La importancia de la huelga general, por Vicenç Navarro

Agradezco a la dirección de Público que me permita adelantar esta semana la columna que escribo cada jueves en este diario con la finalidad de alentar al lector a que se sume a la huelga general, un evento de extraordinaria importancia, con amplias repercusiones sobre el bienestar de la población en España y, muy en particular, de sus clases populares. El establishment español (las instituciones, fuerzas políticas, grupos empresariales y financieros y mayores medios de información que dominan la vida política, económica, financiera y mediática del país) está imponiendo unas políticas con el objetivo último de disminuir los salarios de los trabajadores y recortar la financiación del ya poco desarrollado Estado del bienestar (el gasto público social por habitante continúa a la cola de la UE-15, el grupo de países de la UE más próximos a nosotros por su nivel de desarrollo económico). La única diferencia entre los distintos sectores del establishment es la intensidad de los recortes. Las derechas en la oposición reclaman incluso más recortes. PP, CiU y PNV están pidiendo más reducciones del número de trabajadores en los servicios públicos del Estado del bienestar –sanidad, educación, servicios domiciliarios, escuelas de infancia, entre otros– en el país que tiene menos empleados públicos de la UE-15 (el 10% de la población adulta, comparado con el 15% en la UE-15 y el 25% en Suecia). Nunca antes durante la democracia el Estado del bienestar y la calidad de vida de la población habían estado tan amenazados. No hay duda de que estas políticas afectarán negativamente a la gran mayoría de ciudadanos y a sus descendientes.

El establishment español es consciente de que estas medidas son impopulares, pero las defiende como necesarias y como las únicas posibles, indicando que no hay alternativas. Se necesitan –dice tal establishment– para calmar a los mercados financieros, que compran la deuda soberana española. Y hemos visto la visita del presidente Zapatero a Wall Street (el centro financiero de EEUU) como un acto de vasallaje a la banca estadounidense, para asegurarles que será duro y no vacilará en imponer medidas impopulares al pueblo español. Y así lo han promovido los medios de mayor difusión, al subrayar que tales medidas son la medicina amarga necesaria para salvar al paciente (la economía española). Y toman como prueba de recuperación los débiles indicadores de un minúsculo crecimiento económico.

Estas explicaciones son erróneas. En primer lugar, el mayor problema que tiene España es el desempleo, el más elevado de la UE-15. La cifra de desempleo (el 19% de la población activa) es conocida. Pero la que no se conoce es que el 46% de la población empleada tiene miedo a perder el puesto de trabajo. De ahí que el criterio de evaluación de las políticas públicas debiera ser su capacidad de creación de empleo. Y las políticas de austeridad del gasto público están destruyendo empleo.

El problema económico al que España se enfrenta se debe a la disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional durante estos 15 años, con el consiguiente endeudamiento de las familias. Al colapsarse el crédito, se creó el enorme problema de la falta de capacidad de consumo, cayendo la demanda en picado y disparándose el desempleo. Y, por otra parte, el enorme crecimiento de las rentas del capital, facilitado por los comportamientos especulativos de la banca, determinó una serie de burbujas –la última, la inmobiliaria– que, al estallar, crearon el enorme problema de la falta de crédito. Los siguientes datos sintetizan esta realidad. Entre 1995 y 2005, los costes laborales en España aumentaron sólo un 3,7%, cinco veces menos que la media de la UE-15, del 18,2%. Mientras, las empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (más del doble de la media de la UE-15, un 33%), siendo las empresas bancarias españolas las que tenían y tienen más beneficios de la UE-15 y, a la vez, las que dificultan más el acceso al crédito.

Esta polarización de las rentas ha creado un grave problema de demanda, consecuencia de la enorme disminución de la capacidad adquisitiva de la población y la escasez de crédito, problemas que requieren una expansión muy notable del gasto público en creación de puestos de trabajo (muy en particular en las áreas deficitarias de empleo, como son los servicios del Estado del bienestar) y en nuevas industrias como las verdes y ecológicas. El problema que dificulta la aplicación de tales políticas expansivas es que, como consecuencia de la enorme reducción de impuestos de estos últimos 20 años, que ha beneficiado a las rentas del capital y rentas superiores, el Estado está también profundamente endeudado. Esta disminución de los impuestos es una de las causas de que disminuyeran los ingresos al Estado –pasaron de representar el 41% del PIB en 2007 al 34% en 2009– y de que crecieran el déficit y el endeudamiento públicos. Ahora bien, estas políticas fiscales regresivas pueden y deben corregirse. Expertos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han calculado que el Estado podría ingresar 38.000 millones de euros fácil e inmediatamente (una cantidad mayor que la conseguida con los recortes de derechos) corrigiendo algunas de estas medidas regresivas sin tocar el bolsillo de la mayoría de la ciudadanía.

En lugar de ello, el Gobierno ha hecho unos retoques claramente minúsculos sin mostrar ninguna voluntad de corregir la polarización de las rentas. Y los partidos conservadores están incluso pidiendo mayores recortes de impuestos en favor de los ricos. Tales políticas, además de ser profundamente injustas, son contrarias a las que se necesitan para salir de la crisis. Nunca un país ha salido de una gran recesión siguiendo políticas de austeridad en el gasto público.

De ahí la enorme necesidad de que la población se movilice en contra de tales políticas. Y puede cambiarlas. Así ocurrió en la Unión Europea cuando el establishment europeo había propuesto alargar la semana laboral a 65 horas. Las movilizaciones pararon aquella directiva. Y lo mismo ocurrió en España. Las huelgas generales anteriores pararon reformas negativas y estimularon el crecimiento del gasto público. Y lo mismo puede y debe ocurrir ahora.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso

29 septiembre: EL MANIFIESTO DE LOS VETERANOS

José Luis López Bulla, José María Zufiaur, Nicolás Redondo, Julián Ariza, Antón Saracíbar, Nicolás Sartorius, José María Romero, Eduardo Saborido, Miguel Ángel Ordóñez, Rafael Pillado, Suso Mosquera, Tomás Tueros, Carlos Trevilla, Antonio Montalbán

El Gobierno, en contradicción con sus promesas electorales y sus declaraciones de no proceder a recortes de derechos sociales, ha adoptado una serie de medidas que entendemos lesivas para los trabajadores y otros colectivos sociales, así como para la recuperación de nuestra economía.

Somos conscientes de que nuestro país atraviesa una profunda crisis. La percepción que tenemos es que durante demasiado tiempo se ha producido un visible desajuste entre la gravedad de la situación y las medidas adoptadas para enfrentarla. La responsabilidad, en este aspecto, aunque no única, recae en el Gobierno, cuyo retraso en reaccionar ha sido grave. Tanto es así, que con la crisis ya declarada, el Gobierno adoptó una serie de medidas fiscales temerarias- eliminación del impuesto del Patrimonio, deducción de 400 euros y otras- que han agravado el déficit, mermado la capacidad inversora del Estado y su propio margen de maniobra ante la crisis. De otro lado, si bien es cierto que la crisis financiera y sus efectos tienen dimensión internacional y origen en los EE.UU., no es menos cierto que nuestra crisis inmobiliaria y de modelo productivo estaba pronosticada desde hace años, sin que se adoptaran medidas enérgicas para corregir una deriva que, al final, nos ha llevado a esos más de 4 millones de parados. Crisis inmobiliaria que tuvo su origen en gobiernos de la derecha pero que nadie quiso o pudo atajar a tiempo.

Ha sido necesaria la presión de las instituciones de la UE y otras, ante la puesta en cuestión de la solvencia de nuestro país por los mercados financieros, para que se precipitaran aquí medidas drásticas- y nos tememos que improvisadas- todas ellas, de momento, en perjuicio de los sectores populares y, en consecuencia, desequilibradas. Al impulso de tales decisiones se ha subordinado totalmente la reducción del paro a la reducción del déficit, siempre desde el recorte del gasto y la inversión, sin afectar para nada a los que más tienen y aumentando el IVA, que pagan por igual los pudientes que las rentas modestas. Déficit que, sin duda, hay que combatir pero sin sacrificar la recuperación de la economía y, sobre todo, de manera equitativa. El problema de España no es que se gasta demasiado sino que se recauda demasiado poco, pues tenemos una presión fiscal 7 puntos por debajo de la media europea y 11 con relación a los países más avanzados. Si sacrificamos la inversión y el consumo corremos el riesgo de estar años sin crecer lo suficiente y la situación de desempleo se agravará aún más. No podemos olvidar que la peor situación es aquella en que se realizan drásticos ajustes fiscales al tiempo que no llega el crédito del sistema financiero. En este sentido, sorprende el que un Gobierno como el actual haya decidido hacer este tipo de ajuste porque, en nuestra opinión, hay otras opciones menos traumáticas frente a la crisis y, desde luego, más equitativas.

Dicho lo anterior, es preciso destacar que las medidas tomadas tanto en España como en los demás países de la UE se inscribirían en una lógica que, de no combatirse, conducirían a la idea de que para competir en los mercados globales Europa tiene que recortar su Estado de Bienestar. Tal idea no es nueva y se presenta con fuerza cada vez que hay una crisis económica, cuando se pretende presentar como criterios de la ciencia económica lo que no es más que vieja ideología conservadora de sobrada insolvencia. Lo peligroso de un periodo como el actual es que en él concurren la hegemonía política de la derecha en casi toda Europa y la falta de un proyecto claro de la izquierda, lo que hace temer que esta vez los recortes pueden ser, si no lo evitamos, además de profundos de difícil arreglo. Y especialmente delicado en el caso de España donde contamos con una derecha que no sólo no ha hecho nada para salir de la crisis sino que acentuaría el carácter antisocial de las medidas.

Sabemos que, precisamente para salvar el Estado de bienestar, es necesario introducirle reformas. En Europa y en España hay que aumentar la productividad, reformar la empresa, modernizar el aparato productivo. Pero todo esto no se hará en contra de los que tienen que aplicar las reformas, ¿alguien cree que se puede aumentar la productividad de una economía basada en la innovación, reduciendo salarios y recortando derechos sociales?. Queremos llamar la atención de que además de ser radicalmente injusto que la crisis la paguen los que no han tenido ninguna responsabilidad en ella, mientras que aquellos que la han tenido toda solo reciben ayudas y subvenciones, es absurdo pretender mantener el modelo social europeo sin una fiscalidad suficiente que grave a las rentas, beneficios y capitales más altos. Las gravosas deudas de hoy son las insuficiencias fiscales de ayer.

Siguiendo en el campo de las reformas ahí está, como ejemplo, lo que se ha venido haciendo desde mediados de los años 90 con la puesta en marcha del Pacto de Toledo sobre las pensiones, que era un ejemplo de sensatez. Lo rechazable ahora, es que se tomen unilateralmente medidas desproporcionadas y que se rompan marcos de diálogo y participación de los agentes sociales, como ha ocurrido con una decisión tan torpe políticamente como injusta socialmente, esto es, la congelación de las pensiones para el 2011. Congelación que no contribuye para nada a reducir el déficit, cuenta con la oposición de la mayoría del Parlamento y deja en manos de la derecha una baza importante.

Respecto de la reforma laboral, tras la experiencia de más de sesenta modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, algunas tan profundas como las de 1984, 1994 y 2002, su virtualidad ha sido y será prácticamente nula para la generación de empleo pues, de entrada, facilita y abarata los despidos, aumenta el poder de disposición de las empresas sobre la mano de obra, debilita a los sindicatos y hace retroceder el papel del Estado en su función de tutelar las condiciones de vida y de trabajo. El mercado de trabajo es consecuencia del modelo productivo y no al revés. Mientras éste no cambie aquel no se estabilizará.

No es casual que, en este contexto se haya recrudecido, en abundantes plataformas de opinión, la campaña de desprestigio de los sindicatos. Al fin y al cabo son la principal fuerza social que, a pesar de todo, sigue teniendo capacidad para oponerse a estas medidas tan desequilibradas. Sobre los sindicatos recae, a fin de cuentas, buena parte de la responsabilidad de mejorar el modelo social europeo y contribuir a equilibrar la política que emana de las instituciones de la UE. Convendría que las fuerzas progresistas no olvidaran que sólo desde la movilización social a nivel europeo la izquierda retomara el pulso y la capacidad de llevar adelante un proyecto más justo socialmente y económicamente más eficaz. No nos estamos jugando un ajuste para paliar el endeudamiento de un país sino evitar un retroceso histórico de conquistas y derechos de los ciudadanos europeos. No se trata de permanecer estáticos sino de reformar para mejorar y salir de la crisis.

Desde la conciencia de que esto es así, en la convicción de que puede corregirse tal deriva y con la experiencia de que para conseguirlo es necesaria la movilización social, quienes suscribimos este documento -personas que asumimos, en su día, responsabilidades en la lucha de las CC.OO. y UGT durante la dictadura franquista, en el tránsito pacífico a la democracia y en el devenir del movimiento sindical durante el periodo democrático- hacemos un llamamiento a trabajadores y ciudadanos para que participen en las movilizaciones acordadas en unidad por los sindicatos y en la huelga general del día 29 de septiembre. Acción que persigue el objetivo de hacer rectificar la política económica del Gobierno, lesiva para los derechos de los trabajadores, haciéndola coincidir con la jornada de movilizaciones a escala europea convocada por los sindicatos de la CES, pues es en ese espacio, donde se libra la gran tarea de salir de la crisis y mejorar el estado del bienestar. Nos jugamos todos mucho.

Madrid, 7 de septiembre de 2010.

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Monográficos

• 29S: Los motivos de la huelga
  

Nicolás Redondo, Julián Ariza, Antón Saracíbar, Nicolás Sartorius, José María Zufiaur, José Luís López Bulla, José María Romero, Eduardo Saborido, Miguel Ángel Ordóñez, Rafael Pillado, Suso Mosquera, Tomás Tueros, Carlos Trevilla y Antonio Montalbán.

Todos ellos, dirigentes sindicales de CC.OO., UGT y USO durante el franquismo y la transición democrática.

La mayoría de los españoles ve motivos para el 29-S

Aunque un 54,6% encuentra justificación a la huelga, sólo uno de cada cinco encuestados piensa secundarla. El 71% considera que el Gobierno no cambiará su política si el paro tiene éxito

PÚBLICO MADRID 24/09/2010 01:00 Actualizado: 24/09/2010 12:20

Huelga general, sí, pero no. Los españoles muestran una aparente contradicción en sus opiniones y en sus intenciones respecto al paro convocado por los sindicatos UGT y CCOO para el próximo día 29, motivada por su impresión de que la movilización, aunque tenga éxito, no va servir para cambiar la política económica del Gobierno socialista.Así lo ponen de manifiesto los resultados delPubliscopio especial sobre el 29-S, realizado a menos de diez días vista del paro.

Más de la mitad de los encuestados, concretamente el 54,6%, opina que existen motivos suficientes para la convocatoria de un paro general. También es la opinión mayoritaria cuando se distingue a los entrevistados de acuerdo con su voto en las legislativas de 2008. Incluso entre los votantes del PSOE, un 50% sí ve motivos para la huelga.

Descendiendo al detalle, la política económica general del Gobierno es la razón más citada para justificar el29-S, ya que la esgrime un 60,6%. Es casi la misma valoración que se otorga a la congelación de las pensiones en 2011 decretada por el Ejecutivo como medida para rebajar el déficit público. Lo menciona el 60,5% de los encuestados. Donde menos motivo se ve es en la rebaja de un 5% en el sueldo de los empleados públicos. Sólo un 32,2% lo encuentra una razón suficiente.

En este punto sí existen diferencias apreciables según el partido político votado. Los votantes socialistas salvan relativamente la política económica del Gobierno (entre ellos se cita en un 46% de las ocasiones ), y encuentran sobre todo la justificación al paro en la congelación de las pensiones. Los que votaron al PP y a otros partidos colocan, sin embargo, en el punto de mira la gestión general del Ejecutivo. Más del 70% de sus respuestas creen que su política es el principal motivo para una huelga.

Poco seguimiento

Sin embargo, pese a considerar que la movilización convocada por los sindicatos está justificada, apenas 1 de cada 5 entrevistados que trabajan o estudian confesaron su propósito de secundar el paro. Concretamente, sólo un 18% tiene intención de hacer huelga, frente a un 67,1% que no. En este caso, es también apreciablemente alto el porcentaje de entrevistados que no quiere o, principalmente, no sabe todavía qué hará: es el 14,9%.

Curiosamente, entre las personas que secundarán la huelga, los votantes socialistas son los más numerosos: un 22%, frente al 19%, por ejemplo, de los partidarios del PP.

El principal motivo que apuntan los encuestados para no secundar el paro del29-S es que opinan que la movilización no servirá para nada. Así lo señala el 26,8% de los entrevistados. Otro 21,3% contesta que irá a trabajar por estar en desacuerdo con las razones de la huelga, mientras que un 12,5% confiesa que lo hará por no perder un día de sueldo. El resto de los motivos para no secundar la convocatoria de los sindicatos apenas recogen porcentajes significativos de respuestas. Entre ellas, y a modo de ejemplo, sólo un 1,2%de los encuestados asegura que no quiere hacer huelga para no ir en contra de Rodríguez Zapatero.

El escepticismo de los entrevistados se manifiesta en sus respuestas sobre las hipotéticas consecuencias de un seguimiento generalizado del 29-S. Una amplia mayoría, el 69,1%, opina que si la huelga tiene éxito el Gobierno debería cambiar las medidas que está tomando. Pero es también un porcentaje muy elevado el de los que creen que, aunque haya un seguimiento masivo, el Gobierno no modificará su política. Es lo que piensa el 71,6% de los entrevistados, frente a sólo un 15,6% que opina que el Gobierno haría cambios.

La inmovilidad del Gobierno tras el hipotético éxito de la huelga general debería suponer, según el 57,5% de los encuestados, la convocatoria de elecciones (sobre todo lo piensan los votantes del PP: un 88%). Si el Ejecutivo no rectificase, la mayoría opina que los sindicatos no deberían convocar nuevas huelgas.

Los expertos contables, contra el nuevo despido

Argumentan que la previsión de pérdidas es subjetiva

V. Z. MADRID 25/09/2010 00:05 Actualizado: 25/09/2010 00:28

Es uno de los puntos de la reforma laboral que más ha dado que hablar y que más sorprendió y enfadó a sindicatos y trabajadores. Ayer, a cinco días de la huelga general, un grupo de 158 catedráticos y profesores universitarios de Contabilidad de toda España hicieron público un manifiesto en el que dejaron claro que la posibilidad de despedir a un trabajador de forma procedente porque se prevén pérdidas no tiene ni pies ni cabeza y deja todo el poder en manos de las empresas.

La nueva ley permite a una compañía despedir por causas objetivas (con una indemnización de veinte días por año trabajado) a un empleado si "acredita" que está en pérdidas o prevé estarlo y justifica que con el despido puede preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado. Los profesores, que se reconocen perplejos, han solicitado al Gobierno la retirada de esta cláusula, pues entienden que la previsión de resultados es algo "rigurosamente subjetivo" y que es "imposible" acreditar unas cuentas futuras, basadas en hipótesis que pueden provocar grandes oscilaciones en los resultados.

Información fiable

Recuerdan, de hecho, que las auditoras de cuentas revisan y verifican habitualmente la información de los informes de gestión de las empresas que hacen referencia a hechos pasados, pero nunca dan su opinión sobre el capítulo que trata sobre la evolución previsible, ya que son meras hipótesis. Los profesores entienden que la información que se utilice para dictar resoluciones administrativas o judiciales (como en el caso de un despido procedente) debería ser tan fiable como la información financiera que habitualmente elaboran las empresas, circunstancia que no se da en este caso.

A su juicio, la inclusión de esta cláusula en la normativa laboral es muy grave y "enrarece y contamina los principios jurídicos y procesales más básicos, al obligar a los órganos jurisdiccionales a apreciar las causas objetivas de extinción de contratos laborales fundamentando su resolución en pruebas que no son de hechos ciertos sino de sucesos futuribles".

Dado que la estimación de pérdidas es un cálculo basado meramente en las previsiones de las empresas, los expertos destacan también que esta información que se podrá tener en cuenta al dictar un despido es "de parte". De esta forma, argumentan que el trabajador quedará, de alguna manera, en desventaja cuando una compañía decida despedirle por esa causa.

Muchos socialistas apoyamos la huelga general

Sólo uno de cada cinco ciudadanos irá al paro

Un 50% de los votantes socialistas respalda la huelga general

ELPLURAL.COM

Más de la mitad de los encuestados, concretamente el 54,6%, opina que existen motivos suficientes para la convocatoria de una huelga general. Incluso entre los votantes del PSOE, un 50% está convencido. Aunque, también, una mayoría considera que el paro no servirá para cambiar la política económica del Gobierno. Es significativo que entre las personas que secundarán la movilización los votantes socialistas son los más numerosos: un 22%, frente al 19%, de los del PP.

La mayoría de los encuestados, alrededor de un 60%, justifica la razón para la huelga con la política económica del Gobierno y la congelación de las pensiones en 2011. Dentro de las medidas económicas de ajuste del déficit anunciadas por el Ejecutivo, la que menos valoran los ciudadanos es la rebaja de un 5% en el sueldo de los empleados públicos. Sólo un 32,2% creen que es un argumento para el paro, según un sondeo de Público.

Sólo 1 de 5
Aunque los ciudadanos consideran justificada la huelga general, sólo 1 de cada 5 entrevistados que trabajan o estudian confiesan su propósito de secundarla. Sólo un 18% tiene intención de participar en la movilización, frente a un 67,1% que no. Un 14,9% declara que todavía no sabe lo que hará.

Un 12,5% no quiere perder su sueldo
El 26,8 de los encuestados afirman que no participarán en la huelga porque no servirá para nada, frente al 21,3% que no irá porque están en desacuerdo con las razones de la movilización. Un 12,5% confiesa que lo hará por no perder un día de sueldo.

Un 1,2% no quiere ir en contra Zapatero
El resto de los motivos para no secundar la convocatoria de los sindicatos apenas recogen porcentajes significativos de respuestas. Entre ellas, y a modo de ejemplo, sólo un 1,2%de los encuestados asegura que no quiere hacer huelga para no ir en contra de Rodríguez Zapatero.

Un 71,6% no cre que Zapatero cambie su política
Una amplia mayoría, el 69,1%, opina que si la huelga tiene éxito el Gobierno debería cambiar las medidas que está tomando. Pero es también un porcentaje muy elevado el de los que creen que, aunque haya un seguimiento masivo, Zapatero no modificará su política. Es lo que piensa el 71,6% de los entrevistados, frente a sólo un 15,6% que opina que el Ejecutivo haría cambios.

Razones para la huelga general

Huelga General contra el giro antisocial
José María Zufiaur

La Huelga General convocada por las organizaciones sindicales para el próximo día 29 de septiembre tiene por objetivo expresar el más amplio rechazo de los trabajadores y de los ciudadanos frente al giro antisocial adoptado por el Gobierno, sin parangón respecto a las medidas tomadas por cualquiera de los anteriores gobiernos de la democracia. La huelga tiene también la finalidad de rectificar algunas de las medidas ya adoptadas y evitar otras que están anunciadas. Coincide, además, con una jornada de movilización europea convocada por la Confederación Europea de Sindicatos, que exige de la Unión europea y de sus Estados miembros una política económica y social que no esté supeditada a las exigencias de los mercados financieros, así como otro tipo de construcción europea, capaz de influir en el mundo, de preservar su modelo social y de contrarrestar la actual mundialización neoliberal.

La del 29 de septiembre será una Huelga General. El de huelga es un derecho democrático fundamental que suele manifestarse, especialmente, en la paralización de los grandes centros productivos y, sobre todo, de los servicios públicos, particularmente de los transportes. Pero, además, es una jornada de movilizaciones ciudadanas. Es lo que ha sucedido en Francia, donde las manifestaciones del pasado día 7 (con una participación de 2,7 millones de personas, según los sindicatos, y de 1,1 millones según la policía) han desempeñado un papel aún más importante que la de los paros, hasta el punto de que uno de los especialistas franceses en movimientos sociales, Jean-Marie Pernot, ha manifestado que “actualmente, las manifestaciones son un sustituto de la huelga”. Especialmente significativas del malestar ciudadano han sido las manifestaciones -de seis mil, de diez mil, de treinta mil participantes….- que se han producido en las pequeñas y medianas localidades del país vecino.

Los motivos que justifican la Huelga General y las manifestaciones son muchos y diversos -como muchas y variadas son las medidas y las reformas que integran el giro antisocial- pero quisiera centrarme en los que me parecen más importantes y significativos.

1
Mostrar la protesta e indignación de los sindicatos, de los trabajadores, de la mayoría de los ciudadanos por unas medidas de ajuste focalizadas en las clases populares: congelación de las pensiones, recorte de los salarios de los funcionarios y de los trabajadores de empresas públicas, vulneración de lo pactado en la negociación colectiva, aumento de los impuestos al consumo, profunda regresión de los derechos laborales y reforzamiento del poder empresarial, intención de realizar una contrarreforma de la negociación colectiva, previsión de recorte en el sistema de pensiones. Estas medidas recaen sobre los que ninguna responsabilidad tuvieron en la crisis, después de que el contribuyente haya apoyado con ingentes cantidades de dinero a los causantes de ella. Los ciudadanos son los perdedores y los bancos los ganadores de este tipo de respuesta a la crisis. Mientras, las entidades financieras vuelven a tener beneficios exorbitantes, no inyectan crédito en la economía, lastran el crecimiento económico y la creación de empleo y dictan medidas de reducción del Estado social.

2
Rechazar el giro copernicano de un Gobierno que hasta hace unos meses afirmaba no iba a hacer nunca lo que ha terminado haciendo. De presentarse como el campeón de las políticas sociales ha pasado a ser el campeón de Europa de las más antisociales. Ha sido incapaz de darse cuenta -cuando bastantes expertos lo venían advirtiendo desde 2004- de las consecuencias que suponía el modelo de crecimiento basado en el ladrillo. Con la bendición del Banco de España, ha permanecido inactivo ante un endeudamiento privado suicida. Su política fiscal ha estado basada en la idea de que bajar los impuestos a las rentas altas, al patrimonio, a las empresas, era de izquierdas, al igual que las medidas populistas como la deducción general de 400 euros en el IRPF. Tampoco ha hecho nada contra el fraude fiscal, ha regalado las cajas de ahorros a los bancos y ha practicado una política redistributiva basada en la solidaridad entre pobres…. Este mismo gobierno pretende ahora que los ciudadanos le aplaudamos por damnificarnos, como si fuéramos el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional o la derecha europea y no los paganos de sus políticas. Quiere hacernos creer que las medidas que ahora adopta son las que siempre ha defendido. Y que, paulatinamente, ha ido poniéndolas en práctica de manera aquiescente, primero, complaciente, más tarde, y entusiasta, finalmente. De tal manera que está empeñado en hacernos creer que el debilitamiento de los pilares del Estado de bienestar es la mejor manera de que la gente viva mejor en el futuro. Se ha demostrado que antes no creía en lo que decía y que, ahora, quiere hacernos comulgar con ruedas de molino. Este gobierno se merece un huelgón y unas manifestaciones multitudinarias en grandes ciudades y pequeñas localidades.

3
Cambiar radicalmente una reforma laboral peor que todas las anteriores. Mejor dicho, peor que todas ellas juntas. Esta reforma no crea empleo, nada hace por arreglar la temporalidad del empleo, hace mucho más fácil despedir a los trabajadores y reduce entre un 48% y un 64% el coste del despido de las empresas (bastante más si la nueva redacción de las causas objetivas de despido lleva a que los jueces declaren un despido justificado donde antes lo declaraban improcedente). Además, rebaja la indemnización por despido de los trabajadores fijos entre un 30% y un 72%, aumenta la arbitrariedad empresarial y debilita los derechos de los trabajadores en las empresas. Para empeorar las cosas, introduce el ánimo de lucro en la intermediación laboral -lo que fomentará la siniestralidad laboral- y legaliza las agencias privadas de colocación, con lo que saldrán beneficiados los trabajadores más “empleables” y perjudicados los que tienen más dificultades para insertarse laboralmente. Nos enfrentamos a una reforma que trata de “arreglar” la precariedad haciendo a todos precarios y que puede suponer un movimiento incontrolado de sustitución de trabajadores antiguos por nuevos. Se trata, por último, de una reforma que va a contracorriente del aumento de la productividad y de un cambio del modelo productivo orientado hacia la calidad y la cohesión social.

4
Parar una reforma de la negociación colectiva, guardada en la recámara, y que irá más allá de lo que en esta reforma laboral ya se establece sobre el descuelgue y la modificación de condiciones de trabajo. Con el objetivo de dar preeminencia a la negociación de empresa, acabar con la extensión temporal indefinida de las disposiciones de los convenios colectivos, salvo pacto en contrario (la llamada “ultractividad” de los convenios colectivos), y reducir al mínimo la negociación colectiva supraempresarial y los derechos sindicales en las empresas, con la consiguiente reducción del poder sindical y el acrecentamiento de la discrecionalidad empresarial.

5
Impedir que se lleve a cabo una reforma de las pensiones, con el retraso de la edad de jubilación a los 67 años como medida central. Se niegan ahora las afirmaciones, de hace todavía un año, sobre la solidez del sistema realizadas por los mismos responsables gubernamentales, que ahora las defienden con lenguaje de madera. Esta reforma sólo responde al objetivo de reducir el déficit y dar satisfacción a los mercados financieros, únicos beneficiarios seguros de las pensiones privadas. La cuestión se aborda sólo desde el ángulo de los gastos y para nada de los ingresos y se perjudica sobre todo a los jóvenes, a las mujeres, a los precarios, a los trabajadores mayores. Precisamente, éstos podrán ahora ser despedidos más fácilmente con la nueva reforma laboral y pasarán a la pensión mínima. En fin, que lo único que nos asegura es que en el futuro las pensiones serán bastante inferiores que las actuales en relación con el último salario en activo.

6
Protestar contra la congelación de las pensiones, contra el recorte de las retribuciones de los funcionarios, contra la paralización de la renovación de los convenios, que está practicando la patronal, y el rechazo a incluir la cláusula de revisión salarial. Y, por tanto, contra la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de los salarios que van a sufrir los trabajadores del sector privado.

7
Defender dos pilares esenciales de nuestro modelo de bienestar, como son la protección laboral y la protección social.

8
Asegurar que a los trabajadores que estén en el paro y sin ninguna prestación -que pronto serán centenares de miles- no les falten prestaciones de desempleo, evitando así que se deslicen hacia la pobreza y la exclusión social.

9
Exigir una profunda reforma fiscal que nos acerque a los parámetros de los países europeos más desarrollados y más cohesionados, de los que nos separan más de 12 puntos de presión fiscal. Las reformas fiscales emprendidas por Zapatero no han sido precisamente muy sociales: disminución del tipo del Impuesto de Sociedades; reforma del IRPF, reduciendo el número de tramos y el tipo marginal. Y, aún peor, consolidando la regresiva medida adoptada por el PP, separando las rentas del capital de las restantes y otorgándoles un trato de favor mediante un tipo menor y proporcional, sin olvidarnos de la eliminación del Impuesto de Patrimonio. Y cuando ha abordado una política brutal de reducción del déficit no ha pensado en subir los impuestos directos, sino el IVA que pagan por igual todos los ciudadanos.

10
Demandar otra construcción europea, más integrada política, económica y socialmente, defensora del modelo social que representa, con una única voz en el concierto internacional, con políticas públicas comunes, desde la investigación a la energía, basadas en el desarrollo sostenible. Una Unión europea realmente cooperativa y no concurrente entre sus Estados miembros. Una Unión europea democrática y no solamente burocrática, que tenga como norte principal la solución de los problemas de los ciudadanos y no la presión a los Estados para que realicen contrarreformas sociales. Una construcción europea guiada por objetivos y decisiones políticas y no por un conjunto de reglas restrictivas.

11
Reivindicar los valores de la izquierda, frente al ensordecedor silencio que reina dentro del PSOE sobre este giro antisocial. Apoyar la huelga y las movilizaciones es también defender valores esenciales defendidos tradicionalmente por la socialdemocracia, el socialismo y el conjunto de la izquierda. No es lo menos importante de lo que está pasando esa anteposición del forofismo de partido al coraje político y democrático; o la supeditación de la libertad de conciencia, amparada por el artículo 67.2 de la Constitución Española, a la disciplina colectiva, a la obediencia debida. El accidentalismo, inventado por Gil Robles y convertido en arte por Guy Mollet, que ha impregnado la acción política gubernamental, esa concepción ambidiestra -en expresión de uno de los responsables de comunicación del Ejecutivo- según la cual el nuevo socialismo se caracteriza por ser de derechas en lo económico y de izquierdas en lo social ha quedado pronto desacreditada, y ha desembocado en la esquizofrénica idea de que el militante socialista puede, al mismo tiempo, apoyar una cosa y su contraria, ser la vanguardia del proletariado y del empresariado, estar de acuerdo con las medidas del gobierno y con la huelga. Esta no es una batalla de un sólo día, el 29 de septiembre, sino el comienzo de un proceso más largo. Y no fundamentalmente porque después seguirán amenazando las otras medidas que, además de la reforma laboral, se quieren adoptar, sino, especialmente, porque la izquierda, española y europea, tendrá que responder, con una urgencia nunca evidenciada como ahora, sobre cuáles son sus respuestas a la degradación social y a los desafíos a los que se enfrentan nuestras sociedades y la Unión europea.

José María Zufiaur.
Consejero del Comité Económico y Social Europeo en representación de la UGT de España.

Este artículo también lo publica Sistemadigital, de la revista Temas.

Copiado de La Factoría

Hay razones para apoyar la huelga general

Los medios de comunicación se empeñan en desanimar a los trabajadores y en argumentar que la huelga general convocada por los sindicatos para el próximo día 29 de septiembre no servirá para nada. Y la ministra de Economía, que forma parte de un gobierno que viene rectificando constantemente sus propuestas a medida que recibe presiones de los poderosos, asegura que "la huelga general no cambiará la política económica", lo que es una forma clara decir a la gente que no vale la pena apoyarla.

En mi opinión, la convocatoria de la huelga general está completamente justificada y hay multitud de razones para que los trabajadores y trabajadoras españolas, los que tienen empleo y los que están en paro o trabajan en sus casas, la apoyen activamente. Señalaré las que me parece más importantes resumidas en diez puntos que, a su vez, contienen dentro algunas más.

1. La huelga es un derecho de los trabajadores y trabajadoras y su ejercicio ha sido siempre muy eficaz. Todas las grandes conquistas sociales, sin excepción, que hoy día caracterizan a las sociedades que consideramos más avanzadas y democráticas (la jornada máxima, el salario mínimo, el derecho a la seguridad social, el derecho al voto de las mujeres y su acceso sin discriminaciones a los mercados de trabajo, la abolición de la esclavitud y la prohibición del trabajo infantil, las normas de seguridad en el trabajo...) solo se pudieron conseguir después de movilizaciones, de luchas muy duras y de huelgas dolorosas. Los poderosos siempre dijeron lo mismo que ahora, que no servirían de nada, y por eso ahora tampoco debemos dejarnos engañar y apoyar la huelga.

2. Los trabajadores, y no solo los banqueros y las patronales, tienen derecho también a presionar para defender sus intereses. Las huelgas, incluidas las generales, son un procedimiento legítimo para poder hacerlo. Prohibirlas, como ha propuesto el Partido Popular, o tratar de desactivarlas como hacen ahora con la del día 29, equivale a permitir que solo los más ricos y poderosos puedan presionar al resto de la sociedad y a los gobiernos, por cierto, haciendo casi siempre mucho más daño que el que pueda hacer una huelga de trabajadores. ¿Por qué no dicen nada la derecha y sus medios de comunicación cuando los bancos hacen huelgas de "préstamos caídos" y frenan el desarrollo de la actividad económica durante meses, cuando eluden al fisco actuando en paraísos fiscales, cuando las grandes empresas se llevan los capitales a otros países para no hacer frente aquí a sus obligaciones legales, o cuando los banqueros amenazan al Estado, como acaba de hacer el vicepresidente del BBVA al decir que no se pueden tomar medidas que no convengan a la banca? Para que el Presidente Rodríguez Zapatero no oiga solamente su voz y pueda cumplir las promesas que hizo al electorado es necesario presionarle acudiendo en masa a la huelga general.

3. Hay que decir "Basta ya" a la continuada pérdida de derechos laborales y sociales para no llegar a una situación insostenible. Como acaba de recordar el profesor Vicenç Navarro (ver Motivos para la huelga general) la situación de los trabajadores y trabajadoras españolas se deteriora sin cesar como consecuencia de las políticas gubernamentales. No para de disminuir la participación de los salarios en el total de las rentas, aumenta el stress y el malestar laboral, España es el único país de la OCDE donde los salarios han disminuido en los últimos quince años, los beneficios de las grandes empresas españolas aumentaron un 73% de 1999 a 2008 (el doble que las de la Unión Europea de los 15) mientras que los costes laborales solo subieron el 3,7% (la mitad que en la UE-15), España sigue a la cola en gasto social en relación con el PIB, lo que significa que sigue realizando menos esfuerzo para financiar los derechos y el bienestar de las clases trabajadoras. De 2007 a 2009 el número de pobres aumentó en España en un millón, mientras que el número de personas que tienen activos por valor de más de un millón de euros se elevó en un 12%. Las leyes de igualdad y de avance social del gobierno se quedan sin presupuesto mientras se ayuda a bancos y a grandes empresas y mientras que no se tiene valor para obtener recursos por vías que no sean la reducción del gasto social, que es lo que le piden los ricos que no necesitan esas leyes. Para poner fin a todo esto es preciso presionar y apoyar ahora la huelga general.

4. Es inmoral y totalmente rechazable que una crisis que han provocado los bancos, las grandes fortunas y los especuladores se financie ahora con recortes de derechos laborales, de pensiones, de gasto social e incluso bajando los impuestos que pagan los más ricos, renunciando a la más mínima justicia fiscal, sin darle prioridad a la lucha contra el fraude y con la vergüenza que supone que los banqueros y las grandes fortunas españolas prácticamente no paguen impuestos. Para que la crisis la paguen quienes la han provocado y no los trabajadores es por lo que hay que apoyar también la convocatoria del día 29.

5. Los gobiernos europeos, incluido el español que presidió la Unión Europea durante un semestre, se han dejado vencer por la presión de los bancos y la patronal y no han sido capaces de hacer nada para evitar las causas que dieron lugar a la crisis financiera. No han tomado ni una sola medida de las que prometieron, siguen existiendo el secreto bancario y los paraísos fiscales que dijeron que iban a eliminar, los bancos siguen especulando y poniendo en peligro la economía mundial con productos financieros arriesgados y completamente improductivos. Las únicas reformas financieras emprendidas por el gobierno español han estado dirigidas a disimular las pérdidas y la irresponsabilidad de los bancos privados, a facilitar que vuelvan a obtener beneficios, y a privatizar las cajas de ahorros, a eliminar su componente social y a permitir que los bancos privados terminen quedándose con el segmento de mercado que hasta ahora ocupan. Hasta el propio Felipe González acaba de reconocer que "nada sustancial ha cambiado en el comportamiento real de las entidades financieras, salvo para cortar créditos a la economía productiva". Porque no podemos permanecer callados frente a un gobierno que es valiente a la hora de tomar medidas contra los débiles y cobarde para poner firmes a los poderosos, es necesario presionarle y apoyar la huelga general.

6. Se está diciendo a la gente que se toman medidas que son para resolver la crisis cuando en realidad no tienen nada que ver con eso sino que van a agravar sus consecuencias. Lo que hace falta para resolverla es atacar sus causas, garantizar que vuelva a surgir el crédito a la actividad productiva, poner freno a los abusos y a la especulación bancaria, limitar el poder de las grandes empresas que provocan subidas abusivas de precios que son las que de verdad están haciendo que España pierda competitividad, y poner en marcha un nuevo modelo productivo que tiene que estar basado en más igualdad, en nuevas actividades económicas creadoras de riqueza y no orientadas a la especulación y en un mercado interno más potente. En lugar de eso se está aprovechando el temor de la gente a la crisis para aplicar medidas que solo están encaminadas a crear mejores condiciones para que las grandes empresas (que son las que menos empleos crean) obtengan más beneficios y más poder de negociación. Y se está engañando a la gente cuando le dicen que hay que disminuir las pensiones para hacer frente a la crisis porque para mantener las pensiones en buenas condiciones lo que se necesita es más justicia fiscal, salarios más elevados, más empleo y menos especulación bancaria, lo que se podría conseguir, como ocurre en otros países más avanzados, si se empieza poniendo límites al poder de los bancos y de las grandes empresas.

7. No es verdad que para crear más empleo y evitar el trabajo temporal tan abusivo de nuestra economía sea necesario reducir, como se hace con la reforma laboral aprobada, los derechos de los trabajadores. Mienten quienes dicen que esta reforma se ha hecho pensando en los parados porque hasta los mismos que la han promovido reconocen que no va a crear empleo. Nuestro alto nivel de paro no está provocado principalmente por problemas que tengan que ver con el mercado laboral. Sus causas tienen que ver sobre todo con el mercado de bienes y servicios, en donde no hay suficiente capacidad de gasto porque los salarios son demasiado bajos, con la falta de capital social por insuficiente inversión y gasto público, con el enorme poder de las grandes empresas, que les permite obtener altos beneficios sin necesidad de innovar, y con el fomento de actividades especulativas que se vienen abajo en cuanto empeora la coyuntura. El efecto de las reformas laborales recientes nunca ha sido el de traer más empleo sino salarios más bajos y peores condiciones de trabajo.

8. Tampoco es verdad que para hacer frente ahora a la deuda y a la situación económica creada por la crisis financiera sean necesarias políticas de austeridad, sino todo lo contrario. Hay que presionar a los gobiernos europeos y al español para que cambien de criterio y no den lugar a una prolongación de la crisis durante años. Lo más seguro es que la política de austeridad que se está imponiendo termine por crear a medio plazo más deuda (cuando se debilite el crecimiento y se aumente la prima de riesgo) que la que ocasionaría una política de estímulo bien financiada por el Banco Central Europeo que es lo que debería garantizarse en Europa (ver La política de austeridad del gobierno español puede generar más deuda que las de estímulo fiscal). España necesita un gobierno que no se deje llevar por la voluntad de los grandes intereses económicos y financieros y para ello hay que hacerle ver al de Rodríguez Zapatero que no puede gobernar de espalda a las promesas que hizo a su electorado y dando satisfacción nada más que a los mercados. Los trabajadores y las trabajadoras españolas, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, los pensionistas, los parados, los estudiantes... necesitan que quienes dirigen el Partido Socialista y su gobierno dejen de actuar al dictado de la banca y la patronal y la única manera de conseguirlo es participar masivamente en esta huelga general para llamarles la atención y para hacerles ver que si siguen trabajando para otros, pueden perder el apoyo de su electorado. La forma en que el gobierno socialista está afrontando la crisis le supone una pérdida constante de apoyo que le hará perder las elecciones. Por eso, quienes queremos evitar un gobierno de la derecha todavía más antisocial debemos apoyar la huelga general, y con mucha más razón los afiliados y votantes del Partido Socialista,.

9. Hay que apoyar esta huelga porque la convocan los sindicatos y porque apoyar a los sindicatos ahora, justo cuando la derecha, la patronal y los poderes financieros quieren aprovechar la ocasión para quitárselos de en medio, es más necesario que nunca. No nos dejemos engañar: los países con mejores condiciones de vida son aquellos en donde los sindicatos son más fuertes y al contrario, donde son más débiles hay menos derechos laborales y menos bienestar social. Por eso la derecha trata siempre, como ahora, de desprestigiarlos y de acabar con su influencia. Es verdad que no podemos estar plenamente satisfechos del comportamiento de los sindicatos en los últimos años, pero esta convocatoria es precisamente una gran ocasión para hacerles ver el peligro que ha tenido su actitud acomodaticia de tanto tiempo, y para obligarles a que a partir de ahora adopten una práctica sindical diferente, más ligada a los trabajadores y menos pendiente de la comodidad y de los intereses de sus funcionarios.

10. Las medidas que está tomando el gobierno, y las que van a tomar en los próximos meses no solo amenazan a la economía sino también a los derechos sociales y personales y a la democracia. Cuando disminuyen los derechos laborales y los ingresos, cuando las personas se pasan toda la vida trabajando por unos pocos cientos de euros al mes, con stress, sin saber si al día siguiente tendrán empleo ni si tendrán una pensión suficiente cuando se jubilen, si habrá alguien que pueda cuidarles cuando sean dependientes... las personas dejan entonces de ser ciudadanos o ciudadanas para convertirse en esclavos, en seres que no piensan nada más que en sobrevivir y que, por tanto, tienden a desentenderse de todo. Y también porque es de ahí de donde nacen la intolerancia, la xenofobia, las dictaduras y los fascismos que hay que combatir y que estamos viendo crecer a nuestro alrededor hay que apoyar la huelga general.

Y además de todas estas, hay muchas más razones para apoyar la huelga general. En realidad hay millones de razones más. Tantas como trabajadoras y trabajadores hay en España. Porque apoyar la huelga significa que cada una de ellas o de ellos toma nota de lo que está pasando, que no se deja llevar por lo que le dicen día a día los que tienen los bolsillos llenos a su costa y que se pronuncia con independencia para no dejar que le sigan quitando lo que ha costado tanto conseguir. Y cada pronunciamiento en esas condiciones es un ejercicio de libertad y de responsabilidad que vale por sí mismo y que justifica el apoyo a la huelga del próximo día 29.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y miembro del Comité Científico de ATTAC España

¿Puede considerarse agotado el liderazgo de Rodríguez Zapatero?

La pregunta ha cobrado nuevos bríos tras la aprobación definitiva de la reforma laboral, la demostración de fuerza sindical en Vistalegre y las declaraciones a la SER del presidente del Gobierno. De momento, y ante algunas interpretaciones interesadas que colocan los gritos de "Zapatero dimisión" de CCOO y UGT al mismo nivel que las habituales y cansinas coletillas de la derecha...

NUEVATRIBUNA.ES - 10.9.2010

...los sindicatos avisan: "Que no nos achaquen a nosotros cosas que no están detrás de las centrales sindicales, porque no estamos capacitados para adelantar las elecciones generales o para poner en marcha una moción de censura".

Son palabras del secretario general de CCOO, que advierte de que "no son los sindicatos los que van a desencadenar el cambio de ciclo político", y "si se está fraguando es por la acción antisocial y antiprudente del Gobierno de la Nación".

Ignacio Fernández Toxo ha dicho que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "sin ser consciente de ello, se va haciendo progresivamente el haraquiri", y ha añadido que "no" se sintió "incómodo" con los gritos que coreaban la dimisión del jefe del Ejecutivo nacional.

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha pedido a Zapatero que "tome buena nota" de "los sentimientos" que algunos delegados sindicales expresaron en la concentración de Madrid cuando pidieron la dimisión del presidente del Gobierno. Para Méndez, Zapatero debe darse "una nueva oportunidad a sí mismo y a España para salir de la crisis".

En rueda de prensa ofrecida conjuntamente por ambos en Cáceres, Toxo ha matizado que "cambiar de liderazgo no implica cambiar el partido del Gobierno", y si finalmente el PSOE "llega al convencimiento del agotamiento de su líder", considera que "tendrá mecanismos y suficientes personas capacitadas para dirigir el país".

"No hemos sido nosotros los que han pedido más claramente un cambio de liderazgo en el PSOE, sino algunos tertulianos, supuestamente amigos, que apuntaban a que el primer partido que cambie de líder será el que gane las elecciones", aclara Toxo.

Sin embargo considera que "da la sensación de que este Gobierno ha agotado el recorrido y de que se vaya incapacitando a sí mismo para seguir dirigiendo el país en unas circunstancias particularmente delicadas como las que estamos viviendo" y añade que "en democracia hay instrumentos más que suficientes para cambiar las cosas". "Si tenemos algo de razón sería muy conveniente y muy prudente que aprovechando que hay un par de ministros que han anunciado su salida del Gobierno se materizalice esa oportunidad para el cambio y si es de liderazgo corresponde al PSOE decidirlo", recalca.

Por su parte, en referencia a las declaraciones de Zapatero sobre que "no ha traicionado sus principios", Cándido Méndez ha considerado que "lo importante no es lo que uno piensa, sino lo que se percibe" y, según el líder de UGT, "lo que se percibe es que ha dado (Zapatero) un giro copernicano".

Mientras, Toxo mantiene que "todo el mundo puede rectificar" y "sería justo que lo reconociese". "No hablaría de traición porque es una palabra muy fuerte y muy dura, pero tal vez es el sentimiento que tienen algunos de los destinatarios de las medidas que ha adoptado el gobierno según un ideario y una forma de entender las cosas", añade.

Según el líder de CCOO "todo lo que está haciendo es contradictorio con lo que dijo no hace tanto tiempo cuando anunció que bajo su mandato nunca se haría una reforma laboral sin acuerdo y consenso". "De aquello no queda absolutamente nada. Se ha hecho la peor reforma del país y no ha habido un trabajo serio por parte del Gobierno para alcanzar un acuerdo", ha concluido.

LA BLOGOSFERA OPINA

Las declaraciones de este viernes de Zapatero no han dejado indiferente a casi nadie. Las reacciones pueden dividirse en tres grados: enojadas, entusiastas y esperanzadas. A modo de ejemplo, hemos encontrado tres post en la blogosfera socialista.

A la categoría de "enojados" pertenece sin duda el comentario colgado en Regeneración Socialista: Hoy los ciudadanos comprobamos que es posible que en la actual situación política social y económica que él mismo ha generado, el iluminado de la Moncloa pretenda hacernos creer que tiene principios éticos o morales y políticos o sociales, o lo que es todavía más sorprendente, que los que pudiera tener o habernos hecho creer que tiene, no han sido traicionados por sus determinaciones. Tras hacer un repaso de las últimas actuaciones del presidente, concluye que sumar a todo lo anterior la inasumible regresión laboral que acaban de aprobar son un más que suficiente cumulo de razones para calificar a este individuo como el más antisocial de los presidentes de gobierno que España ha tenido a lo largo de su historia, democrática o no. Que haya traicionado o no sus principios ni tan siquiera a él le debe importar, y a nosotros lo que ha de importarnos es poder demostrarnos que sí nos importan los nuestros, y que como socialistas, hemos de hacer lo imposible para poner fin cuanto antes a este periodo de mentiras, traiciones y saqueo del estado.

"Entusiasta" es sin duda la reacción de Carlos Carnero, que en su blog y bajo el título "Zapatero en la SER: impecable", opina que el resultado de la entrevista de la SER a José Luis Rodríguez Zapatero no puede ser más claro: tenemos un Presidente que está haciendo bien su trabajo para que España salga de la crisis económica fortalecida. Sus respuestas han sido convincentes y claras, rebatiendo con respeto y argumentos los planteamientos de la oposición y dando razones fundadas para que la izquierda siga confiando en su gestión.

Y de "esperanzado" podríamos calificar a Juan Julián Elola, quien tras constatar las dificultades con las que se enfrenta el socialismo español, nos sugiere en su post que un análisis a medio plazo de la situación nos permite vislumbrar que hay margen para mantener y ganar el pulso. Partiendo de la base de que el oponente político no podía ser más negado ni peor visto por los españoles (y no es de extrañar), algo de habilidad política, mucho de trabajo y saber aprovechar las oportunidades permitirían recobrar la confianza e impedir que un Gobierno de derechas eche hacia atrás los avances conseguidos.

http://www.youtube.com/watch?v=dvM3dMuwmGw