El retraso de las jubilaciones, por Vicenç Navarro

El alargamiento, de los 65 a los 67 años, de la edad obligatoria de la jubilación afectaría de una manera muy desigual a distintos sectores de la población, como consecuencia de que España continúa teniendo clases sociales. Un burgués vive dos años más que un pequeño burgués que, a su vez, vive dos años más que una persona de clase media, la cual vive dos años más que una persona trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona trabajadora no cualificada, la cual vive dos años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro. La distancia entre la última y la primera es de diez años, mientras que el promedio de la UE-15 es de siete. (La distancia de dos años de longevidad entre las clases sociales es una aproximación, pues tiende a ser ligeramente inferior entre la burguesía, pequeña burguesía
y clases medias, y superior entre estas clases y la clase trabajadora).
A partir de estas cifras puede concluirse que, puesto que la longevidad es tan distinta según la clase social, es profundamente injusto que todos deban obligatoriamente jubilarse al mismo tiempo. En realidad, para muchas personas cuyo trabajo es más intelectual que manual y que es fuente de goce y estímulo tener que jubilarse a los 65 años es un perjuicio que puede dañar su salud. En EEUU, por ejemplo, un catedrático puede trabajar hasta que lo desee, siempre y cuando alcance los niveles de exigencia que la universidad reclama a todos los docentes. La jubilación es un derecho, no una obligación. No así en España, donde es una obligación, llegando al absurdo de que muchos profesionales deben jubilarse en pleno uso de sus facultades y competencias en profesiones y especialidades (como la medicina) donde hay una enorme escasez de profesionales.

Pero este absurdo es incluso más injusto en la persona cuyo trabajo es más manual que intelectual, y para la cual el trabajo no es un instrumento de goce sino un medio a partir del cual obtiene los medios para poder vivir. Y grandes sectores de la clase trabajadora se encuentran en esta situación. Para esta persona, exigirle que trabaje dos años más es una enorme injusticia, y ello debido a que se la homologa con otra que, además de tener un trabajo estimulante muy distinto, le sobrevivirá muchos años. Es profundamente injusto pedirle a un miembro del personal de limpieza de la universidad que trabaje dos años más para pagar mi pensión, ya que probablemente le sobreviviré seis u ocho años más.

Pero a esta injusticia se añade otra, y es que el alargamiento de la esperanza de vida en los últimos 30 años ha sido también muy desigual. La burguesía, pequeña burguesía y clases medias han visto cómo se alargaba su vida mucho más rápidamente que la clase trabajadora. En EEUU, país que tiene un sistema de recolección y análisis de estadísticas sociales y vitales mejor que España, las clases con mayores rentas han incrementado notablemente su esperanza de vida durante los últimos 30 años. Tal incremento ha sido mucho menor, sin embargo, en las rentas inferiores (primordialmente trabajadores no cualificados), que no han visto crecer su esperanza de vida ni siquiera dos años, con lo cual el retraso de dos años de su edad de jubilación significaría incluso una reducción de sus periodos de pensionista en comparación con pensionistas en cohortes anteriores (Dean Baker y David Rosnick, The Impact of Income Distribution on the Length of Retirement, Center for Economic and  Policy Research, octubre de 2010). La relevancia de estos datos para España es enorme, pues mientras que en EEUU la mitad de los trabajadores de 58 años trabaja en ocupaciones físicamente exigentes y/o  en condiciones difíciles (difficult working conditions), este porcentaje es incluso mayor en España, donde el nivel de cualificación en la fuerza laboral es menor que en EEUU. De ahí puede concluirse que su longevidad es menor y ha crecido menos en los últimos 30 años que las clases de renta superiores. Tratar a todos por igual es una gran injusticia.

Otro problema que existe en la propuesta de retraso de la edad de jubilación es que se basa en supuestos erróneos. El argumento que se utiliza constantemente para indicar que el sistema de pensiones público es insostenible es subrayar que, mientras ahora el gasto público en pensiones representa el 9% del PIB, en el año 2050 será del 15%, lo cual consideran que es insostenible. Este argumento lo han utilizado una larga lista de instituciones y firmas de sensibilidad neoliberal. Y lo utilizó hace unos días el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en una entrevista en el rotativo de mayor difusión del país, donde repitió el mismo argumento. Es más, este último indicó que, aun cuando la productividad anual aumentara un 2% o un 2,5%, todavía sería insostenible.

Pero esto no es cierto. Si el crecimiento anual de la productividad fuera del 2%, el PIB en 2050 sería 2,20 veces mayor que ahora. Ello quiere decir que si el PIB ahora es 100, en 2050 sería 220. Pues bien, mientras que ahora nueve unidades (el 9% del PIB) van a pensionistas, en 2050 serían 33 (el 15% del PIB), y para los no pensionistas, en 2050 serían 187 (220-33), mucho más que ahora, que son 91. Es decir, como resultado del incremento de la tarta (más del doble), tanto pensionistas como no pensionistas tendrán muchos más recursos, pues estamos hablando de cantidades monetarias con la misma capacidad de compra en 2010 y en 2050. Es más, es probable que el PIB sea incluso mayor, resultado del crecimiento de la población que trabaja (ahora una de las más bajas de la OCDE). Si en lugar del 52% fuera del 72% o del 75%, el PIB sería incluso mucho mayor. La alarma es totalmente infundada. Lo que el Estado debería hacer es mejorar la productividad del país y facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo en lugar de alargar obligatoriamente la edad de jubilación.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra y profesor de Public Policy  en The Johns Hopkins University

Insostenibilidad de las pensiones públicas

Don erre que erre y la falsa “insostenibilidad” de las pensiones públicas

Culminado el asalto a las condiciones laborales de los trabajadores, y convencido el español medio adoctrinado de la inutilidad de cualquier respuesta, El País continúa divulgando la farsa de la insostenibilidad del sistema de pensiones público. Don erre que erre destaca en su web digital que “Bruselas calcula que los problemas en las pensiones empezarán en 2030” (1). El graznido del cuervo se amplifica en los medios de persuasión con contadas excepciones (2), habitualmente sin recordarnos los falsos horizontes que preveían déficit en la seguridad social para el año 2000, en 2005 y en 2009… déficit que nunca se ha cumplido. No son otros que los economistas pagados por fondos privados de pensiones, por el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, FEDEA, el Grupo de los 100 y sus portavoces políticos bien situados por las élites económicas neoliberales en la Comisión Europea, quienes, todos a una, trabajan por la transferencia de los fondos públicos de un sistema solvente hacia la banca privada y los hoy debilitados fondos de pensiones privados. Si los sesudos análisis científicos fallaron entonces y en repetidas ocasiones ¿Por qué se supone que deberían acertar en ésta ocasión? ¿Por qué se plantean similares alarmas para países de la Unión Europea donde el sistema presenta variaciones considerables tanto en la edad de jubilación de las pensiones como en su pirámide de población o en los recursos que cada país dedica al sostenimiento de las mismas (3)?

La realidad es que hoy gastamos el 7.9% de nuestro PIB en pensiones, frente al promedio del 10.9% de la UE, es decir, 29.264 millones de euros menos de lo que nos correspondería para estar en la media. Hoy nos jubilamos a los 63.6 años, mientras que los alemanes lo hacen a los 61.7, los daneses a los 61.3, los finlandeses a los 61.6 y los franceses a los 59.3 (4).

¿Por qué se silencia del fingido debate público a economistas independientes del prestigio de Camila Arza, Adolfo Jiménez, Joseph Stiglitz, Dean Baker, Vicenç Navarro o Juan Torres? ¿Por qué a una organización antineoliberal como Atacc no se le deja espacio ni tiempo en RTVE y menos aún en los medios privados? ¿Será porque las alternativas planteadas pasan por el fortalecimiento del sistema público desechando la falacia de la insostenibilidad y, por tanto, perjudicando los intereses de las élites económicas de nuestro país? Argumentos contra la “reforma” de las pensiones no faltan, desde luego. Algunos pueden encontrarse en; Vicenç Navarro. “Pensiones” ; Periódico Diagonal. Claves de la ofensiva internacional contra las pensiones y las condiciones de trabajo; ¿Qué hay detrás del debate de las pensiones? ; ¿Están en peligro las pensiones públicas? (PDF) ; ¿Están en peligro las pensiones públicas? (vídeo)…

Si leemos estas críticas y propuestas atentamente descubriremos que el aparente problema de demografía no es tal. Los cuervos ultraliberales argumentan -por ejemplo- que la población activa, o en edad de trabajar, tiende a disminuir debido al aumento de la esperanza de vida, pero -intencionadamente- descartan dos variables importantísimas;

• La primera, que la esperanza de vida ha aumentado sobre todo por el descenso de la mortalidad infantil y que se está empleando un cálculo erróneo para convencernos del envejecimiento de la población, explicación que Vicenç Navarro ha repetido hasta la saciedad (5) sin que sus argumentos encuentren eco más allá de Público o webs como Attac, Rebelión, etc.
• La segunda, que no importa tanto la evolución demográfica como el crecimiento económico o el aumento del empleo y los salarios. Si el paro disminuye y aumentan los salarios el sistema no correrá riesgos. La clave está, pues, otra vez, en la redistribución. Si a esto sumamos una reforma en positivo que haga las contribuciones progresivas en lugar de regresivas, estaremos ayudando a mejorar los ingresos a las pensiones. ¿Acaso es justo que en la actualidad se pague lo mismo indistintamente de lo que se gana para el sostenimiento de las mismas?

Ayer, el Círculo Bellas Artes de Madrid congregó a varias personalidades de primera línea en un debate público titulado “estrategias frente a la dictadura de los mercados” (6). Se programó la participación de Federico Mayor Zaragoza, Carlos Berzosa, Vicenç Navarro, Juan Torres López y Lourdes Lucía, quienes, entre otros muchos temas, hablaron sobre alternativas al recorte de las pensiones públicas. Si no se emitió siquiera en TVE o por cualquier emisora de radio es sólo porque el orden neoliberal impone la censura de todo aquello que pueda suponer una amenaza para su agenda de recortes sociales. Condenados seguimos a la mediocridad de “59 segundos” u otros programas de peor calaña.

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1. http://blogs.publico.es/dominiopublico/1816/una-vez-mas-las-pensiones/; http://www.publico.es/dinero/296721/el-sistema-de-pensiones-sobrevive-a-los-expertos; http://www.elpais.com/articulo/economia/Bruselas/calcula/problemas/pensiones/empezaran/2030/elpepueco/20101117elpepueco_9/Tes
2. http://www.elpais.com/articulo/opinion/Elementos/debate/pensiones/elpepiopi/20101106elpepiopi_5/Tes
3. España dedica actualmente entre un 7.9% del PIB, mientras que en Italia se se gasta en torno al 15% del PIB.
4. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=102550
5. http://www.escolar.net/MT/archives/2010/02/una-vez-mas-las-pensiones.html
6. http://hl33.dinaserver.com/hosting/juantorreslopez.com/jtl//index.php?option=com_content&task=view&id=2014&Itemid=16

LAS PENSIONES, ¿INVIABLES?, Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

Hace 40 años, el 18% de los españoles adultos trabajaba en la agricultura. Hoy, sólo el 2% trabaja en la agricultura y produce incluso más que lo que producía 40 años atrás el 18% de la población en edad de trabajar. Dicho en otras palabras: un trabajador produce hoy más alimento de lo que producían antes nueve trabajadores, y ello como consecuencia de un enorme crecimiento de la productividad del trabajador agrícola. Con base en estos datos, se puede ver lo absurdo que habría sido si hace 40 años cien economistas hubieran alarmado a la población indicando que, como consecuencia de que los trabajadores estaban dejando el campo, habría menos producción de alimentos, y al cabo de 40 años la gente en España se moriría de hambre. Su desatención al impacto que el crecimiento de la productividad tiene en la cantidad de alimentos producidos explicaría el ridículo de su pronóstico.
Pues bien, por muy ridículo que parezca, esto es lo que está ocurriendo ahora, con grandes cajas de resonancia mediática disponibles para promover este mensaje. La única diferencia es que, en lugar de alimento, ahora se habla de pensiones. FEDEA, la fundación más importante del capital financiero (banca y cajas de ahorros) en España, acaba de patrocinar un manifiesto, firmado por cien economistas, que utiliza el mismo argumento: “La ratio entre la población en edad de trabajar y la población mayor de 65 años pasará de cuatro en la actualidad a 1,65 en 2050”, de lo cual deriva que el sistema de pensiones públicas no es sostenible. Este argumento ignora que, más importante que la relación población adulta versus ancianos, es el número de trabajadores por pensionista y su productividad. Pues bien, el número de trabajadores por pensionista pasará de 2,24 ahora a 1,15 en 2050 (una reducción de menos de la mitad), pero, lo que es más importante, es que en 2050 cada trabajador producirá mucho más del doble de lo que produce un trabajador ahora, con lo cual podrá sostener más del doble de pensionistas que ahora.
El mismo error aparece cuando el manifiesto neoliberal alarma a la población indicando que ahora nos gastamos el 9% del PIB en pensiones y dentro de 40 años nos gastaremos el 15%, lo cual, concluyen, es insostenible en una sociedad que tiene recursos limitados. (Por cierto, Italia ya se gasta ahora el 14% del PIB en pensiones públicas, y el sistema no se ha colapsado). De nuevo, el manifiesto asume que la productividad apenas variará, lo cual es un error.
Si la productividad creciera un 1,5% por año, que es el promedio de crecimiento en los últimos 40 años, el PIB de España en 2050 sería 2,25 veces mayor que ahora (en monedas constantes, es decir, que la capacidad adquisitiva real habrá más que doblado la actual). En otras palabras, si ahora el PIB es, por ejemplo, 100, en 2060 sería 225. Pues bien, en pensiones nos gastamos ahora nueve puntos, dejando para los no pensionistas 91 puntos. Y ,en 2050, nos gastaremos el 15% de 225, es decir, 33 puntos en pensiones, quedando para los no pensionistas 192 puntos, muchos más que los 91 actuales. En realidad, hace 40 años nos gastábamos el 3% del PIB en pensiones, y ahora nos gastamos el 9%. Hemos triplicado el gasto en pensiones y, sin embargo, los recursos para los no pensionistas también han aumentado, pues el tamaño de la tarta es mucho mayor ahora que hace cuatro décadas.
Que no haya problemas graves en las pensiones públicas no quiere decir que no deban hacerse reformas, pero estas no debieran ir en el sentido de reducir las pensiones. Una medida aconsejable para aumentar los fondos a la Seguridad Social y mejorar las pensiones (que son demasiado bajas) es facilitar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. En España, el porcentaje de la población que trabaja es más bajo de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene. Y en parte se debe a dos factores. Uno es el bajo porcentaje de la población adulta que trabaja en empleo público (el 10%, uno de los más bajos de la UE-15, cuyo promedio es del 15%). En contra de lo que se dice, el sector público (y, muy en particular, en los servicios públicos del Estado del bienestar, tales como sanidad, escuelas de infancia, educación, servicios sociales, vivienda social, entre otros) está poco desarrollado y tiene escaso personal, y ello se traduce en el bajo porcentaje de la población que trabaja en él.
El otro factor es el de la baja participación de la mujer en el mercado de trabajo (52%). Si España tuviera el porcentaje de Suecia, habría 2,8 millones más de trabajadoras pagando impuestos y cotizaciones sociales. Para ello se debiera expandir el cuarto pilar del bienestar, de modo que se incluya el derecho de acceso a las escuelas de infancia (que deberían ser mucho más que guarderías, aparcamientos para niños), además de los servicios domiciliarios a personas con dependencias. Y, naturalmente, hacer al hombre corresponsable de las obligaciones familiares. Y sobre todo, invertir en infantes y jóvenes, pues ellos son los futuros cotizantes que financiarán las pensiones del futuro.
Deberían también corregirse las inequidades existentes en la financiación de las pensiones. Es injusto que Emilio Botín, el banquero más rico de la UE, pague a la Seguridad Social un porcentaje mucho menor que un empleado de su banco. Como también es injusto que una persona trabajadora no cualificada (que vive 10 años menos que un burgués), tenga ahora que trabajar dos años más para pagarle las pensiones al burgués (que le sobrevivirá 10 años). En realidad, el incremento de la edad de vida se ha concentrado en los últimos 40 años en las rentas superiores, sin que apenas se haya notado en las rentas inferiores. Predeciblemente, ninguno de estos temas aparece en el manifiesto de los cien.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

Por qué y cómo es sostenible el Estado del bienestar, por Ignacio Zubiri

Todo el mundo parece estar de acuerdo en que, debido al envejecimiento, el Estado del bienestar (EB) es insostenible y debe reducirse. Puede pensarse que esta aparente unanimidad se debe a que mantener el EB va a requerir una cantidad de-
sorbitada de recursos adicionales. Pero no es así. Según las proyecciones de la Comisión Europea, entre 2007 y 2050 el envejecimiento tendrá un coste adicional de 9 puntos del PIB. Esto es, de cada 100 euros de renta, habrá que dedicar 9 más que ahora al EB. El gasto en protección social (pensiones, sanidad y dependencia) alcanzará el 23,9% del PIB y, lejos de ser el más alto de la UE, será solo un punto superior al promedio. Para poner estas cifras en perspectiva, cabe señalar que incluso si sumáramos esos 9 puntos del PIB a los niveles actuales de gasto e impuestos, España seguiría gastando y recaudando menos que lo que hoy gastan y recaudan varios países de la UE. Además, hay países que gastan ya en protección social sólo algo menos de lo que gastará España en 2050.
Si el EB es sostenible, ¿por qué tantas organizaciones supranacionales (OCDE, FMI, UE) piden a España que lo reduzca? La respuesta es que estas instituciones no son organismos técnicos asépticos. Creen en el libre mercado, el equilibrio presupuestario permanente, que los impuestos son perjudiciales para el crecimiento y que la sostenibilidad vía menos gasto es mejor que vía más ingreso. Y muchas veces revisten de técnica lo que son posiciones ideológicas. Esta visión liberal subyace también a muchas recomendaciones de expertos y políticos. En los políticos se añade una cierta falta de valor y visión, porque es más fácil bajar el gasto que asumir los riesgos y costes de mantener el EB.
La crisis actual se ha utilizado para justificar la reducción del EB; en particular de las pensiones. La relación entre reducir el déficit actual y bajar pensiones que se pagarán dentro de 20 años es dudosa. En todo caso, conviene señalar que buena parte del déficit actual de España se debe a una caída de ingresos sin parangón en la UE. Entre 2007 y 2009, a pesar de que el PIB ha caído menos que en el promedio de la UE, los ingresos públicos en España casi han colapsado, cayendo seis veces más (6,4 puntos del PIB) que en el promedio de la UE. Por eso en 2009 los ingresos públicos eran casi 10 puntos inferiores al promedio de la UE. Si los ingresos en España hubieran caído como en el promedio, el déficit en 2009 hubiera sido el 5,8% del PIB en vez del 11,4%. Casi toda la caída de ingresos se ha debido a que se ha recaudado menos. La pérdida recaudatoria se ha acentuado por las reformas fiscales recientes (dualización, eliminación de patrimonio, rebajas en IRPF y Sociedades) y porque que se ha favorecido la elusión y se ha sido tolerante con el fraude.
Como será más caro, el EB sólo se podrá mantener (incluso a niveles más bajos) subiendo los impuestos. Si no se suben, se irá a una sociedad envejecida, empobrecida y con menos protección. Las pensiones podrían bajar hasta un 45% (el Gobierno, aunque luego lo retiró, incluyó en el programa de estabilidad un recorte de pensiones del 25% que probablemente era insuficiente para garantizarlas sin aportar impuestos), las prestaciones de la Sanidad serían menores y la Ley de Dependencia tendría problemas de aplicación. La aportación de recursos privados sería de poca ayuda. Por ejemplo, la mayoría de la población no tiene recursos para acumular pensiones privadas suficientes y los que lo hagan es probable que en el futuro se encuentren con rentabilidades muy bajas (puede que negativas). Los copagos, por su parte, son injustos e ineficientes tanto para obtener ingresos como para moderar la demanda.
Para aumentar los impuestos y que la sociedad lo acepte, son necesarias dos tipos de medidas. Primero hay que reevaluar la justificación de ciertos gastos, reorganizar el sector público y establecer mecanismos de control de la eficacia de los resultados. Segundo, hay que realizar una reforma fiscal centrada en que tributen quienes por defectos de gestión (fraude) o por decisión política (exenciones, bonificaciones y vías de elusión) no contribuyen según su capacidad. Esto implicará reformar los impuestos directos, crear nuevos impuestos (sobre entidades financieras y riqueza) y reformar la inspección.
Habrá quien diga que los impuestos ralentizan el crecimiento y que no se puede hacer pagar a los ricos porque habrá deslocalizaciones. Estos argumentos son tan interesados como, en gran medida, falsos. El argumento del crecimiento ignora los efectos expansivos del gasto público y sobreestima la reacción de los agentes económicos a los impuestos. El de la deslocalización no toma en cuenta que los impuestos son sólo un factor en la decisión de ubicación de personas y empresas, y que deslocalizarse tiene costes altos. El capital financiero se puede controlar por métodos indirectos y, en todo caso, renunciar a gravarlo no es la mejor opción económica ni ética.
En suma, el EB es sostenible si la sociedad está dispuesta a pagar en impuestos su coste adicional, que no es muy alto. El aumento de impuestos será asumible socialmente si se racionalizan las prestaciones y la gestión del gasto y se establece un sistema fiscal justo que trate igual a todos los niveles (ricos y pobres) y tipos (capital y trabajo) de rentas y que luche de forma efectiva contra el fraude.

Ignacio Zubiri es Catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco

Publicado en Público

El Congreso rechaza congelar las pensiones en el 2011

El Congreso de los Diputados ha rechazado la congelaciön de las pensiones prevista para el pröximo año. Todos los grupos, excepto el PSOE han votado en contra de la congelación prevista en las pensiones contributivas por el Gobierno para el próximo ejercicio.

A partir de ahora, el decreto del tijeretazo sufre el rechazo del pleno del Congreso y el movimiento lógico que tendría que hacer el Gobierno es anular la congelación de las pensiones previstas. ¿Puede evitar este veto parlamentario?

Evidentemente, el Gobierno tiene medios para saltarse el rechazo del Congreso, como modificando la revalorización de pensiones en los Presupuestos Generales o recurriendo a un nuevo decreto, aunque el resto de partidos quieren que el acuerdo de pensiones salga desde el Pacto de Toledo.

En el caso de el Gobierno decida acatar las directrices del Congreso, el plan de consolidación fiscal deberá ser retocado dado que el ahorro estimado en la congelación de pensiones contributivas asciende a 1.350 millones de euros para el próximo ejercicio se desvanece totalmente y no hablamos de una cantidad que pase desapercibida fácilmente.

¿Se puede recortar el gasto en otros frentes? Si, por supuesto pero el problema de fondo que tiene el capítulo de recortes y ajustes fiscales es que se está quedando corto en las perspectivas de déficit al 3% para el 2013 y cualquier elemento que se altere de la consolidación fiscal, rompe el débil sistema diseñado por Economía y Hacienda.

La contrapartida más sencilla que se contempla por ahora es la revisión de impuestos para el próximo ejercicio. Lo que en el argot político se denomina “impuestos para los ricos” o un “esfuerzo a los ciudadanos” se traduce en una subida de impuestos que está por determinar, pero que iremos viendo la directrices de la nueva política fiscal a partir de septiembre. Como ya hemos dicho varias veces, esto lo pagamos entre todos, obviamente.

La UE abre el debate sobre el futuro de las pensiones

Los sistemas de pensiones se resienten del envejecimiento de la población y la crisis económica. Un nuevo informe de la UE presenta posibles soluciones e invita al debate.

En la Unión Europea hay cuatro personas en edad de trabajar (15-64 años) por cada mayor de 65 años. En 2060, esa cifra se reducirá a solo dos. Ante este descenso progresivo de la población en edad laboral, los Gobiernos de la UE deben hacer frente a un doble reto: cómo pagar más pensiones con menos ingresos.

La crisis económica ha complicado las cosas, al deteriorar las finanzas públicas y reducir el valor de muchos fondos de pensiones privados. Las expectativas actuales del 73% de los europeos son cobrar una pensión más pequeña, tener que trabajar más años o verse obligados a ahorrar más. Al 54% les preocupa ser pobres cuando lleguen a la vejez.

En un documento publicado hoy, la Comisión explora diversas soluciones para proteger los sistemas europeos de pensiones. Por ejemplo, propone que se anime a los trabajadores a que permanezcan en el mercado laboral y aprovechen las oportunidades de empleo existentes en otros países de la UE, que se abra el mercado europeo a más tipos de planes de pensión o que se ayude a los interesados a tomar decisiones bien fundamentadas sobre la cuantía de la propia jubilación.

Todos están invitados a expresar su punto de vista sobre sobre las cuestiones que plantea el documento. La fecha límite para hacerlo es el 15 de noviembre.

Más sobre el futuro de las pensiones en la UE

Participe en el debate: reforma de los sistemas de pensiones en la UE