Reducir el número de Municipios de España

El Círculo de Empresarios lo tiene claro. “Es necesaria una drástica reducción del número de municipios”. ¿Cuántos?, su presidente, Claudio Boada, no se atreve a decir una cifra, pero si está convencido de que sobran "muchos” de los 8.114 municipios actualmente existentes. Eso quiere decir que con sólo reducir un 30% su número, se estaría hablando de que actualmente sobran más de 2.500 municipios. La cifra es aproximada y refleja, en cualquier caso, la necesidad de una puesta al día del Estado autonómico, en opinión de Boada.
La reducción de municipios con el objetivo de hacer más eficiente el funcionamiento de la Administración es una de las propuestas que el Círculo de Empresarios incluye en un documento presentado este martes, y en el que se reclama una profunda reforma de las administraciones territoriales. Aunque para Boada el Estado autonómico ha sido una buena idea, lo cierto es que “se nos ha ido de la manos” y no es financiable, y de ahí que se proponga una profunda reforma que pase por evitar duplicidades y por avanzar en la transparencia, acercando los ingresos a los gastos. Incluso estableciendo un régimen de sanciones para evitar que algunas administraciones recurran a déficit excesivos.
En el caso del número de ayuntamientos, se trataría de crear jurisdicciones locales de mayor tamaño con las ganancias que ello acarrearía: economías de escala (por ejemplo en los gastos administrativos); posibilidad de asignar más competencias a municipios mayores y, por tanto, más capaces de desempeñarlas. Asimismo, se reduciría el problema del “free riding” (uso de servicios en localidades donde no se pagan impuestos).
Según  el coordinador del informe, José María Alonso, no se trata de ‘inventar la rueda’,  si no de hacer lo mismo que en otros países -Suecia, Dinamarca o Grecia (en este caso por obligación del FMI)-, donde en los últimos años se ha llevado a cabo una simplificación de la administración local. El recorte, en todo caso, no significaría la desaparición de los ayuntamientos, sino que sus competencias la absorberían unidades administrativas de mayor tamaño. Revisando, en todo caso, el papel de las diputaciones y los cabildos.

Es una propuesta que hace el Circulo de Empresario en el documento publicado con el título de "Administraciones Territoriales: propuestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad del mercado". El documento completo lo puedes ver aquí.
A pesar de que venga del Círculo de Empresarios es una propuesta en principio no desdeñable sino digna de consideración. Y una propuesta que tiene un gran sentido vista desde las provincias del interior del pais: Castilla- León, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura, algunas provincias de Andalucía, etc.

REBELION EN LA JUNTA

Entrada escrita por Paralelo36 el 5 de Noviembre de 2010

Publicada en: Editoriales

EditorialP36.05/11/2010.
La rebelión de los funcionarios de la Junta contra la “desorganización” de la Administración autonómica que pretende imponer el DL 5/2010 tiene mucha más trascendencia que la de un conflicto laboral. Supone que el núcleo central técnico del poder ejecutivo autonómico se ha levantado de forma rotunda contra el gobierno socialista que dirige nuestra autonomía desde hace más de treinta años. Pero ¿qué ha sucedido para que el entorno administrativo del poder se vuelva contra el gobierno de la Junta, con una decisión y un empuje inaudito que se está plasmando en decenas de movilizaciones y en el surgimiento de formas de autoorganización en las que participan miles de funcionarios?
Desde luego la historia viene de lejos. La Administración autonómica ha ido creciendo de forma incontrolada, al ritmo que imponía, la mayoría de las veces, la oportunidad política y no la planificación racional de las necesidades de la sociedad andaluza. Además, por la misma lógica, este crecimiento se ha hecho a la medida de los intereses más inmediatos del poder político: sobre todo, mediante la creación de empresas públicas, fundaciones, consorcios y demás figuras extraídas del derecho mercantil y civil, que permiten burlar la legislación administrativa y los controles en la intervención del gasto y la contratación de personal. Pero como había dinero y además todos los partidos políticos hacían lo mismo en sus parcelas de poder, nadie ha levantado la voz para parar esta locura, ya sea porque carecieran de voz pública ya sea porque preferían mirar para otro lado.
Ahora la realidad es muy distinta. Esta crisis, que ya se ha instalado como un huésped que ha ocupado toda la casa y parece que no tiene intención de abandonarla, ha roto el espejo edulcorado en el que se miraba la Andalucía del desarrollismo y nos ha traído una realidad muy distinta: la del paro, la de la falta de poder real autonómico, la de la destrucción ambiental y también la de la penuria en las cuentas públicas.
En este contexto, el nuevo Presidente de la Junta, con un equipo inexperto que hace aguas por todos lados (algunas no demasiado limpias como la precipitada renuncia de su segundo en el partido por un caso de corruptela) no se le ocurre otra cosa para reducir gastos que abordar una profunda reestructuración de la administración autonómica, sin preguntar a nadie y con las ideas básicas muy confusas, en la que en vez de rectificar la deriva anterior profundiza en la hegemonía de la administración paralela sobre la administración reglada.
En un alarde de insensatez pretende diluir los límites entre los distintos estamentos que conforman el Poder Ejecutivo (porque es de eso de lo que estamos hablando, del Poder Ejecutivo de Andalucía): diluye el poder político en la dirección gerencial de las agencias; profundiza en la destrucción de la imparcialidad administrativa; pretende incorporar al personal de la Junta, funcionario y laboral, a una agencias diseñadas a la medida para disponer de la mayor discrecionalidad posible; diluye las fronteras entre el personal funcionario y los empleados de las empresas públicas e incluso quiere mezclar a estos colectivos con el personal contratado por fundaciones y consorcios privados (la llamada tercera administración paralela).
Justamente se trata de lo contrario, de subrayar los límites entre colectivos cuya existencia autónoma responde a las exigencias funcionales de la democracia: políticos que dirigen el ejecutivo, funcionarios que administran con imparcialidad e independencia, laborales que cumplen las funciones que le asigna la Ley y trabajadores de empresas públicas mercantiles cuya función debe ser exclusivamente realizar actividades realmente mercantiles desde las competencias de los poderes públicos.

Además, en este camino a la destrucción han arrastrado a los cúpulas autonómicas de los sindicatos UGT y CC.OO que se han plegado a los deseos del gobierno tanto en los contenidos como en los tiempos y en las formas. Y lo han hecho sin atreverse a dar una explicación a los empleados públicos, consumando una ruptura de muy difícil solución. Para colmo de despropósito el propio BOJA ha publicado la semana siguiente a la firma del acuerdo sendas subvenciones de 4,5 millones a CC.OO y UGT, aprobadas en el Consejo de Gobierno de 13 de octubre. Sobran los comentarios pero faltan muchas explicaciones.
 Precisamente la protesta masiva y espontánea que ocurrió el pasado 29 de octubre, en el símbolo de la administración autonómica, en Torre Triana y más exactamente en su séptima planta, ante la firma del acuerdo entre la Consejera de Hacienda y Administración Pública y los líderes autonómicos de UGT y CC.OO, representa una nueva toma de la Bastilla, a la andaluza y por un nuevo agente social llamado a tener un renovado protagonismo: los funcionarios andaluces. La manifestación convocada en Sevilla el 13 de noviembre por la coordinadora de plataformas, a la que desde luego se suma Paralelo 36, será un paso importante en este proceso de identificación colectiva.
Los funcionarios andaluces, organizados en plataformas y asociaciones, no sólo están siendo concientes de su poder sino también de su responsabilidad para con Andalucía, en estos momentos verdaderamente críticos. Han descubierto que hay un vínculo decisivo que une sus derechos, con la defensa de una Administración Pública profesional e imparcial y ésta con el valor de la autonomía andaluza, imprescindible a su vez para proteger a la ciudadanía andaluza frente a las amenazas y riesgos que trae esta crisis.

Reformar la Administración, por Alfonso Ramírez Arellano

ADELGAZAR la Administración? ¿Reducir los derechos laborales? ¿Desfuncionarizar el empleo público ? ¿Externalizar? ¿Racionalizar? He aquí algunos de los interrogantes que se ciernen como amenazas sobre la Administración Pública a raíz de la crisis económica.

Si vamos a reformar la Administración, hagámoslo racionalmente. No debemos conformarnos con que los servicios públicos sean lo que queda después de los sucesivos recortes. Eso es una chapuza. Necesitamos un gran objetivo colectivo que guíe esas reformas. La profesionalización (de la gestión) de la Administración en el sentido de limitar su excesiva politización actual redundaría en una mayor eficiencia a la vez que limitaría las posibilidades de corrupción. También legitimaría las duras medidas de ajuste que se han adoptado contra los empleados públicos.

Según el profesor Víctor Lapuente, investigador de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), la causa más importante de la corrupción en países como España, Italia o Francia no es un "factor cultural" ni la falta de controles administrativos y legales, sino la excesiva politización de la Administración Pública. Según Lapuente en los países desarrollados pueden observarse dos modelos de gestión: El modelo strong-mayor, imperante en países como España, acumula mucho poder en manos de un solo cargo (alcalde) y su equipo de gobierno. En el modelo city-manager los cargos electos retienen el poder legislativo, pero el ejecutivo pasa a manos de profesionales nombrados por la mayoría y por un periodo no coincidente con el ciclo electoral. En una ciudad de 250.000 habitantes el número de cargos de libre designación política tras las elecciones pueden variar entre unos pocos o centenares dependiendo del modelo que hayan adoptado. En el modelo city-manager se buscan mecanismos institucionales que permitan la selección y mantenimiento de los cargos técnicos con responsabilidad ejecutiva dependiendo de su competencia y no de su lealtad política. Es el que impera en los países con bajo nivel de corrupción.

A simple vista puede parecer muy difícil pasar de un modelo a otro, pero otras sociedades lo han conseguido. Algunas ciudades americanas presentaban un grado de clientelismo y corrupción a principios del s. XX como el que se refleja en Gangs of New York. Un gran esfuerzo reformista consiguió cambiar radicalmente el panorama.

En un nuevo contexto podrían plantearse nuevas metas. Todo el empleo público no tendría por qué ser de carácter funcionarial. Podría existir un mercado de empleo público (no una convocatoria de oposiciones) en el que profesionales cualificados pudieran competir y hacer carrera sin necesidad de permanecer en el mismo puesto o departamento toda la vida. No es imposible buscar nuevas fórmulas del tipo "todos ganan". Países avanzados en esta materia (y en la lucha contra la corrupción) como Suecia o Nueva Zelanda están experimentando nuevas modalidades con éxito. Pero si las reformas comienzan por la reducción simplista y la desprotección injusta del funcionariado sólo conseguiremos una mayor politización de la gestión pública sin el control que aún hoy representan estos servidores públicos profesionales.

Hay que renovar el pacto entre funcionarios y ciudadanos (una parte de ellos lo han conseguido: la Policía, el Ejército y parte del sector sanitario). Los funcionarios son servidores públicos, están al servicio de la sociedad y son el garante de la legalidad, la justicia, la equidad en las decisiones político/administrativas. No pueden estar al arbitrio del político de turno o, peor aún, de su "persona de confianza" (¡Por Dios, que hasta el nombre suena a cosa nostra!). Deben estar protegidos para ejercer su función. Representan un límite al poder omnímodo de los políticos -con sus cohortes de asesores, secretarios y cargos de confianza- que se han adueñado de la administración con el riesgo de corrupción e ineficacia.

Esto no está reñido con que se reforme el funcionamiento de la Administración para hacerla cada vez más eficiente. Por ejemplo, en vez de crear estructuras opacas intermedias como las famosas empresas públicas de las comunidades autónomas habría que considerar en serio a los ayuntamientos como la Administración encargada de la prestación final de los servicios. Esto permitiría a su vez abordar el problema crónico de la financiación y las competencias de la administración local, el tan traído y llevado pacto local.

Tampoco debemos consentir que el futuro de la gestión de los intereses de todos se dirima en el terreno de juego de dos equipos: políticos y sindicatos. Falta escuchar la opinión de los técnicos, de los profesionales y, a través de nuevos mecanismos de participación que van más allá de las elecciones, también la de los ciudadanos.

Leído en Diario de Sevilla