Dice la Física que el silencio perfecto, la total ausencia de sonidos, no existe. Algo disparatado. Los tipos que sostienen tal chorrada y que gastan el dinero del contribuyente en experimentos idiotas, deberían venir a Cádiz y comprobar que el silencio absoluto sí existe.
Ésta, señores físicos, es la ciudad callada, Cádiz la muda, la taciturna. La tácita de plata. Aquí el personal enmudece preso de su miedo a hablar, no vaya a molestar, y calla por conveniencia, por desidia o por simple ignorancia. Aquí se calla hasta por militancia, pues el silencio clientelar también existe.
Tampoco los dueños de ese silencio emiten sonido alguno cuando hablan. Son los políticos-ventosa, con labia de presentadores de Teletienda que te prometen el oro y el moro "al increíble precio que aparece en pantalla". Luego, si el producto es un timo, no te quejes, no reclames, no digas nada. Dirá que entendiste mal o que eso es lo que hay.
Al político-ventosa, en realidad, le importa una mierda tu vida y la mía: su único empeño es seguir en el cargo con un programa bien sencillo. Primero, el autoelogio; segundo, ocultar la decadencia de la ciudad, en vez de buscar soluciones; tercero, echar la culpa a otro cuando ocurra algo malo; y cuarto, si no cuela lo anterior, hacerse la víctima.
Y así veinte años, o treinta, o los que sean menester, porque el político-ventosa entiende la democracia en su sentido más carca. O sea, que el nivel de participación se limite a dejarnos votar cada cuatro años. Y así, extinguida la ciudadanía, sólo quedan súbditos calladitos. Además el político-ventosa es resabiado y se rodea de asesores mercenarios, palanganeros y asalariados del chivateo, para estar bien informado y ver por dónde vienen los peligros para la integridad de su sillón. O sillones, porque suelen ser varios.
Dicen que la zona azul expulsa los coches-ventosa. Pues bien, aquí en la ciudad que sonríe sin ganas, la ciudad que anofuncia (o algo así) en la que los impuestos bajan subiendo, en la tácita de plata, no vendría mal una zona de un color diferente al azul que ahuyentara al político-ventosa.
(Publicado en http://www.diariodecadiz.es/article/opinion/1893715/la/tacita/plata.html)
Las cosas que acabarán con la raza humana son: la política sin principios, el progreso sin compasión, la riqueza sin esfuerzo, la erudición sin silencio, la religión sin riesgo y el culto sin conciencia. - Anónimo
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jueves, 6 de noviembre de 2014
jueves, 20 de diciembre de 2012
Desafección y crisis de la política. Manuel Chaves González
EL reciente barómetro sobre opinión pública de Andalucía de IESA pone de manifiesto un fenómeno que se viene detectando desde hace ya unos años en otras encuestas similares y que, incluso, ha tenido su reflejo en los niveles de participación en los últimos procesos electorales: la desafección de una parte muy importante de la ciudadanía hacia la política. La encuesta resalta que una buena parte de la misma valora escasamente las instituciones del Estado y los partidos políticos; señala que no está satisfecha con el funcionamiento de la democracia y con la capacidad de los líderes políticos para resolver sus problemas. Cualquier persona responsable debe considerar que estamos ante una situación grave y preocupante.
Es cierto que esa desafección viene de lejos pero, sin duda, ha encontrado en la crisis económica su campo más propicio para agravar sus efectos en la ciudadanía: la desilusión, la desmoralización individual y colectiva y la pérdida de autoestima. Porque esta crisis, además de económica, es una crisis de la política y también institucional que afecta a todas las instituciones del Estado. Junto a los problemas económicos y sociales de la crisis (paro, desigualdad, pobreza, falta de crédito, etc.) o debido a ellos, los ciudadanos tienen la percepción de una incapacidad de los gobiernos para resolverlos. Observan con estupor cómo se transfieren cantidades milmillonarias para salvar los bancos, muchos de ellos mal gestionados por sus gestores, al tiempo que se recortan servicios públicos esenciales y se deja en el abandono a miles de ciudadanos afectados por la imposibilidad de pagar sus hipotecas. Y, sobre todo, cunde el desánimo ante la ausencia de expectativas y de un horizonte mínimamente esperanzador para los jóvenes.
Todo ello está provocando un cierto deterioro de la legitimidad de la democracia, que es terreno abonado para el cuestionamiento interesado de las instituciones democráticas por algunos medios de comunicación junto a grupos de la derecha extrema y colectivos antisistema. En definitiva, la anti política. Tratan de agudizar la descomposición de las instituciones y "canalizar" las reivindicaciones populares sin pasar por los partidos políticos y la representación democrática. Esta concepción está en el origen de los totalitarismos y la madre de los populismos. Por eso, nada está escrito en el futuro de la democracia.
Es cierto, como dicen los expertos, que la desafección a quien más perjudica electoralmente es al Partido Socialista. Pero el problema va más allá de un interés partidista porque lo que nos debe preocupar es el futuro de la democracia y de sus instituciones y, en consecuencia, cómo recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en la misma. En definitiva, toca hacer POLÍTICA, ¡con mayúsculas!
El origen de la crisis no está en las políticas públicas que conforman el estado de bienestar; los culpables no son los parados ni los jubilados, los enfermos ni los discapacitados y dependientes. Por ello, frente al "pensamiento único" de la derecha basado en la austeridad a ultranza y el desmantelamiento del estado de bienestar, el PSOE tiene que construir una respuesta global que afronte la regulación de los mercados y evite crisis sistémicas como la actual con los efectos atroces que soportan los ciudadanos. Una respuesta que traslade a los ciudadanos la seguridad y la confianza de que "manda" la política y la gobernanza democrática y no los mercados especulativos. Una respuesta que asegure expectativas ciertas.
Una respuesta global:
-Que reparta equitativamente las cargas y sacrificios derivados de la crisis a través de una profunda reforma fiscal y que recaude los recursos necesarios para crear empleo.
-Que contemple una reforma de la Constitución que afronte los cambios sociales producidos, actualizándola y reforzándola ante los españoles. Una reforma con un modelo territorial que integre un proyecto nacional -de país-, propio de un partido que siempre ha tenido como seña de identidad la vertebración y la cohesión de España.
-Que proponga el consenso social y el pacto de Estado con una hoja de ruta que ayude a la salida de la crisis. La derecha de este país debe ser consciente de que no posee el monopolio de la razón y que la negociación no es una debilidad política.
Un proyecto, por último, que dé respuestas a los intentos de deslegitimación de la democracia representativa. Es cierto que no hay más democracia real que la democracia representativa, pero no es menos cierto que es imprescindible mejorarla para hacerla más viva, más participativa y más cercana a los ciudadanos.
Si somos responsables, es hora de ser audaces. Hace falta una reforma del sistema electoral que modifique las listas electorales cerradas y bloqueadas y que dé más facilidades para las iniciativas legislativas ciudadanas. Hace falta más transparencia de las instituciones y partidos que quite cualquier argumento, a la demagogia y populismo sobre "privilegios" y "prebendas" de los políticos. Es necesaria una mayor centralidad política de los parlamentos en el debate político y en la elaboración legislativa. Y es imprescindible que los ciudadanos tengan la plena garantía de un comportamiento ético intachable de quienes se dedican a la política.
(Publicado en Diario de Cádiz)
Es cierto que esa desafección viene de lejos pero, sin duda, ha encontrado en la crisis económica su campo más propicio para agravar sus efectos en la ciudadanía: la desilusión, la desmoralización individual y colectiva y la pérdida de autoestima. Porque esta crisis, además de económica, es una crisis de la política y también institucional que afecta a todas las instituciones del Estado. Junto a los problemas económicos y sociales de la crisis (paro, desigualdad, pobreza, falta de crédito, etc.) o debido a ellos, los ciudadanos tienen la percepción de una incapacidad de los gobiernos para resolverlos. Observan con estupor cómo se transfieren cantidades milmillonarias para salvar los bancos, muchos de ellos mal gestionados por sus gestores, al tiempo que se recortan servicios públicos esenciales y se deja en el abandono a miles de ciudadanos afectados por la imposibilidad de pagar sus hipotecas. Y, sobre todo, cunde el desánimo ante la ausencia de expectativas y de un horizonte mínimamente esperanzador para los jóvenes.
Todo ello está provocando un cierto deterioro de la legitimidad de la democracia, que es terreno abonado para el cuestionamiento interesado de las instituciones democráticas por algunos medios de comunicación junto a grupos de la derecha extrema y colectivos antisistema. En definitiva, la anti política. Tratan de agudizar la descomposición de las instituciones y "canalizar" las reivindicaciones populares sin pasar por los partidos políticos y la representación democrática. Esta concepción está en el origen de los totalitarismos y la madre de los populismos. Por eso, nada está escrito en el futuro de la democracia.
Es cierto, como dicen los expertos, que la desafección a quien más perjudica electoralmente es al Partido Socialista. Pero el problema va más allá de un interés partidista porque lo que nos debe preocupar es el futuro de la democracia y de sus instituciones y, en consecuencia, cómo recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en la misma. En definitiva, toca hacer POLÍTICA, ¡con mayúsculas!
El origen de la crisis no está en las políticas públicas que conforman el estado de bienestar; los culpables no son los parados ni los jubilados, los enfermos ni los discapacitados y dependientes. Por ello, frente al "pensamiento único" de la derecha basado en la austeridad a ultranza y el desmantelamiento del estado de bienestar, el PSOE tiene que construir una respuesta global que afronte la regulación de los mercados y evite crisis sistémicas como la actual con los efectos atroces que soportan los ciudadanos. Una respuesta que traslade a los ciudadanos la seguridad y la confianza de que "manda" la política y la gobernanza democrática y no los mercados especulativos. Una respuesta que asegure expectativas ciertas.
Una respuesta global:
-Que reparta equitativamente las cargas y sacrificios derivados de la crisis a través de una profunda reforma fiscal y que recaude los recursos necesarios para crear empleo.
-Que contemple una reforma de la Constitución que afronte los cambios sociales producidos, actualizándola y reforzándola ante los españoles. Una reforma con un modelo territorial que integre un proyecto nacional -de país-, propio de un partido que siempre ha tenido como seña de identidad la vertebración y la cohesión de España.
-Que proponga el consenso social y el pacto de Estado con una hoja de ruta que ayude a la salida de la crisis. La derecha de este país debe ser consciente de que no posee el monopolio de la razón y que la negociación no es una debilidad política.
Un proyecto, por último, que dé respuestas a los intentos de deslegitimación de la democracia representativa. Es cierto que no hay más democracia real que la democracia representativa, pero no es menos cierto que es imprescindible mejorarla para hacerla más viva, más participativa y más cercana a los ciudadanos.
Si somos responsables, es hora de ser audaces. Hace falta una reforma del sistema electoral que modifique las listas electorales cerradas y bloqueadas y que dé más facilidades para las iniciativas legislativas ciudadanas. Hace falta más transparencia de las instituciones y partidos que quite cualquier argumento, a la demagogia y populismo sobre "privilegios" y "prebendas" de los políticos. Es necesaria una mayor centralidad política de los parlamentos en el debate político y en la elaboración legislativa. Y es imprescindible que los ciudadanos tengan la plena garantía de un comportamiento ético intachable de quienes se dedican a la política.
(Publicado en Diario de Cádiz)
miércoles, 4 de agosto de 2010
La clase política marca nuevo récord como tercer problema de España, tras el paro y la situación económica
MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de julio ha vuelto a situar el paro y los problemas de índole económica como los dos principales problemas de España. En tercer lugar se coloca la clase política, que marca un nuevo récord al ser mencionada como problema del país por el 21,7 por ciento de los encuestados.
La encuesta se basa en 2.472 entrevistas realizadas en 238 municipios de 48 provincias entre los días 15 y 22 de julio, en plena discusión de la reforma laboral y justo después del Debate sobre el estado de la Nación que se celebró en el Congreso. El margen de error es de más/menos dos puntos.
El paro es citado como un problema de España en el 78 por ciento de los cuestionarios, un porcentaje de 2,1 puntos más que en la encuesta correspondiente al mes de junio, pero menor que el cosechado en los primeros meses del año. En enero, febrero y marzo superó el 81 por ciento.
Los problemas de índole económica son mencionados en el 51,3 por ciento de las respuestas, un porcentaje que está por debajo de los datos de junio (53 por ciento) pero algo mayor que el logrado entre enero y mayo.
Desde enero de 2008 estos dos asuntos han liderado el ranking de los principales problemas del país y tras ellos se han ido alternando otros como el terrorismo, la inmigración o la clase política que, como ya ocurrió en el sondeo de hace un mes, se sitúa en tercer lugar pero con un nuevo récord: 21,7 por ciento de las respuestas.
La clase política y los partidos viene ocupando el tercer lugar como problema de España desde febrero de este año, donde logró el 16,8 por ciento. En los últimos tres meses esa cifra ha ido creciendo levemente, con un 19,4 por ciento en abril; 18,8 en mayo; y 20,7 en junio.
Pero el porcentaje del 21,7 por ciento del barómetro de julio es el mayor de los que ha logrado este problema en esta pregunta del CIS, superando al que se registró en septiembre de 1995 (un 21,5 por ciento) cuando saltaron a la luz los escándalos de corrupción vinculados a los gobiernos de Felipe González.
INMIGRACIÓN E INSEGURIDAD CIUDADANA
A más distancia en la tabla de problemas figuran la inmigración (citado por el 12,4 por ciento de los entrevistados) y la inseguridad ciudadana (8,1), que también ocupaban el cuarto y quinto lugar en los sondeos de los dos meses anteriores.
El terrorismo, que en 2007 encabezaba esta clasificación, se coloca ahora en el séptimo lugar, mencionado sólo en el 5,5 por ciento de las respuestas, por detrás de problemas como la vivienda (6,7) y el gobierno, los políticos y los partidos (6,4).
En cuanto a los problemas que más preocupan personalmente al ciudadano, la denominada percepción subjetiva, repiten en cabeza los problemas económicos (43,3 por ciento) y el paro (40,9 por ciento). Le siguen pero con porcentajes mucho más pequeños las pensiones con un 8,1 por ciento, la vivienda con un 6,8 por ciento y la clase política con un 6,5.
MÁS OPINIONES NEGATIVAS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA
Respecto a la situación económica, el 74,4 por ciento considera que es mala o muy mala, y únicamente el 2,5 por ciento la ve buena o muy buena. Al preguntar a los encuestados si creen que la situación económica del país será mejor, igual o peor dentro de un año, el 30,8 % cree que será peor.
En el caso de la situación política general de España, el 65,3 por ciento considera que es mala o muy mala, mientras que sólo el 3,3 estima que es buena o muy buena. Además, el 27,2 augura que dentro de doce meses será peor.
El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de julio ha vuelto a situar el paro y los problemas de índole económica como los dos principales problemas de España. En tercer lugar se coloca la clase política, que marca un nuevo récord al ser mencionada como problema del país por el 21,7 por ciento de los encuestados.
La encuesta se basa en 2.472 entrevistas realizadas en 238 municipios de 48 provincias entre los días 15 y 22 de julio, en plena discusión de la reforma laboral y justo después del Debate sobre el estado de la Nación que se celebró en el Congreso. El margen de error es de más/menos dos puntos.
El paro es citado como un problema de España en el 78 por ciento de los cuestionarios, un porcentaje de 2,1 puntos más que en la encuesta correspondiente al mes de junio, pero menor que el cosechado en los primeros meses del año. En enero, febrero y marzo superó el 81 por ciento.
Los problemas de índole económica son mencionados en el 51,3 por ciento de las respuestas, un porcentaje que está por debajo de los datos de junio (53 por ciento) pero algo mayor que el logrado entre enero y mayo.
Desde enero de 2008 estos dos asuntos han liderado el ranking de los principales problemas del país y tras ellos se han ido alternando otros como el terrorismo, la inmigración o la clase política que, como ya ocurrió en el sondeo de hace un mes, se sitúa en tercer lugar pero con un nuevo récord: 21,7 por ciento de las respuestas.
La clase política y los partidos viene ocupando el tercer lugar como problema de España desde febrero de este año, donde logró el 16,8 por ciento. En los últimos tres meses esa cifra ha ido creciendo levemente, con un 19,4 por ciento en abril; 18,8 en mayo; y 20,7 en junio.
Pero el porcentaje del 21,7 por ciento del barómetro de julio es el mayor de los que ha logrado este problema en esta pregunta del CIS, superando al que se registró en septiembre de 1995 (un 21,5 por ciento) cuando saltaron a la luz los escándalos de corrupción vinculados a los gobiernos de Felipe González.
INMIGRACIÓN E INSEGURIDAD CIUDADANA
A más distancia en la tabla de problemas figuran la inmigración (citado por el 12,4 por ciento de los entrevistados) y la inseguridad ciudadana (8,1), que también ocupaban el cuarto y quinto lugar en los sondeos de los dos meses anteriores.
El terrorismo, que en 2007 encabezaba esta clasificación, se coloca ahora en el séptimo lugar, mencionado sólo en el 5,5 por ciento de las respuestas, por detrás de problemas como la vivienda (6,7) y el gobierno, los políticos y los partidos (6,4).
En cuanto a los problemas que más preocupan personalmente al ciudadano, la denominada percepción subjetiva, repiten en cabeza los problemas económicos (43,3 por ciento) y el paro (40,9 por ciento). Le siguen pero con porcentajes mucho más pequeños las pensiones con un 8,1 por ciento, la vivienda con un 6,8 por ciento y la clase política con un 6,5.
MÁS OPINIONES NEGATIVAS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA
Respecto a la situación económica, el 74,4 por ciento considera que es mala o muy mala, y únicamente el 2,5 por ciento la ve buena o muy buena. Al preguntar a los encuestados si creen que la situación económica del país será mejor, igual o peor dentro de un año, el 30,8 % cree que será peor.
En el caso de la situación política general de España, el 65,3 por ciento considera que es mala o muy mala, mientras que sólo el 3,3 estima que es buena o muy buena. Además, el 27,2 augura que dentro de doce meses será peor.
martes, 3 de agosto de 2010
Otra vez los políticos son suspendidos
Los españoles suspenden con un 3,1 a los políticos y por el contrario conceden un notable a maestros (7,6), médicos (7,5) y científicos (7,4), según una encuesta europea realizada por la Fundación BBVA. Tampoco aprueban los partidos (3,4), los sindicatos (4,1), ni las autoridades religiosas (4,2), que aparecen como las instituciones u organizaciones que menos confianza inspiran a los españoles, frente a la universidad que es la más valorada (7), las ONG (6) y el ejército (5,9).
Los temas de salud y culturales son los preferidos,
en tanto que los de tipo político
y deportivo obtienen el menor grado
de interés
El estudio, en el que han participado 21.000 ciudadanos de doce países de la UE, además de Suiza y Turquía, señala que esta valoración es similar a la media de los comunitarios. Así, los políticos obtienen un 3,4 entre los ciudadanos de la UE encuestados, los médicos un 7,7, los maestros un 7,2 y los científicos un 7,3. Respecto a España, aprueban los periodistas y funcionarios (5), empresarios (5,2), jueces (5,4), militares (5,7), policías (6,2) y los ecologistas (6,4), mientras que suspenden los religiosos (4,3).
Los temas de salud y culturales son los preferidos, en tanto que los de tipo político y deportivo obtienen el menor grado de interés. El nivel de participación política y social es bajo; el 70% no pertenece a ningún grupo o asociación y la mayoría de los afiliados están inscritos en asociaciones recreativas o deportivas.
Baja afiliación a partidos y sindicatos
Sólo un 2,7% pertenece a algún partido y un 7% a sindicatos. Cuatro de cada diez españoles asegura que ha participado en alguna actividad cívica en el último año, sobre todo en campañas de recogida de firmas, reclamando algún derecho o participando en manifestaciones.
Cerca de un 30% declara leer el periódico diariamente y el mismo porcentaje asegura que no lo hace nunca o casi nunca; mientras que un tercio indica que sigue los temas políticos en los diarios. El Estudio European Mindset se elaboró a últimos de 2009, con 1.500 encuestas por cada país participante realizadas a personas mayores de 14 años.
Los temas de salud y culturales son los preferidos,
en tanto que los de tipo político
y deportivo obtienen el menor grado
de interés
El estudio, en el que han participado 21.000 ciudadanos de doce países de la UE, además de Suiza y Turquía, señala que esta valoración es similar a la media de los comunitarios. Así, los políticos obtienen un 3,4 entre los ciudadanos de la UE encuestados, los médicos un 7,7, los maestros un 7,2 y los científicos un 7,3. Respecto a España, aprueban los periodistas y funcionarios (5), empresarios (5,2), jueces (5,4), militares (5,7), policías (6,2) y los ecologistas (6,4), mientras que suspenden los religiosos (4,3).
Los temas de salud y culturales son los preferidos, en tanto que los de tipo político y deportivo obtienen el menor grado de interés. El nivel de participación política y social es bajo; el 70% no pertenece a ningún grupo o asociación y la mayoría de los afiliados están inscritos en asociaciones recreativas o deportivas.
Baja afiliación a partidos y sindicatos
Sólo un 2,7% pertenece a algún partido y un 7% a sindicatos. Cuatro de cada diez españoles asegura que ha participado en alguna actividad cívica en el último año, sobre todo en campañas de recogida de firmas, reclamando algún derecho o participando en manifestaciones.
Cerca de un 30% declara leer el periódico diariamente y el mismo porcentaje asegura que no lo hace nunca o casi nunca; mientras que un tercio indica que sigue los temas políticos en los diarios. El Estudio European Mindset se elaboró a últimos de 2009, con 1.500 encuestas por cada país participante realizadas a personas mayores de 14 años.
lunes, 12 de julio de 2010
Los corruptos son los otros
Escrito por Alberto Montero y publicado en la Revista FUSIÓN
09/07/10
Haciendo gala de esa incoherencia entre el discurso y la acción que caracteriza la gestión de este gobierno, hace unos días conocíamos que a pesar del anuncio realizado por la directora general del Tesoro tras la cumbre del G-20 celebrada en Londres de que en España se iba a redactar una ley para combatir el blanqueo de capitales que superaba con mucho las directrices europeas, finalmente ésta no va a ser tan dura como se publicitó en aquel momento de euforia reformista del capitalismo.
Así, en un primer borrador, el gobierno planteó la necesidad de que las cuentas de los políticos españoles y sus familiares y allegados fueran objeto de una especial vigilancia.
Los motivos para justificar esa medida no creo que estén fuera del entendimiento y la intuición de cualquier ciudadano. Es más, si damos por buenos los informes que realiza Transparencia Internacional, entre 2004 y 2009 España ha caído 6 puestos en el índice que elabora esa institución hasta situarse en el lugar 28 de un total de 180 países, compartiendo el honor con Qatar. Es decir, durante los años del boom inmobiliario el índice de corrupción de nuestro país ha empeorado de forma significativa.
Creo que a nadie se le escapa las relaciones de causalidad directa entre el boom inmobiliario, la implicación de numerosas autoridades municipales en la expansión de la corrupción vinculada a ese negocio, el empeoramiento del índice de Transparencia Internacional y el aumento del número de casos de esa naturaleza en los juzgados.
En consecuencia, no sería ningún disparate plantear que la propuesta de que las cuentas de los responsables políticos y su entorno estuvieran sujetas a una especial vigilancia como medida preventiva no resulta especialmente desatinada y, al menos, introduce un elemento disuasorio adicional tendente a favorecer, de alguna forma, el autocontrol.
Creo que a nadie se le escapa las relaciones de causalidad directa entre el boom inmobiliario, la implicación de autoridades municipales en la expansión de la corrupción vinculada a ese negocio, el empeoramiento del índice de Transparencia Internacional y el aumento del número de casos de esa naturaleza en los juzgados.
Pues bien, nuestro gobierno, con el apoyo del resto de partidos políticos excepto IU-ECV (¡mira por dónde que para esto si se ponen de acuerdo casi todos!), han decidido que las únicas personas con responsabilidad pública que deben estar sometidas a ese régimen de vigilancia preventiva especial son “aquellas personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países”. O, lo que viene a ser lo mismo: ¿a quién se le ocurre pensar que un político español pueda ser corrupto? ¡Vade retro! Los corruptos son los otros, que diría el equivalente hispano de Sartre, y es a ellos a quienes hay que vigilar. Los nuestros, simplemente por el hecho de serlo, están inmunizados frente a ese virus.
Sin embargo, aunque yo no tenga la menor duda de que la mayor parte de nuestros políticos son personas honradas que viven de su trabajo, ya sea en la política o en otros ámbitos, también creo que la expansión generalizada de la corrupción durante estos últimos años hubiera podido atemperarse estableciendo mecanismos de supervisión y regulación mayores y mejores que impusieran la transparencia como principio ineludible al que debe someterse cualquier cargo electo.
Las razones me parecen obvias: si desgraciadamente hemos dejado atrás una concepción de la política basada en comportamientos éticos intachables; si el virus de la avaricia del que se nutre el capitalismo ha calado tan hondo entre la población que ha anulado valores tan socialmente importantes como el del honor, la dignidad o el respeto por lo público, los ciudadanos nos vemos obligados a protegernos articulando mecanismos de supervisión frente a esa enfermedad. No nos queda otra.
Si desgraciadamente hemos dejado atrás una concepción de la política basada en comportamientos éticos intachables; si el virus de la avaricia ha calado tan hondo que ha anulado valores como el del honor, la dignidad o el respeto por lo público, los ciudadanos nos vemos obligados a protegernos articulando mecanismos de supervisión frente a esa enfermedad.
Insisto, no se trata de cuestionar la honorabilidad de la mayor parte de nuestra clase política. No, no es eso ni yo la pongo en duda en términos globales. Se trata de asumir que dónde antes existían valores que refrenaban comportamientos moral y éticamente reprobables, ahora nos encontramos con un sistema económico que favorece la apropiación privada y particular, incluyendo también la ilícita, de la cosa pública. Y la favorece porque, entre otras cosas, minusvalora la importancia de ésta, cuestionando la gestión que de la misma se hace desde la política y fomentando, en consecuencia, su privatización. Una tendencia que encuentra su expresión más exagerada y extrema en la corrupción.
Y si, además, también pensamos que la ideología neoliberal dominante concibe al ciudadano como un ser racional, maximizador, egoísta y avaricioso; si se ha producido una mutación antropológica que está deteriorando aceleradamente los patrones de comportamiento sociales basados en la ética , entonces nos encontramos con un margen prácticamente nulo para pensar que la autorregulación de la política basada en valores de esa naturaleza puede constituir un freno suficiente para evitar la corrupción.
Aceptando matizadamente que ese es el estado de cosas actual, creo que es legítimo e, incluso, necesario que reclamemos de todos aquellos que se dedican a la política -en tanto que actividad vinculada al cuidado y preservación de la cosa pública, la de todos-, un plus de transparencia que en nada debiera resultar ofensivo para quienes deciden emplear parte de su vida en la misma. Y a quien no le guste, ya sabe dónde está la puerta y el tajo. Δ
Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía. http://www.albertomontero.com/
09/07/10
Haciendo gala de esa incoherencia entre el discurso y la acción que caracteriza la gestión de este gobierno, hace unos días conocíamos que a pesar del anuncio realizado por la directora general del Tesoro tras la cumbre del G-20 celebrada en Londres de que en España se iba a redactar una ley para combatir el blanqueo de capitales que superaba con mucho las directrices europeas, finalmente ésta no va a ser tan dura como se publicitó en aquel momento de euforia reformista del capitalismo.
Así, en un primer borrador, el gobierno planteó la necesidad de que las cuentas de los políticos españoles y sus familiares y allegados fueran objeto de una especial vigilancia.
Los motivos para justificar esa medida no creo que estén fuera del entendimiento y la intuición de cualquier ciudadano. Es más, si damos por buenos los informes que realiza Transparencia Internacional, entre 2004 y 2009 España ha caído 6 puestos en el índice que elabora esa institución hasta situarse en el lugar 28 de un total de 180 países, compartiendo el honor con Qatar. Es decir, durante los años del boom inmobiliario el índice de corrupción de nuestro país ha empeorado de forma significativa.
Creo que a nadie se le escapa las relaciones de causalidad directa entre el boom inmobiliario, la implicación de numerosas autoridades municipales en la expansión de la corrupción vinculada a ese negocio, el empeoramiento del índice de Transparencia Internacional y el aumento del número de casos de esa naturaleza en los juzgados.
En consecuencia, no sería ningún disparate plantear que la propuesta de que las cuentas de los responsables políticos y su entorno estuvieran sujetas a una especial vigilancia como medida preventiva no resulta especialmente desatinada y, al menos, introduce un elemento disuasorio adicional tendente a favorecer, de alguna forma, el autocontrol.
Creo que a nadie se le escapa las relaciones de causalidad directa entre el boom inmobiliario, la implicación de autoridades municipales en la expansión de la corrupción vinculada a ese negocio, el empeoramiento del índice de Transparencia Internacional y el aumento del número de casos de esa naturaleza en los juzgados.
Pues bien, nuestro gobierno, con el apoyo del resto de partidos políticos excepto IU-ECV (¡mira por dónde que para esto si se ponen de acuerdo casi todos!), han decidido que las únicas personas con responsabilidad pública que deben estar sometidas a ese régimen de vigilancia preventiva especial son “aquellas personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países”. O, lo que viene a ser lo mismo: ¿a quién se le ocurre pensar que un político español pueda ser corrupto? ¡Vade retro! Los corruptos son los otros, que diría el equivalente hispano de Sartre, y es a ellos a quienes hay que vigilar. Los nuestros, simplemente por el hecho de serlo, están inmunizados frente a ese virus.
Sin embargo, aunque yo no tenga la menor duda de que la mayor parte de nuestros políticos son personas honradas que viven de su trabajo, ya sea en la política o en otros ámbitos, también creo que la expansión generalizada de la corrupción durante estos últimos años hubiera podido atemperarse estableciendo mecanismos de supervisión y regulación mayores y mejores que impusieran la transparencia como principio ineludible al que debe someterse cualquier cargo electo.
Las razones me parecen obvias: si desgraciadamente hemos dejado atrás una concepción de la política basada en comportamientos éticos intachables; si el virus de la avaricia del que se nutre el capitalismo ha calado tan hondo entre la población que ha anulado valores tan socialmente importantes como el del honor, la dignidad o el respeto por lo público, los ciudadanos nos vemos obligados a protegernos articulando mecanismos de supervisión frente a esa enfermedad. No nos queda otra.
Si desgraciadamente hemos dejado atrás una concepción de la política basada en comportamientos éticos intachables; si el virus de la avaricia ha calado tan hondo que ha anulado valores como el del honor, la dignidad o el respeto por lo público, los ciudadanos nos vemos obligados a protegernos articulando mecanismos de supervisión frente a esa enfermedad.
Insisto, no se trata de cuestionar la honorabilidad de la mayor parte de nuestra clase política. No, no es eso ni yo la pongo en duda en términos globales. Se trata de asumir que dónde antes existían valores que refrenaban comportamientos moral y éticamente reprobables, ahora nos encontramos con un sistema económico que favorece la apropiación privada y particular, incluyendo también la ilícita, de la cosa pública. Y la favorece porque, entre otras cosas, minusvalora la importancia de ésta, cuestionando la gestión que de la misma se hace desde la política y fomentando, en consecuencia, su privatización. Una tendencia que encuentra su expresión más exagerada y extrema en la corrupción.
Y si, además, también pensamos que la ideología neoliberal dominante concibe al ciudadano como un ser racional, maximizador, egoísta y avaricioso; si se ha producido una mutación antropológica que está deteriorando aceleradamente los patrones de comportamiento sociales basados en la ética , entonces nos encontramos con un margen prácticamente nulo para pensar que la autorregulación de la política basada en valores de esa naturaleza puede constituir un freno suficiente para evitar la corrupción.
Aceptando matizadamente que ese es el estado de cosas actual, creo que es legítimo e, incluso, necesario que reclamemos de todos aquellos que se dedican a la política -en tanto que actividad vinculada al cuidado y preservación de la cosa pública, la de todos-, un plus de transparencia que en nada debiera resultar ofensivo para quienes deciden emplear parte de su vida en la misma. Y a quien no le guste, ya sabe dónde está la puerta y el tajo. Δ
Alberto Montero Soler es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía. http://www.albertomontero.com/
domingo, 27 de junio de 2010
Elogio de los políticos. Javier Anso
SÍ, elogio y agradecimiento. Y no a unos políticos perfectos e inmaculados que no existen, sino a los políticos reales que tenemos: a los que hemos elegido, y a los que, con nuestro voto, podemos cambiar.
A menudo se dice que los españoles tenemos muy mala opinión de los políticos; que son más un problema que una solución. Y concluimos: "todos los políticos son iguales". Eso no es verdad y, además, es muy injusto. Evidentemente, nuestros políticos -gobiernen o estén en la oposición- cometen errores, a veces serios y frecuentes; pero, ¿no 'cometerán', también, numerosos y frecuentes, aciertos? Si reconocemos con facilidad los primeros, ¿no podríamos hacer lo mismo con los segundos? No olvidemos que en, gran medida, debemos a esas personas nuestro nivel de vida y de democracia.
Nuestros políticos son tan 'manifiestamente mejorables' como lo somos todos nosotros. José Antonio López escribía en este Diario sobre "el ciudadano impasible" ante los atropellos que sufre, y cómo esa actitud lleva a un "preocupante borreguismo" (12-6-2010). La pensadora Victoria Camps, en su último libro, El declive de la ciudadanía, afirma que los cimientos de la convivencia y de las instituciones democráticas pueden estar en peligro si no superamos nuestro actual déficit de ciudadanía.
Exijamos más a nuestros políticos sí, pero agradezcamos también su trabajo. Que los incompetentes o corruptos sean apartados de la política, pero que esos pocos no cuestionen la valiosa tarea de la inmensa mayoría. No descalifiquemos, ante nuestros hijos y alumnos, a quienes dedican unos años de su vida a servir a la sociedad; al contrario, acentuemos la educación en el aprecio a la democracia, la participación, la responsabilidad, el espíritu crítico. Del desprecio a los políticos nacen los mesías salvadores de la patria; de la educación cívica, los ciudadanos y los políticos que nos permitirán seguir viviendo en democracia, fortalecerla y hacerla universal. ¡Gracias, políticos!
Publicado en Diario de Cádiz
A menudo se dice que los españoles tenemos muy mala opinión de los políticos; que son más un problema que una solución. Y concluimos: "todos los políticos son iguales". Eso no es verdad y, además, es muy injusto. Evidentemente, nuestros políticos -gobiernen o estén en la oposición- cometen errores, a veces serios y frecuentes; pero, ¿no 'cometerán', también, numerosos y frecuentes, aciertos? Si reconocemos con facilidad los primeros, ¿no podríamos hacer lo mismo con los segundos? No olvidemos que en, gran medida, debemos a esas personas nuestro nivel de vida y de democracia.
Nuestros políticos son tan 'manifiestamente mejorables' como lo somos todos nosotros. José Antonio López escribía en este Diario sobre "el ciudadano impasible" ante los atropellos que sufre, y cómo esa actitud lleva a un "preocupante borreguismo" (12-6-2010). La pensadora Victoria Camps, en su último libro, El declive de la ciudadanía, afirma que los cimientos de la convivencia y de las instituciones democráticas pueden estar en peligro si no superamos nuestro actual déficit de ciudadanía.
Exijamos más a nuestros políticos sí, pero agradezcamos también su trabajo. Que los incompetentes o corruptos sean apartados de la política, pero que esos pocos no cuestionen la valiosa tarea de la inmensa mayoría. No descalifiquemos, ante nuestros hijos y alumnos, a quienes dedican unos años de su vida a servir a la sociedad; al contrario, acentuemos la educación en el aprecio a la democracia, la participación, la responsabilidad, el espíritu crítico. Del desprecio a los políticos nacen los mesías salvadores de la patria; de la educación cívica, los ciudadanos y los políticos que nos permitirán seguir viviendo en democracia, fortalecerla y hacerla universal. ¡Gracias, políticos!
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