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viernes, 24 de septiembre de 2010

Sobre la reforma electoral

(Copiado del blog de CIUDADANO AMFORTAS )

Acaba de ser tumbada la propuesta de reforma electoral de los partidos minoritarios UPy D e IU por un abrumador 2 contra 320, más o menos. En nuestra monarquía de hoy muchas son las voces que claman por modificar un sistema electoral diseñado en los oscuros/luminosos días de la pre-democracia por Miguel Herrero de Miñón con varios objetivos muy claros:


El primero era reforzar los partidos mayoritarios que artificialmente se habían gestado, la UCD desde el poder post-franquista y reformista y el nuevo PSOE engordado por Willy Brandt, Olof Palme y la CIA.

El segundo era alejar al Partido Comunista lo más posible del poder con un sistema que refuerza el bipartidismo.

El tercero era no repetir el marasmo parlamentario de la II República con la sobrerrepresentación de las minorías.

Y el cuarto y muy Kelseniano era dar solidez a los partidos políticos y convertirlos en entramado institucional del Estado.

Todo ello y a la vista de las primeras elecciones democráticas las líneas generales del Real Decreto –Ley del 77 se constitucionalizaron para que su espíritu y letra se vieran protegidos por los mecanismos de una reforma agravada de la Constitución.

Treinta y tres años después, los partidos mayoritarios son incapaces de modificar una ley electoral y su mandato constitucional , que si en la Transición pudo tener su lógica, hoy es la perfecta escusa para la desafección electoral. Las corruptelas y la ausencia de control democrático de los partidos incide en una cada vez mayor abstención electoral y la ausencia de lógica electoral, convirtiendo las legislativas generales en unas falsas presidenciales.

Los partidos mayoritarios son los responsables de que esta situación que les beneficia, porque los aparatos controlan el poder del Estado por cuotas y sin control, no cambie. En sus manos están los tres quintos de cada cámara.

Contra lo que cree mucha gente, los partidos nacionalistas no tienen sobrerrepresentación. La diabólica mezcla de muchas circunscripciones pequeñas y la corrección proporcional de la regla D’hont, hace que el PP y el PSOE estén sobrerrepresentados, los nacionalistas correctamente representados y los partidos de ámbito nacional minoritarios infrarrepresentados o expulsados de las Cortes Generales.

Kelsen, que fue el gran creador del Estado Constitucional moderno y cuyas ideas están plasmadas en nuestra constitución de un modo manifiesto, creyó en un sistema proporcional de circunscripción única para todo el estado y con partidos políticos de masas fuertes dentro del aparato institucional del Estado pero con un funcionamiento democrático.

Ninguna de estas previsiones de Kelsen, se han llevado a cabo y su sentido se han pervertido en estos años. PSOE y PP se han beneficiado de este sistema y han logrado expulsar al CDS, y arrinconar a IU. Han coartado el brote del voto ideológico y han favorecido el voto útil. Y sobre todo se han reído de los españoles y de los intentos por sanear y democratizar la vida de los partidos y la vida pública. Ahí está el vergonzante y ridículo Cristóbal Montoro diciendo que la reforma electoral no interesa a los españoles porque España es un país bipartidista. Bipartidista malgré lui, bipartidista porque los mayoritarios así lo quieren. Con este sistema se empobrece la democracia, por ser de listas cerradas y bloqueadas, se impide el voto ideológico y se favorece el voto útil y se forman bisagras parlamentarias con fuerzas nacionalistas que cumplen su función.

Propuestas.

De vez en cuando se oyen barrabasadas del calibre: “ hay que impedir que los nacionalistas entren en el congreso” o “ circunscripciones uninominales ya”. Como no hay reflexión ni saben las consecuencias que ello acarrearía, es mejor tomarlas a beneficio de inventario. Sin reforma constitucional, la propuesta de la Universidad de Granada que asumía UpyD parace interesante. Con reforma constitucional existe una magnífica de los profesores, Dr. Carlos Alarcón de la Universidad de Huelva y Dr. Ramón Soriano de la Universidad Pablo de Olavide (http://www.uhu.es/derechoyconocimiento/DyC01/B01.pdf ). Yo me he tomado la libertad de resumir y modificar muy levemente esta propuesta intelectualmente sobresaliente y políticamente arriesgada.

Sería así:

a) España quedaría dividida en 200 circunscripciones electorales para el Congreso de los Diputados. Cada CC. AA y Ceuta y Melilla contaría con una. El resto se repartirían en función de la población. Las circunscripciones dentro de CC.AA serían homogéneas de población.

b) Cada circunscripción sería binominal, es decir, se elegirían dos diputados por circunscripción.

c) Cada elector tendría que votar en dos urnas:

1. En la primera urna votaría por el candidato que prefiriese de su circunscripción. Cada partido, agrupación electoral o coalición podría presentar a dos candidatos por circunscripción.

2. En la segunda votaría al partido que prefiriese y ese voto se acumula para todo el Estado.

d) El reparto de escaños se haría como sigue:

1. El candidato que más votos hubiera obtenido en cada circunscripción (200) según el voto de la primera urna sería elegido Diputado. (Sistema clásico mayoritario)

2. El segundo diputado de cada circunscripción saldría del colegio nacional de votos que cada partido hubiera ido acumulando. Cada partido obtendría una cuota escaños en función de sus votos de la segunda urna. Tendrían derecho al reparto todos aquellos partidos que tuvieran más del 0,5 % del total de los votos válidos emitidos (1/200 ). La asignación comenzaría con el partido que menos escaños hubiera obtenido de cuota, y sería adjudicado a aquel candidato de su partido que mayor porcentaje de votos hubiera obtenido en una circunscripción y que no hubiera resultado elegido en la primera urna. Y así hasta completar los diputados restantes y todos los partidos con cuota de diputados.

Con esto se consigue un sistema mixto abierto, donde son los electores los que eligen a los diputados de verdad y donde se permite el voto ideológico y la pluralidad evitando un bipartidismo; también permite la gobernabilidad y evita una fragmentación excesiva. El control de los elegidos, como base de una democracia sana, se hace patente en cuanto que los diputados lo serían de un distrito y no por designación graciosa de unas cúpulas que sólo propondrían los candidatos.

En definitiva una propuesta para ser debatida. Los más perjudicados de esta propuesta sin duda los mayoritarios y especialmente el PP que perdería gran parte de su sobrerrepresentación. ¿Condenada al fracaso?

Los Senadores serían elegidos por los parlamentos de las CCAA según su censo en razón de un senador por cada medio millón de habitantes con el mínimo de uno para cada CCAA y Ciudad Autónoma.

miércoles, 30 de junio de 2010

Debate sobre la Reforma electoral

La ley obligará a las cadenas privadas a dar espacios electorales a los partidos
El Congreso cierra el paso a las candidaturas 'contaminadas' por Batasuna

El País. FERNANDO GAREA - Madrid - 01/07/2010

La reforma de la ley electoral incluirá un histórico recorte del derecho de voto de los españoles residentes en el extranjero, la renuncia a acometer cambios en el reparto proporcional de los escaños y a eliminar los límites a la publicación de encuestas, el propósito de seguir estrechando el cerco a Batasuna y sus grupos sucesores y la polémica intervención en la información electoral de las cadenas privadas de televisión.

La reforma de la ley electoral incluirá un histórico recorte del derecho de voto de los españoles residentes en el extranjero, la renuncia a acometer cambios en el reparto proporcional de los escaños y a eliminar los límites a la publicación de encuestas, el propósito de seguir estrechando el cerco a Batasuna y sus grupos sucesores y la polémica intervención en la información electoral de las cadenas privadas de televisión. El texto dio ayer un paso decisivo en la Comisión Constitucional con la aprobación del informe de la subcomisión parlamentaria, que ha trabajado durante toda la legislatura en el Congreso. Ahora deberá convertirse en una proposición de ley para que culmine el trámite.

Los partidos han pactado que las cadenas privadas de televisión estén obligadas en sus informativos a incluir espacios sobre la campaña electoral, con tiempos proporcionales a los resultados de comicios anteriores. No como espacios gratuitos, sino como información proporcional, al igual que se ven obligadas a hacer las televisiones públicas. Es decir, las cadenas privadas no podrán dejar de dar información de un partido en campaña o darle más a otro, con un estricto criterio periodístico.

Todo empezó con un pacto entre PSOE y PP, al que se han sumado todos los partidos (ver EL PAÍS del 19 de marzo). Hay acuerdo entre ellos, pero falta aún la concreción material en la norma. El informe de la subcomisión incluía un párrafo que aseguraba que "durante los períodos electorales las emisoras de televisión privada deberán respetar asimismo los principios de pluralismo, igualdad, neutralidad informativa y proporcionalidad, quedando sometidas a las Instrucciones que elabore la Junta Electoral Central para las televisiones públicas".

Ayer, al iniciarse la sesión de la Comisión Constitucional, su presidente, Alfonso Guerra, anunció que ese apartado no sería sometido a votación, para "precisarlo técnicamente". Según explican los grupos, no renuncian a ese acuerdo, pero deberá ser precisado en el trámite de enmiendas, que se iniciará después del verano. Argumentan que las televisiones privadas son concesiones administrativas y que, por tanto, deben estar sujetas a criterios de pluralismo durante las campañas electorales.

El dictamen fue aprobado ayer con los votos particulares de IU, BNG, UPyD y Coalición Canaria. El rechazo de estos grupos está motivado en que no se aborda la reforma de la proporcionalidad o en que se elimina el derecho de voto de los emigrantes en las municipales, pero en ningún caso en el compromiso de regular la información de las televisiones privadas. Y PNV rechaza la parte de la reforma que se refiere a Batasuna y que dificulta el uso de candidaturas legales para colar a miembros de listas ilegalizadas. CiU e IU también expresaron sus dudas sobre la legalidad de esta última parte de la reforma. Los nacionalistas catalanes se abstuvieron en ese punto. La reforma amplía los plazos para impugnar listas sospechosas y evitar así que sus miembros tomen posesión de sus cargos, permite anular listas de un partido legal por la presencia "contaminante" de candidatos de listas ilegalizadas y aplica una "incompatibilidad sobrevenida" a los cargos de formaciones ilegalizadas después de celebrados los comicios, lo que permitiría la retirada del acta a un cargo ya electo.