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sábado, 24 de septiembre de 2011

«En absoluto voy a dejar el partido», dice José Luis Blanco


El parlamentario y miembro del sector crítico del PSOE gaditano, José Luis Blanco, no tiene intención de abandonar el partido. De esta forma contesta a la sugerencia que le hizo el pasado jueves el secretario provincial, Francisco González Cabaña, tras el Comité Provincial donde aprobaron las listas al Congreso y al Senado con el plante del sector crítico. Blanco le envía un recado a Cabaña y le dice que en el PSOE no sobra nadie.
-Cabaña le ha pedido que abandone el partido. ¿Piensa hacerlo?
-En absoluto. Desde 1971 que me afilié es difícil separar mi trayectoria personal de la militancia en el PSOE. No tengo intención de cambiar. Es difícil reconocer en el Cabaña que dice estas cosas, al que ayudamos un grupo de compañeros a ser secretario provincial. Este es un partido democrático y transparente en el que cabemos todos, no sobra nadie. La defensa de las conquistas sociales requiere el compromiso de todos los socialistas. El debate ordenado fortalece, no debilita el proyecto socialista.
-¿Qué interpretación da a los resultados de las votaciones del pasado jueves?
-Una parte importante de los militantes de la provincia está en desacuerdo con el proceso y con el resultado de la elaboración de las candidaturas al Congreso y al Senado.
-¿A qué atribuye la ausencia de miembros de los órganos internos del PSOE?
-Al descontento, a la falta de diálogo, a la imposición. No se ha respetado el procedimiento establecido por el Comité Federal. La dirección provincial debe aprobar la candidatura después de recibir las propuestas de las asambleas locales, en las que participan todos los afiliados que lo deseen, y no antes, como se ha hecho para condicionarlas. No se ha atendido el clamor de los militantes socialistas que solicitan un cambio en las actitudes, los discursos y las personas. El Comité Provincial son 250 miembros, los asistentes contados eran 80, más 38 de la CEP. En total 118, menos del 50%. Y entre los asistentes había personas que comparten nuestros planteamientos como Rafael Román, María Jesús Castro, Carlos García Caballero y Cristina Saucedo.
-Usted no fue. ¿Por qué?
-Porque comparto ese estado de opinión.
-¿Cuál fue la causa de que adoptaran la decisión de abandonar el Comité Provincial?
-No queríamos votar contra unas candidaturas en las que había compañeros que cuentan con nuestra estima y nuestro apoyo político. Las normas no permiten presentar candidaturas alternativas en el Comité Provincial. Las listas son cerradas y bloqueadas.
-Cabaña afirma que 48 asambleas locales le respaldan. ¿Qué puede decir a estos datos? ¿Cuál ha sido el recuento final del proceso?
-Los datos tienen muchas lecturas. Dicho con todos los respetos y sin ánimo de ofender a nadie, no parece lógico que tenga el mismo valor político el respaldo de una agrupación de 10 militantes que otra de 500. Los apoyos deben ser contabilizados en proporción al número de habitantes y de afiliados. ¿Contabiliza igual donde se obtiene un solo voto en la asamblea? En la mayor parte de las asambleas en las que se ha votado ha obtenido un respaldo escaso, quizás por eso ha intentado que no se votara. En algunos casos, vulnerando los reglamentos.
-¿Qué dice el regional de lo sucedido en Cádiz? ¿Va a tomar alguna medida?
-Desconozco qué dice el regional; no soy portavoz de nada ni de nadie. Sólo me represento a mí mismo. En mi opinión, el regional no debe estar muy feliz de lo que ocurre en el PSOE de Cádiz, aunque no creo que eso les distraiga de la responsabilidad de trabajar para amortiguar los efectos de la crisis y para lograr superarla cuanto antes.
-¿Pueden Ferraz o San Vicente corregir las listas? ¿Por qué?
-Pueden. En los reglamentos está establecido que las lista son informadas por las ejecutivas regionales y por la Comisión Federal de Listas y aprobadas por el Comité Federal. Tan legítima es su intervención como la del resto de los órganos del partido y de los militantes. Prácticamente en todas las convocatorias se han modificado las listas propuestas desde la provincia.
-Han anunciado un manifiesto por la renovación. ¿En qué consiste?
-El manifiesto es una apuesta por el debate democrático interno, una demanda de cambio, una exigencia de que se asuman responsabilidades ante los errores, una denuncia de las irregularidades del proceso de elaboración de la candidatura y un compromiso con el proyecto socialista, en defensa del estado de bienestar y de las conquistas sociales.
-El sector oficial les acusa de no aceptar la derrota ¿es así?
-La derrota siempre es un estímulo para la próxima ocasión, no es el fin de nada. En política se dice que: «los muertos que vosotros matáis disfrutan de buena salud». Defender lo que uno piensa es una responsabilidad ineludible y para mí, un estimulo en el día a día.
-También dice que son un pequeño grupo. ¿Cómo de pequeño?
-Si fuera tan pequeño no se preocuparían tanto. Estamos construyendo una alternativa de futuro en la que deben y pueden caber todos, no sobra nadie. En ese sentido y en otros, somos 'legión'.
-La división interna en el PSOE gaditano viene fraguándose desde el congreso regional. ¿Por qué no se ha atajado antes?
-Estamos en un proceso de cambio. Esas cosas son complejas y difíciles y requieren tiempo. No se pueden hacer sólo desde arriba hacia abajo, deben circular en ambos sentidos.
-Cabaña sugiere que la culpa de la pérdida de las elecciones en la provincia se debe, entre otras cosas, a la permanencia de Pilar Sánchez en Jerez y a quienes la apoyaron. ¿Qué puede decir?
-Se olvida de los resultados de Cádiz, de Algeciras, de. Nunca hemos tenido la alcaldía de Jerez, salvo en la última legislatura, y siempre hemos tenido la Diputación . Cabaña es corresponsable en gran medida de lo que ha ocurrido en Jerez, porque ha estado toda la legislatura radiando fracturas y desencuentros, en vez de solucionarlos. Claro que, un pirómano no puede hacer de bombero.
-¿Cree que la responsabilidad de una nueva derrota en generales o autonómicas será responsabilidad suya o del sector crítico en general?
-Un dirigente político no puede comportarse como el capitán del barco que es avisado del riesgo de colisión, no hace caso y cuando ésta se produce, echa la culpa a quienes le advertían del riesgo.
-¿Están dispuestos a plantear una moción de censura antes del congreso provincial?
-En mi opinión personal, el calendario de congresos está establecido, se celebrarán en el próximo año y no es razonable dedicarse a eso en este momento. Como partido de gobierno, tenemos el reto de hacer frente a la crisis para resolver el problema de los ciudadanos y el de presentar un proyecto de futuro que ilusione a los españoles en general y a los gaditanos en particular. Toda nuestra energía estará centrada en estas tareas y en el apoyo, sin fisuras, a la candidatura socialista que apruebe el Comité Federal del partido. Para entonces habrá terminado el debate y estaremos todos a una, detrás de nuestros representantes.
(Entrevista publicada en La Voz de Cádiz)

jueves, 11 de noviembre de 2010

Quede claro, como el agua, por JOSÉ LUIS BLANCO ROMERO, Parlamentario socialista

EL PP ha decidido recurrir la nueva Ley del Agua aprobada por el Parlamento de Andalucía el pasado mes de julio. Con este motivo está llevando a cabo una campaña política a través de la presentación de mociones en los ayuntamientos en los que gobierna. En los debates que se van celebrando en los diferentes plenos municipales, los portavoces del PP pretenden confundir a los ciudadanos con falsedades e interpretaciones maliciosas de la Ley.

Es falso que la nueva Ley suponga la implantación inmediata de hasta cuatro nuevas figuras impositivas, que provocarán una subida del 100% del recibo del agua en los próximos años, salvo que esa sea su intención allí donde gobiernan y quieran confundir a los ciudadanos trasladando dicha responsabilidad a la Junta de Andalucía.

Se falta a la verdad cuando se afirma que a partir del próximo 1 de enero se comenzarán a cobrar los nuevos impuestos, porque aún no se ha aprobado el desarrollo reglamentario de la nueva Ley del Agua, imprescindible para implantar las medidas económicas que en ella se contemplan.

En cumplimiento de la Ley del Agua y de la Directiva Europea que obliga a los estados miembros a la aplicación efectiva del principio de "recuperación de costes" a partir del presente año, la Junta de Andalucía tiene intención de establecer el canon de mejora en toda la Comunidad Autónoma, una figura impositiva que ya se viene aplicando desde 1996 en muchos ayuntamientos gobernados por el PP. Para evitar la doble imposición, la cuantía del nuevo canon de mejora se deducirá del actual en aquellos municipios en los que ya se cobra, entre los que está el ayuntamiento de Cádiz.

Las comunidades autónomas han establecido en su marco legal la aplicación de esta figura tributaria, dirigida al saneamiento y depuración de sus aguas, en los términos que se recogen a continuación y calculados para una familia media cuyo consumo mensual sea de 10 m3 (10.000 litros). El coste oscila entre los 8,27 euros/vivienda/mes de Aragón y los 0,60 euros del País Vasco. Andalucía sería el segundo más bajo con 1,24 euros, Cataluña tiene establecido un canon de 3,76 euros y en las autonomías gobernadas por el PP las tarifas son: en la Comunidad de Madrid 4,22 euros; en la de Galicia 2,06 euros y en Valencia 3,42 euros, etcétera.

Para hacernos una idea de lo que el canon andaluz significará para el ciudadano, tenemos que tener en cuenta la media familiar de consumo de 10 m3 de agua por vivienda y que el precio medio de un litro de agua envasada en España es de 0,26 euros, según la Unión de Consumidores y Usuarios. Con esta cantidad se pagaría el equivalente a 2.096 litros de agua de la red, con la aplicación del canon autonómico previsto. Es decir, que con lo que cuesta una garrafa de 5 litros de agua envasada, un ciudadano podría pagar un mes completo de este canon.

Por otra parte, actualmente existe un canon de regulación y la tarifa de utilización del agua para los usuarios fuera del ámbito urbano. Concretamente, para aquellos usuarios que se benefician de infraestructuras financiadas por la Administración del Agua (presas, conducciones, etc.). Estos cánones se pagan por tres conceptos: un porcentaje de la inversión de la presa, los costes de mantenimientos y los gastos de administración.

Con la nueva Ley, la parte del gasto de administración se distribuye entre todos los usuarios, incluidos los que ahora no pagan, como los que utilizan las aguas subterráneas y las empresas hidroeléctricas. Con esta medida se produce un cambio del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua, porque los que están pagando estas tasas, municipios y regantes, van a ver que su importe baja, porque los costes se reparten entre más usuarios.

La Ley de Aguas de Andalucía es solidaria porque apuesta por la cohesión territorial y social, fomenta el ahorro y castiga el despilfarro, es sostenible porque incorpora el principio de la recuperación de costes y evita la discriminación al exigir que todos paguen por lo que reciben.

La aplicación del canon de mejora en toda la comunidad autónoma permitirá llevar a cabo un plan de infraestructuras que garantice la calidad medioambiental de de las aguas y de los cauces públicos por los que discurren. Este canon garantizará la igualdad y la homogeneidad entre todos los ciudadanos andaluces, tanto en lo que pagan como en la calidad del servicio que reciben.

Los andaluces han demandado, a través del Acuerdo Andaluz por el Agua, una gestión sostenible de este recurso natural limitado y de vital importancia para el desarrollo económico y social de nuestra tierra. La participación y el consenso de todos los usuarios y de toda la ciudadanía en general es imprescindible para articular un proyecto de futuro con el que lograr que todas las masas de agua de la comunidad autónoma alcancen un buen estado ecológico en el horizonte del año 2015.

La campaña política para justificar la impugnación de la nueva ley ante el Tribunal Constitucional es una muestra más de la resistencia al cambio, la defensa de los viejos privilegios de los que hicieron del agua y de los cauces públicos un recurso privado, la negativa a apostar por el interés general y un nuevo intento de manipulación de los ciudadanos.

El agua es un recurso natural limitado de vital importancia para la calidad de vida de los ciudadanos, que hay que gestionar desde la solidaridad y la sostenibilidad, de los caudales y de los cauces, de los ecosistemas fluviales y de los seres vivos que lo conforman, incluidos los seres humanos, tal y como los contemplan el movimiento internacional de las Naciones Unidas conocido como MAB: "hombre y biosfera".