La insatisfacción alcanza su punto más alto en 25 años
A finales de 2009, 45% de los españoles estaba poco o nada satisfecho con el sistemaCrisis de valores, pero no sólo bursátiles. La recesión económica también provoca efectos colaterales sobre la fe en la democracia. Es decir, el maltrecho estado de la cartera parece influir sensiblemente sobre el entusiasmo que suscitan los ideales democráticos. Y buena prueba de ello son los indicadores de los sondeos, que actualmente registran el porcentaje de insatisfacción con la democracia más alto de los últimos 25 años. Concretamente, a finales del 2009 –y a la espera de lo que arroje el próximo Latinobarómetro del CIS–, un 45% de los españoles se manifestaba poco o nada satisfecho con el sistema democrático, frente a un 52% que se mostraba muy (10%) o bastante (42%) satisfecho.
Si estas cifras se comparan con las que se registraban sólo un año atrás, la satisfacción con la democracia ha caído en más de siete puntos, mientras que la insatisfacción ha crecido en casi ocho. El impacto de la crisis parece la explicación más plausible, aun cuando los escándalos de corrupción puedan tener su parte de responsabilidad. De hecho, si las cifras actuales se contrastan con las que arrojaban los sondeos en momentos dulces de la economía, la causa del declive que sufre la satisfacción con la democracia ofrece pocas dudas.
Por ejemplo, a finales del 2004 más del 60% de los consultados se mostraba satisfecho con el sistema democrático, frente a menos del 35% que expresaba insatisfacción. Y si las cifras se remiten a un momento de auténtica euforia económica como el que se vivía a finales de 1998, el contraste es todavía más elocuente. Entonces, la satisfacción con la democracia alcanzaba al 70,6% de los españoles (18 puntos más que ahora), mientras que la insatisfacción sólo llegaba al 26% (casi 19 puntos menos que hoy).
Lo llamativo es que sólo tres años antes –en 1995– las cifras eran bien distintas: únicamente un 51% se sentía satisfecho con la democracia, frente a un 44% (en ambos casos un punto menos que ahora) que se sentía poco o nada satisfecho. ¿Crisis económica? Sin duda, aunque a finales de 1995 la recuperación ya estaba en marcha y, en cambio, la crisis política y los escándalos de corrupción –que entonces salpicaban esencialmente al PSOE– se hallaban en pleno apogeo.
Sin embargo, una última comparación con las cifras de 1984 parece ratificar el papel constante y decisivo de la situación económica. Hace 25 años, con una economía agónica, casi un 46% de los españoles expresaba insatisfacción con la democracia y únicamente un 45% se mostraba satisfecho. Unrécord negativo. Ciertamente, el caso Flick (relativo a supuestas donaciones al PSOE) provocó entonces un debate sobre la financiación de los partidos, pero no alcanzó ni de lejos el relieve de los casos actuales.
Publicado en
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20100712/53962589158/la-crisis-pasa-factura-a-la-democracia-psoe.html
lunes, 12 de julio de 2010
¿"Despolitización" o privatización?
En los medios, la privatización de las Cajas de Ahorros se llama “despolitización”
11 July 2010 – 19:51
Menos mal que el Mundial de fútbol acaba, que si durase más, al gobierno social-liberal le daría tiempo a empezar a posponer la edad de jubilación a los 70 años u otras propuestas “sugeridas” por el FMI, por Obama o cualquier lengua de serpiente a sueldo del orden neoliberal. Por el momento, mientras paseamos la enseña nacional en el coche, autobús, camión, máquina excavadora, al hombro por la calle, a la cintura cual improvisada falda o, con similar orgullo deportivo, en el balcón, y gritamos ¡Espaaaña, Espaaña, Espaaña! ¡gooooooooooooooool!,! ¡uuuuuyyyyyyyyyyyyy!, ¡arbitro cabrón!, ¡oe, oe, oe, oe, oooeeeeee!, Etc., nos la meten floja -expresión popular burda pero muy acertada que quiere significar el momento en el que a uno lo joden sin que se percate de ello-.
Efectivamente, el gobierno Zapatero aprobó el decreto que pone en marcha la reforma laboral el día del España-Suiza y, precisamente ahora, cuando el entusiasmo por “la Roja” y la exaltación del orgullo patrio explota y nubla la vista, el Consejo de Ministros reforma la Ley de Cajas para convertirlas en bancos privados o para que sean absorbidas por éstos a través de la introducción de capital privado, y eso después de que el gobierno haya empleado 13.500 millones de euros procedentes de nuestros impuestos en sanearlas.
En Público leemos: “(…) Para aplicar todos estos cambios, las cajas tendrán un período transitorio de tres años (…) el jueves por la noche todavía se planteaba imponer sólo un año de plazo para despolitizar las cajas (…)”. Nada de bancarizar ni mucho menos privatizar.
En este mismo diario, que “El PP apoya la ley” ocupa rincón de la página 21 del sábado, pasando por alto que es este partido el que demanda repetidamente la reforma desde hace varios meses e incluso antes: “Una reforma que El PP viene pidiendo desde hace más de dos años”, recoge El Mundo citando a Javier Arenas.
Lo que sí apunta Público es que “(…) Desde que una ley similar se aprobó en Italia, las cajas han ido perdiendo presencia y han caído prácticamente todas en manos de los bancos (…)”, motivo por el cual PP y PSOE vuelven a llegar a un acuerdo.
La unanimidad de los medios a la hora de trasladar la medida a la opinión pública vuelve a ser un espejo del encuentro de la coalición PP-PSOE-CIU. El uso del término “despolitización” pretende rentabilizar todo lo malo que el ciudadano aprecia en que se “politicen” las cosas, a fuerza de repetir el término peyorativamente asociándolo a medidas impopulares, cuando de lo que se trata es de capitalizar las cajas o de que los bancos privados introduzcan en ellas capital privado. Y claro está, mientras más capital se introduzca más se controla la Caja.
Se esconden así las razones últimas del decreto acordado por los partidos mayoritarios, que deja las Cajas de Ahorros a la disposición de la banca privada bajo la tutela del Banco de España en un momento en el que debería tenderse a la nacionalización tanto de cajas como de bancos. En otras palabras, se abre la puerta a la desregulación -cual dogma ultraliberal- de aquello que permanecía bajo control institucional y público mediante una astuta construcción mediática: “la despolitización de las Cajas”.
Veamos algunos titulares prestando atención a cómo el gobierno -justo tras la reunión de Zapatero con el director gerente del FMI, a mediados de Junio y con el economista jefe del mismo organismo, Olivier Blanchard, el 2 de Julio- asume hoy lo que proponía el PP, y cómo la opinión y titulares de los medios afines al PSOE, antes escandalizada, se adapta a las nuevas circunstancias;
-El PP lleva al Congreso la despolitización de las cajas. La Razón. 20/01/09
-El PP propone al Parlamento despolitizar las cajas de ahorros andaluzas. El Mundo. 02/06/10
-La despolitización de las cajas: del dicho al hecho. Público. 10/05/10
-La reforma de la ley de cajas abordará la despolitización del sector. TVE. 06/07/10
-Las cajas iniciarán su despolitización y acceso al capital privado desde el lunes. La Razón. 08/07/10
-Verdugos y enterradores de las cajas de ahorros. El País. 19/11/09
“(…) Las cajas deben estar “absolutamente alejadas de la política”, decía Mariano Rajoy por radio el 18 de enero. A las pocas horas, dijo que defendería una iniciativa en el Congreso para “despolitizar” esas entidades. Su diputado Álvaro Nadal pedía el 10 de junio a Elena Salgado la salida de los políticos de sus Consejos. José María Aznar proclamaba el 19 de junio: “Éste es el momento de despolitizar por completo el sector de las cajas de ahorros”. Insistía en la FAES, el 3 de julio, al criticar la “mala gestión” de las cajas que están “muy politizadas” y esconden “intereses inconfesables”. Rajoy impetraba el 15 del mismo mes “una despolitización mayor”.
El argumento más elaborado es aznarita: “Las interferencias políticas en su gestión y un gobierno corporativo deficiente suponen un riesgo adicional para la seguridad de los depósitos, que debe ser conjurado”. Figura en su libro España puede salir de la crisis, páginas 182 y 183. El último clavo en la misma cruz es de Rajoy, en La Vanguardia del pasado domingo: “Haré cuanto esté en mis manos para que estén alejadas del control de dirigentes políticos, sean del partido que sean”.
(…)
Así las cosas, seguir optando por la despolitización doctrinal y el partidismo práctico ¿no es aberrante? Es el cuanto peor, mejor. Un modo de forzar, alegando su mala gestión o gobernanza (¡propios!), el gran designio aznarita: que sean “progresivamente privatizadas” (Expansión, 25 de junio; Cinco Días, 30 de octubre). Esa confusión, ese doblete. Verdugos y enterradores.
-Privatización de cajas de ahorros: ¿una osadía o una solución? El País. 30/05/10
“(…) El FMI aconseja reformas en línea con este artículo (…)”.
-
Para completar información, recomiendo:
ATTAC advierte de que la privatización de las Cajas de Ahorro sólo beneficiará a los grandes culpables de la crisis. 10/07/10
Publicado en
http://blogs.tercerainformacion.es/diseccionandoelpais/2010/07/11/en-los-medios-la-privatizacion-de-las-cajas-de-ahorros-se-llama-%e2%80%9cdespolitizacion%e2%80%9d/
11 July 2010 – 19:51
Menos mal que el Mundial de fútbol acaba, que si durase más, al gobierno social-liberal le daría tiempo a empezar a posponer la edad de jubilación a los 70 años u otras propuestas “sugeridas” por el FMI, por Obama o cualquier lengua de serpiente a sueldo del orden neoliberal. Por el momento, mientras paseamos la enseña nacional en el coche, autobús, camión, máquina excavadora, al hombro por la calle, a la cintura cual improvisada falda o, con similar orgullo deportivo, en el balcón, y gritamos ¡Espaaaña, Espaaña, Espaaña! ¡gooooooooooooooool!,! ¡uuuuuyyyyyyyyyyyyy!, ¡arbitro cabrón!, ¡oe, oe, oe, oe, oooeeeeee!, Etc., nos la meten floja -expresión popular burda pero muy acertada que quiere significar el momento en el que a uno lo joden sin que se percate de ello-.
Efectivamente, el gobierno Zapatero aprobó el decreto que pone en marcha la reforma laboral el día del España-Suiza y, precisamente ahora, cuando el entusiasmo por “la Roja” y la exaltación del orgullo patrio explota y nubla la vista, el Consejo de Ministros reforma la Ley de Cajas para convertirlas en bancos privados o para que sean absorbidas por éstos a través de la introducción de capital privado, y eso después de que el gobierno haya empleado 13.500 millones de euros procedentes de nuestros impuestos en sanearlas.
En Público leemos: “(…) Para aplicar todos estos cambios, las cajas tendrán un período transitorio de tres años (…) el jueves por la noche todavía se planteaba imponer sólo un año de plazo para despolitizar las cajas (…)”. Nada de bancarizar ni mucho menos privatizar.
En este mismo diario, que “El PP apoya la ley” ocupa rincón de la página 21 del sábado, pasando por alto que es este partido el que demanda repetidamente la reforma desde hace varios meses e incluso antes: “Una reforma que El PP viene pidiendo desde hace más de dos años”, recoge El Mundo citando a Javier Arenas.
Lo que sí apunta Público es que “(…) Desde que una ley similar se aprobó en Italia, las cajas han ido perdiendo presencia y han caído prácticamente todas en manos de los bancos (…)”, motivo por el cual PP y PSOE vuelven a llegar a un acuerdo.
La unanimidad de los medios a la hora de trasladar la medida a la opinión pública vuelve a ser un espejo del encuentro de la coalición PP-PSOE-CIU. El uso del término “despolitización” pretende rentabilizar todo lo malo que el ciudadano aprecia en que se “politicen” las cosas, a fuerza de repetir el término peyorativamente asociándolo a medidas impopulares, cuando de lo que se trata es de capitalizar las cajas o de que los bancos privados introduzcan en ellas capital privado. Y claro está, mientras más capital se introduzca más se controla la Caja.
Se esconden así las razones últimas del decreto acordado por los partidos mayoritarios, que deja las Cajas de Ahorros a la disposición de la banca privada bajo la tutela del Banco de España en un momento en el que debería tenderse a la nacionalización tanto de cajas como de bancos. En otras palabras, se abre la puerta a la desregulación -cual dogma ultraliberal- de aquello que permanecía bajo control institucional y público mediante una astuta construcción mediática: “la despolitización de las Cajas”.
Veamos algunos titulares prestando atención a cómo el gobierno -justo tras la reunión de Zapatero con el director gerente del FMI, a mediados de Junio y con el economista jefe del mismo organismo, Olivier Blanchard, el 2 de Julio- asume hoy lo que proponía el PP, y cómo la opinión y titulares de los medios afines al PSOE, antes escandalizada, se adapta a las nuevas circunstancias;
-El PP lleva al Congreso la despolitización de las cajas. La Razón. 20/01/09
-El PP propone al Parlamento despolitizar las cajas de ahorros andaluzas. El Mundo. 02/06/10
-La despolitización de las cajas: del dicho al hecho. Público. 10/05/10
-La reforma de la ley de cajas abordará la despolitización del sector. TVE. 06/07/10
-Las cajas iniciarán su despolitización y acceso al capital privado desde el lunes. La Razón. 08/07/10
-Verdugos y enterradores de las cajas de ahorros. El País. 19/11/09
“(…) Las cajas deben estar “absolutamente alejadas de la política”, decía Mariano Rajoy por radio el 18 de enero. A las pocas horas, dijo que defendería una iniciativa en el Congreso para “despolitizar” esas entidades. Su diputado Álvaro Nadal pedía el 10 de junio a Elena Salgado la salida de los políticos de sus Consejos. José María Aznar proclamaba el 19 de junio: “Éste es el momento de despolitizar por completo el sector de las cajas de ahorros”. Insistía en la FAES, el 3 de julio, al criticar la “mala gestión” de las cajas que están “muy politizadas” y esconden “intereses inconfesables”. Rajoy impetraba el 15 del mismo mes “una despolitización mayor”.
El argumento más elaborado es aznarita: “Las interferencias políticas en su gestión y un gobierno corporativo deficiente suponen un riesgo adicional para la seguridad de los depósitos, que debe ser conjurado”. Figura en su libro España puede salir de la crisis, páginas 182 y 183. El último clavo en la misma cruz es de Rajoy, en La Vanguardia del pasado domingo: “Haré cuanto esté en mis manos para que estén alejadas del control de dirigentes políticos, sean del partido que sean”.
(…)
Así las cosas, seguir optando por la despolitización doctrinal y el partidismo práctico ¿no es aberrante? Es el cuanto peor, mejor. Un modo de forzar, alegando su mala gestión o gobernanza (¡propios!), el gran designio aznarita: que sean “progresivamente privatizadas” (Expansión, 25 de junio; Cinco Días, 30 de octubre). Esa confusión, ese doblete. Verdugos y enterradores.
-Privatización de cajas de ahorros: ¿una osadía o una solución? El País. 30/05/10
“(…) El FMI aconseja reformas en línea con este artículo (…)”.
-
Para completar información, recomiendo:
ATTAC advierte de que la privatización de las Cajas de Ahorro sólo beneficiará a los grandes culpables de la crisis. 10/07/10
Publicado en
http://blogs.tercerainformacion.es/diseccionandoelpais/2010/07/11/en-los-medios-la-privatizacion-de-las-cajas-de-ahorros-se-llama-%e2%80%9cdespolitizacion%e2%80%9d/
jueves, 8 de julio de 2010
La UE abre el debate sobre el futuro de las pensiones
Los sistemas de pensiones se resienten del envejecimiento de la población y la crisis económica. Un nuevo informe de la UE presenta posibles soluciones e invita al debate.En la Unión Europea hay cuatro personas en edad de trabajar (15-64 años) por cada mayor de 65 años. En 2060, esa cifra se reducirá a solo dos. Ante este descenso progresivo de la población en edad laboral, los Gobiernos de la UE deben hacer frente a un doble reto: cómo pagar más pensiones con menos ingresos.
La crisis económica ha complicado las cosas, al deteriorar las finanzas públicas y reducir el valor de muchos fondos de pensiones privados. Las expectativas actuales del 73% de los europeos son cobrar una pensión más pequeña, tener que trabajar más años o verse obligados a ahorrar más. Al 54% les preocupa ser pobres cuando lleguen a la vejez.
En un documento publicado hoy, la Comisión explora diversas soluciones para proteger los sistemas europeos de pensiones. Por ejemplo, propone que se anime a los trabajadores a que permanezcan en el mercado laboral y aprovechen las oportunidades de empleo existentes en otros países de la UE, que se abra el mercado europeo a más tipos de planes de pensión o que se ayude a los interesados a tomar decisiones bien fundamentadas sobre la cuantía de la propia jubilación.
Todos están invitados a expresar su punto de vista sobre sobre las cuestiones que plantea el documento. La fecha límite para hacerlo es el 15 de noviembre.
Más sobre el futuro de las pensiones en la UE
Participe en el debate: reforma de los sistemas de pensiones en la UE
miércoles, 7 de julio de 2010
Las políticas fiscales neoliberales, por Vicenç Navarro
Una de las políticas fiscales que han caracterizado el pensamiento neoliberal reproducido en la mayoría de partidos gobernantes en la Unión Europea, tanto de derecha como de centro izquierda, ha sido la reducción de impuestos. Se decía que tal bajada de impuestos liberaba la capacidad creativa, tanto de los ciudadanos como de las empresas, estimulando así la economía. En España, no sólo la derecha –tanto española (PP), como catalana (CiU)– sino también la izquierda gobernante (PSOE), enfatizaron la conveniencia de bajar los impuestos. El presidente Zapatero inició su mandato con el dicho de que “bajar impuestos es de izquierdas”. Antes, los gobiernos del PP habían hecho de esa bajada el elemento central de su política fiscal.
Y un tanto semejante ocurrió en varios países de la UE. En Alemania, por ejemplo, los impuestos sobre el capital se redujeron (desde 1995 a 2009) nada menos que 26 puntos, a la vez que el nivel de gravación fiscal de las rentas superiores se redujo 9,5 puntos. En España y Francia, la reducción de los impuestos de las rentas superiores fue incluso mayor, reduciéndose 13 puntos. En Italia, el Impuesto de Sociedades bajó 20,8 puntos y el de las rentas superiores 6,1 puntos. Tales reducciones favorecieron a las rentas del capital y a las rentas superiores, de manera que tales rentas, como porcentaje de las rentas nacionales, se dispararon, incrementándose las de-
sigualdades de renta de una manera muy acentuada. De esta manera, la regresividad fiscal y las desigualdades sociales aumentaron espectacularmente estos últimos 15 años.
El argumento que se utilizó para promover estas políticas fiscales, favorables a las rentas del capital y a las rentas superiores, era que había que cuidar (mimar, sería la expresión más adecuada) los factores movibles –tales como el capital y las rentas superiores–, evitando que se asustaran y dejaran el país. Este era el discurso neoliberal que sostuvieron los medios de mayor difusión del país. Detrás de él existía el enorme poder político del capital financiero y empresarial (y muy en especial el relacionado con las exportaciones), así como el de las rentas superiores. Donde esta influencia adquirió mayor desarrollo fue en Alemania, cuyo modelo económico estaba, y continúa estando, basado en un modelo financiero y exportador con una competitividad elevada, enraizada en unos salarios estancados que no mejoraban con el crecimiento de la productividad. Ese incremento de la productividad repercutía primordialmente en aumentar los beneficios del capital, muy en especial de las empresas exportadoras y de la banca, y no en aumentar las rentas del trabajo. Como dijo Peter Bofinger, miembro del Consejo Económico alemán, “el problema de Alemania es que vive muy por debajo de sus posibilidades”, es decir, que la riqueza que se creaba y continúa creándose no repercute sobre el nivel de vida de los trabajadores y de las clases populares alemanas. El Gobierno socialdemócrata del canciller Gerhard Schröeder (1998-2005) fue el que inició –en su programa de 2010– la reducción de los impuestos de sociedades y de las rentas superiores, política seguida más tarde por Angela Merkel y sus gobiernos de coalición. Algo parecido ha estado ocurriendo en Francia, donde la creciente regresividad fiscal explica un notable crecimiento de las desigualdades sociales. De nuevo fue un Gobierno socialdemócrata, dirigido por Lionel Jospin (1997-2002) el que inició la política de reducción de impuestos, política que fue acentuada por Nicolas Sarkozy en 2007.
Tal reducción de impuestos de las rentas superiores, además de incrementar las desigualdades, creó también las bases para que apareciera el problema del déficit del Estado. Este déficit fue causado, en parte, por la disminución de la actividad económica. Pero las políticas de reducción de impuestos, con la consiguiente reducción de los ingresos al Estado, contribuyeron enormemente a la creación de los déficits y del aumento de la deuda pública. En Alemania, por ejemplo, si los niveles de imposición fiscal fueran los mismos que existían en 1998, el Estado alemán hubiera recaudado 75.000 millones de euros más por año de los que recaudó en 2009, una cantidad semejante, por cierto, al déficit que el Gobierno Merkel quiere resolver mediante los recortes muy acentuados que ha propuesto sobre el Estado del bienestar alemán. Un tanto semejante ocurre en España, donde el déficit del Estado no sería tan elevado si los niveles de imposición, tanto de las rentas del capital como de las rentas superiores, se hubieran mantenido igual a los existentes en los años ochenta.
Estos datos señalan el error del argumento ampliamente utilizado en las instituciones europeas (Consejo Europeo, Comisión Europea y Banco Central Europeo) en defensa de la austeridad del gasto público (incluyendo el gasto público social), indicando erróneamente que “hemos estado viviendo durante todos estos años por encima de nuestras posibilidades”, asumiendo que nos hemos gastado más de lo que tenemos. Pero no es cierto y es fácil de demostrar. Tenemos el gasto público social más bajo de la UE-15, lo cual no se debe a que España no tenga recursos. España tiene ya el nivel de riqueza de la UE-15. Su PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15. Y, sin embargo, el gasto social es sólo el 73% del promedio de la UE-15. Si nos gastáramos el 94% del promedio tendríamos 66.000 millones de euros más para gastarnos en nuestro escuálido Estado del bienestar. España tiene estos recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y ahí está el problema. No es que vivamos por encima de nuestras posibilidades, lo que pasa es que los ricos, los bancos y los grandes empresarios no pagan lo que debieran. Las políticas neoliberales han favorecido a las rentas superiores, creando una enorme polarización social, que han generado la crisis actual y que están dificultando la recuperación económica. Y ahí está el problema que los medios de persuasión no tocan.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Publicado en Público
Y un tanto semejante ocurrió en varios países de la UE. En Alemania, por ejemplo, los impuestos sobre el capital se redujeron (desde 1995 a 2009) nada menos que 26 puntos, a la vez que el nivel de gravación fiscal de las rentas superiores se redujo 9,5 puntos. En España y Francia, la reducción de los impuestos de las rentas superiores fue incluso mayor, reduciéndose 13 puntos. En Italia, el Impuesto de Sociedades bajó 20,8 puntos y el de las rentas superiores 6,1 puntos. Tales reducciones favorecieron a las rentas del capital y a las rentas superiores, de manera que tales rentas, como porcentaje de las rentas nacionales, se dispararon, incrementándose las de-
sigualdades de renta de una manera muy acentuada. De esta manera, la regresividad fiscal y las desigualdades sociales aumentaron espectacularmente estos últimos 15 años.
El argumento que se utilizó para promover estas políticas fiscales, favorables a las rentas del capital y a las rentas superiores, era que había que cuidar (mimar, sería la expresión más adecuada) los factores movibles –tales como el capital y las rentas superiores–, evitando que se asustaran y dejaran el país. Este era el discurso neoliberal que sostuvieron los medios de mayor difusión del país. Detrás de él existía el enorme poder político del capital financiero y empresarial (y muy en especial el relacionado con las exportaciones), así como el de las rentas superiores. Donde esta influencia adquirió mayor desarrollo fue en Alemania, cuyo modelo económico estaba, y continúa estando, basado en un modelo financiero y exportador con una competitividad elevada, enraizada en unos salarios estancados que no mejoraban con el crecimiento de la productividad. Ese incremento de la productividad repercutía primordialmente en aumentar los beneficios del capital, muy en especial de las empresas exportadoras y de la banca, y no en aumentar las rentas del trabajo. Como dijo Peter Bofinger, miembro del Consejo Económico alemán, “el problema de Alemania es que vive muy por debajo de sus posibilidades”, es decir, que la riqueza que se creaba y continúa creándose no repercute sobre el nivel de vida de los trabajadores y de las clases populares alemanas. El Gobierno socialdemócrata del canciller Gerhard Schröeder (1998-2005) fue el que inició –en su programa de 2010– la reducción de los impuestos de sociedades y de las rentas superiores, política seguida más tarde por Angela Merkel y sus gobiernos de coalición. Algo parecido ha estado ocurriendo en Francia, donde la creciente regresividad fiscal explica un notable crecimiento de las desigualdades sociales. De nuevo fue un Gobierno socialdemócrata, dirigido por Lionel Jospin (1997-2002) el que inició la política de reducción de impuestos, política que fue acentuada por Nicolas Sarkozy en 2007.
Tal reducción de impuestos de las rentas superiores, además de incrementar las desigualdades, creó también las bases para que apareciera el problema del déficit del Estado. Este déficit fue causado, en parte, por la disminución de la actividad económica. Pero las políticas de reducción de impuestos, con la consiguiente reducción de los ingresos al Estado, contribuyeron enormemente a la creación de los déficits y del aumento de la deuda pública. En Alemania, por ejemplo, si los niveles de imposición fiscal fueran los mismos que existían en 1998, el Estado alemán hubiera recaudado 75.000 millones de euros más por año de los que recaudó en 2009, una cantidad semejante, por cierto, al déficit que el Gobierno Merkel quiere resolver mediante los recortes muy acentuados que ha propuesto sobre el Estado del bienestar alemán. Un tanto semejante ocurre en España, donde el déficit del Estado no sería tan elevado si los niveles de imposición, tanto de las rentas del capital como de las rentas superiores, se hubieran mantenido igual a los existentes en los años ochenta.
Estos datos señalan el error del argumento ampliamente utilizado en las instituciones europeas (Consejo Europeo, Comisión Europea y Banco Central Europeo) en defensa de la austeridad del gasto público (incluyendo el gasto público social), indicando erróneamente que “hemos estado viviendo durante todos estos años por encima de nuestras posibilidades”, asumiendo que nos hemos gastado más de lo que tenemos. Pero no es cierto y es fácil de demostrar. Tenemos el gasto público social más bajo de la UE-15, lo cual no se debe a que España no tenga recursos. España tiene ya el nivel de riqueza de la UE-15. Su PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE-15. Y, sin embargo, el gasto social es sólo el 73% del promedio de la UE-15. Si nos gastáramos el 94% del promedio tendríamos 66.000 millones de euros más para gastarnos en nuestro escuálido Estado del bienestar. España tiene estos recursos. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y ahí está el problema. No es que vivamos por encima de nuestras posibilidades, lo que pasa es que los ricos, los bancos y los grandes empresarios no pagan lo que debieran. Las políticas neoliberales han favorecido a las rentas superiores, creando una enorme polarización social, que han generado la crisis actual y que están dificultando la recuperación económica. Y ahí está el problema que los medios de persuasión no tocan.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Publicado en Público
CREA PROGRESO
El PSOE, comprometido con la implicación ciudadana en el dibujo de las actuaciones a realizar, ha puesto en marcha Crea Progreso. Su uso es sencillo y tan sólo requiere registrarse para
poder presentar iniciativas y debatir sobre las que estén en marcha. En este sentido, nos comprometemos a incorporar al programa electoral aquellas propuestas que cuenten con un amplio apoyo y respondan a los valores y principios que defiende el PSOE. Debido a su carácter participativo, esperamos que no sólo participéis sino que también le deis difusión:
www.creaprogreso.es
poder presentar iniciativas y debatir sobre las que estén en marcha. En este sentido, nos comprometemos a incorporar al programa electoral aquellas propuestas que cuenten con un amplio apoyo y respondan a los valores y principios que defiende el PSOE. Debido a su carácter participativo, esperamos que no sólo participéis sino que también le deis difusión:
www.creaprogreso.es
Otra vez la clase política es el tercer problema de los españoles
La clase política se consolida como tercer problema de España tras el paro y la situación económica
El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de junio, hecho pública hoy, ha vuelto a situar el paro y la situación económica como los dos principales problemas de España según los ciudadanos, un binomio que se viene repitiendo desde 2008, pero también ha confirmado a la clase política en la tercera posición, aumentando incluso el número de ciudadanos que la menciona como un problema para el país.
El paro es citado como un problema del país en el 75,9 por ciento de los cuestionarios, un porcentaje cuatro puntos por debajo de lo registrado en los dos meses anteriores y seis puntos menos que en enero y marzo, cuando alcanzó su cota más alta de los últimos años.
Paralelamente, los problemas económicos son mencionados en el 53 por ciento de las respuestas, por encima de los datos de los últimos meses (este año venía oscilando entre el 45 y el 50,9 por ciento). El récord lo marcó en hace justo dos años, cuando ese porcentaje llegó casi al 60 por ciento.
Estos dos asuntos vienen alternándose al frente de la tabla de los principales problemas del país desde enero de 2008, y a partir de ahí se venían mencionando asuntos tan dispares como el terrorismo, la inmigración y, desde el pasado noviembre, la clase política, que ahora en junio se ha visto afianzada en esta tercera plaza.
El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de junio, hecho pública hoy, ha vuelto a situar el paro y la situación económica como los dos principales problemas de España según los ciudadanos, un binomio que se viene repitiendo desde 2008, pero también ha confirmado a la clase política en la tercera posición, aumentando incluso el número de ciudadanos que la menciona como un problema para el país.
El paro es citado como un problema del país en el 75,9 por ciento de los cuestionarios, un porcentaje cuatro puntos por debajo de lo registrado en los dos meses anteriores y seis puntos menos que en enero y marzo, cuando alcanzó su cota más alta de los últimos años.
Paralelamente, los problemas económicos son mencionados en el 53 por ciento de las respuestas, por encima de los datos de los últimos meses (este año venía oscilando entre el 45 y el 50,9 por ciento). El récord lo marcó en hace justo dos años, cuando ese porcentaje llegó casi al 60 por ciento.
Estos dos asuntos vienen alternándose al frente de la tabla de los principales problemas del país desde enero de 2008, y a partir de ahí se venían mencionando asuntos tan dispares como el terrorismo, la inmigración y, desde el pasado noviembre, la clase política, que ahora en junio se ha visto afianzada en esta tercera plaza.
El Gobierno aplaza la reforma de la ley de Libertad Religiosa por su 'complejidad'
El Gobierno ha decidido posponer la reforma de la Ley de Libertad Religiosa. Así lo ha confirmado el director general de Relaciones con las Confesiones, José María Contreras, quien ha reconocido que el Ejecutivo tuvo "la sensación" al principio de que la reforma era "muy fácil" pero después ha descubierto que es un tema "complejo" y que causa "ondas expansivas".
El Ejecutivo ha anunciado que no modificará este año el texto que regula este ámbito desde 1980 pese a que su intención era haberlo hecho antes del verano, algo a lo que le instó el Congreso en mayo.
Contreras, que ha participado en los Cursos de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid, forma parte de la Comisión que elabora un borrador legislativo que, entre otras cosas, elimina los crucifijos y los funerales católicos de la vida pública.
"Cuidado con la premura, es absolutamente compleja la cuestión; a veces el Gobierno pensó que esto era sencillo, y nos hemos encontrado con que es mucho más complicado y por eso el retrasarlo", ha confesado.
El Ejecutivo, a su juicio, "tuvo la sensación de que esto era muy fácil" porque se trataba de cambiar ocho artículos de una Ley, "pero no es así, esto no es cuestión de una noche", ha reconocido.
Una cuestión transversal
"No es algo aislado, es transversal, si movemos algo aquí puede tener una repercusión en el otro extremo, y hemos visto que hay que tener en cuenta todas las ondas expansivas", ha argüido.
Aunque algunos pueden pensar que da igual prohibir el burka "si se da un paso luego puede venir otro" y, como ejemplo, ha apuntado que un pueblo español, del que no ha querido dar el nombre, quiere proponer al consejo municipal que no haya mezquitas en su seno.
Se ha referido a otros temas que pueden generar conflictos, como que se reconozca la Seguridad Social, la nacionalidad o el derecho al desempleo a los ministros de culto de otras religiones.
"Hay que hablar con los partidos políticos y con las confesiones antes de meternos en un lío que traiga un riesgo mayor del que queremos evitar", ha argüido.
El profesor ha aventurado que "habrá conflictos" si no se soluciona "pacíficamente" esta cuestión. "Si nos equivocamos, las consecuencias pueden ser muy negativas", ha enfatizado.
Contreras ha informado de que la renovada ley dará un "estatus jurídico" a aquellas confesiones de "notorio arraigo" con las que actualmente no mantiene acuerdos el Gobierno.
Se trata de que otros grupos puedan gozar de las exenciones fiscales y de otros derechos, como que sus ministros tengan acceso a la Seguridad Social, algo de lo que sólo se benefician actualmente los católicos, los evangélicos, los judíos y los musulmanes.
El Ejecutivo quiere "objetivar" el notorio arraigo de las religiones en función de criterios como su ámbito de actuación, el número de creyentes, la presencia histórica o su actividad social.
Arraigo y organización
Contreras ha indicado que durante estos 30 años al hablar de notorio arraigo "se pensaba en la religión y no en la organización" pero, finalmente, "los acuerdos se firman con una federación".
"El problema que estamos teniendo 30 años después y que no estaba en la mente de los que hicieron los acuerdos del 92, es que hemos dado un poder enorme a estas organizaciones porque al final son quienes tienen la llave: o entras o no entras", ha señalado.
Esta "especie de derecho de admisión", por el que se goza o no de determinados derechos, se ejerce en "muchos casos sin justificar el tú sí y el tú no". Por ello, ha hecho un llamamiento a las religiones del Estado para que no se conviertan en un "gendarme".
"Soy partidario de intentar convencer a las confesiones de que abran la puerta", ha añadido Contreras, quien ha añadido que la normativa abordará la situación de otras ideologías o cosmovisiones que no son estrictamente religiones.
El poder público, en su opinión, debe determinar qué es una religión y qué no lo es, para impedir que por una "puerta falsa" entren otro tipo de grupos, como podría ser la "iglesia de la pastología, en la que Dios es la pasta y mi meta es la pasta".
Publicado en El Mundo
El Ejecutivo ha anunciado que no modificará este año el texto que regula este ámbito desde 1980 pese a que su intención era haberlo hecho antes del verano, algo a lo que le instó el Congreso en mayo.
Contreras, que ha participado en los Cursos de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid, forma parte de la Comisión que elabora un borrador legislativo que, entre otras cosas, elimina los crucifijos y los funerales católicos de la vida pública.
"Cuidado con la premura, es absolutamente compleja la cuestión; a veces el Gobierno pensó que esto era sencillo, y nos hemos encontrado con que es mucho más complicado y por eso el retrasarlo", ha confesado.
El Ejecutivo, a su juicio, "tuvo la sensación de que esto era muy fácil" porque se trataba de cambiar ocho artículos de una Ley, "pero no es así, esto no es cuestión de una noche", ha reconocido.
Una cuestión transversal
"No es algo aislado, es transversal, si movemos algo aquí puede tener una repercusión en el otro extremo, y hemos visto que hay que tener en cuenta todas las ondas expansivas", ha argüido.
Aunque algunos pueden pensar que da igual prohibir el burka "si se da un paso luego puede venir otro" y, como ejemplo, ha apuntado que un pueblo español, del que no ha querido dar el nombre, quiere proponer al consejo municipal que no haya mezquitas en su seno.
Se ha referido a otros temas que pueden generar conflictos, como que se reconozca la Seguridad Social, la nacionalidad o el derecho al desempleo a los ministros de culto de otras religiones.
"Hay que hablar con los partidos políticos y con las confesiones antes de meternos en un lío que traiga un riesgo mayor del que queremos evitar", ha argüido.
El profesor ha aventurado que "habrá conflictos" si no se soluciona "pacíficamente" esta cuestión. "Si nos equivocamos, las consecuencias pueden ser muy negativas", ha enfatizado.
Contreras ha informado de que la renovada ley dará un "estatus jurídico" a aquellas confesiones de "notorio arraigo" con las que actualmente no mantiene acuerdos el Gobierno.
Se trata de que otros grupos puedan gozar de las exenciones fiscales y de otros derechos, como que sus ministros tengan acceso a la Seguridad Social, algo de lo que sólo se benefician actualmente los católicos, los evangélicos, los judíos y los musulmanes.
El Ejecutivo quiere "objetivar" el notorio arraigo de las religiones en función de criterios como su ámbito de actuación, el número de creyentes, la presencia histórica o su actividad social.
Arraigo y organización
Contreras ha indicado que durante estos 30 años al hablar de notorio arraigo "se pensaba en la religión y no en la organización" pero, finalmente, "los acuerdos se firman con una federación".
"El problema que estamos teniendo 30 años después y que no estaba en la mente de los que hicieron los acuerdos del 92, es que hemos dado un poder enorme a estas organizaciones porque al final son quienes tienen la llave: o entras o no entras", ha señalado.
Esta "especie de derecho de admisión", por el que se goza o no de determinados derechos, se ejerce en "muchos casos sin justificar el tú sí y el tú no". Por ello, ha hecho un llamamiento a las religiones del Estado para que no se conviertan en un "gendarme".
"Soy partidario de intentar convencer a las confesiones de que abran la puerta", ha añadido Contreras, quien ha añadido que la normativa abordará la situación de otras ideologías o cosmovisiones que no son estrictamente religiones.
El poder público, en su opinión, debe determinar qué es una religión y qué no lo es, para impedir que por una "puerta falsa" entren otro tipo de grupos, como podría ser la "iglesia de la pastología, en la que Dios es la pasta y mi meta es la pasta".
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