La UCA vende su papel esencial en la economía de la provincia

Un estudio analiza la evolución de diez años de la Universidad y la sitúa como un referente en el desarrollo social, especialmente en tiempos de crisis, con un impacto de 339 millones de euros

JOSÉ ANTONIO HIDALGO/ CÁDIZ | 

Manuel Larrán explica el contenido del estudio junto al rector Eduardo González Mazo y la presidenta del Consejo Social,

La Universidad de Cádiz sigue viva y bien viva. Los efectos de la crisis económica, especialmente relevante en los últimos dos años y que por el momento ha provocado un parón en el desarrollo de diversos proyectos de equipamientos y ha afectado a programas de investigación, entre otras cuestiones, no ha pasado de largo pero, tampoco, ha incidido en el papel relevante que este organismo tiene en el conjunto de la provincia en el plano económico, social e institucional. 

Esta reflexión se sustenta sobre los pilares fundamentales de un amplio y detallado informe que la UCA, previo encargo de su Consejo Social, ha elaborado sobre el impacto económico que ésta tiene en Cádiz y en la región. Dirigido por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Manuel Larrán, fue presentado ayer por el rector de la Universidad, Eduardo González Mazo, la presidenta del Consejo Social, Ana Alonso, y por el propio catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UCA. El estudio abarca el periodo comprendido entre 1999 y 2009. 

Una cifra vale para destacar la relevancia que tiene la UCA en provincia: 223.390.989 euros, que según los autores del informe es el impacto económico que tiene en la actividad de toda la actividad que se genera gracias a la presencia de la Universidad de Cádiz. Es la primera vez que se cuantifica esta cifra, que se incrementa aún más si tenemos en cuenta los 116 millones de euros que ingresa la administración pública por el pago de tasas, impuestos y la cotización a la Seguridad, con lo que el dato global del impacto económico se dispara hasta los 339.735.000 euros. 

A esta millonaria cifra se llega analizando todos los gastos que se generan en la vida universitaria, con el consumo en bienes y servicios, inversiones, presencia de visitantes (especialmente notable este año), etcétera. Especial relevancia tiene el movimiento económico en los sectores de actividades inmobiliarias y servicios empresariales, que suponen el 36,3% del total; el comercio, con un 11,6%; la hostelería, que acumula un 8,1% o el transporte, con un 6,8%. 

Tanto movimiento económico tiene una incidencia notable en el empleo. Más allá de los puestos de trabajo que la UCA genera por sí misma, con el personal de administración y servicio y del profesorado, el estudio destaca que se generan 2.629 empleos extras. Sumando al personal de la UCA y al empleo temporal la cifra global supera las 6.000 personas, una cantidad más que notable en una provincia con tanta necesidad de trabajo como es la de Cádiz. Todo ello supone algo más del 1% del empleo provincial y el 0,18% andaluz. 

Pero, evidentemente, el estudio presentado ayer no se centra únicamente en los aspectos económicos que van unidos a la actividad universitaria. Todos los participantes en la presentación de este documento pusieron especial énfasis en la apuesta académica de la Universidad de Cádiz y en el puesto de referencia que, poco a poco, va logrando no solo en la región sino en el conjunto del país. 

"La Universidad de Cádiz ha sabido adaptar su oferta formativa a la demanda existente, sobre todo a partir de 2003 cuando logra la mayor tasa bruta de matriculación respecto al conjunto de Andalucía. Además, tiene un destacado índice de exclusividad en titulaciones (siete)", destaca Larrán que a la vez evidencia la buena situación de la UCA en parámetros que miden la calidad educativa de la institución, como la presentación de patentes en el mercado y el número de doctorado de calidad. En el plano negativo se echa en falta una mayor presencia en publicaciones de revista de impacto. Igualmente Cádiz está en los puestos de cabeza en cuestiones como la financiación por alumno. 

A los propios alumnos se les ha sondeado, con una participación de más de dos millares, y en una gran mayoría han dado una valoración media/alta del funcionamiento de la Universidad de Cádiz. 

Para Manuel Larrán, los datos incluidos en este estudio, que ocupa un libro con cerca de 600 páginas, no le han sorprendido pues él mismo fue vicerrector de asuntos económicos durante varios años. Sí constata como novedoso incluso para los directivos de la UCA la cuantificación económica de la incidencia de ésta en la sociedad gaditana, considerando necesario actualizar estos datos al menos cada dos años. 

Los primeros datos utilizados en este informe datan de 1999, en plena época de bonanza económica, y concluyen una década más tarde, cuando la crisis ya es más que patente, aunque también se han logrado estadísticas de 2010 e incluso de 2011, periodo en el que la crisis enseñaba su peor cara. En conversación con este diario, Manuel Larrán considera que las últimas cifras, alarmantes en cuanto al recorte en las inversiones y el incremento espectacular del desempleo, no provocarían sin embargo cambios "excesivamente diferentes" en cuanto a lo conocido en el estudio. Más aún, destaca que incluso la aportación económica de la UCA a la provincia podría ser mayor en esta última etapa, citando el mantenimiento en el número de alumnos y los ingresos en la plantilla de la institución. 

En cuanto a la existencia de cuatro campus para una única universidad, Larrán declaró a este diario que este análisis no formaba parte del plan de trabajo. "Hace años nos encargaron un estudio sobre la dispersión que ya ponía de manifiesto el sobrecoste de esta modalidad. Como reflexión personal considero que es un mal menor en la provincia, pues se da un servicio al conjunto de la sociedad".

Una voz a favor de la Universidad de Cádiz, por RAFAEL ROMÁN, diputado socialista de Cádiz

QUIZÁ la mayor parte de las personas que me conocen no entiendan el sentido de este artículo que me va a procurar enemistades y pocas alabanzas, pero el silencio de la sociedad gaditana ante el persistente ataque que sufre el Rector y la propia Universidad de Cádiz (UCA) a causa de la pretensión de la creación de una Facultad o una Escuela Universitaria en Villamartín no me parece la más adecuada respuesta ciudadana. Como universitario me duele. Como ciudadano me parece injusta.

Tengo varios motivos para intervenir. El primero, mi condición de profesor en excedencia de la UCA. El segundo, mi intervención en el Senado para la creación de la Universidad en octubre de 1979, en cierta medida me considero por tanto entre los fundadores. Finalmente, las formas empleadas por los peticionarios en defensa -en principio legítima- de sus pretensiones, que los están desasistiendo clamorosamente de razón.

La Universidad debe cumplir la legalidad que exige la ley de Universidades y las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior y las tiene que aplicar igualmente la Junta de Andalucía y naturalmente obligan también a los promotores de la iniciativa de educación superior de la Sierra - sea Escuela o sea Facultad- si queremos que los centros tengan profesionales convenientemente formados. Los profesores deben estar titulados en número y acreditación suficiente, con las plantillas de doctores a tiempo completo y con capacidad docente e investigadora. Si es una iniciativa privada habrán de costear y completar sus instalaciones con zonas deportivas, campus virtual, actividades de extensión universitaria y si la iniciativa es sanitaria los hospitales del sistema sanitario público de Andalucía (de origen público o privado) se tendrán que poner al servicio de la enseñanza, con un compromiso de permanencia y de responsabilidad constatable.

Frente a todo este entramado legal y técnico no vale ni la demagogia ni el matonismo. Valen las razones y los medios económicos garantizados que han de ponerse sobre la mesa para lanzar el proyecto adelante. La Universidad de Cádiz no puede ser culpable de hacer cumplir la normativa -eso es lo que ha puesto de manifiesto el Consejo Social- y los que quieren una Facultad o una Escuela Universitaria de origen privado que arriesguen el dinero para conseguirla cumplimentando con la calidad estipulada de antemano.

Nadie me podrá acusar de no haberme preocupado por la Sierra de Cádiz, tampoco de no haber propiciado una extensión a la Sierra de Cádiz de la UNED de Cádiz. Hay razones sobradas para que exijamos que este debate entre en razón y deje atrás el insulto y el esperpento.

La Universidad es una de la grandes instituciones de la provincia y tenemos que defenderla porque la cohesiona y la enriquece. Y porque -ésa sí- es de todos.

Disparates y demagogia, por Manuel Ruiz Torres

La polémica de adscribir a la UCA una Escuela privada de Enfermería en la Sierra, en lugar de haberse quedado en una cuestión técnica, ha derivado en un problema político

La Voz de Cádiz. 16.07.10 - 00:15 - MANUEL RUIZ TORRES ESCRITOR

De la polémica sobre la adscripción, o no, a la Universidad de Cádiz de una Escuela privada de Enfermería en Villamartín, sorprende el desparpajo con el que los defensores de su creación le niegan a la Universidad su derecho a decidir si el proyecto presentado cumple los requisitos de necesidad y de calidad de la enseñanza como para aprobarlo. Porque esa decisión no sólo es competencia de la Universidad sino su responsabilidad ante la sociedad, que es quien le exige que sus titulados sean competentes para ejercer las profesiones de sus estudios. Y es la sociedad entera quien delega en esa misma Universidad la vigilancia de esa competencia, que es seguridad para todos nosotros. En el caso de la Escuela privada de Enfermería en Villamartín, distintos órganos de la Universidad de Cádiz decidieron que no cumplía esos requisitos de calidad. Y el Consejo Social hizo un informe desfavorable sobre la necesidad de esa Escuela. Pero lo que debería haber acabado ahí, en una decisión técnica, ha querido convertirse, interesadamente, en un problema político.
La segunda sorpresa desagradable de este asunto es la facilidad con la que ha prendido un discurso demagógico que convierte la defensa interesada de un concreto negocio privado en, nada menos, que todo un ataque de la Universidad de Cádiz al desarrollo futuro de la Sierra. A este disparate se han sumado políticos irresponsables que, por lo visto, están dispuestos a apoyar que haya sanitarios sin formación suficiente en los hospitales de la provincia a cambio de anotarse unos cuantos puestos de trabajo inestable. Que haga dejación de su responsabilidad es lo que, sencillamente, le están pidiendo a la Universidad. Agitando pasiones localistas con la bandera de una marginación histórica que ya no es cierta, en buena parte por las políticas realizadas por el mismo partido al que pertenecen esos políticos, desde luego no se hace provincia, ni se progresa. Que ahora se defienda una Universidad de la Sierra, con la misma ligereza con la que se cree que es posible inventarse, en tres meses, una Facultad que forme médicos, ya indica la poca seriedad con la que se trata un asunto tan serio.
También sorprende la impunidad con la que, para defender este proyecto, se miente y se difama. Aunque las decisiones de la Universidad han sido siempre tomadas por sus órganos competentes, personalizan sus críticas en el rector, del que sugieren unos intereses u odios personales que, por supuesto, no se molestan en concretar. El propio presidente de la Fundación Doctor Pascual denunciaba del rector su «ambición caudillista» y de «hacer de la UCA una república bananera», por no llevar esas decisiones al Consejo Social para que se pronuncie. Cuando lo hizo, informando en contra de la adscripción, la plataforma que apoya la Escuela insultó a sus componentes asegurando que «ni siquiera se han preparado la reunión», o que opinaron conociendo sólo la versión del rector, a pesar de que la propia plataforma había tenido encuentros con miembros del Consejo para exponerles su visión del asunto. Llega a mentir que no existen documentos ni estudios que justifiquen la decisión, aunque el Consejo Social, en su nota informativa, los enumera; entre ellos, el 'Estudio de necesidades de profesionales sanitarios en Andalucía 2009-2039', de la Consejería de Salud, muy crítico con la falta de médicos pero que, sobre la enfermería, dice claramente que «no existe déficit de profesionales en esta área asistencial».
De hecho, y por supuesto la plataforma no lo dice, ahora mismo hay un diez por ciento de enfermeros en paro, además de los diez mil diplomados que han emigrado a otros países europeos. Según datos del sindicato de enfermería Satse, en Andalucía existen casi tantos médicos como enfermeros, frente al modelo sanitario más racional de países como Reino Unido o Francia, donde son el 80 % del personal sanitario. Cuando los partidarios de la Escuela dan cifras de las carencias de enfermeros en España frente a Europa, por una parte las engordan: 150.000 enfermeros, dicen que hacen faltan, frente a los 30.000 que reclama la Organización Colegial de Enfermería. Y por otra, no explican tampoco estas diferencias de empleo sanitario que, en cualquier caso, no corresponde solucionar a la Universidad que realiza la formación sino a los partidos políticos, mediante sus programas de sanidad.
En fin, los despropósitos siguen, igual que los lujosos panfletos que difaman a todo color, y las declaraciones políticas de a ver cuánto nos va a costar -económica y electoralmente- todo esto, tan distinto al interés general y al servicio público. Mientras, en otro pasito localista más, esta provincia se desintegra, incapaz de unirse ni siquiera para defender a su Universidad, acusada absurdamente de enemiga de la Sierra. Lo que asusta es que los partidos crean que es impopular defender la integridad de las instituciones de esta provincia frente a la voracidad local o empresarial.