El Gobierno ha decidido posponer la reforma de la Ley de Libertad Religiosa. Así lo ha confirmado el director general de Relaciones con las Confesiones, José María Contreras, quien ha reconocido que el Ejecutivo tuvo "la sensación" al principio de que la reforma era "muy fácil" pero después ha descubierto que es un tema "complejo" y que causa "ondas expansivas".
El Ejecutivo ha anunciado que no modificará este año el texto que regula este ámbito desde 1980 pese a que su intención era haberlo hecho antes del verano, algo a lo que le instó el Congreso en mayo.
Contreras, que ha participado en los Cursos de Verano de la Universidad Autónoma de Madrid, forma parte de la Comisión que elabora un borrador legislativo que, entre otras cosas, elimina los crucifijos y los funerales católicos de la vida pública.
"Cuidado con la premura, es absolutamente compleja la cuestión; a veces el Gobierno pensó que esto era sencillo, y nos hemos encontrado con que es mucho más complicado y por eso el retrasarlo", ha confesado.
El Ejecutivo, a su juicio, "tuvo la sensación de que esto era muy fácil" porque se trataba de cambiar ocho artículos de una Ley, "pero no es así, esto no es cuestión de una noche", ha reconocido.
Una cuestión transversal"No es algo aislado, es transversal, si movemos algo aquí puede tener una repercusión en el otro extremo, y hemos visto que hay que tener en cuenta todas las ondas expansivas", ha argüido.
Aunque algunos pueden pensar que da igual prohibir el burka "si se da un paso luego puede venir otro" y, como ejemplo, ha apuntado que un pueblo español, del que no ha querido dar el nombre, quiere proponer al consejo municipal que no haya mezquitas en su seno.
Se ha referido a otros temas que pueden generar conflictos, como que se reconozca la Seguridad Social, la nacionalidad o el derecho al desempleo a los ministros de culto de otras religiones.
"Hay que hablar con los partidos políticos y con las confesiones antes de meternos en un lío que traiga un riesgo mayor del que queremos evitar", ha argüido.
El profesor ha aventurado que "habrá conflictos" si no se soluciona "pacíficamente" esta cuestión. "Si nos equivocamos, las consecuencias pueden ser muy negativas", ha enfatizado.
Contreras ha informado de que la renovada ley dará un "estatus jurídico" a aquellas confesiones de "notorio arraigo" con las que actualmente no mantiene acuerdos el Gobierno.
Se trata de que otros grupos puedan gozar de las exenciones fiscales y de otros derechos, como que sus ministros tengan acceso a la Seguridad Social, algo de lo que sólo se benefician actualmente los católicos, los evangélicos, los judíos y los musulmanes.
El Ejecutivo quiere "objetivar" el notorio arraigo de las religiones en función de criterios como su ámbito de actuación, el número de creyentes, la presencia histórica o su actividad social.
Arraigo y organizaciónContreras ha indicado que durante estos 30 años al hablar de notorio arraigo "se pensaba en la religión y no en la organización" pero, finalmente, "los acuerdos se firman con una federación".
"El problema que estamos teniendo 30 años después y que no estaba en la mente de los que hicieron los acuerdos del 92, es que hemos dado un poder enorme a estas organizaciones porque al final son quienes tienen la llave: o entras o no entras", ha señalado.
Esta "especie de derecho de admisión", por el que se goza o no de determinados derechos, se ejerce en "muchos casos sin justificar el tú sí y el tú no". Por ello, ha hecho un llamamiento a las religiones del Estado para que no se conviertan en un "gendarme".
"Soy partidario de intentar convencer a las confesiones de que abran la puerta", ha añadido Contreras, quien ha añadido que la normativa abordará la situación de otras ideologías o cosmovisiones que no son estrictamente religiones.
El poder público, en su opinión, debe determinar qué es una religión y qué no lo es, para impedir que por una "puerta falsa" entren otro tipo de grupos, como podría ser la "iglesia de la pastología, en la que Dios es la pasta y mi meta es la pasta".
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El Mundo
