La ruptura del pacto social, por Manuel de la Rocha

Nuestro país se incorporó tarde al proceso de construcción del Estado de Bienestar. El atraso económico y la dictadura impidieron que España participara de lo que se llamó el "pacto keynesiano" que tras la Segunda Guerra Mundial alcanzaron en Europa la izquierda y la derecha, socialdemócratas y democracia cristiana.

Este pacto incluía como elemento central la presencia de sindicatos fuertes y el reconocimiento de la negociación colectiva como instrumento frente a la desigualdad en las relaciones de producción, llegando en algunos países hasta la “cogestión” en las empresas.

En España el franquismo había eliminado a los sindicatos, sometiendo a los trabajadores a la dictadura del capital y aquel pacto no pudo llevarse llevó a cabo hasta la Constitución de 1978, consensuada entre la derecha y la izquierda,  que constituía a nuestro país en un “Estado social y democrático de Derecho” (Art.1.1), en el que sindicatos son pilares inexcusables para la defensa de los intereses de los trabajadores (Art.7), garantizándose el derecho a la negociación colectiva y a la huelga (Arts.37.1 y 28.2).

Sobre esta base común los sucesivos gobiernos de la transición fueron promoviendo las leyes básicas reguladoras del conflicto social, fundamentalmente el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), buscando un equilibrio entre capital y trabajo cuyos elementos centrales eran la libertad de mercado y de empresa, la negociación colectiva como vía de regulación de las condiciones de trabajo y la mejora progresiva de la situación de los trabajadores. Contemplando, además, la participación de los sindicatos en distintas funciones y órganos del Estado, para garantizar el “salario social”: pensiones, sanidad, educación, vivienda, etc.

Ese pacto social ha quedado drásticamente truncado con la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, con una profunda ruptura del equilibrio en las relaciones de trabajo, imponiendo un cambio de modelo que otorga a los empresarios un poder de disposición sobre salarios y condiciones de trabajo como no tenían desde el franquismo.

Ante todo la reforma  pretende una generalizada devaluación salarial.  El Gobierno, al no poder recurrir a la devaluación monetaria, opta por una mejora de la productividad del sistema sobre las espaldas de los trabajadores vía disminución de los costes laborales. Son muchas las medidas que con este objetivo se incluyen: la  prioridad absoluta en materia salarial del convenio de empresa, cuya razón es simplemente la bajada generalizada de salarios; la facultad que se otorga al empresario para que unilateralmente reduzca los salarios, sean pactados colectivamente sea en contrato individual; la rebaja radical del coste del despido, de 45 días a 20 días, además de la rebaja en el tope máximo de 42 mensualidades a un año; la desaparición de los salarios de tramitación en la declaración judicial de improcedencia del despido; y la eliminación de la autorización administrativa en los EREs, que la exposición de motivos impúdicamente justifica precisamente para que no se pacten indemnizaciones  superiores a 20 días año.

Todo ello implica un inmenso traspaso de rentas de los trabajadores a los empresarios, de miles de millones de euros, sin negociación ni compensación alguna. Más aún, con expreso desprecio por el Gobierno al pacto de moderación salarial incluido en el Acuerdo suscrito por sindicatos y patronal el 25 de enero pasado.

El segundo objetivo de la reforma es debilitar la posición de los trabajadores disminuyendo ostensiblemente las posibilidades de acción colectiva de los sindicatos. La derecha histórica española siempre ha estado enfrentada al movimiento sindical, salvo en la primera fase de la transición. Ahora de nuevo el PP y sus acólitos mediáticos han centrado su batalla  contra los sindicatos UGT y CCOO, a quienes consideran enemigos, quizás “de clase”, y como no pueden eliminarlos como hizo la dictadura, se busca desprestigiarlos ante los trabajadores y la ciudadanía, y quitarles poder como sujeto colectivo en las relaciones laborales, para individualizarlas.

Muchas son las vías. En mi opinión la más importante es eliminar la capacidad de sindicatos y empresarios para articular y estructurar la negociación colectiva, al dar prioridad en todos los casos al convenio de empresa, promoviendo su negociación sin presencia sindical, y devaluando los convenios de sector, que tienden a homogeneizar las condiciones de trabajo, defienden mejor a los trabajadores y evitan el dumping social; eliminando la ultraactividad de los convenios colectivos, de forma que por el transcurso de dos años desde el fin de su vigencia sin haberse pactado uno nuevo, todos los derechos que reconocía a los trabajadores, salariales, de jornada, etc,  resultado de años de negociación y lucha, “decaen”, se pierden y tienen que volver a negociarse en su integridad. La posición empresarial se ve así reforzada de forma absolutamente extrema, pues les será mucho más fácil alcanzar sus propuestas simplemente con que transcurra el tiempo, que juega siempre a favor del empresario.

La tercera pieza, vinculada a las anteriores, es el desproporcionado incremento del poder empresarial en todos los ámbitos de la relación de trabajo. Desde aspectos aparentemente menores, como la desaparición de las categorías profesionales, hasta el poder modificar las condiciones de trabajo alegando simplemente razones económicas “relacionadas” con la competitividad  o la productividad, sin prácticamente control judicial; el abaratamiento del despido y la facilitación de sus trámites; los descuelgues de los convenios sin acuerdo;  el incremento a un año del período de prueba en los nuevos contratos para emprendedores, con despido libre y gratuito; incluso la limitación de los derechos de las mujeres para conciliar el cuidado de sus hijos.

Nada hay que intente equilibrar, aunque sea mínimamente, los grandes recortes económicos y de derechos que se producen. El Gobierno alega que esta reforma posibilitará la creación de empleo, pero paradójicamente el propio Gobierno anuncia que este año se producirá un incremento de 630.000 nuevos parados. Esta reforma va a empobrecer a trabajadores y clases medias  y generar muchos despidos. Y con el draconiano ajuste fiscal de este año y del próximo, veremos cuántos nuevos parados generará la política del PP en el 2013.

Nunca desde el franquismo los derechos de los trabajadores habían sido tan duramente recortados. El ministro Guindos, en aquella escena en la que sumisamente informaba a sus jefes europeos sobre lo que estaban planeando, habló de una reforma “extremadamente agresiva”. Los trabajadores van a defenderse de esta agresión extrema y sin precedentes. Está en juego el futuro del Estado social

La factura de la vrgüenza, por JULIO MALO DE MOLINA

Algunas administraciones han decidido trasladar a los ciudadanos una relación de los gastos que el mantenimiento de su estado de salud cuesta presuntamente a la sociedad, ateniéndose sin duda a cálculos de dudoso rigor y olvidando que la salud no es una mercancía sino un derecho que el Estado queda obligado a garantizar. La papela en cuestión resulta: inexacta, porque los servicios públicos no pueden tasarse según leyes de mercado; injusta, porque incumple el imperativo constitucional de protección al débil; y vejatoria, porque humilla al que no hace sino acogerse legítimamente al amparo que el Estado le debe. Forma parte de este festín neoliberal a modo de huida hacia delante por parte de un sistema sumido en una anunciada y profunda crisis.
Recordemos semejanzas históricas entre el siglo XVI, cuando la Corona española detentaba el poder político mientras que en España la gente vivía mal, y la actual sociedad norteamericana en la cual la mayor parte de la población no disfruta de conquistas sociales consolidadas en Europa como el derecho a la salud, al desempleo y a una vejez digna. Aún llamamos estado de bienestar al modelo que garantiza los derechos básicos de sus ciudadanos. Resulta paradójico que la banca y las compañías aseguradoras utilicen la crisis que precisamente ellos han generado para combatir ese escenario. Y lo consiguen: el Estado aplica los recursos públicos para garantizar estabilidad a los poderes financieros a costa de recortes en los derechos sociales. Poca gente sabe que el estado de bienestar tuvo su origen en la Dinamarca del XVII cuando la corte ilustrada del rey Federico III decidió que el ejército no sólo se aplicara al oficio de la guerra sino también a la asistencia social de: ancianos, enfermos, niños y desamparados; utilizando castillos y cuarteles como hospitales, albergues, asilos y escuelas. Si bien son los partidos socialdemócratas agrupados en la Segunda Internacional quienes tras la Guerra Mundial extienden el moderno estado de bienestar por la Europa Occidental como alternativa al socialismo de estado que se impuso en la Europa Oriental.

La vergonzante y tendenciosa «factura» de la salud aparece como una reveladora regresión en la cultura de la solidaridad que venía caracterizando las estructuras sociales de Europa frente al pensamiento único que desde Wall Street se extiende por el planeta a modo de espesa mancha de petróleo y sangre. ¿Por qué en lugar de vejar a los ciudadanos con la infamante relación de sus presuntos gastos sanitarios no se publican los desmesurados beneficios que el Estado garantiza a los banqueros mediante la aportación de recursos públicos?

Por qué y cómo es sostenible el Estado del bienestar, por Ignacio Zubiri

Todo el mundo parece estar de acuerdo en que, debido al envejecimiento, el Estado del bienestar (EB) es insostenible y debe reducirse. Puede pensarse que esta aparente unanimidad se debe a que mantener el EB va a requerir una cantidad de-
sorbitada de recursos adicionales. Pero no es así. Según las proyecciones de la Comisión Europea, entre 2007 y 2050 el envejecimiento tendrá un coste adicional de 9 puntos del PIB. Esto es, de cada 100 euros de renta, habrá que dedicar 9 más que ahora al EB. El gasto en protección social (pensiones, sanidad y dependencia) alcanzará el 23,9% del PIB y, lejos de ser el más alto de la UE, será solo un punto superior al promedio. Para poner estas cifras en perspectiva, cabe señalar que incluso si sumáramos esos 9 puntos del PIB a los niveles actuales de gasto e impuestos, España seguiría gastando y recaudando menos que lo que hoy gastan y recaudan varios países de la UE. Además, hay países que gastan ya en protección social sólo algo menos de lo que gastará España en 2050.
Si el EB es sostenible, ¿por qué tantas organizaciones supranacionales (OCDE, FMI, UE) piden a España que lo reduzca? La respuesta es que estas instituciones no son organismos técnicos asépticos. Creen en el libre mercado, el equilibrio presupuestario permanente, que los impuestos son perjudiciales para el crecimiento y que la sostenibilidad vía menos gasto es mejor que vía más ingreso. Y muchas veces revisten de técnica lo que son posiciones ideológicas. Esta visión liberal subyace también a muchas recomendaciones de expertos y políticos. En los políticos se añade una cierta falta de valor y visión, porque es más fácil bajar el gasto que asumir los riesgos y costes de mantener el EB.
La crisis actual se ha utilizado para justificar la reducción del EB; en particular de las pensiones. La relación entre reducir el déficit actual y bajar pensiones que se pagarán dentro de 20 años es dudosa. En todo caso, conviene señalar que buena parte del déficit actual de España se debe a una caída de ingresos sin parangón en la UE. Entre 2007 y 2009, a pesar de que el PIB ha caído menos que en el promedio de la UE, los ingresos públicos en España casi han colapsado, cayendo seis veces más (6,4 puntos del PIB) que en el promedio de la UE. Por eso en 2009 los ingresos públicos eran casi 10 puntos inferiores al promedio de la UE. Si los ingresos en España hubieran caído como en el promedio, el déficit en 2009 hubiera sido el 5,8% del PIB en vez del 11,4%. Casi toda la caída de ingresos se ha debido a que se ha recaudado menos. La pérdida recaudatoria se ha acentuado por las reformas fiscales recientes (dualización, eliminación de patrimonio, rebajas en IRPF y Sociedades) y porque que se ha favorecido la elusión y se ha sido tolerante con el fraude.
Como será más caro, el EB sólo se podrá mantener (incluso a niveles más bajos) subiendo los impuestos. Si no se suben, se irá a una sociedad envejecida, empobrecida y con menos protección. Las pensiones podrían bajar hasta un 45% (el Gobierno, aunque luego lo retiró, incluyó en el programa de estabilidad un recorte de pensiones del 25% que probablemente era insuficiente para garantizarlas sin aportar impuestos), las prestaciones de la Sanidad serían menores y la Ley de Dependencia tendría problemas de aplicación. La aportación de recursos privados sería de poca ayuda. Por ejemplo, la mayoría de la población no tiene recursos para acumular pensiones privadas suficientes y los que lo hagan es probable que en el futuro se encuentren con rentabilidades muy bajas (puede que negativas). Los copagos, por su parte, son injustos e ineficientes tanto para obtener ingresos como para moderar la demanda.
Para aumentar los impuestos y que la sociedad lo acepte, son necesarias dos tipos de medidas. Primero hay que reevaluar la justificación de ciertos gastos, reorganizar el sector público y establecer mecanismos de control de la eficacia de los resultados. Segundo, hay que realizar una reforma fiscal centrada en que tributen quienes por defectos de gestión (fraude) o por decisión política (exenciones, bonificaciones y vías de elusión) no contribuyen según su capacidad. Esto implicará reformar los impuestos directos, crear nuevos impuestos (sobre entidades financieras y riqueza) y reformar la inspección.
Habrá quien diga que los impuestos ralentizan el crecimiento y que no se puede hacer pagar a los ricos porque habrá deslocalizaciones. Estos argumentos son tan interesados como, en gran medida, falsos. El argumento del crecimiento ignora los efectos expansivos del gasto público y sobreestima la reacción de los agentes económicos a los impuestos. El de la deslocalización no toma en cuenta que los impuestos son sólo un factor en la decisión de ubicación de personas y empresas, y que deslocalizarse tiene costes altos. El capital financiero se puede controlar por métodos indirectos y, en todo caso, renunciar a gravarlo no es la mejor opción económica ni ética.
En suma, el EB es sostenible si la sociedad está dispuesta a pagar en impuestos su coste adicional, que no es muy alto. El aumento de impuestos será asumible socialmente si se racionalizan las prestaciones y la gestión del gasto y se establece un sistema fiscal justo que trate igual a todos los niveles (ricos y pobres) y tipos (capital y trabajo) de rentas y que luche de forma efectiva contra el fraude.

Ignacio Zubiri es Catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco

Publicado en Público