Así lucha Finlandia contra la corrupción (y no lo hace España)

Finlandia ha sido reconocida internacionalmente como la nación menos corrupta del planeta, una parte de ese logro recae en la estricta moralidad imperante en el país, a pesar de ello, y para facilitar la transparencia, también cuenta con un conjunto de principios enfocados a evitar el abuso de poder y que son insólitos en la cultura española. Esta es la manera con la que Finlandia lucha contra la corrupción:

PRIMERO: En Finlandia cualquier compra que realicen las Administraciones Públicas, desde un edificio hasta un bolígrafo, ha de estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, tres ofertas de proveedores distintos, para poder elegir la más baja. No es legal, admisible ni justificable el pago de 100 euros por un cartucho de impresora o de 1000 por una silla aunque las facturas sean correctas. Ejemplos ambos acaecidos en España y que la justicia no pudo castigar.

SEGUNDO: Principio de transparencia total de las Administraciones públicas. Cualquier decisión tomada por un funcionario público dentro del desempeño de su profesión (excepto las relacionadas con la seguridad) puede ser conocida por el resto de ciudadanos. Nadie puede negarse a satisfacer las necesidades de información no solo de los periodistas sino de los votantes. Debido a ello actuaciones contra esa norma (como ésta) son no solo contrarias a la ética sino ilegales.

TERCERO: Principio de transparencia total en las cuentas de los ciudadanos. Los fineses pueden saber cuales son los ingresos declarados de todos los residentes en el país, ya se trate de una persona que cobre el desempleo, del artista de mayor éxito de la nación o del CEO de Nokia.
El equivalente peninsular permitiría conocer las cuentas no solo empresariales sino personales de Emilio Botín, Arturo Pérez Reverte, Felipe González, José María Aznar, Adolfo Domínguez o cada uno de los vecinos de Madrid.

CUARTO: Ausencia de alcaldes: El gobierno de los municipios en Finlandia recae en "City managers", es decir, en funcionarios públicos con experiencia en la administración de entidades de esa índole. Así pues el ciudadano puede distinguir con claridad que la persona al mando es alguien supeditado a los votantes y que puede ser despedido o reemplazado por el Consejo municipal (el órgano elegido en las urnas y que ostenta la soberanía popular). Helsinki es la excepción a este modelo.

QUINTO: Ausencia de cargos de designación política: En Finlandia los secretarios de Estado son funcionarios de carrera que alcanzan el puesto superando pruebas objetivas en lugar de por designación partitocrática. En 2005 se realiza una remodelación del sistema para permitir a las organizaciones políticas el poder elegir a los Secretarios de Estado, aun así muchos de ellos siguen siendo en la actualidad trabajadores públicos ascendidos por méritos propios.

SEXTO: Estructura de poder colegiada: La corrupción se extiende con mayor facilidad cuando el poder se concentra solo en un individuo, es por ello que en Finlandia se promueve la toma de decisiones mediante el debate y el consenso. Al igual que el órgano político principal de las ciudades es la Asamblea popular (el alcalde solo es un trabajador público) el Consejo de ministros tiene mayor capacidad de poder que el Presidente de la República.

SÉPTIMO: Principio de acceso libre al poder. La posibilidad de convertirse en un miembro de alto rango de la administración y los ministerios fineses no recae en una élite intelectual formada en Instituciones de enseñanza concretas (como en Francia) tampoco en personas que puedan atraer la inversión de diferentes empresas para sufragar sus campañas (ejemplo de Estados Unidos) o en ciudadanos adscritos a organizaciones políticas que ascienden por los méritos internos dentro de su partido (caso español). En Finlandia los puestos son cubiertos por funcionarios públicos (siguiendo un baremo meritocrático) y cuya carrera está abierta a todos los fineses. El país evita, por tanto, tener que acudir a un modelo como el de España dónde los cargos de libre designación del gobierno (elegidos ideológicamente) reciben 200.488 euros anuales y se multiplican de manera oscura por todas las administraciones.

OCTAVO:  Principio de proporcionalidad en el castigo. La cuantía de las multas por violar las normas suele ser proporcional a los ingresos de los individuos y las empresas. En 2001 Anssi Vanjoki, alto ejecutivo de Nokia, fue considerado culpable de conducción temeraria por romper los límites de velocidad a los mandos de su Harley Davidson imponiéndosele por ello una multa por el equivalente a 104.000 dólares de la época.  Este principio de proporcionalidad en el castigo, junto a la marca social que lleva el estar envuelto en un caso de corrupción, actúa de forma extremadamente disuasoria ante posibles tentaciones para cruzar el límite de la legalidad

La derecha, condenada a la corrupción

JORGE CALERO

Catedrático de Economía Aplicada

Desde hace pocos años, se ha incorporado al acervo de verdades políticas establecidas la idea de que los partidos de derechas no son penalizados por sus votantes por los casos de corrupción. Estadísticamente la afirmación es cierta, aunque siempre me ha dado la sensación de que el fenómeno se daba por descontado como una ley de la naturaleza o que se explicaba por medio de una supuesta falta de ética del votante de derechas. Los motivos para esta transigencia, sin embargo, están más bien en el ámbito de lo racional, de los intereses reales del votante característico de un partido de derechas. Siendo racional la respuesta del votante, podemos esperar que se mantenga a lo largo del tiempo si el entorno no cambia sustancialmente. Podemos también esperar que los partidos beneficiados por esa respuesta tomen buena nota y no sientan la necesidad de atajar la corrupción en sus filas. Todo ello conduce a que la derecha, en efecto, esté hoy por hoy condenada a la corrupción.
¿Qué motivos racionales dejan a un determinado tipo de votante indiferente ante la corrupción? Señalaré sólo tres de entre una lista bastante más extensa. Primero: ese votante defiende lo suyo al votar (sus recursos, sus rentas) pero no considera que el sector público, del que la corrupción detrae recursos, sea algo suyo. Siempre que sea posible, ese tipo de votante intentará huir de los servicios prestados directamente por el sector público (educación, sanidad, por ejemplo). Segundo, adicionalmente el votante al que me refiero no considera suyo algo que no contribuye a financiar de forma muy intensa: una presión fiscal baja, un sistema fiscal poco progresivo y amplias posibilidades para el fraude fiscal actúan en este sentido. Tercero, el votante considera que probablemente él caería en la corrupción de estar en una posición adecuada: al percibir al sector público como poco menos que un lastre para la economía y la sociedad, el saqueo aparece incluso como algo deseable.
Visto lo visto, ¿tiene realmente un partido como el PP incentivos para poner freno a la corrupción entre los suyos? Parece que no, que le puede ser rentable la actitud tibia que ha tenido hasta ahora. En su momento, Aznar pronunció la vana afirmación de que “el PP es incompatible con la corrupción”. Como desiderátum, podría no estar mal. La realidad, sin embargo, nos ha ido acercando al actual paraíso de imputados.

(Copiado de Público )

CONTRA LA CORRUPCIÓN: TOLERANCIA CERO

(Manifiesto contra la corrupción del Partido Socialista del País Valenciano - PSOE. Ha sido colgado en la red para que pueda ser firmado)

El Comité Nacional celebrado en Elx marca el inicio del proceso de elecciones primarias en el seno del PSPV-PSOE, proceso cuya primera fase concluirá con la recogida de avales entre militantes del partido. El inicio de este proceso ha puesto de manifiesto visiones distintas sobre cómo afrontar la más grave situación que jamás haya afectado a las principales Instituciones valencianas gobernadas por el PP. Nos referimos a la paralización de la actividad del Consell derivada de los problemas judiciales que asedian a Camps y a una parte importante de la cúpula del PP en nuestra Comunidad.

Conocidas algunas opiniones de quienes pretenden concurrir a este proceso de primarias, gracias a diversas apariciones en diferentes medios de comunicación, entendemos que es nuestra obligación, como ciudadanos y como socialistas, manifestar lo siguiente:

1º NO apoyaremos jamás ninguna política basada en la “moderación” ante ciertas políticas que han resultado características del Consell de Camps. No nos parece aceptable ser moderado ante la corrupción, el delito, la subversión de las normas democráticas básicas y la extorsión o la manipulación de los medios de comunicación con el propósito de falsear la realidad y engañar a la ciudadanía. Es más, reclamamos la radicalidad más absoluta en la defensa del principio de legalidad en el funcionamiento de las Instituciones políticas valencianas. Creemos firmemente que no hay más opción que ser radical cuando de defender la prevalencia de la ley se trata. Exigimos el compromiso de actuación radical frente a la tolerancia con el delito, la corrupción y la mentira.

2º NO es admisible la invocación de la “presunción de inocencia” para defender a responsables públicos que retuercen la legalidad en su intento por ocultar toda clase de información relativa al modo como han adoptado decisiones de gobierno o manejado recursos públicos. Un político en ejercicio no es un ciudadano privado que tiene derecho a utilizar cualquier arma legal para defenderse ante la justicia por sus acciones privadas.

Un político en ejercicio debe ganarse el derecho a apelar en público a la presunción de inocencia, haciendo gala de la más escrupulosa transparencia en sus comportamientos. Porque tiene los privilegios que el poder otorga, el que gobierna debe cargar con los deberes que el poder comporta y entre éstos, además del respeto que siempre se debe a la ley, no hay ninguno más importante que el de la transparencia en el ejercicio de sus funciones.

3º TAMPOCO es admisible la apelación a la “presunción de inocencia” a la hora de asumir responsabilidades políticas por haber dado entrada y amparado, en nuestra Comunidad, a una trama dedicada a obtener y a repartir beneficios a base de corromper el funcionamiento de las Administraciones Públicas, provocando comportamientos que van desde la prevaricación y el cohecho a la malversación del dinero de los ciudadanos.

La reclamada “espera a las decisiones de la justicia”, combinada con la práctica derecurrir cualquier decisión de la misma para alargar y confundir los procedimientos, no es más que una argucia dirigida a enmascarar una actuación conducente a permitir continuar al frente de las Instituciones a quiénes han estado involucrados en el peor episodio de corrupción vivido en nuestro país. La conservación del poder facilita maniobras dirigidas a encubrir sus actos y a dificultar la acción de la oposición y la justicia, al tiempo que permite prevalerse de los privilegios procesales de la condición de aforados.

La proliferación de esta clase de comportamientos que hoy encontramos entre los másaltos responsables de la Generalitat, pero también entre los más altos responsables de otras Instituciones, como las Diputaciones Provinciales, están arrastrando a la complicidad con esas prácticas a importantes sectores del Partido Popular, lo que nos obliga a considerar la situación de la Comunidad Valenciana como de “riesgo sistémico” para el mantenimiento del mínimo de condiciones que debe ostentar una sociedad para ser considerada como plenamente democrática.

4º En este contexto, combatir la corrupción NO es una opción que pueda desdeñarse atendiendo a supuestas conveniencias electorales. Da igual el coste o beneficio en votos que la tolerancia cero ante quienes saquean las arcas públicas suponga a nuestro Partido.

Sin erradicar la corrupción de nuestras Instituciones, sin liberar a nuestras empresas del yugo de la extorsión, sin acabar con el chantaje constante que atenaza a quienes quieren expresar libremente su opinión y sin poner fin a la perversión democrática que supone la manipulación vergonzosa de la radio y la televisión públicas, no habrá en nuestra Comunidad un sistema democrático que pueda reconocerse como tal. Como tampoco será viable, insistimos, en este contexto institucional, poner en marcha cualquier programa económico, riguroso y eficiente, que nos permita sacar a la Comunidad Valenciana de la peor crisis de su historia.

5º Durante todos estos meses quienes, desde el socialismo democrático, hemos defendido las prevalencia del Estado de Derecho frente a unas Instituciones gangrenadas por las prácticas de corrupción y dedicadas a redoblar sus peores vicios autoritarios, hemos contado siempre y en todo momento con el apoyo incondicional, decidido y valiente del secretario general de los socialistas valencianos, JORGE ALARTE. Es este y no otro el momento de poner en valor el hecho incontestable de que, sin su firme decisión de combatir, por encima de cualquier consideración táctica, la corrupción que anega al equipo de Camps, jamás hubiera sido posible la acción política realizada a lo largo de estos dos años, acción que ha servido para poner en evidencia, ante la ciudadanía, la manera de funcionar del PP en las Instituciones valencianas, sus abusos, sus despilfarros, sus irregularidades y su ineficacia.

6º Por todas estas consideraciones, queremos manifestar públicamente nuestro apoyo a la candidatura de JORGE ALARTE a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, encabezando las listas de los socialistas valencianos.

Finalmente sometemos el presente manifiesto a adhesión y rúbrica de cuantos compañeros y compañeras quieran apoyar a quien consideramos, sin ninguna duda, la mejor garantía para asegurar la continuidad de la tarea llevada a cabo a lo largo de estos dos años, desde la profunda convicción de que la restitución de las normas de juego democrático y la erradicación de la corrupción en el ámbito de lo público, es la principal de las tareas que, como demócratas y como socialistas, tenemos encomendada.

Descarga aquí el MANIFIESTO en PDF

Cumplimiento de las leyes anticorrupción

Transparency International (TI) publica su último Estudio sobre el cumplimiento de las normas establecidas por la Convención Anti-Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y nos da los siguientes resultados de los 36 países evaluados:

1.Siete países, sumando el 30% del comercio mundial, están haciendo cumplir las normas.
2.Nueve países, sumando el 21% del comercio mundial, tienen un nivel moderado de cumplimiento de las normas.
3.20 países, sumando el 15% del comercio mundial, tienen poco o nulo cumplimiento de las normas.

Las dos conclusiones principales del Estudio son las siguientes:

1.Los bajos niveles actuales de cumplimiento hacen pensar que la Convención fracasará.
2.Hay una falta importante de voluntad política para la consecución del cumplimiento necesario.


El Estudio da recomendaciones para mejorar el cumplimiento con los convenios, que se resumen a continuación:

■El Equipo de Trabajo de la Convención Anti-Soborno de la OCDE debe dar máximo enfoque en los países que tienen programas menos efectivos.
■Los gobiernos deberían asignar responsabilidad sobre los casos de soborno extranjero a grupos especializados que deberían recibir los recursos adecuados.
■El Equipo de Trabajo deberá informar al Secretario General de la OCDE anualmente sobre los países incumplidores y este debería reunirse anualmente con los Ministros de Justicia de cada país para tratar los pasos concretos necesarios.
■El Consejo de Ministros de la OCDE debería realizar una supervisión periódica para asegurar que la Convención cumpla con sus objetivos, incluyendo la revisión de los informes anuales sobre cumplimiento del Equipo de Trabajo.
■El Secretario General y el Consejo de Ministros de la OCDE deberían continuar animando a China, India y Rusia a que firmen la Convención, países con altos niveles de comercio internacional.
■El Equipo de Trabajo debería reunirse anualmente con los fiscales y jueces nacionales para evaluar los obstáculos encontrados en su labor diario.
■El Equipo de Trabajo debería estudiar el uso de acuerdos nacionales negociados para eliminar la corrupción y reducir los gastos, las incertidumbres y los retrasos legales de los procesos administrativos nacionales. No obstante, cualquier acuerdo negociado debe ser público para evitar resultados cuestionables entre las autoridades y las empresas y personas influyentes.
■Debería haber una nueva iniciativa de la OCDE para aumentar la conciencia pública de que la corrupción extranjera es un crimen serio y debe enfocarse en países con limitada implementación de las leyes anti-corrupción, especialmente en los sectores más en peligro, como son las de contratos públicos de defensa, la construcción y la minería.
■El Equipo de Trabajo debe asegurarse que la Convención aborde dos cuestiones: el pago de sobornos a oficiales gubernamentales y la corrupción entre entes privados.

Reformar la Administración, por Alfonso Ramírez Arellano

ADELGAZAR la Administración? ¿Reducir los derechos laborales? ¿Desfuncionarizar el empleo público ? ¿Externalizar? ¿Racionalizar? He aquí algunos de los interrogantes que se ciernen como amenazas sobre la Administración Pública a raíz de la crisis económica.

Si vamos a reformar la Administración, hagámoslo racionalmente. No debemos conformarnos con que los servicios públicos sean lo que queda después de los sucesivos recortes. Eso es una chapuza. Necesitamos un gran objetivo colectivo que guíe esas reformas. La profesionalización (de la gestión) de la Administración en el sentido de limitar su excesiva politización actual redundaría en una mayor eficiencia a la vez que limitaría las posibilidades de corrupción. También legitimaría las duras medidas de ajuste que se han adoptado contra los empleados públicos.

Según el profesor Víctor Lapuente, investigador de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), la causa más importante de la corrupción en países como España, Italia o Francia no es un "factor cultural" ni la falta de controles administrativos y legales, sino la excesiva politización de la Administración Pública. Según Lapuente en los países desarrollados pueden observarse dos modelos de gestión: El modelo strong-mayor, imperante en países como España, acumula mucho poder en manos de un solo cargo (alcalde) y su equipo de gobierno. En el modelo city-manager los cargos electos retienen el poder legislativo, pero el ejecutivo pasa a manos de profesionales nombrados por la mayoría y por un periodo no coincidente con el ciclo electoral. En una ciudad de 250.000 habitantes el número de cargos de libre designación política tras las elecciones pueden variar entre unos pocos o centenares dependiendo del modelo que hayan adoptado. En el modelo city-manager se buscan mecanismos institucionales que permitan la selección y mantenimiento de los cargos técnicos con responsabilidad ejecutiva dependiendo de su competencia y no de su lealtad política. Es el que impera en los países con bajo nivel de corrupción.

A simple vista puede parecer muy difícil pasar de un modelo a otro, pero otras sociedades lo han conseguido. Algunas ciudades americanas presentaban un grado de clientelismo y corrupción a principios del s. XX como el que se refleja en Gangs of New York. Un gran esfuerzo reformista consiguió cambiar radicalmente el panorama.

En un nuevo contexto podrían plantearse nuevas metas. Todo el empleo público no tendría por qué ser de carácter funcionarial. Podría existir un mercado de empleo público (no una convocatoria de oposiciones) en el que profesionales cualificados pudieran competir y hacer carrera sin necesidad de permanecer en el mismo puesto o departamento toda la vida. No es imposible buscar nuevas fórmulas del tipo "todos ganan". Países avanzados en esta materia (y en la lucha contra la corrupción) como Suecia o Nueva Zelanda están experimentando nuevas modalidades con éxito. Pero si las reformas comienzan por la reducción simplista y la desprotección injusta del funcionariado sólo conseguiremos una mayor politización de la gestión pública sin el control que aún hoy representan estos servidores públicos profesionales.

Hay que renovar el pacto entre funcionarios y ciudadanos (una parte de ellos lo han conseguido: la Policía, el Ejército y parte del sector sanitario). Los funcionarios son servidores públicos, están al servicio de la sociedad y son el garante de la legalidad, la justicia, la equidad en las decisiones político/administrativas. No pueden estar al arbitrio del político de turno o, peor aún, de su "persona de confianza" (¡Por Dios, que hasta el nombre suena a cosa nostra!). Deben estar protegidos para ejercer su función. Representan un límite al poder omnímodo de los políticos -con sus cohortes de asesores, secretarios y cargos de confianza- que se han adueñado de la administración con el riesgo de corrupción e ineficacia.

Esto no está reñido con que se reforme el funcionamiento de la Administración para hacerla cada vez más eficiente. Por ejemplo, en vez de crear estructuras opacas intermedias como las famosas empresas públicas de las comunidades autónomas habría que considerar en serio a los ayuntamientos como la Administración encargada de la prestación final de los servicios. Esto permitiría a su vez abordar el problema crónico de la financiación y las competencias de la administración local, el tan traído y llevado pacto local.

Tampoco debemos consentir que el futuro de la gestión de los intereses de todos se dirima en el terreno de juego de dos equipos: políticos y sindicatos. Falta escuchar la opinión de los técnicos, de los profesionales y, a través de nuevos mecanismos de participación que van más allá de las elecciones, también la de los ciudadanos.

Leído en Diario de Sevilla

Los corruptos son los otros

Escrito por Alberto Montero y publicado en la Revista FUSIÓN
09/07/10
Haciendo gala de esa incoherencia entre el discurso y la acción que caracteriza la gestión de este gobierno, hace unos días conocíamos que a pesar del anuncio realizado por la directora general del Tesoro tras la cumbre del G-20 celebrada en Londres de que en España se iba a redactar una ley para combatir el blanqueo de capitales que superaba con mucho las directrices europeas, finalmente ésta no va a ser tan dura como se publicitó en aquel momento de euforia reformista del capitalismo.
Así, en un primer borrador, el gobierno planteó la necesidad de que las cuentas de los políticos españoles y sus familiares y allegados fueran objeto de una especial vigilancia.
Los motivos para justificar esa medida no creo que estén fuera del entendimiento y la intuición de cualquier ciudadano. Es más, si damos por buenos los informes que realiza Transparencia Internacional, entre 2004 y 2009 España ha caído 6 puestos en el índice que elabora esa institución hasta situarse en el lugar 28 de un total de 180 países, compartiendo el honor con Qatar. Es decir, durante los años del boom inmobiliario el índice de corrupción de nuestro país ha empeorado de forma significativa.
Creo que a nadie se le escapa las relaciones de causalidad directa entre el boom inmobiliario, la implicación de numerosas autoridades municipales en la expansión de la corrupción vinculada a ese negocio, el empeoramiento del índice de Transparencia Internacional y el aumento del número de casos de esa naturaleza en los juzgados.
En consecuencia, no sería ningún disparate plantear que la propuesta de que las cuentas de los responsables políticos y su entorno estuvieran sujetas a una especial vigilancia como medida preventiva no resulta especialmente desatinada y, al menos, introduce un elemento disuasorio adicional tendente a favorecer, de alguna forma, el autocontrol.

Creo que a nadie se le escapa las relaciones de causalidad directa entre el boom inmobiliario, la implicación de autoridades municipales en la expansión de la corrupción vinculada a ese negocio, el empeoramiento del índice de Transparencia Internacional y el aumento del número de casos de esa naturaleza en los juzgados.

Pues bien, nuestro gobierno, con el apoyo del resto de partidos políticos excepto IU-ECV (¡mira por dónde que para esto si se ponen de acuerdo casi todos!), han decidido que las únicas personas con responsabilidad pública que deben estar sometidas a ese régimen de vigilancia preventiva especial son “aquellas personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países”. O, lo que viene a ser lo mismo: ¿a quién se le ocurre pensar que un político español pueda ser corrupto? ¡Vade retro! Los corruptos son los otros, que diría el equivalente hispano de Sartre, y es a ellos a quienes hay que vigilar. Los nuestros, simplemente por el hecho de serlo, están inmunizados frente a ese virus.
Sin embargo, aunque yo no tenga la menor duda de que la mayor parte de nuestros políticos son personas honradas que viven de su trabajo, ya sea en la política o en otros ámbitos, también creo que la expansión generalizada de la corrupción durante estos últimos años hubiera podido atemperarse estableciendo mecanismos de supervisión y regulación mayores y mejores que impusieran la transparencia como principio ineludible al que debe someterse cualquier cargo electo.
Las razones me parecen obvias: si desgraciadamente hemos dejado atrás una concepción de la política basada en comportamientos éticos intachables; si el virus de la avaricia del que se nutre el capitalismo ha calado tan hondo entre la población que ha anulado valores tan socialmente importantes como el del honor, la dignidad o el respeto por lo público, los ciudadanos nos vemos obligados a protegernos articulando mecanismos de supervisión frente a esa enfermedad. No nos queda otra.

Si desgraciadamente hemos dejado atrás una concepción de la política basada en comportamientos éticos intachables; si el virus de la avaricia ha calado tan hondo que ha anulado valores como el del honor, la dignidad o el respeto por lo público, los ciudadanos nos vemos obligados a protegernos articulando mecanismos de supervisión frente a esa enfermedad.

Insisto, no se trata de cuestionar la honorabilidad de la mayor parte de nuestra clase política. No, no es eso ni yo la pongo en duda en términos globales. Se trata de asumir que dónde antes existían valores que refrenaban comportamientos moral y éticamente reprobables, ahora nos encontramos con un sistema económico que favorece la apropiación privada y particular, incluyendo también la ilícita, de la cosa pública. Y la favorece porque, entre otras cosas, minusvalora la importancia de ésta, cuestionando la gestión que de la misma se hace desde la política y fomentando, en consecuencia, su privatización. Una tendencia que encuentra su expresión más exagerada y extrema en la corrupción.
Y si, además, también pensamos que la ideología neoliberal dominante concibe al ciudadano como un ser racional, maximizador, egoísta y avaricioso; si se ha producido una mutación antropológica que está deteriorando aceleradamente los patrones de comportamiento sociales basados en la ética , entonces nos encontramos con un margen prácticamente nulo para pensar que la autorregulación de la política basada en valores de esa naturaleza puede constituir un freno suficiente para evitar la corrupción.
Aceptando matizadamente que ese es el estado de cosas actual, creo que es legítimo e, incluso, necesario que reclamemos de todos aquellos que se dedican a la política -en tanto que actividad vinculada al cuidado y preservación de la cosa pública, la de todos-, un plus de transparencia que en nada debiera resultar ofensivo para quienes deciden emplear parte de su vida en la misma. Y a quien no le guste, ya sabe dónde está la puerta y el tajo. Δ


Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía. http://www.albertomontero.com/

Informe sobre la DEMOCRACIA EN ESPAÑA de la FUNDACIÓN ALTERNATIVAS.

La corrupción se combate con mayor transparencia

Es "el principal problema" de la democracia española, señala la Fundación Alternativas en su último informe anual

PÚBLICO. JUANMA ROMERO Madrid 29/06/2010 00:30

Si la corrupción se desarrolla como esporas en España se debe a una deficiente calidad de la democracia y, sobre todo, a los déficits de transparencia. Una materia pendiente que se ha evidenciado con virulencia en la trama Gürtel y en la constelación de casos de corrupción de los últimos años. La conclusión figura en el IV Informe sobre la Democracia en España –La erosión de la confianza y el bienestar. Contra la desafección–, editado por la Fundación Alternativas. El libro, elaborado por 18 investigadores, fue presentado ayer lunes en Madrid bajo la batuta de Joaquín Almunia.

No es un tema menor. De hecho, tanto la corrupción como la gestión de la crisis económico han hecho caer más la nota global sobre el estado de la democracia española. En 2008, primer año en el que la Fundación Alternativas –próxima al PSOE– hizo la medición, la calificación fue del 6,2. En 2009 menguó dos décimas. Y en 2010, se sitúa en el 5,8, precisamente por el creciente desapego de los ciudadanos hacia la política.

La corrupción “daña de raíz la confianza en las instituciones democráticas”, y “se ha convertido en el principal problema y en la principal insuficiencia de la democracia española”, situación en la que “ha jugado un papel principal el caso Gürtel, que sólo ha afectado al PP”, afirma el informe.

El CIS, en sus barómetros recientes, ha mostrado tal inquietud. En el de mayo, un 18,8% definía la clase política como problema. Almunia, vicepresidente y comisario de Competencia de la UE, decía ayer que “la corrupción es autóctona, no se importa, como la crisis, es siempre insoportable, y hay que erradicarla”.

Debilidad del PP

¿Cómo? El informe formula una ecuación: a mayor calidad de la democracia, menor corrupción. Y eso implica “un gobierno abierto y que rinde cuentas, sistemas electorales limpios y justos y una sociedad civil estructuralmente democrática”. En concreto, la fundación propone un “rediseño institucional”, que incluiría cambios en la Ley de Financiación de Partidos, más participación interna en las formaciones, “mayor transparencia”, mejor tasación de las incompatibilidades de cargos públicos, mejor control del Estado... El texto recuerda que hay que atajar las dos cabezas de la corrupción: el urbanismo y la contratación pública, de nuevo un rasgo claro de la Gürtel.

Precisamente ese caso ha mermado el potencial de la estrategia del PP. Que los conservadores no hayan rentabilizado el desgaste del Gobierno en su gestión de la crisis, se explica por otros dos factores, “la división interna entre duros y blandos” y la “debilidad del liderazgo de Mariano Rajoy”. Al Ejecutivo se le achaca “improvisación” y un “obstinado discurso optimista, que le ha llevado continuamente a remolque de los datos económicos”. Con todo, el informe concluye que aunque las encuestas favorezcan al PP, la suerte no está echada, ya que “las elecciones generales todavía quedan muy lejos”.

La fundación señala más motivos del desafecto ciudadano: la inexistencia de pactos contra la crisis, la demora en la sentencia del Estatut, la lentitud de la Justicia y unos peores medios de comunicación, menos profesionales e independientes.

"A LA IZQUIERDA SE LA ESPERA"
La intervención de Joaquín Almunia, ayer, sin preguntas y sin coloquio posterior, pivotó sobre la crisis. Explicó los orígenes y el momento actual, en el que "la política vuelve", tras años de marginación por los mercados, la misma tesis que sostuvo el jueves pasado Felipe González. Depende de tres aspectos. Uno, la regulación del capital financieros, que no debe ser excesiva para no comprometer el crecimiento. Dos, el reparto de la carga. Y tres, el recorte del gasto. "El ajuste de las finanzas públicas no hay quien lo dude", defendió el comisario europeo.

Y en ese debate "se espera a la izquierda". No para decir si son necesarios o no los tijeretazos -esos comentarios, dijo el comisario, "son irresponsables"-, sino para que reflexione cómo proceder a los recortes y cómo construir un "Estado del bienestar de otra naturaleza, del siglo XXI".

La corrupción provoca un descenso de calidad de la democracia en España

El informe de la Fundación Alternativas baja la nota del país de 6,2 a 5,8

El País. L. R. AIZPEOLEA - Madrid - 26/06/2010

La calidad de la democracia española ha descendido casi medio punto en dos años, según el informe anual que realiza la Fundación Alternativas, coordinado por Joaquín Estefanía, Nicolás Sartorius y Juan Manuel Eguiagaray e inspirado en el modelo de las auditorías democráticas de la Universidad de Essex. La caída de 6,2 a 5,8 puntos tiene como causa principal los escándalos de corrupción, y sitúa a esta, por vez primera en la historia de la democracia, como uno de los tres principales problemas de los españoles.

El estudio destaca que Gürtel juega un papel principal en la caída

A pesar de la crisis económica, son los comportamientos políticos y no los resultados económicos los causantes de la caída de la valoración. El informe resalta "muy negativamente" la capacidad del sistema democrático para solucionar la crisis. "Se ha deteriorado de forma acusada la confianza en la acción de gobierno para resolver los principales problemas ciudadanos".

El informe señala también cómo la crisis económica ha afectado a la calidad de los medios de comunicación, en su independencia y profesionalidad: "Los intereses empresariales de los medios de comunicación, acuciados por la crisis, han sido más explícitos que nunca en sus relaciones con los actores políticos".

Pero la corrupción es "el principal problema y la principal insuficiencia de la democracia española". El informe destaca que "en ello ha jugado un papel principal el caso Gürtel, que sólo ha afectado al PP. La caída del indicador de la confianza en la oposición para controlar al Gobierno puede estar relacionada con ello".

En el análisis sobre la corrupción en España, señala que está muy vinculada al urbanismo y a la contratación pública, que es sobre todo política y no funcionarial y se ha expandido en los gobiernos locales y en algunos autonómicos. Cita la "ecuación de la corrupción de Robert Klitgaard" para explicar la corrupción. Esa ecuación dice que "la corrupción equivale a monopolio de la decisión más discrecionalidad menos rendición de cuentas". "Los resultados son un Estado que paga demasiado por sus adquisiciones y recibe demasiado poco por las privatizaciones y la adjudicación de concesiones y permisos".

El informe precisa que en el caso Gürtel se dan otros elementos causales, como la necesidad de financiación de los partidos. Esta, a su vez, la explica por el "proceso de mediatización y publicidad de la política, que genera unas demandas de gastos de sostenimiento de los partidos cada vez mayor".

Resalta cómo "la política urbanística en España ha sido un ejemplo hasta hace muy poco de política capturada por los propietarios del suelo". Sugiere que un "adecuado rediseño institucional podrá ayudar a afrontar estos problemas". Y propone mayores límites a los gastos electorales, mayor democracia interna en los partidos, mayor independencia política del órgano encargado de controlar los conflictos de interés e incompatibilidades de los políticos, y una dirección pública profesional y mejor capacidad regulatoria del Estado.