Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 18 de junio de 2010
Este artículo analiza el declive de la socialdemocracia (tanto en apoyo electoral como en el número de asociados) en la Unión Europea, cuestionando algunas de las razones que se han dado para explicar tal declive. El artículo muestra que en los casos más llamativos este declive se debe a la sustitución del ideario socialista por el socioliberalismo responsable de políticas impopulares entre las bases electorales de tales partidos.
La socialdemocracia en Europa está inmersa en una profunda crisis. Pasó de gobernar en la mayoría de países en la Unión Europea a estar en una minoría muy pequeña. Su crisis se refleja, no sólo en derrotas electorales, sino también en descensos muy marcados de sus afiliados: todos los mayores partidos socialdemócratas europeos han experimentado un enorme descenso de los miembros en tales partidos. Una de las explicaciones que han dado los dirigentes de tales partidos de este descenso (además de la supuesta falta de comunicación –argumento siempre utilizado por tales dirigentes-) es el éxito de sus políticas. Se asume que el gran bienestar que la socialdemocracia ha traído a Europa ha transformado sus bases electorales -la clase trabajadora- en clases medias, que se han ido haciendo más conservadoras. Algunos de estos dirigentes llegan incluso a postular que las clases trabajadoras están desapareciendo, sustituidas por las clases medias, que se han convertido en los sectores sociales a los cuales tales partidos orientan sus ofertas electorales. En realidad, muchos de estos partidos han abandonado una narrativa que incluya el concepto de clase social en su discurso, excepto en su referencia a las siempre presentes clases medias, y dentro de una estructura social que se redefine, limitándose a hablar de ricos, clase media y pobres, o clase alta, media y baja.
Este argumento ignora, sin embargo, varios hechos. Uno de ellos es que en la mayoría de países de la UE hay más personas que se definen como pertenecientes a la clase trabajadora que a la clase media, siendo en los países nórdicos escandinavos (que tienen el mayor nivel de riqueza de Europa) donde tales porcentajes son mayores. A mayor cultura socialdemócrata en un país (tal como ocurre en la mayoría de los países escandinavos), mayor es la propensión de la población a definirse como miembro de la clase trabajadora. Y, por el contrario, a mayor cultura conservadora y/o liberal en un país, mayor es la percepción de que las clases han perdido su valor definitorio, considerándose a la clase media como la clase mayoritaria por antonomasia en aquel país. El caso de EEUU y del Sur de Europa son ejemplos de ello. Las causas del declive de la socialdemocracia no pueden atribuirse, pues, a su éxito, o a cambios de la estructura social de sus países. Hay que buscar las causas en otras áreas y territorios de análisis, incluyendo los cambios muy sustanciales que han seguido en su cultura política y en el desarrollo de sus políticas públicas.
LA NECESIDAD DE UNA INEXISTENTE AUTOCRÍTICA POR PARTE DE MUCHOS PARTIDOS SOCIALDEMÓCRATAS EUROPEOS
El éxito de la socialdemocracia en Europa fue su identificación con el establecimiento del estado del bienestar (basado en la universalización de los derechos sociales y laborales, financiado con unas políticas fiscales progresistas), y un aumento de la capacidad adquisitiva de la población, mediante un incremento de las rentas del trabajo como motor de políticas expansivas de carácter keynesiano, que exigían un intervencionismo público no sólo en gasto, sino también en la regulación (y/o la nacionalización) de actividades claves para el quehacer económico, a fin de garantizar la existencia y accesibilidad de recursos básicos (tales como el crédito). La época dorada del capitalismo (1900-1980) se basó en estas políticas, que fueron y continúan siendo enormemente populares, no sólo entre las bases tradicionales de tales partidos –la clase trabajadora-, sino en otros sectores de las clases populares (incluyendo la clase media). Esta alianza de clases –clase trabajadora con clase media- fue central en el desarrollo del estado del bienestar. Éste tenía que ser de elevada calidad para responder a las expectativas de la clase media, lo que requería una carga fiscal elevada mediante una fiscalidad progresiva, cuyo objetivo era (además de conseguir fondos para el estado) la corrección de las desigualdades sociales. El declive de la socialdemocracia se ha basado primordialmente en el distanciamiento y/o renuncia de muchos partidos socialdemócratas de estas políticas. Es a partir de los años setenta y ochenta, que gran número de tales partidos fueron apartándose de tales políticas, adaptándose a los principios del neoliberalismo, que se convirtió en la ideología dominante en la construcción de la Unión Europea.
El argumento más utilizado por aquellos partidos políticos, en justificación de su abandono de las políticas socialdemócratas, fue que la globalización imposibilitaba el desarrollo de tales políticas. Anthony Giddens, entre otros, repitió esta argumentación en todos sus trabajos. Tal globalización –se nos decía- hacía imposible la continuación de aquellas políticas socialdemócratas. El keynesianismo, por ejemplo, era ya imposible. Los estados perdían poder frente a la globalización y no podían seguirse políticas expansivas. Este argumento, que encontró grandes cajas de resonancia en los medios próximos al capital financiero y al mundo empresarial, ignoraba que los países donde la tradición socialdemócrata estaba más desarrollada eran los países escandinavos, países profundamente globalizados, pues al ser pequeños, la suma de sus importaciones y exportaciones representaba el porcentaje del PIB más alto de la UE. Los datos mostraban que un país podía estar muy globalizado y, a la vez, continuar desarrollando políticas socialdemócratas.
EL ORIGEN DEL SOCIOLIBERALISMO: LA ADMINISTRACIÓN CLINTON
El socioliberalismo (la incorporación del neoliberalismo en los partidos progresistas y socialdemócratas) se inició en EEUU. La derrota del Presidente Carter, consecuencia de su conservadurismo y neoliberalismo, creó una rebelión en las bases del Partido Demócrata, que lideró Jesse Jackson, cuya candidatura consiguió el 40% de todos los delegados del Congreso del Partido Demócrata en el Congreso de tal Partido en Atlanta en 1988 (al final del proceso de las primarias en aquel partido). El programa de Jesse Jackson era el más progresista que el Partido Demócrata había propuesto desde el New Deal. Alarmó al aparato de tal Partido, que no hizo suyo tal programa. Pero en 1992, el candidato Clinton –que se había opuesto a Jesse Jackson- adoptó parte de aquellas propuestas, presentándose con un programa que el Financial Times (un tanto preocupado) definió como inspirado en la socialdemocracia sueca. Su programa incluía las promesas de universalizar el acceso a la sanidad en aquel país y desarrollar políticas expansivas de gasto público, añadiendo medidas proteccionistas al tratado de libre comercio, NAFTA (inicialmente propuesto por la Administración Bush padre) tales como exigir el establecimiento de normas laborales y ambientales en los países participantes en tal tratado: EEUU, Canadá y México.
Una vez ganadas las elecciones, el Presidente Clinton no cumplió ninguna de estas promesas. Convirtiéndose en el Presidente del Partido Demócrata más próximo al capital financiero que haya existido en EEUU (tal como ha indicado su Ministro de Trabajo Robert Reich), puso los intereses del capital financiero en el centro de sus políticas públicas, reduciendo el gasto público y favoreciendo al capital financiero, llegando a eliminar la Ley Glass Steagall (que, aprobada por el Presidente Roosevelt en 1933, había prohibido que los bancos comerciales pudieran también ser de inversión), abriendo así la puerta a la especulación y a la crisis financiera actual. La derrota del Partido Demócrata en las elecciones al Senado y al Congreso en 1994, resultado del enfado y de la abstención de la clase trabajadora, dio el control del Congreso al Partido Republicano, victoria que imposibilitó llevar a cabo el programa expansionista de Clinton. De ahí que, a partir de entonces, Clinton hablara de la Tercera Vía, la vía entre el New Deal del Partido Demócrata y el neoliberalismo salvaje del Partido Republicano, liderado por el ultraderechista Gingrich. La victoria de Clinton en 1996 fue resultado del temor del electorado demócrata (que se había abstenido en las elecciones al Congreso de 1994) a la victoria de la ultraderecha y se movilizó para frenar al Partido Republicano.
EL SOCIOLIBERALISMO EN EUROPA: LA TERCERA VÍA
El partido Laborista británico adoptó esta terminología y la Tercera Vía pasó a ser la vía entre el Laborismo expansionista, basado en el incremento de la demanda doméstica como estímulo económico (representada por la izquierda del Partido Laborista) y la vía neoliberal de austeridad social del gobierno Thatcher. Pero una vez en el gobierno, Blair fue, incluso más allá que Thatcher en algunos temas, como la desregulación de la banca. Fue Harold Brown, Ministro de Finanzas del gobierno Blair, el que dio plena independencia al Banco de Inglaterra, desregulando además el mercado financiero, convirtiéndose la City (el centro financiero de Gran Bretaña) en el mayor centro de los hedge funds en el mundo. En realidad, su escasísima regulación mereció el título de “Wall Street Guantánamo” a la City, indicando con ello que se permitían en la City prácticas irregulares no permitidas en Wall Street. Estas políticas favorecieron al capital financiero, que pasó a representar el 32% del PIB, crecimiento que tomó lugar a costa del sector industrial, que pasó de representar el 20% del PIB al principio del New Labour (1978), al 12% (2010) (ver mi artículo “El fracaso del nuevo laborismo y del socioliberalismo” Sistema digital 21.05.10). Esta reducción del sector industrial causó una disminución del salario promedio, disminución a la cual contribuyó la gran desregulación de los mercados laborales, “uno de los mercados más desregulados existentes en el mundo desarrollado”, tal como anunciaba el gobierno del Sr. Blair en su promoción exterior. Disminuyó también el intervencionismo del estado bajo el argumento de que el estímulo keynesiano a base de estimular la demanda doméstica era imposible de realizar, además de ser innecesario (tal como afirmaba Anthony Giddens).
Estas políticas fueron muy impopulares entre sus bases electorales, lo que explica el gran descenso de su apoyo electoral. Pasó de obtener el 33% del total del electorado en 1997 a un 25% en 2001 y un 22% en 2005. Si Gran Bretaña hubiera tenido un sistema electoral proporcional, habría perdido la mayoría ya en la segunda convocatoria electoral desde que ganó la primera vez en 1997. El sesgo electoral británico, que favorece el bipartidismo, ocultó este descalabro de manera que, a pesar de este declive tan marcado, el New Labour mantuvo la mayoría en el Parlamento hasta la última elección, la de 2010. Ello explica su largo mandato, que no se debe a su popularidad –como erróneamente lo presenta Giddens-, sino al sesgo del sistema electoral y a la crisis tan profunda del Partido Conservador. Las políticas neoliberales del New Labour desalentaron a las bases del partido, que perdió más de la mitad de sus afiliados durante el gobierno Blair.
EL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA ALEMÁN
El otro partido socialdemócrata que viró hacia el neoliberalismo fue el Partido socialdemócrata alemán, el cual, con su llamado programa 2010 antagonizó a su militancia y a sus bases electorales. El programa 2010, liderado por el canciller Schroeder, inició las políticas neoliberales en Alemania (incluyendo las políticas de austeridad pública más acentuadas hasta entonces), apoyando al capital financiero y al mundo empresarial exportador, a costa del nivel de vida de la clase trabajadora alemana. Sus políticas, continuadas por el gobierno Merkel, significaron una reducción de las rentas del trabajo, contribuyendo al estancamiento de la economía alemana como consecuencia de la disminución de la demanda doméstica, que tal reducción determinó (ver mi artículo “El problema de la eurozona no está en la periferia, sino en el centro” Sistema digital. 28.05.10). Fue Oskar Lafontaine, entonces Ministro de Economía del Gobierno Schroeder, y los sindicatos, los que propusieron un aumento de la demanda interna, que hubiera estimulado la economía alemana y, por lo tanto, la economía europea. Perdieron aquella batalla y Oskar Lafontaine dimitió (y abandonó el Partido Socialdemócrata alemán, acusando a la dirección de tal Partido de estar excesivamente próxima a la banca y al mundo empresarial exportador), ayudando a establecer un partido –la izquierda, Die Linke- que denunció tal socioliberalismo. Es el partido que está creciendo más en aquel país.
EL SOCIOLIBERALISMO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
La influencia de la banca alemana configuró, en gran manera, la arquitectura institucional europea, basada en un Pacto de Estabilidad, que frenó el crecimiento del gasto público, y en un Banco Central Europeo, que más que banco central era un lobby de la banca, que impuso intereses elevados (ver el citado artículo “El problema de la eurozona no está en la periferia, sino en el centro”). La mayoría de partidos socialdemócratas en la UE contribuyeron a la construcción de este marco neoliberal, que resultó en un gran descenso de las rentas del trabajo en la mayoría de países de la UE, causa del enorme problema de demanda existente en la UE. Las personas nombradas a propuesta de los partidos socialdemócratas (y ellos mismos simpatizantes y/o miembros del Partido Socialista Español) en la Comisión Europea, fueron el Sr. Pedro Solbes y el Sr. Joaquín Almunia, que se convirtieron en los guardianes de la ortodoxia neoliberal a través de la Comisión Económica y de Asuntos Monetarios. El propio Sr. Claude Trichet, Gobernador del Banco Central Europeo, había sido miembro del Partido Socialista francés (próximo a Pièrre Mendès-France), del cual continúa siendo miembro el Presidente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, responsable de la aplicación de políticas neoliberales de austeridad que están causando un enorme daño a las clases populares en los países donde el FMI las impone. Paradójicamente, Strauss-Kahn aparece como el mejor candidato dentro del Partido Socialista francés para competir con Sarkozy. El hecho de que tal profesional sea el candidato preferido por el Partido Socialista francés es un indicador del grado de confusión existente entre amplios sectores de la socialdemocracia francesa.
EL CASO DE LA SOCIALDEMOCRACIA ESPAÑOLA
La socialdemocracia española siguió políticas de clara tradición socialdemócrata en el periodo 1982-1993, facilitadas por la presión popular y por los partidos a su izquierda. La agitación social a finales de la década de los años ochenta jugó también un papel clave en la expansión del gasto público social por habitante, corrigiendo, en parte, el enorme déficit de gasto público social entre España y el promedio de la UE-15. España había sido, en 1982, cuando comenzó el periodo socialdemócrata, el país con un estado del bienestar menos desarrollado de la UE.
Ahora bien, en 1993 (cuando el déficit de gasto público social había ya sido reducido a la mitad) hubo un cambio político muy importante, con consecuencias en las políticas públicas, tanto económicas como sociales. El PSOE perdió la mayoría en Las Cortes y se alió con la derecha catalana, CIU, desarrollando políticas neoliberales (que supuso un espectacular descenso del gasto público social por habitante), políticas que fueron continuadas por el gobierno Aznar hasta 2004. La alianza del PSOE con CIU inauguró una estrategia que incluía la marginación de las izquierdas, tanto dentro del PSOE como fuera, lo cual creó una reacción entre sus bases, de protesta en contra de la dirección, que llevó a la elección del candidato a la Presidencia por parte del PSOE, de Josep Borrell, que era de clara orientación keynesiana y que creó enormes resistencias tanto dentro como fuera del aparato del partido. Tal resistencia llevó a su dimisión y sustitución y más tarde a la derrota del PSOE, configurándose posteriormente tres sensibilidades distintas dentro del PSOE. Una, la del aparato de partido, que apoyó al candidato conservador, José Bono; otra de sensibilidad keynesiana liderada por Matilde Fernández; y otra que en teoría era la de compromiso por José Luis Rodríguez Zapatero, y que ganó debido al apoyo de la izquierda. José Luis Rodríguez Zapatero ganó y, con la excepción de Cristina Narbona, excluyó completamente a la izquierda de su gobierno, nombrando a Solbes (que había iniciado las políticas neoliberales en 1993 y había sido el guardián de la ortodoxia liberal en la Comisión Europea) y a un equipo ultraliberal dirigido por David Taguas (procedente de la Banca y que había propuesto, antes de integrarse en La Moncloa, la total privatización de la Seguridad Social, tal como había hecho el General Pinochet en Chile) (ver “La Seguridad Social es viable. Réplica a David Taguas” en mi blog www.vnavarro.org 24.02.10), como director de su equipo económico. Estos nombramientos tenían como objetivo tranquilizar a la Banca (que es el poder fáctico más importante en España), nombrando como gobernador del Banco de España a otro ultraliberal, Miguel Fernández Ordóñez. La dimensión socialdemócrata del PSOE apareció claramente en las áreas sociales, que estuvieron limitadas, sin embargo, en sus iniciativas (algunas de claro corte socialdemócrata, como la Ley de Dependencia) por una austeridad de gasto público. El Sr. Solbes había manifestado que la política durante el periodo 2004-2008 de la cual él estaba más orgulloso fue la de no haber aumentado el gasto público, dicho y hecho en el país de la UE que tiene un gasto público (incluyendo el social) más bajo de la UE-15. Su alianza en 2004 con partidos a su izquierda, IU-ICV-EA, ERC y BNG, forzó, sin embargo, una mayor sensibilidad social, que se tradujo en una reducción del enorme déficit de gasto público social que España tiene con la UE-15.
En su segundo mandato, iniciado en 2008, el gobierno Zapatero viró a la derecha, buscando el apoyo de la derecha nacionalista catalana, siempre afín al equipo económico del gobierno, que continuó siendo neoliberal. Tal equipo ha desarrollado una respuesta a la crisis actual que reduce sustancialmente los derechos laborales y sociales en el país, causa de una protesta que ha llevado a la convocatoria de una huelga general. De continuar estas políticas, la socialdemocracia española sufrirá un declive electoral profundo, tal como ha ocurrido a la mayoría de partidos socioliberales en la UE.
lunes, 21 de junio de 2010
domingo, 20 de junio de 2010
La izquierda del siglo XXI. IGNACIO URQUIZU
El 7 de junio se cumplió un año de la derrota electoral de la izquierda europea. Desde entonces, ha sido extraña la semana en la que no se ha organizado un seminario o hemos leído un análisis sobre la supuesta crisis de la izquierda. De repente, la combinación de una derrota electoral con una crisis económica global está llevando a mucha gente al pesimismo. Pero lo cierto es que, si nos alejamos de la coyuntura y realizamos un análisis con cierta perspectiva, no estamos tan mal.
Todos los estudios de sociología electoral revelan que la ideología sigue explicando gran parte del comportamiento político de los ciudadanos. Aunque algunos pontificaron hace años el fin de la historia y de las ideologías, las ideas siguen moviendo el mundo. De hecho, la ideología es la forma más coherente de ordenar los proyectos políticos. Nos permite reducir y simplificar el mundo, haciéndolo más comprensible para la mayoría de los ciudadanos.
Esta supuesta crisis de la izquierda tampoco es defendible si atendemos a la presencia de partidos progresistas en el poder. Entre 1945 y 2006, en las principales democracias parlamentarias, solo el 21% de los Gobiernos pueden ser calificados de izquierdas. Además, mientras que en la década de los 40 solo el 17% de estos Gobiernos eran progresistas, en los últimos años, antes de la crisis, esta cifra se ha elevado al 24%. De hecho, nunca la izquierda había gobernado en tantas democracias desarrolladas como en los 80, 90 y principios del siglo XXI.
Finalmente, si nos detenemos en la acción de gobierno, las diferencias entre izquierda y derecha siguen siendo relevantes. Incluso en escenarios tan adversos como la Europa de los 90, donde los Gobiernos estaban limitados por el Tratado de Maastricht y la crisis económica, las diferencias en el gasto público siguieron siendo relevantes. Los partidos progresistas hicieron mayores esfuerzos en inversión de capital fijo y humano que los Gobiernos conservadores. Es decir, las políticas de ajuste son bastante distintas si las lleva a cabo la izquierda que si las implanta la derecha.
Entonces, ¿qué le está pasando a la izquierda? La realidad ha cambiado y eso le va a exigir enfrentarse al futuro con un nuevo relato. Muchos de estos cambios no son propios de un solo país, sino que son compartidos por las democracias desarrolladas. De hecho, en muchas ocasiones, ha sido la acción de Gobiernos de izquierdas la que ha propiciado estas transformaciones. Tres son los retos que tiene en estos momentos la izquierda, especialmente la europea.
El primero de ellos es político. Una izquierda que aspire a defender a los ciudadanos no puede permitir que las democracias sean cada vez menos democráticas. En las últimas décadas, observamos un "progresivo debilitamiento de las instituciones representativas" (Ignacio Sánchez-Cuenca, Más democracia, menos liberalismo, Katz Editores).
Un ejemplo de este retroceso es la creación de instituciones contramayoritarias. Estas se caracterizan por tener un "dudoso" origen democrático, puesto que sus miembros no son elegidos directamente por los ciudadanos. Además, sus integrantes tienen un mandato temporal superior al de los políticos que les eligieron, con el fin de que no respondan a los ciclos políticos. Estas instituciones son muy influyentes en nuestras vidas y deciden cosas tan importantes como la política monetaria en el caso de los bancos centrales, la legalidad en el del Tribunal Supremo o la constitucionalidad de nuestras leyes en el del tribunal correspondiente. La izquierda debería aspirar a limitar el poder de estas instituciones y, en la medida de que fuese posible, reforzar el poder de los Parlamentos.
Pero las instituciones representativas no solo han cedido poder en beneficio de otras menos democráticas. Además, tal y como viene señalando el Informe sobre la Democracia de la Fundación Alternativas, ciudadanos y expertos coinciden en que uno de los principales problemas de nuestra democracia es la enorme interferencia del poder económico sobre el político. Y esto nos conduce al segundo reto: la gestión de la economía.
En el último año, hemos visto cómo los mercados, en muchas ocasiones, pueden ser más poderosos que los ciudadanos. Pero, ¿quiénes son los mercados? La izquierda debe defender una mayor transparencia: poner rostro, nombre y apellidos a los mercados. ¿Quiénes están condicionando con tal virulencia a Gobiernos democráticos?
El objetivo último debería ser realizar un diseño institucional que saque lo mejor de los agentes económicos. Como muy bien ha señalado Félix Ovejero en estas páginas (EL PAÍS, 4-6-2010), no se trata de cambiar el sistema de valores o las bases del comportamiento humano. Deberíamos caminar hacia un modelo de desarrollo económico que no se reduzca a un juego de suma cero, donde lo que unos ganan, los otros lo pierden -por ejemplo, en eso consisten las operaciones financieras en corto y a la baja-. La izquierda debería aspirar a un modelo de desarrollo económico en el que la competición haga más fuerte a todas las partes y, en la medida de lo posible, todos ganen.
Para ello debería diseñarse un sistema de incentivos que penalice los malos comportamientos, por ejemplo con una tasa impositiva sobre movimientos especulativos, y premie los buenos. Además, es necesario controlar a los controladores. ¿Por qué no otorgar calificaciones a las agencias de calificación?
El tercer y último reto se enmarca en la sociedad. Los parámetros sobre los que se construyó el Estado de bienestar han cambiado. Por ejemplo, en España, en 1982, la esperanza de vida era de 73 años. En la actualidad es de 81. Es decir, el sistema de pensiones de principios de los ochenta estaba diseñado para unos jubilados que vivirían de media ocho años más. En cambio, en la actualidad, esta cifra se ha doblado.
Además, el gasto público tiene sus restricciones. Los ingresos no son infinitos y, como se ha señalado, entre los rasgos definitorios de la izquierda está su mayor preocupación por el gasto productivo -capital físico y humano-. Por lo tanto, no puede destinar todo el gasto público a política social.
Por estas dos razones, es necesario redefinir el Estado de bienestar. Se trataría de alcanzar dos objetivos. En primer lugar, primar los componentes redistributivos de la política social frente aquellos que son regresivos. Es decir, no todo gasto social transfiere renta hacia las clases bajas y, en algunas políticas, las clases altas son mucho más beneficiadas -el gasto en educación superior, por ejemplo-.
Un ejemplo de este tipo de medidas lo acabamos de ver en las últimas semanas. Los ajustes anunciados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero preservan la parte del gasto más redistributivo. Las pensiones mínimas y no contributivas, que tienen un alto componente igualitario, van a seguir revalorizándose. Es decir, se trataría de hacer un mayor esfuerzo en aquellas partes del gasto que más ayudan a la igualdad social frente a otras que no necesariamente lo logran.
En segundo lugar, es un cambio de filosofía. El futuro Estado de bienestar debería tratar de adelantarse a los problemas sociales y preparar más que reparar. Hasta ahora, el Estado de bienestar trataba de dar solución a problemas ya existentes. El Estado de bienestar del futuro debería anticiparse a estos problemas. Para ello, debería concentrar sus esfuerzos en los tres grupos sociales que están en la base de muchas de las desigualdades existentes: niños, mujeres y ancianos (Gosta Esping-Andersen y Bruno Palier, Los tres grandes resto del Estado del bienestar).
En definitiva, toda la "crisis" de la izquierda se reduce a la necesidad de lograr un nuevo relato que le ayude a enfrentarse a los problemas del siglo XXI. Sin renunciar a sus valores y principios, debe seguir persiguiendo la causa que le mueve. Como ha hecho siempre, cuando la realidad cambia, la izquierda también cambia.
Ignacio Urquizu es profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Intervención en el seminario What's left? Next left, organizado por la Fundación Rafael Campalans y la Fundación Europea de Estudios Progresistas.
Copiado de El País.
Todos los estudios de sociología electoral revelan que la ideología sigue explicando gran parte del comportamiento político de los ciudadanos. Aunque algunos pontificaron hace años el fin de la historia y de las ideologías, las ideas siguen moviendo el mundo. De hecho, la ideología es la forma más coherente de ordenar los proyectos políticos. Nos permite reducir y simplificar el mundo, haciéndolo más comprensible para la mayoría de los ciudadanos.
Esta supuesta crisis de la izquierda tampoco es defendible si atendemos a la presencia de partidos progresistas en el poder. Entre 1945 y 2006, en las principales democracias parlamentarias, solo el 21% de los Gobiernos pueden ser calificados de izquierdas. Además, mientras que en la década de los 40 solo el 17% de estos Gobiernos eran progresistas, en los últimos años, antes de la crisis, esta cifra se ha elevado al 24%. De hecho, nunca la izquierda había gobernado en tantas democracias desarrolladas como en los 80, 90 y principios del siglo XXI.
Finalmente, si nos detenemos en la acción de gobierno, las diferencias entre izquierda y derecha siguen siendo relevantes. Incluso en escenarios tan adversos como la Europa de los 90, donde los Gobiernos estaban limitados por el Tratado de Maastricht y la crisis económica, las diferencias en el gasto público siguieron siendo relevantes. Los partidos progresistas hicieron mayores esfuerzos en inversión de capital fijo y humano que los Gobiernos conservadores. Es decir, las políticas de ajuste son bastante distintas si las lleva a cabo la izquierda que si las implanta la derecha.
Entonces, ¿qué le está pasando a la izquierda? La realidad ha cambiado y eso le va a exigir enfrentarse al futuro con un nuevo relato. Muchos de estos cambios no son propios de un solo país, sino que son compartidos por las democracias desarrolladas. De hecho, en muchas ocasiones, ha sido la acción de Gobiernos de izquierdas la que ha propiciado estas transformaciones. Tres son los retos que tiene en estos momentos la izquierda, especialmente la europea.
El primero de ellos es político. Una izquierda que aspire a defender a los ciudadanos no puede permitir que las democracias sean cada vez menos democráticas. En las últimas décadas, observamos un "progresivo debilitamiento de las instituciones representativas" (Ignacio Sánchez-Cuenca, Más democracia, menos liberalismo, Katz Editores).
Un ejemplo de este retroceso es la creación de instituciones contramayoritarias. Estas se caracterizan por tener un "dudoso" origen democrático, puesto que sus miembros no son elegidos directamente por los ciudadanos. Además, sus integrantes tienen un mandato temporal superior al de los políticos que les eligieron, con el fin de que no respondan a los ciclos políticos. Estas instituciones son muy influyentes en nuestras vidas y deciden cosas tan importantes como la política monetaria en el caso de los bancos centrales, la legalidad en el del Tribunal Supremo o la constitucionalidad de nuestras leyes en el del tribunal correspondiente. La izquierda debería aspirar a limitar el poder de estas instituciones y, en la medida de que fuese posible, reforzar el poder de los Parlamentos.
Pero las instituciones representativas no solo han cedido poder en beneficio de otras menos democráticas. Además, tal y como viene señalando el Informe sobre la Democracia de la Fundación Alternativas, ciudadanos y expertos coinciden en que uno de los principales problemas de nuestra democracia es la enorme interferencia del poder económico sobre el político. Y esto nos conduce al segundo reto: la gestión de la economía.
En el último año, hemos visto cómo los mercados, en muchas ocasiones, pueden ser más poderosos que los ciudadanos. Pero, ¿quiénes son los mercados? La izquierda debe defender una mayor transparencia: poner rostro, nombre y apellidos a los mercados. ¿Quiénes están condicionando con tal virulencia a Gobiernos democráticos?
El objetivo último debería ser realizar un diseño institucional que saque lo mejor de los agentes económicos. Como muy bien ha señalado Félix Ovejero en estas páginas (EL PAÍS, 4-6-2010), no se trata de cambiar el sistema de valores o las bases del comportamiento humano. Deberíamos caminar hacia un modelo de desarrollo económico que no se reduzca a un juego de suma cero, donde lo que unos ganan, los otros lo pierden -por ejemplo, en eso consisten las operaciones financieras en corto y a la baja-. La izquierda debería aspirar a un modelo de desarrollo económico en el que la competición haga más fuerte a todas las partes y, en la medida de lo posible, todos ganen.
Para ello debería diseñarse un sistema de incentivos que penalice los malos comportamientos, por ejemplo con una tasa impositiva sobre movimientos especulativos, y premie los buenos. Además, es necesario controlar a los controladores. ¿Por qué no otorgar calificaciones a las agencias de calificación?
El tercer y último reto se enmarca en la sociedad. Los parámetros sobre los que se construyó el Estado de bienestar han cambiado. Por ejemplo, en España, en 1982, la esperanza de vida era de 73 años. En la actualidad es de 81. Es decir, el sistema de pensiones de principios de los ochenta estaba diseñado para unos jubilados que vivirían de media ocho años más. En cambio, en la actualidad, esta cifra se ha doblado.
Además, el gasto público tiene sus restricciones. Los ingresos no son infinitos y, como se ha señalado, entre los rasgos definitorios de la izquierda está su mayor preocupación por el gasto productivo -capital físico y humano-. Por lo tanto, no puede destinar todo el gasto público a política social.
Por estas dos razones, es necesario redefinir el Estado de bienestar. Se trataría de alcanzar dos objetivos. En primer lugar, primar los componentes redistributivos de la política social frente aquellos que son regresivos. Es decir, no todo gasto social transfiere renta hacia las clases bajas y, en algunas políticas, las clases altas son mucho más beneficiadas -el gasto en educación superior, por ejemplo-.
Un ejemplo de este tipo de medidas lo acabamos de ver en las últimas semanas. Los ajustes anunciados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero preservan la parte del gasto más redistributivo. Las pensiones mínimas y no contributivas, que tienen un alto componente igualitario, van a seguir revalorizándose. Es decir, se trataría de hacer un mayor esfuerzo en aquellas partes del gasto que más ayudan a la igualdad social frente a otras que no necesariamente lo logran.
En segundo lugar, es un cambio de filosofía. El futuro Estado de bienestar debería tratar de adelantarse a los problemas sociales y preparar más que reparar. Hasta ahora, el Estado de bienestar trataba de dar solución a problemas ya existentes. El Estado de bienestar del futuro debería anticiparse a estos problemas. Para ello, debería concentrar sus esfuerzos en los tres grupos sociales que están en la base de muchas de las desigualdades existentes: niños, mujeres y ancianos (Gosta Esping-Andersen y Bruno Palier, Los tres grandes resto del Estado del bienestar).
En definitiva, toda la "crisis" de la izquierda se reduce a la necesidad de lograr un nuevo relato que le ayude a enfrentarse a los problemas del siglo XXI. Sin renunciar a sus valores y principios, debe seguir persiguiendo la causa que le mueve. Como ha hecho siempre, cuando la realidad cambia, la izquierda también cambia.
Ignacio Urquizu es profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Intervención en el seminario What's left? Next left, organizado por la Fundación Rafael Campalans y la Fundación Europea de Estudios Progresistas.
Copiado de El País.
Una región contra los paraísos fiscales
Los representantes políticos de la región francesa de Île-de-France, cuya capital es París, debatirán un proyecto de ley para exigir a los bancos que operan en la región que demuestren que no tienen ninguna relación ni directa ni indirectamente con los paraísos fiscales existentes en todo el mundo.
18.06.2010,
(Copiado de ladyverd.com )
La ley, que se encuentra a punto de ser aprobada, una vez en vigor obligará a los bancos a informar sobre el nombre de sus filiales y sucursales, su cifra de negocio, sus beneficios, el efectivo que invierten y los impuestos que pagan en cada país.El partido ecologista francés Europe Ecologie prometió durante su campaña para las pasadas elecciones generales que exigiría una mayor transparencia de las gestiones financieras, haciendo especial hincapié en la lucha contra los paraísos fiscales. La iniciativa del partido que resultó ser la revelación de las pasadas elecciones está a punto de ser aprobada en la región de Île-de-France (París).
Según la propuesta, la región exigirá a los bancos, antes de recurrir a sus servicios, que demuestren que no tienen relación directa ni indirecta con ningún paraíso fiscal. Además, los bancos deberán precisar los procedimientos y las herramientas que utilizan para luchar contra el blanqueo de dinero, la corrupción y el fraude fiscal.
Los bancos estarán obligados a elaborar un informe detallado de la actividad de sus filiales en todos los países en que se encuentran representados. Dicho informe especificará las características de sus operaciones y el efectivo invertido en ellas. El proyecto ha logrado ya el consenso de los grupos políticos de la región del norte de Francia.Los paraísos fiscales hunden los presupuestos de los Estados. Las grandes multinacionales y los ciudadanos ricos evaden impuestos escondiendo su dinero mientras los demás pagan por ellos. En Francia el fraude fiscal equivale a tres veces el déficit de la seguridad social. Los paraísos fiscales se llevan una gran parte. Los países del sur ven como desaparecen cada año unos 800.000 millones de euros
Esta es la primera vez que se aplica un criterio de transparencia al sector bancario en Europa. Los ecologistas franceses esperan que esta medida de lucha contra los paraísos fiscales, propuesta e implantada en una región de semejante importancia económica, fomente la toma de conciencia y genere una profunda reflexión en el seno del sector financiero y en el resto de las instituciones.
En su deliberación, el consejo regional recuerda que “la existencia de estados o regiones que practiquen la competencia desleal en términos fiscales y que rechacen cualquier tipo de cooperación en esta materia priva a otros países de unos recursos que hubieran podido ser utilizados en políticas dirigidas a combatir las desigualdades sociales, especialmente en periodo de crisis”
Según un estudio realizado en el año 2000 por la ONG Intermón Oxfam titulado “Los miles de millones escondidos para el desarrollo”, los paraísos fiscales acogen a 2,4 millones de sociedades pantalla. Algunos de los paraísos fiscales más conocidos son Suiza, Bermudas, Malta, Panamá y la Isla de Man en el Reino Unido.
El grupo parlamentario verde de la región del Ródano Alpes ya está elaborando una propuesta similar para su departamento.
18.06.2010,
(Copiado de ladyverd.com )
La ley, que se encuentra a punto de ser aprobada, una vez en vigor obligará a los bancos a informar sobre el nombre de sus filiales y sucursales, su cifra de negocio, sus beneficios, el efectivo que invierten y los impuestos que pagan en cada país.El partido ecologista francés Europe Ecologie prometió durante su campaña para las pasadas elecciones generales que exigiría una mayor transparencia de las gestiones financieras, haciendo especial hincapié en la lucha contra los paraísos fiscales. La iniciativa del partido que resultó ser la revelación de las pasadas elecciones está a punto de ser aprobada en la región de Île-de-France (París).
Según la propuesta, la región exigirá a los bancos, antes de recurrir a sus servicios, que demuestren que no tienen relación directa ni indirecta con ningún paraíso fiscal. Además, los bancos deberán precisar los procedimientos y las herramientas que utilizan para luchar contra el blanqueo de dinero, la corrupción y el fraude fiscal.
Los bancos estarán obligados a elaborar un informe detallado de la actividad de sus filiales en todos los países en que se encuentran representados. Dicho informe especificará las características de sus operaciones y el efectivo invertido en ellas. El proyecto ha logrado ya el consenso de los grupos políticos de la región del norte de Francia.Los paraísos fiscales hunden los presupuestos de los Estados. Las grandes multinacionales y los ciudadanos ricos evaden impuestos escondiendo su dinero mientras los demás pagan por ellos. En Francia el fraude fiscal equivale a tres veces el déficit de la seguridad social. Los paraísos fiscales se llevan una gran parte. Los países del sur ven como desaparecen cada año unos 800.000 millones de euros
Esta es la primera vez que se aplica un criterio de transparencia al sector bancario en Europa. Los ecologistas franceses esperan que esta medida de lucha contra los paraísos fiscales, propuesta e implantada en una región de semejante importancia económica, fomente la toma de conciencia y genere una profunda reflexión en el seno del sector financiero y en el resto de las instituciones.
En su deliberación, el consejo regional recuerda que “la existencia de estados o regiones que practiquen la competencia desleal en términos fiscales y que rechacen cualquier tipo de cooperación en esta materia priva a otros países de unos recursos que hubieran podido ser utilizados en políticas dirigidas a combatir las desigualdades sociales, especialmente en periodo de crisis”
Según un estudio realizado en el año 2000 por la ONG Intermón Oxfam titulado “Los miles de millones escondidos para el desarrollo”, los paraísos fiscales acogen a 2,4 millones de sociedades pantalla. Algunos de los paraísos fiscales más conocidos son Suiza, Bermudas, Malta, Panamá y la Isla de Man en el Reino Unido.
El grupo parlamentario verde de la región del Ródano Alpes ya está elaborando una propuesta similar para su departamento.
viernes, 18 de junio de 2010
Ahora es el momento de promover un impuesto mundial sobre las transacciones financieras”
Los eurodiputados progresistas han pedido hoy a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que acuerden una posición común sobre un impuesto para las transacciones financieras.
Los eurodiputados afirman que un índice impositivo de solo el 0.05 por ciento produciría ingresos de hasta doscientos cincuenta mil millones de euros en Europa y ayudaría a evitar los dolorosos recortes del gasto y a crear millones de empleos, si se invierten en la economía. El Parlamento Europeo ya apoyó una propuesta sobre ese impuesto en marzo.
El portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios de los Socialistas y Demócratas del Parlamento, Udo Bullmann, de Alemania, dijo: “Dada la estrecha y reacia valoración realizada por la Comisión hasta el momento de la petición del Parlamento de un estudio de la viabilidad de ese impuesto y ante la decepcionante falta de acción en la reciente reunión de los ministros de Finanzas del G20, es ahora más urgente que nunca que el Consejo de la UE alcance una posición común de la UE sobre el impuesto, mostrando una clara y fuerte determinación política.
“Avanzar en el impuesto sobre las transacciones financieras significa ser serios en la prevención de las transacciones muy especulativas y restaurar el equilibrio adecuado del sistema financiero mundial. Si Europa quiere convencer a los ciudadanos de la UE de que hemos aprendido las lecciones de la crisis financiera mundial, ahora es el momento de asumir el liderazgo y hacer que todos, especialmente los especuladores, paguen su parte”.
La eurodiputada socialista griega Anni Podimata, que preparará un informe sobre financiación innovadora: “La renuencia de Estados Unidos y de otros países no es un argumento detrás del cual podamos escondernos ya. El Consejo Europeo debería ofrecer una señal clara a los mercados y a la próxima cumbre del G20 en Toronto de que la UE está lista y, si es necesario, avanzará por sí misma.
“Fiscalizar las transacciones financieras asegurará que el sistema financiero es más transparente y que funciona adecuadamente, centrándose no solo en la especulación, sino en las necesidades económicas reales. Al mismo tiempo, se convertirá en una fuente innovadora de financiación de las futuras necesidades no solo en relación con la estrategia UE 2020, sino también respecto al desarrollo global y a los objetivos mundiales para el cambio climático”.
Los eurodiputados afirman que un índice impositivo de solo el 0.05 por ciento produciría ingresos de hasta doscientos cincuenta mil millones de euros en Europa y ayudaría a evitar los dolorosos recortes del gasto y a crear millones de empleos, si se invierten en la economía. El Parlamento Europeo ya apoyó una propuesta sobre ese impuesto en marzo.
El portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios de los Socialistas y Demócratas del Parlamento, Udo Bullmann, de Alemania, dijo: “Dada la estrecha y reacia valoración realizada por la Comisión hasta el momento de la petición del Parlamento de un estudio de la viabilidad de ese impuesto y ante la decepcionante falta de acción en la reciente reunión de los ministros de Finanzas del G20, es ahora más urgente que nunca que el Consejo de la UE alcance una posición común de la UE sobre el impuesto, mostrando una clara y fuerte determinación política.
“Avanzar en el impuesto sobre las transacciones financieras significa ser serios en la prevención de las transacciones muy especulativas y restaurar el equilibrio adecuado del sistema financiero mundial. Si Europa quiere convencer a los ciudadanos de la UE de que hemos aprendido las lecciones de la crisis financiera mundial, ahora es el momento de asumir el liderazgo y hacer que todos, especialmente los especuladores, paguen su parte”.
La eurodiputada socialista griega Anni Podimata, que preparará un informe sobre financiación innovadora: “La renuencia de Estados Unidos y de otros países no es un argumento detrás del cual podamos escondernos ya. El Consejo Europeo debería ofrecer una señal clara a los mercados y a la próxima cumbre del G20 en Toronto de que la UE está lista y, si es necesario, avanzará por sí misma.
“Fiscalizar las transacciones financieras asegurará que el sistema financiero es más transparente y que funciona adecuadamente, centrándose no solo en la especulación, sino en las necesidades económicas reales. Al mismo tiempo, se convertirá en una fuente innovadora de financiación de las futuras necesidades no solo en relación con la estrategia UE 2020, sino también respecto al desarrollo global y a los objetivos mundiales para el cambio climático”.
jueves, 17 de junio de 2010
“Yo no mando”, ha dicho Zapatero
"puso por encima de su poder el de los bancos y el mundo financiero"
Tan inesperada como sorprendente ha resultado la comparencia del presidente del gobierno ayer a última hora de la noche. Inesperada, porque ni estaba anunciada, ni se la esperaba, ni ningún medio informativo lo sabía; y sorprendente, dada la claridad y valentía con que nos habló, algo a lo que no nos tenía acostumbrados.
También inusual, todas las cadenas de radio y televisión conectaron en directo, por lo que el promedio de audiencia alcanzó un récord el 89’3%, con el momento de mayor seguimiento cuando José Luis Rodríguez Zapatero afirmó: “Ciudadanas y ciudadanos, yo soy el presidente del gobierno, pero yo no mando”. Las encuestas posteriores valoran esta frase como la esperada muestra de valentía, honradez y decisión que deseaban ver los ciudadanos en su presidente. El razonamiento fue irrefutable. Como nos dijo con claridad ZP, en el mundo de hoy un presidente de gobierno tiene algo de poder, pero sólo algo, y ese algo no es mucho. Coincido con el desgrane que nos ofreció, poniendo por encima de su poder el de los bancos y el mundo financiero, los medios de comunicación, las agencias de valoración económica, la Unión europea y los poderes ocultos que manejan tantos y tantos hilos del entramado mundial.
El hecho de que se disculpara por no haber reformado la economía en tiempo de vacas gordas, también fue muy bien aceptado por la audiencia, que considera -según las encuestas- la sinceridad como un valor muy positivo, especialmente, cuando se hace gala de él para reconocer los errores.
Se comprometió a convocar partidos, sindicatos y patronales tras los ajustes económicos, que, afirmó, ahora resultan imperativos y ante los cuales nada puede maniobrar. El objetivo de la cumbre será convencerles de que un presidente del gobierno ha de gobernar pensando mucho en quienes le han votado, pero, aún más, en las generaciones futuras, y que gobernar teniendo en cuenta el futuro resulta imposible si los partidos de la oposición sólo actúan mirando el corto plazo. A partir de tal convicción propondrá una reforma del Estado de bienestar acorde con los momentos económicos duros que vendrán, pero primando los derechos sociales, especialmente los que pueden generar más riqueza, por ejemplo, la continuidad en el trabajo de las mujeres con hijos; y los que frenen la pobreza, como elevar el Salario y la Renta Mínima a 900€; o medidas que aumenten la productividad, entre las cuales, el apoyo decidido a las empresas que funcionan bien y exportan; propuestas éstas, y otras, que pueden financiarse sin endeudamiento.
Más sorprendente han sido las reacciones de los partidos de la oposición, lo que ha hecho pensar a algunos analistas políticos que el discurso quizá fue pactado secretamente con éstos.
El líder del PP se ha felicitado de la firmeza y claridad presidencial y ha afirmado que la oposición dejará de ser cortoplacista y se corresponsabilizará en definir un horizonte estratégico para España: ”Los gobernantes no podemos actuar cual temporeros de la política”, ha apostillado Mariano Rajoy. Por su parte Artur Más, líder de CiU, se ha comprometido a borrar la sonrisa de gran inquisidor de la que hace gala en el cartel publicitario, para arremangarse y ponerse a trabajar con la seriedad que requiere la situación: “En un momento difícil como éste, no soy más que un soldado al servicio de España”, ha firmado solemnemente y ante la perplejidad de todos. En la misma línea han reaccionado, los líderes de los otros partidos parlamentarios, sindicatos y patronales.
Especial referencia merecen los sindicatos, pues acaban de anunciar que han decidido desconvocar la huelga general anunciada como consecuencia del acuerdo europeo que se ha fraguado en el Congreso de la CFDT francesa, que comenzó el pasado día 8, y en el que las delegaciones de todos los sindicatos de Europa asistentes aprovecharon, discretamente, para trazar una estrategia conjunta con propuestas concretas ante la crisis actual y por las que batallarán todos ellos en el marco europeo, unidos mediante la Confederación Europea de Sindicatos, en vez de país a país.
Y es que: “Todas estas cosas / había una vez / cuando yo soñaba / un mundo al revés (bis)”; verdad, José Agustín y Paco; verdad, todos.
Tan inesperada como sorprendente ha resultado la comparencia del presidente del gobierno ayer a última hora de la noche. Inesperada, porque ni estaba anunciada, ni se la esperaba, ni ningún medio informativo lo sabía; y sorprendente, dada la claridad y valentía con que nos habló, algo a lo que no nos tenía acostumbrados.
También inusual, todas las cadenas de radio y televisión conectaron en directo, por lo que el promedio de audiencia alcanzó un récord el 89’3%, con el momento de mayor seguimiento cuando José Luis Rodríguez Zapatero afirmó: “Ciudadanas y ciudadanos, yo soy el presidente del gobierno, pero yo no mando”. Las encuestas posteriores valoran esta frase como la esperada muestra de valentía, honradez y decisión que deseaban ver los ciudadanos en su presidente. El razonamiento fue irrefutable. Como nos dijo con claridad ZP, en el mundo de hoy un presidente de gobierno tiene algo de poder, pero sólo algo, y ese algo no es mucho. Coincido con el desgrane que nos ofreció, poniendo por encima de su poder el de los bancos y el mundo financiero, los medios de comunicación, las agencias de valoración económica, la Unión europea y los poderes ocultos que manejan tantos y tantos hilos del entramado mundial.
El hecho de que se disculpara por no haber reformado la economía en tiempo de vacas gordas, también fue muy bien aceptado por la audiencia, que considera -según las encuestas- la sinceridad como un valor muy positivo, especialmente, cuando se hace gala de él para reconocer los errores.
Se comprometió a convocar partidos, sindicatos y patronales tras los ajustes económicos, que, afirmó, ahora resultan imperativos y ante los cuales nada puede maniobrar. El objetivo de la cumbre será convencerles de que un presidente del gobierno ha de gobernar pensando mucho en quienes le han votado, pero, aún más, en las generaciones futuras, y que gobernar teniendo en cuenta el futuro resulta imposible si los partidos de la oposición sólo actúan mirando el corto plazo. A partir de tal convicción propondrá una reforma del Estado de bienestar acorde con los momentos económicos duros que vendrán, pero primando los derechos sociales, especialmente los que pueden generar más riqueza, por ejemplo, la continuidad en el trabajo de las mujeres con hijos; y los que frenen la pobreza, como elevar el Salario y la Renta Mínima a 900€; o medidas que aumenten la productividad, entre las cuales, el apoyo decidido a las empresas que funcionan bien y exportan; propuestas éstas, y otras, que pueden financiarse sin endeudamiento.
Más sorprendente han sido las reacciones de los partidos de la oposición, lo que ha hecho pensar a algunos analistas políticos que el discurso quizá fue pactado secretamente con éstos.
El líder del PP se ha felicitado de la firmeza y claridad presidencial y ha afirmado que la oposición dejará de ser cortoplacista y se corresponsabilizará en definir un horizonte estratégico para España: ”Los gobernantes no podemos actuar cual temporeros de la política”, ha apostillado Mariano Rajoy. Por su parte Artur Más, líder de CiU, se ha comprometido a borrar la sonrisa de gran inquisidor de la que hace gala en el cartel publicitario, para arremangarse y ponerse a trabajar con la seriedad que requiere la situación: “En un momento difícil como éste, no soy más que un soldado al servicio de España”, ha firmado solemnemente y ante la perplejidad de todos. En la misma línea han reaccionado, los líderes de los otros partidos parlamentarios, sindicatos y patronales.
Especial referencia merecen los sindicatos, pues acaban de anunciar que han decidido desconvocar la huelga general anunciada como consecuencia del acuerdo europeo que se ha fraguado en el Congreso de la CFDT francesa, que comenzó el pasado día 8, y en el que las delegaciones de todos los sindicatos de Europa asistentes aprovecharon, discretamente, para trazar una estrategia conjunta con propuestas concretas ante la crisis actual y por las que batallarán todos ellos en el marco europeo, unidos mediante la Confederación Europea de Sindicatos, en vez de país a país.
Y es que: “Todas estas cosas / había una vez / cuando yo soñaba / un mundo al revés (bis)”; verdad, José Agustín y Paco; verdad, todos.
Es un comentario de Carles Novales. Director de LA FACTORIA. Revista social
“Asegurarse de que los especuladores pierden sus apuestas”, dice Schulz
El enfado con los especuladores financieros por minar las economías nacionales se ha abierto hoy paso en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, con implacables peticiones de acción contra ellos.
Martin Schulz, líder del principal grupo progresista del Parlamento, los Socialistas y Demócratas, con 184 miembros, lideró el ataque, denunciando a las agencias de calificación por “inmorales”.
Su vicepresidente, Stephen Hughes, que es responsable de los temas de política social, advirtió que la cumbre de la UE de esta semana no debe convertirse en “solo otra oportunidad perdida” y presentó peticiones para salvaguardar el empleo y la recuperación económica.
Schulz, antes de la cumbre de la UE: “Los hombres y mujeres que se reúnen mañana tienen una responsabilidad de peso, porque Europa está en una encrucijada. Los que apostaron por el fracaso del euro en los mercados internacionales quieren ganar esas apuestas. Esas personas no tienen moral”.
Añadió: “Tenemos que asegurarnos de que esas personas pierden sus apuestas en los mercados. Tenemos que asegurarnos de que ganamos esta batalla”.
Schulz pidió una política económica coordinada para la zona euro, liderada por la Comisión Europea, y que se ponga fin a la renacionalización de las decisiones económicas. Le dijo al presidente de la Comisión, José Manuel Barroso: “Sea un presidente duro de la Comisión Europea que dice ‘basta a la renacionalización’”
El vicepresidente del Grupo S&D, Stephen Hughes, dijo que Europa necesita consolidar sus finanzas, “pero no de forma brutal y no democrática, porque se minarían los sistemas de bienestar, el frágil crecimiento y se dejaría a varios millones más de personas innecesariamente sin empleo”.
Pidió una cooperación estrecha entre los países de la UE de manera “socialmente más justa y económicamente inteligente”.
La Cumbre revisitará la estrategia de la UE 2020, dijo Hughes. “Ahora mismo está incompleta, le falta ambición y un respaldo financiero serio”, dijo. “Básicamente no hay ninguna dimensión social ni medioambiental al margen de los aspectos del cambio climático que ya se han acordado”.
Martin Schulz, líder del principal grupo progresista del Parlamento, los Socialistas y Demócratas, con 184 miembros, lideró el ataque, denunciando a las agencias de calificación por “inmorales”.
Su vicepresidente, Stephen Hughes, que es responsable de los temas de política social, advirtió que la cumbre de la UE de esta semana no debe convertirse en “solo otra oportunidad perdida” y presentó peticiones para salvaguardar el empleo y la recuperación económica.
Schulz, antes de la cumbre de la UE: “Los hombres y mujeres que se reúnen mañana tienen una responsabilidad de peso, porque Europa está en una encrucijada. Los que apostaron por el fracaso del euro en los mercados internacionales quieren ganar esas apuestas. Esas personas no tienen moral”.
Añadió: “Tenemos que asegurarnos de que esas personas pierden sus apuestas en los mercados. Tenemos que asegurarnos de que ganamos esta batalla”.
Schulz pidió una política económica coordinada para la zona euro, liderada por la Comisión Europea, y que se ponga fin a la renacionalización de las decisiones económicas. Le dijo al presidente de la Comisión, José Manuel Barroso: “Sea un presidente duro de la Comisión Europea que dice ‘basta a la renacionalización’”
El vicepresidente del Grupo S&D, Stephen Hughes, dijo que Europa necesita consolidar sus finanzas, “pero no de forma brutal y no democrática, porque se minarían los sistemas de bienestar, el frágil crecimiento y se dejaría a varios millones más de personas innecesariamente sin empleo”.
Pidió una cooperación estrecha entre los países de la UE de manera “socialmente más justa y económicamente inteligente”.
La Cumbre revisitará la estrategia de la UE 2020, dijo Hughes. “Ahora mismo está incompleta, le falta ambición y un respaldo financiero serio”, dijo. “Básicamente no hay ninguna dimensión social ni medioambiental al margen de los aspectos del cambio climático que ya se han acordado”.
jueves, 10 de junio de 2010
LA UNIVERSIDAD ANTE LA CRISIS
Los profesores y profesoras universitarios que firmamos esta declaración lo hacemos porque tenemos la convicción de que la interpretación que se hace de la crisis y las medidas que se están tomando ante la grave situación que estamos viviendo no son las adecuadas para hacerle frente respetando principios elementales de la democracia y la justicia social.
Queremos que la ciudadanía entienda que esta crisis no es simplemente un hecho circunstancial, sino la expresión de un modo de vida y de organización de todo el sistema social y económico que es material y humanamente insostenible.
La crisis la ha provocado un sistema financiero concebido y regulado para que la principal fuente de beneficio de la banca y los poderes financieros sea la especulación. Por eso será imposible salir de la crisis como se quiere salir: sin cambiar las reglas del sistema financiero, sin acabar con los paraísos fiscales, sin vigilar y controlar a la bancos y dejando que sigan siendo ellos quienes impongan el modo de funcionar de la economía mundial. No podemos consentir que la ciudadanía que nada ha tenido que ver pague los platos rotos por los bancos.
La crisis ha tenido un efecto especialmente grave en nuestro país porque los gobiernos consolidaron en los últimos años un modelo económico basado en la construcción, en la explotación masiva e irracional de los recursos naturales y en la desigualdad y muy dependiente de los designios de las grandes corporaciones y burocracias europeas. No podremos salir de la crisis si se sigue incentivando el mismo tipo de actividad económica.
También estamos comprobando que la crisis hace evidente la fragilidad de nuestra democracia porque en lugar de la deliberación predomina la imposición y porque los poderes financieros y económicos se imponen continuamente a las instituciones representativas. Ceder a la extorsión de "los mercados" es debilitar aún más la democracia y así solo se saldrá de la crisis con menos bienestar y justicia.
Se quiere hacer creer a la ciudadanía que las medidas que se están adoptando son las únicas posibles pero la experiencia de otros países nos permite afirmar que eso no es verdad y que cuando se adoptan solo conducen, como acaba de decir el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, "al desastre". Sabemos, por el contrario, que hay otras salidas a la crisis mucho más eficaces y favorables para el bienestar.
El conocimiento de lo que está ocurriendo y el sentido común nos dicen que lo primero y principal es devolver el crédito a empresas y familias y que para ello es necesario que el Estado disponga de fuentes seguras de financiación. Es inmoral e inaceptable que el dinero que los poderes públicos dan a los bancos al 1% para que financien a la economía solo lo utilicen para comprar deuda pública al 5 o incluso al 10% o para seguir especulando. Por eso defendemos la banca pública que la crisis ha demostrado que es más necesaria que nunca.
Sabemos que la reforma laboral que se prepara solo con el propósito principal de debilitar el poder de negociación de los trabajadores no es lo que se necesita para crear empleo. Tratar de salir de la crisis reduciendo los salarios y las rentas de la mayoría de la población es como querer salir del hoyo tirándose de los pelos. Son esas rentas quienes mantienen el gasto que permite que la economía se mantenga en pie, de modo que reducirlas para aumentar los beneficios de los bancos y las grandes empresas (que en el primer trimestre de 2010 han aumentado un 25%) es la antesala de una larga y dolorosa depresión económica.
Sabemos que los recortes de gasto público que se proponen no son los más eficaces ni los más justos y que, en todo caso, hay otros que se podrían haber recortado primero, como los militares. Y sabemos que existen otros mecanismos de obtención de ingresos cuya carga no recae sobre los más desfavorecidos sino sobre aquellos que provocaron la crisis, o sobre los que disfrutan de ingresos o riqueza muy superiores a la mayoría de la población.
Quienes conocemos cómo funciona esta sociedad, la historia y la naturaleza de los auténticos poderes que toman las decisiones somos conscientes de la dificultad de tomar hoy día medidas diferentes a las que proponen la patronal y los grandes financieros. Pero la experiencia también nos enseña que cuando la ciudadanía se empodera y conoce bien lo que pasa a su alrededor es capaz de influir y de torcer las decisiones que le obligan a ir por los caminos que no desea transitar.
Por ello reclamamos también más debate y diálogo social para que la ciudadanía sepa lo que pasa, para que disponga de información plural y pueda optar y decidir con fundamento. Reclamamos, por tanto, que los medios de comunicación públicos cumplan con la tarea a la que están llamados y abran urgentemente debates sobre la crisis en los que no se difundan siempre las mismas ideas de quienes detentan el poder sino las diferentes concepciones y propuestas sobre lo que está ocurriendo y sobre la mejor forma de hacerle frente.
Con este convencimiento, nos comprometemos a contribuir con nuestra actividad universitaria para que la sociedad tome conciencia de que las medidas que se están adoptando NO PERMITIRÁN RESOLVER LA CRISIS porque solo se encaminan a facilitar que los de por sí más privilegiados obtengan más cómodamente sus enormes beneficios. Y, sobre todo, a aportar y difundir esas OTRAS FORMAS DE HACER FRENTE A LA CRISIS que respetan el bienestar y la justicia y que además son mucho más eficaces para combatir sus efectos tan negativas sobre la población más desfavorecida.
Como muestra de este compromiso suscribimos esta declaración que haremos pública próximamente para mostrar nuestro rechazo a las medidas que se vienen adoptando.
Sevilla, mayo de 2010
Ver los firmantes aquí
Queremos que la ciudadanía entienda que esta crisis no es simplemente un hecho circunstancial, sino la expresión de un modo de vida y de organización de todo el sistema social y económico que es material y humanamente insostenible.
La crisis la ha provocado un sistema financiero concebido y regulado para que la principal fuente de beneficio de la banca y los poderes financieros sea la especulación. Por eso será imposible salir de la crisis como se quiere salir: sin cambiar las reglas del sistema financiero, sin acabar con los paraísos fiscales, sin vigilar y controlar a la bancos y dejando que sigan siendo ellos quienes impongan el modo de funcionar de la economía mundial. No podemos consentir que la ciudadanía que nada ha tenido que ver pague los platos rotos por los bancos.
La crisis ha tenido un efecto especialmente grave en nuestro país porque los gobiernos consolidaron en los últimos años un modelo económico basado en la construcción, en la explotación masiva e irracional de los recursos naturales y en la desigualdad y muy dependiente de los designios de las grandes corporaciones y burocracias europeas. No podremos salir de la crisis si se sigue incentivando el mismo tipo de actividad económica.
También estamos comprobando que la crisis hace evidente la fragilidad de nuestra democracia porque en lugar de la deliberación predomina la imposición y porque los poderes financieros y económicos se imponen continuamente a las instituciones representativas. Ceder a la extorsión de "los mercados" es debilitar aún más la democracia y así solo se saldrá de la crisis con menos bienestar y justicia.
Se quiere hacer creer a la ciudadanía que las medidas que se están adoptando son las únicas posibles pero la experiencia de otros países nos permite afirmar que eso no es verdad y que cuando se adoptan solo conducen, como acaba de decir el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, "al desastre". Sabemos, por el contrario, que hay otras salidas a la crisis mucho más eficaces y favorables para el bienestar.
El conocimiento de lo que está ocurriendo y el sentido común nos dicen que lo primero y principal es devolver el crédito a empresas y familias y que para ello es necesario que el Estado disponga de fuentes seguras de financiación. Es inmoral e inaceptable que el dinero que los poderes públicos dan a los bancos al 1% para que financien a la economía solo lo utilicen para comprar deuda pública al 5 o incluso al 10% o para seguir especulando. Por eso defendemos la banca pública que la crisis ha demostrado que es más necesaria que nunca.
Sabemos que la reforma laboral que se prepara solo con el propósito principal de debilitar el poder de negociación de los trabajadores no es lo que se necesita para crear empleo. Tratar de salir de la crisis reduciendo los salarios y las rentas de la mayoría de la población es como querer salir del hoyo tirándose de los pelos. Son esas rentas quienes mantienen el gasto que permite que la economía se mantenga en pie, de modo que reducirlas para aumentar los beneficios de los bancos y las grandes empresas (que en el primer trimestre de 2010 han aumentado un 25%) es la antesala de una larga y dolorosa depresión económica.
Sabemos que los recortes de gasto público que se proponen no son los más eficaces ni los más justos y que, en todo caso, hay otros que se podrían haber recortado primero, como los militares. Y sabemos que existen otros mecanismos de obtención de ingresos cuya carga no recae sobre los más desfavorecidos sino sobre aquellos que provocaron la crisis, o sobre los que disfrutan de ingresos o riqueza muy superiores a la mayoría de la población.
Quienes conocemos cómo funciona esta sociedad, la historia y la naturaleza de los auténticos poderes que toman las decisiones somos conscientes de la dificultad de tomar hoy día medidas diferentes a las que proponen la patronal y los grandes financieros. Pero la experiencia también nos enseña que cuando la ciudadanía se empodera y conoce bien lo que pasa a su alrededor es capaz de influir y de torcer las decisiones que le obligan a ir por los caminos que no desea transitar.
Por ello reclamamos también más debate y diálogo social para que la ciudadanía sepa lo que pasa, para que disponga de información plural y pueda optar y decidir con fundamento. Reclamamos, por tanto, que los medios de comunicación públicos cumplan con la tarea a la que están llamados y abran urgentemente debates sobre la crisis en los que no se difundan siempre las mismas ideas de quienes detentan el poder sino las diferentes concepciones y propuestas sobre lo que está ocurriendo y sobre la mejor forma de hacerle frente.
Con este convencimiento, nos comprometemos a contribuir con nuestra actividad universitaria para que la sociedad tome conciencia de que las medidas que se están adoptando NO PERMITIRÁN RESOLVER LA CRISIS porque solo se encaminan a facilitar que los de por sí más privilegiados obtengan más cómodamente sus enormes beneficios. Y, sobre todo, a aportar y difundir esas OTRAS FORMAS DE HACER FRENTE A LA CRISIS que respetan el bienestar y la justicia y que además son mucho más eficaces para combatir sus efectos tan negativas sobre la población más desfavorecida.
Como muestra de este compromiso suscribimos esta declaración que haremos pública próximamente para mostrar nuestro rechazo a las medidas que se vienen adoptando.
Sevilla, mayo de 2010
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