos han interpretado con mezquindad), sino de facilitar nuevas oportunidades.
Concretamos 16 iniciativas que pretenden dar respuesta a los objetivos. Destacaré tres. Primero, dar un papel a las empresas privadas de colocación, que en España sólo intermedian el 5% de los nuevos trabajos y generalmente los de peor calidad. Segundo, crear la figura del “desempleado-trabajador”, de forma que algunos parados puedan realizar actividades a tiempo parcial o de baja remuneración percibiendo parte del subsidio. Y tercero, promover la aparición de “empresas en prácticas” por parte de desempleados que deseen montar su negocio. Como incentivo, sugerimos modificar el actual sistema de capitalización de la prestación, que sólo adelanta un 60% de la misma para crear una empresa. Proponemos, para solicitudes simultáneas de más de cuatro trabajadores ligadas a un proyecto propio, adelantar el 100% de la prestación y sumar un porcentaje adicional como incentivo suplementario durante seis meses.
Abrimos un debate al que convocamos al resto de la sociedad, porque creemos que el Estado del bienestar no sólo está para socorrernos, sino que también puede y debe ser un Estado dinamizador de las personas en sus diferentes momentos vitales. Nuestras propuestas son un ejemplo de ese tipo de políticas que, como decía el premio Nobel Muhammad Yunus, “reducen costes, favorecen la identificación emocional del trabajador con su empresa (…y sobre todo) producen riqueza material para todos y sociedades decentes”. Somos conscientes de que una transformación de tal magnitud precisa del concurso de la mayoría, y por ello invitamos a todos los progresistas a liderar estos primeros pasos de forma decidida.
Carlos Mulas-Granados es director de la Fundación Ideas y Profesor de Economía de la UCM.
Publicado en Público
Derecho de ateísmo, por MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
El ateísmo no es una posición intelectual rara, feroz y anticlerical. Tampoco es una doctrina filosófica que necesite ser demostrada o justificada con argumentos refinados y abstrusos. Y desde luego, el ateísmo no es, en absoluto, una postura inmoral. Sin embargo, si uno escucha los mensajes que nos ha dedicado el Papa en su reciente visita a España, o los que propaló en Gran Bretaña, uno se lleva la impresión de que el mundo está realmente amenazado por una doctrina endiablada que defienden los ateos y laicistas. Los ateos actuales son personas bastante cultas, que respetan que haya otras personas a las que les guste adoptar creencias irracionales que ellos no comparten. En realidad, los ateos no tienen que esforzarse mucho en defender su posición intelectual; lo que sí les resulta complicado es entender que un creyente asuma como propiedades de la divinidad, y sin mayores problemas, cosas mucho más increíbles que las que los niños atribuyen a Papá Noel.
Es verdad que los ateos prefieren el laicismo en la vida pública, es decir, que las leyes no sean confesionales y los poderes públicos no asignen privilegios a los miembros de ninguna confesión religiosa. Pero nadie debe extrañarse por ello: la experiencia histórica demuestra que la mezcla de creencias religiosas y poder político sólo ha servido para provocar guerras y matanzas, sobre todo en la cristiana Europa.
Muchos creyentes religiosos creen que si Dios no existe todo está permitido, y por eso son incapaces de entender el valor moral del ateísmo. Pero la experiencia histórica confirma lo contrario: es en nombre de Dios como se han cometido los mayores atropellos a la humanidad. Los ateos tienen una responsabilidad ética muy exigente, porque no disponen de ninguna coartada para justificar o ver perdonado un eventual comportamiento inmoral.
Si todo esto es así, y yo estoy convencido de que lo es, ya va siendo hora de reivindicar un derecho elemental: el derecho de ateísmo, el derecho a no tener que justificar la no adscripción a ninguna creencia religiosa, el derecho a sentirse ofendido si alguien, aunque sea el Papa o el ayatolá más respetable, identifica el ateísmo con la maldad, y a que esta actitud intelectual y moral sea reconocida y respetada de la misma manera y con el mismo rango, al menos, que las creencias religiosas que el ateo no acepta por considerarlas irracionales, falsas o perniciosas.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
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Es verdad que los ateos prefieren el laicismo en la vida pública, es decir, que las leyes no sean confesionales y los poderes públicos no asignen privilegios a los miembros de ninguna confesión religiosa. Pero nadie debe extrañarse por ello: la experiencia histórica demuestra que la mezcla de creencias religiosas y poder político sólo ha servido para provocar guerras y matanzas, sobre todo en la cristiana Europa.
Muchos creyentes religiosos creen que si Dios no existe todo está permitido, y por eso son incapaces de entender el valor moral del ateísmo. Pero la experiencia histórica confirma lo contrario: es en nombre de Dios como se han cometido los mayores atropellos a la humanidad. Los ateos tienen una responsabilidad ética muy exigente, porque no disponen de ninguna coartada para justificar o ver perdonado un eventual comportamiento inmoral.
Si todo esto es así, y yo estoy convencido de que lo es, ya va siendo hora de reivindicar un derecho elemental: el derecho de ateísmo, el derecho a no tener que justificar la no adscripción a ninguna creencia religiosa, el derecho a sentirse ofendido si alguien, aunque sea el Papa o el ayatolá más respetable, identifica el ateísmo con la maldad, y a que esta actitud intelectual y moral sea reconocida y respetada de la misma manera y con el mismo rango, al menos, que las creencias religiosas que el ateo no acepta por considerarlas irracionales, falsas o perniciosas.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
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sábado, 27 de noviembre de 2010
Propuesta alternativa de IU a la reforma electoral
Izquierda Unida prepara un texto alternativo a la reforma electoral pactada por la mayoría del Congreso, que mantiene el actual sistema de votación y que, según ha manifestado el diputado de esta federación, Gaspar Llamazares. arrebata 800.000 votos a la tercera fuerza política del país.
La enmienda de totalidad a la nueva ley electoral que IU va a presentar el próximo lunes incluirá un texto alternativo en el cual apostará por un nuevo sistema electoral más "representativo" y democrático, porque evitará que muchos de sus votos sean aprovechados por las fuerzas políticas mayoritarias.Calcula IU que el método que ellos proponen multiplicará notablemente el número de sus diputados, que con el mismo número de sufragios pasarían de los dos que tiene actualmente IU-ICV a unos doce representantes en la Cámara Baja.
IU calcula que con la reforma pasaría de los dos escaños actuales a 12
Para ello, la ley alternativa que va a formular se apoya en el dictamen que el Consejo de Estado emitió en febrero de 2009 sobre la viabilidad de una modificación de la normativa electoral con el fin de hacerla más justa y equitativa.Muerte a la Ley d'Hondt
Se trata de reducir a uno el número mínimo de escaños por provincia, de elevar la composición de la Cámara de 350 a 400 escaños y de sustituir la Ley d'Hondt que se usa para la atribución de escaños por otra fórmula más proporcional.También propone redistribuir los 50 escaños adicionales con los restos, esto es, los votos "estériles" en la atribución de escaños que se hace mediante las sucesivas divisiones aritméticas que marca la Ley D'Hondt.
Cambios sin tocar la Constitución
Llamazares ha negado que estos cambios obliguen a modificar la Constitución, y como prueba ha argumentado que todos fueron incluidos por el Consejo de Estado en su dictamen.El dirigente de IU atribuye la oposición de las fuerzas mayoritarias a reformar el sistema de elección al "bipartidismo imperfecto" del que se benefician PSOE y PP.
Además, ha dicho, cuentan con la aquiescencia de los nacionalistas en cuanto que se mantienen como "bisagras".
El texto alternativo de IU también va a incluir medidas para evitar que la modificación legislativa prive a los emigrantes españoles de su derecho al voto, ya que IU considera que esto es lo que ocurre al impedirles votar en las elecciones municipales, como hace la reforma electoral que quiere vetar.
Los otros aspectos incluidos en esta nueva norma son el voto en urna para estos españoles residentes en el extranjero, las limitaciones a los tránsfugas para que no puedan cambiar los ayuntamientos o la reducción de los presupuestos de campaña de los partidos.
jueves, 25 de noviembre de 2010
Manifiesto con motivo del 25 de Noviembre de 2010, Día Internacional contra la Violencia de Género
64 mujeres y 4 niños y niñas asesinados por la violencia machista en lo que va de año
Por ti, por tus hijos e hijas, Ni una sola agresión más;
Ni una agresión más sin denuncia
Ni una agresión más sin denuncia
Desde el Partido Socialista Obrero Español queremos hacer un llamamiento a la rebelión colectiva de la ciudadanía contra la violencia de género: no podemos consentir que esta situación siga manteniéndose y debemos poner, todos y todas, nuestro más enérgico empeño en romper esta dinámica criminal, y proteger a las víctimas. A todas las víctimas.
En este día, las mujeres y hombres socialistas queremos mostrar nuestro reconocimiento al coraje y la valentía de tantas mujeres que, día a día, logran superar el miedo y las barreras –psicológicas, sociales, familiares, religiosas…- levantadas a lo largo de siglos de dominación machista, para rebelarse contra su maltratador y llevarle ante la Justicia.
Queremos denunciar la vergonzante y criminal campaña emprendida por algunas personas (apoyadas por grupos y medios de comunicación ultraconservadores) que pretenden instalar en nuestra sociedad la falsa idea de que muchas de las denuncias de maltrato que se presentan son inventadas, cuando los datos demuestran todo lo contrario.
En cambio, estamos en el convencimiento de que hoy más que nunca es necesaria la complicidad de todos los hombres y mujeres de este país para luchar contra esta violencia. Porque el problema es de todos y no sólo de las víctimas, siendo también de toda la sociedad, el deber de la denuncia. Si ante una agresión volvemos la cabeza y callamos, estamos colaborando a crear espacios de impunidad para los agresores y a incrementar el sufrimiento de las víctimas, en su mayoría mujeres pero también de sus hijos e hijas.
En lo que va de año, 64 mujeres y 4 niños y niñas han sido asesinados por violencia machista. Y se calcula que, aproximadamente, 800.000 niños sufren, en su entorno y con gran intensidad, la violencia de género. Estos menores necesitan una protección especial y el apoyo de toda la ciudadanía para salir de la espiral de violencia que sufren, han sufrido o sufrirán.
Sabemos que los niños que crecen en estos hogares padecen secuelas que pueden durarles toda la vida. Disminución del rendimiento escolar, insomnio, pesadillas, fobias, ansiedad, agresividad..., son sólo algunos de los síntomas que presentan los y las menores que han convivido con la violencia de género. Además, el aprendizaje de modelos violentos y roles de género erróneos pueden conducirles a repetir esas conductas, tanto en el papel de víctima como de agresor, con la consiguiente reproducción de la violencia de género.
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que promulgó el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero, en diciembre de 2004, no sólo protege a las mujeres, sino también a estas víctimas infantiles de la violencia de género.
El pasado mes de abril, el Gobierno promovió destinar un presupuesto específico para la prevención y protección de las víctimas infantiles de la violencia de género y elaboró un Protocolo de actuación para las Comunidades Autónomas, que ahora éstas deben poner en marcha de manera urgente.
Pero no basta con la protección institucional, por más que ésta exista y sea cada vez mayor: la denuncia es la única puerta para poner en marcha todo el sistema de protección, tanto para las mujeres como para todo su entorno. Y este año asistimos a un triste escenario: la mayoría de las mujeres asesinadas no habían denunciado a sus maltratadores y, por tanto, no habían podido ser protegidas. El silencio es el mejor cómplice de los maltratadores porque les proporciona la total impunidad y una amplia libertad para cometer sus brutales actos. Por ello es tan importante la denuncia de los agresores.
Desde el Partido Socialista queremos hacer un llamamiento a la conciencia de toda la ciudadanía de este país para movilizarnos contra los maltratadores, para que no encuentren ningún resquicio de impunidad para sus terribles actos.
Con la lealtad y corresponsabilidad de todas las Administraciones, con la unidad de todas fuerzas políticas contra el maltrato asesino, con el Poder Judicial aplicando la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y con el esfuerzo y compromiso de todos conseguiremos erradicar la violencia de género.
25 noviembre 2010
*datos a 24 de noviembre 2010
miércoles, 24 de noviembre de 2010
ACUERDOS DE LA COORDINADORA FEDERAL DE LA CORRIENTE IZQUIERDA SOCIALISTA DEL PSOE
La Coordinadora Federal de la corriente de opinión Izquierda Socialista del PSOE, tras la reunión celebrada en Madrid el pasado 19 de noviembre, considera necesario elevar a los órganos de dirección del Partido, compartir con el conjunto de su militancia y dar a conocer a la opinión pública, las siguientes conclusiones de sus debates:1. Dada la deriva de una crisis económica que cada vez se ceba más sobre los trabajadores, consideramos necesario reforzar las medidas puestas en marcha por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para luchar contra el paro, potenciar las políticas activas de empleo y activar la nueva agenda social. Los trabajadores y ciudadanos de a pie no son los que tienen que pagar una crisis de la que no son responsables.
2. Tras la huelga general del 29 S es cada vez más urgente recuperar el diálogo social, para lo cual estimamos imprescindible que el Partido contribuya en todo lo que esté en su mano para aproximar posiciones entre el gobierno y los sindicatos UGT y CCOO, especialmente ante la reforma de la negociación colectiva, pieza fundamental para la regulación de las relaciones laborales en nuestro país.
3. Ante la reforma del sistema público de pensiones, desde Izquierda Socialista también insistimos en la insoslayable responsabilidad para acometerla en el marco del Pacto de Toledo y para que se lleve a cabo sin agresiones a los trabajadores como la que supondría elevar la edad de jubilación a los 67 años como norma obligatoria y universal. Hay otras vías para asegurar el futuro del sistema de pensiones, incluyendo entre ellas los incentivos para prolongar voluntariamente el período laboral.
4. Comprobada la parálisis para reformar y regular seriamente el sistema financiero internacional urgimos al Partido y a nuestro gobierno para que retomen con la mayor eficacia posible las propuestas en torno a establecer una tasa sobre las transacciones financieras y sobre erradicación efectiva de los paraísos fiscales. Hay que poner en marcha una profunda reforma fiscal y crear un sistema financiero que esté al servicio de la sociedad y de la economía productiva. Hay que cambiar el modo de funcionamiento del Banco Central Europeo.
5. En lo relativo a la reforma energética insistimos en la necesidad de avanzar en la generación y uso de energías renovables y en el reforzamiento de la opción antinuclear. Hay que ir a la creación de un nuevo modelo productivo ambiental y socialmente sostenible.
6. Los acontecimientos vividos recientemente en El Aaiún, marcados por la brutal política represiva aplicada por el gobierno de Marruecos contra el pueblo saharaui, reclaman una acción decidida de nuestro gobierno para exigir el esclarecimiento de los hechos, el respeto a los derechos humanos y medidas efectivas encaminadas a la realización del referéndum para la autodeterminación del Sáhara en conformidad con las resoluciones de la ONU. Condenamos la agresión marroquí al pueblo saharaui y planteamos que el Partido y el Gobierno así lo hagan, exigiendo a Marruecos una colaboración activa en el marco de la ONU para la justa resolución del conflicto.
7. La profundización en la democracia promovida por el PSOE e impulsada desde el gobierno durante estas dos legislaturas no debe quedar bloqueada ante la necesidad de avanzar hacia una consecuente laicidad del Estado, algo de todo punto necesario para una convivencia sin discriminaciones en el seno de la plural sociedad española. Suscribimos por ello la necesidad de contar cuanto antes con una nueva ley de libertad religiosa y de conciencia, la cual no debe quedar excluida de la agenda legislativa propuesta por el gobierno.
8. Tras los procesos de elección de candidatos para alcaldías de grandes ciudades y presidencias de CCAA constatamos la necesidad de reforzar y clarificar estatutariamente el mecanismo de primarias como pieza importante de democracia interna. Solicitamos a los órganos del Partido competentes en cada caso que los conflictos que en algunos casos se han planteado a raíz de elecciones primarias se aborden con buen sentido y altura de miras, respetando los derechos de todos los militantes y haciendo posible la mejor articulación de la legítima pluralidad interna en el seno del PSOE. En este sentido, manifestamos nuestro desacuerdo con la decisión de la Ejecutiva Federal del PSOE de disolver las Ejecutivas insular de Tenerife y local de Sta. Cruz de Tenerife, considerándola injustificada y contraria al objetivo de restablecer la normalidad democrática del partido en Canarias. Pedimos el archivo del expediente abierto y el restablecimiento de las Agrupaciones con sus direcciones legítimamente elegidas.
9. Ante la inminencia de las elecciones para el Parlamento de Cataluña queremos hacer explícito nuestro apoyo a las compañeras y compañeros del PSC, subrayando a la vez el gran valor de su contribución para avanzar con criterios federalistas y de izquierda hacia una mejor articulación de la España plural.
10. Insistimos en modificar el proyecto de ley que regula el voto de los emigrantes y que les niega el voto en las elecciones municipales y establece el voto rogado en las elecciones autonómicas y nacionales.
11. En momentos difíciles como los actuales, de grave crisis económica y compleja situación política, sumamos nuestra voz a la de quienes en el Partido insisten en la imperiosa necesidad de recuperar un discurso socialista consistente que, avalado por los hechos, nos permita reconocernos y ser reconocidos como la fuerza políticas de izquierdas en la que los trabajadores y los sectores progresistas de la sociedad española pueden seguir confiando. Hemos de hacer posible una política donde los valores de izquierda primen ante las posiciones coyunturales y de teórica rentabilidad inmediata.
COORDINADORA FEDERAL DE IS-PSOE
Madrid, 22 de noviembre de 2010
sábado, 20 de noviembre de 2010
Así lucha Finlandia contra la corrupción (y no lo hace España)
PRIMERO: En Finlandia cualquier compra que realicen las Administraciones Públicas, desde un edificio hasta un bolígrafo, ha de estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, tres ofertas de proveedores distintos, para poder elegir la más baja. No es legal, admisible ni justificable el pago de 100 euros por un cartucho de impresora o de 1000 por una silla aunque las facturas sean correctas. Ejemplos ambos acaecidos en España y que la justicia no pudo castigar.
SEGUNDO: Principio de transparencia total de las Administraciones públicas. Cualquier decisión tomada por un funcionario público dentro del desempeño de su profesión (excepto las relacionadas con la seguridad) puede ser conocida por el resto de ciudadanos. Nadie puede negarse a satisfacer las necesidades de información no solo de los periodistas sino de los votantes. Debido a ello actuaciones contra esa norma (como ésta) son no solo contrarias a la ética sino ilegales.
TERCERO: Principio de transparencia total en las cuentas de los ciudadanos. Los fineses pueden saber cuales son los ingresos declarados de todos los residentes en el país, ya se trate de una persona que cobre el desempleo, del artista de mayor éxito de la nación o del CEO de Nokia.
El equivalente peninsular permitiría conocer las cuentas no solo empresariales sino personales de Emilio Botín, Arturo Pérez Reverte, Felipe González, José María Aznar, Adolfo Domínguez o cada uno de los vecinos de Madrid.
CUARTO: Ausencia de alcaldes: El gobierno de los municipios en Finlandia recae en "City managers", es decir, en funcionarios públicos con experiencia en la administración de entidades de esa índole. Así pues el ciudadano puede distinguir con claridad que la persona al mando es alguien supeditado a los votantes y que puede ser despedido o reemplazado por el Consejo municipal (el órgano elegido en las urnas y que ostenta la soberanía popular). Helsinki es la excepción a este modelo.
QUINTO: Ausencia de cargos de designación política: En Finlandia los secretarios de Estado son funcionarios de carrera que alcanzan el puesto superando pruebas objetivas en lugar de por designación partitocrática. En 2005 se realiza una remodelación del sistema para permitir a las organizaciones políticas el poder elegir a los Secretarios de Estado, aun así muchos de ellos siguen siendo en la actualidad trabajadores públicos ascendidos por méritos propios.
SEXTO: Estructura de poder colegiada: La corrupción se extiende con mayor facilidad cuando el poder se concentra solo en un individuo, es por ello que en Finlandia se promueve la toma de decisiones mediante el debate y el consenso. Al igual que el órgano político principal de las ciudades es la Asamblea popular (el alcalde solo es un trabajador público) el Consejo de ministros tiene mayor capacidad de poder que el Presidente de la República.
SÉPTIMO: Principio de acceso libre al poder. La posibilidad de convertirse en un miembro de alto rango de la administración y los ministerios fineses no recae en una élite intelectual formada en Instituciones de enseñanza concretas (como en Francia) tampoco en personas que puedan atraer la inversión de diferentes empresas para sufragar sus campañas (ejemplo de Estados Unidos) o en ciudadanos adscritos a organizaciones políticas que ascienden por los méritos internos dentro de su partido (caso español). En Finlandia los puestos son cubiertos por funcionarios públicos (siguiendo un baremo meritocrático) y cuya carrera está abierta a todos los fineses. El país evita, por tanto, tener que acudir a un modelo como el de España dónde los cargos de libre designación del gobierno (elegidos ideológicamente) reciben 200.488 euros anuales y se multiplican de manera oscura por todas las administraciones.
OCTAVO: Principio de proporcionalidad en el castigo. La cuantía de las multas por violar las normas suele ser proporcional a los ingresos de los individuos y las empresas. En 2001 Anssi Vanjoki, alto ejecutivo de Nokia, fue considerado culpable de conducción temeraria por romper los límites de velocidad a los mandos de su Harley Davidson imponiéndosele por ello una multa por el equivalente a 104.000 dólares de la época. Este principio de proporcionalidad en el castigo, junto a la marca social que lleva el estar envuelto en un caso de corrupción, actúa de forma extremadamente disuasoria ante posibles tentaciones para cruzar el límite de la legalidad
viernes, 19 de noviembre de 2010
Tareas pendientes propuestas por el Presidente del Gobierno
- Pensiones. En el primer trimestre de 2011 el Gobierno remitirá su plan al Parlamento.
- Convenios colectivos. A partir de abril se reformará la negociación colectiva.
- Políticas de empleo. A finales de enero, Trabajo presentará un proyecto para mejorar la formación y la atención a los parados.
- Política industrial. Antes de enero habrá un plan de innovación empresarial.
- Servicios profesionales. Se creará una ley en el primer trimestre de 2011 para aumentar la competencia.
- Ley concursal. El Consejo de Ministros la aprueba hoy, junto con la ley reguladora de la jurisdicción social.
- Energía. "Con carácter inmediato" el Gobierno presentará una reforma.
- Líneas ICO. Refuerzo del crédito con 1.000 millones adicionales en enero de 2011.
- Cargas administrativas. Antes de final de año habrá un plan para reducirlas.
- Impulso fiscal. Las empresas tendrán libertad de amortización de inversiones hasta 2015. Las ampliaciones de capital no tributarán por transmisiones patrimoniales.
- Economía sostenible. La ley se aprobará "en semanas".
- Formación Profesional. Tras Economía Sostenible.
- Igualdad de trato. Habrá un anteproyecto este año.
- Conciliación. Mejoras en el permiso parental, aumento de las plazas de guardería y regulación del teletrabajo.
- Fondo austriaco. El fondo de financiación del despido se abordará en primavera.
- Convenios colectivos. A partir de abril se reformará la negociación colectiva.
- Políticas de empleo. A finales de enero, Trabajo presentará un proyecto para mejorar la formación y la atención a los parados.
- Política industrial. Antes de enero habrá un plan de innovación empresarial.
- Servicios profesionales. Se creará una ley en el primer trimestre de 2011 para aumentar la competencia.
- Ley concursal. El Consejo de Ministros la aprueba hoy, junto con la ley reguladora de la jurisdicción social.
- Energía. "Con carácter inmediato" el Gobierno presentará una reforma.
- Líneas ICO. Refuerzo del crédito con 1.000 millones adicionales en enero de 2011.
- Cargas administrativas. Antes de final de año habrá un plan para reducirlas.
- Impulso fiscal. Las empresas tendrán libertad de amortización de inversiones hasta 2015. Las ampliaciones de capital no tributarán por transmisiones patrimoniales.
- Economía sostenible. La ley se aprobará "en semanas".
- Formación Profesional. Tras Economía Sostenible.
- Igualdad de trato. Habrá un anteproyecto este año.
- Conciliación. Mejoras en el permiso parental, aumento de las plazas de guardería y regulación del teletrabajo.
- Fondo austriaco. El fondo de financiación del despido se abordará en primavera.
ACCESO A LA INFORMACIÓN: MÁS TRANSPARENCIA, MÁS DEMOCRACIA
En los últimos días se ha publicado el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 2010, elaborado por la organización Transparencia Internacional España. En esta edición se ha medido el nivel de transparencia de los 110 mayores Ayuntamientos de España. Y del resultado han elaborado un ranking específico de Ayuntamientos, donde los seis que han obtenido la máxima puntuación posible, y por tanto, han compartido el primer puesto en el ITA 2010, han sido: Bilbao, Gijón, Ponferrada, Puerto de Santa María, Sabadell, Sant Cugat del Vallés.
Publicado en Sistema Digital
Los rankings están bien, pero la cuestión de fondo es que la información pública y el acceso a la información gubernamental, es un derecho constitucional de los ciudadanos que refuerza la democracia y nace de la naturaleza representativa de los gobiernos. Que las administraciones tengan la obligación de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades y la documentación que la sustenta; y que los ciudadanos puedan solicitar a los funcionarios públicos cualquier información y recibir una respuesta satisfactoria, es una cambio fundamental para profundizar en la democracia, conseguir instituciones públicas transparentes y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, en el control y evaluación de los gobiernos y en la lucha contra la corrupción, la ineficacia y la mala gestión.
Que la información es poder es un hecho tan incrustado en el ADN de algunos gobiernos, como que consideran las administraciones que dirigen un cortijo de su propiedad. Ante semejantes comportamientos antidemocráticos que vemos a diario, por ejemplo en Valencia donde el Gobierno de Camps se niega a facilitar, no ya a los ciudadanos, sino a los diputados de la oposición, los contratos relacionados con la trama Gürtel, hay que repetir una obviedad: la finalidad de las Administraciones consiste en servir a los ciudadanos y la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía.
Por tanto, les podrá parecer una intromisión o una incomodidad que les soliciten información y documentación, y cualquier excusa les parecerá validad para dar largas a los representantes elegidos democráticamente o a los ciudadanos que la solicitan, pero estamos ante un derecho constitucional que cada vez es más exigido y que en nuestro país se consolidará definitivamente cuando la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, sea aprobada. Entonces no será el ciudadano quien deba justificar su interés en conocer una información, sino que será la Administración la que deberá explicar su negativa a proporcionarla y siempre en casos excepcionales.
El panorama está cambiando e Internet y los avances en gobierno electrónico facilitan esta labor. Pero para que el derecho de acceso sea efectivo, la Convención para el Acceso a Documentos Oficiales establece las garantías mínimas que los Estados miembros del Consejo de Europa deben integrar en sus leyes nacionales de acceso a la información: 1)El acceso a la información es un derecho de toda persona, que debe aplicarse sin discriminación y que debe poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.2) El derecho se aplica a todas las entidades públicas del Estado (poder ejecutivo, legislativo y judicial) y aquellas entidades privadas y personas naturales que ejerzan cualquier autoridad administrativa, realicen funciones públicas u operen con fondos públicos.3) Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.4) Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.5) Toda información en posesión de las entidades públicas o de aquellas entidades privadas que ejerzan funciones públicas, debe estar sometida al principio de publicidad. 6) la denegación del acceso a cualquier tipo de información deber ser excepcional y estar motivada.7) Toda persona tiene el derecho de recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.8) las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información sobre sus funciones y gastos sin que sea necesario realizar una solicitud. Dicha información debe ser actual, clara y estar escrita en lenguaje sencillo.9) el derecho de acceso a la información debe estar garantizado por un órgano independiente.
La falta de transparencia y la corrupción son dos factores interrelacionados que debilitan gravemente la democracia y alejan a los ciudadanos de la política. Por este motivo, un paso adelante dentro del desarrollo democrático es el progreso en la transparencia política y administrativa a través del acceso a la información. Con ella, avanzan y se modernizan nuestras sociedades, es un indicador de la calidad de nuestro sistema democrático, pero sobre todo, implica a los ciudadanos en el proyecto colectivo de conseguir la mayor libertad, igualdad y felicidad para todos los ciudadanos.
Óscar IglesiasQue la información es poder es un hecho tan incrustado en el ADN de algunos gobiernos, como que consideran las administraciones que dirigen un cortijo de su propiedad. Ante semejantes comportamientos antidemocráticos que vemos a diario, por ejemplo en Valencia donde el Gobierno de Camps se niega a facilitar, no ya a los ciudadanos, sino a los diputados de la oposición, los contratos relacionados con la trama Gürtel, hay que repetir una obviedad: la finalidad de las Administraciones consiste en servir a los ciudadanos y la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía.
Por tanto, les podrá parecer una intromisión o una incomodidad que les soliciten información y documentación, y cualquier excusa les parecerá validad para dar largas a los representantes elegidos democráticamente o a los ciudadanos que la solicitan, pero estamos ante un derecho constitucional que cada vez es más exigido y que en nuestro país se consolidará definitivamente cuando la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, sea aprobada. Entonces no será el ciudadano quien deba justificar su interés en conocer una información, sino que será la Administración la que deberá explicar su negativa a proporcionarla y siempre en casos excepcionales.
El panorama está cambiando e Internet y los avances en gobierno electrónico facilitan esta labor. Pero para que el derecho de acceso sea efectivo, la Convención para el Acceso a Documentos Oficiales establece las garantías mínimas que los Estados miembros del Consejo de Europa deben integrar en sus leyes nacionales de acceso a la información: 1)El acceso a la información es un derecho de toda persona, que debe aplicarse sin discriminación y que debe poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.2) El derecho se aplica a todas las entidades públicas del Estado (poder ejecutivo, legislativo y judicial) y aquellas entidades privadas y personas naturales que ejerzan cualquier autoridad administrativa, realicen funciones públicas u operen con fondos públicos.3) Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.4) Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.5) Toda información en posesión de las entidades públicas o de aquellas entidades privadas que ejerzan funciones públicas, debe estar sometida al principio de publicidad. 6) la denegación del acceso a cualquier tipo de información deber ser excepcional y estar motivada.7) Toda persona tiene el derecho de recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.8) las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información sobre sus funciones y gastos sin que sea necesario realizar una solicitud. Dicha información debe ser actual, clara y estar escrita en lenguaje sencillo.9) el derecho de acceso a la información debe estar garantizado por un órgano independiente.
La falta de transparencia y la corrupción son dos factores interrelacionados que debilitan gravemente la democracia y alejan a los ciudadanos de la política. Por este motivo, un paso adelante dentro del desarrollo democrático es el progreso en la transparencia política y administrativa a través del acceso a la información. Con ella, avanzan y se modernizan nuestras sociedades, es un indicador de la calidad de nuestro sistema democrático, pero sobre todo, implica a los ciudadanos en el proyecto colectivo de conseguir la mayor libertad, igualdad y felicidad para todos los ciudadanos.
Publicado en Sistema Digital
Insostenibilidad de las pensiones públicas
Don erre que erre y la falsa “insostenibilidad” de las pensiones públicas
Culminado el asalto a las condiciones laborales de los trabajadores, y convencido el español medio adoctrinado de la inutilidad de cualquier respuesta, El País continúa divulgando la farsa de la insostenibilidad del sistema de pensiones público. Don erre que erre destaca en su web digital que “Bruselas calcula que los problemas en las pensiones empezarán en 2030” (1). El graznido del cuervo se amplifica en los medios de persuasión con contadas excepciones (2), habitualmente sin recordarnos los falsos horizontes que preveían déficit en la seguridad social para el año 2000, en 2005 y en 2009… déficit que nunca se ha cumplido. No son otros que los economistas pagados por fondos privados de pensiones, por el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, FEDEA, el Grupo de los 100 y sus portavoces políticos bien situados por las élites económicas neoliberales en la Comisión Europea, quienes, todos a una, trabajan por la transferencia de los fondos públicos de un sistema solvente hacia la banca privada y los hoy debilitados fondos de pensiones privados. Si los sesudos análisis científicos fallaron entonces y en repetidas ocasiones ¿Por qué se supone que deberían acertar en ésta ocasión? ¿Por qué se plantean similares alarmas para países de la Unión Europea donde el sistema presenta variaciones considerables tanto en la edad de jubilación de las pensiones como en su pirámide de población o en los recursos que cada país dedica al sostenimiento de las mismas (3)?
La realidad es que hoy gastamos el 7.9% de nuestro PIB en pensiones, frente al promedio del 10.9% de la UE, es decir, 29.264 millones de euros menos de lo que nos correspondería para estar en la media. Hoy nos jubilamos a los 63.6 años, mientras que los alemanes lo hacen a los 61.7, los daneses a los 61.3, los finlandeses a los 61.6 y los franceses a los 59.3 (4).
¿Por qué se silencia del fingido debate público a economistas independientes del prestigio de Camila Arza, Adolfo Jiménez, Joseph Stiglitz, Dean Baker, Vicenç Navarro o Juan Torres? ¿Por qué a una organización antineoliberal como Atacc no se le deja espacio ni tiempo en RTVE y menos aún en los medios privados? ¿Será porque las alternativas planteadas pasan por el fortalecimiento del sistema público desechando la falacia de la insostenibilidad y, por tanto, perjudicando los intereses de las élites económicas de nuestro país? Argumentos contra la “reforma” de las pensiones no faltan, desde luego. Algunos pueden encontrarse en; Vicenç Navarro. “Pensiones” ; Periódico Diagonal. Claves de la ofensiva internacional contra las pensiones y las condiciones de trabajo; ¿Qué hay detrás del debate de las pensiones? ; ¿Están en peligro las pensiones públicas? (PDF) ; ¿Están en peligro las pensiones públicas? (vídeo)…
Si leemos estas críticas y propuestas atentamente descubriremos que el aparente problema de demografía no es tal. Los cuervos ultraliberales argumentan -por ejemplo- que la población activa, o en edad de trabajar, tiende a disminuir debido al aumento de la esperanza de vida, pero -intencionadamente- descartan dos variables importantísimas;
- La primera, que la esperanza de vida ha aumentado sobre todo por el descenso de la mortalidad infantil y que se está empleando un cálculo erróneo para convencernos del envejecimiento de la población, explicación que Vicenç Navarro ha repetido hasta la saciedad (5) sin que sus argumentos encuentren eco más allá de Público o webs como Attac, Rebelión, etc.
- La segunda, que no importa tanto la evolución demográfica como el crecimiento económico o el aumento del empleo y los salarios. Si el paro disminuye y aumentan los salarios el sistema no correrá riesgos. La clave está, pues, otra vez, en la redistribución. Si a esto sumamos una reforma en positivo que haga las contribuciones progresivas en lugar de regresivas, estaremos ayudando a mejorar los ingresos a las pensiones. ¿Acaso es justo que en la actualidad se pague lo mismo indistintamente de lo que se gana para el sostenimiento de las mismas?
Ayer, el Círculo Bellas Artes de Madrid congregó a varias personalidades de primera línea en un debate público titulado “estrategias frente a la dictadura de los mercados” (6). Se programó la participación de Federico Mayor Zaragoza, Carlos Berzosa, Vicenç Navarro, Juan Torres López y Lourdes Lucía, quienes, entre otros muchos temas, hablaron sobre alternativas al recorte de las pensiones públicas. Si no se emitió siquiera en TVE o por cualquier emisora de radio es sólo porque el orden neoliberal impone la censura de todo aquello que pueda suponer una amenaza para su agenda de recortes sociales. Condenados seguimos a la mediocridad de “59 segundos” u otros programas de peor calaña.
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- http://blogs.publico.es/
dominiopublico/1816/una-vez- mas-las-pensiones/; http://www.publico.es/dinero/ 296721/el-sistema-de- pensiones-sobrevive-a-los- expertos; http://www.elpais.com/ articulo/economia/Bruselas/ calcula/problemas/pensiones/ empezaran/2030/elpepueco/ 20101117elpepueco_9/Tes - http://www.elpais.com/
articulo/opinion/Elementos/ debate/pensiones/elpepiopi/ 20101106elpepiopi_5/Tes - España dedica actualmente entre un 7.9% del PIB, mientras que en Italia se se gasta en torno al 15% del PIB.
- http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=102550 - http://www.escolar.net/MT/
archives/2010/02/una-vez-mas- las-pensiones.html
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